GERARDO RUIZ
El caso del cobro de impuestos a Ricardo Salinas Pliego no es una anécdota ni un escándalo aislado. Es el síntoma visible de un problema estructural mucho más profundo: el abismo tributario que existe en México.
Lo digo no solo como observador, sino también desde la experiencia personal. Fui de los primeros ciudadanos en inscribirme en el recién creado SAT en 1997. Desde entonces he visto pasar reformas fiscales, discursos de modernización, plataformas tecnológicas, campañas de “cultura contributiva” y promesas de eficiencia. Sin embargo, en lo esencial, el problema persiste: el sistema tributario mexicano continúa mostrando déficits de eficiencia, justicia y credibilidad.
Un sistema fiscal no se mide por cuántos contribuyentes registra, sino por su capacidad real para cobrar impuestos con oportunidad, administrarlos con transparencia y redistribuirlos con equidad.
El caso Salinas lo evidencia con claridad.
¿Cómo es posible que una de las mayores fortunas del país mantenga litigios fiscales durante años sin resolución definitiva? ¿Cómo es posible que el cobro de impuestos pueda prolongarse indefinidamente en tribunales? ¿Y cómo es posible que, mientras a millones de pequeños contribuyentes se nos exige puntualidad absoluta, los grandes corporativos conviertan el pago en procesos interminables?
El problema no es una persona. El problema es el sistema.
Un sistema tributario sano debe cumplir tres funciones básicas: recaudar, distribuir e invertir. En México, las tres presentan fallas estructurales.
La recaudación está concentrada. La carga fiscal recae principalmente en asalariados, pequeñas empresas y profesionales independientes. El Estado es extremadamente eficiente para retener impuestos vía nómina, pero estructuralmente débil frente a quienes cuentan con grandes despachos fiscales capaces de judicializar cualquier obligación.
La distribución mantiene brechas persistentes. Aun cuando se anuncian niveles históricos de recaudación, la desigualdad territorial y social sigue siendo evidente. Hay municipios sin agua potable, sin transporte digno y sin servicios públicos básicos.
La inversión pública, por su parte, no siempre se traduce en desarrollo estructural. Se ejerce presupuesto, pero no necesariamente se consolidan instituciones sólidas ni infraestructura sostenible.
Ahí se encuentra el verdadero abismo tributario: el problema no termina en la recaudación.
El verdadero examen comienza después.
¿Se convierten los impuestos en agua potable para comunidades que aún carecen de red hidráulica? ¿En transporte público eficiente? ¿En infraestructura accesible? ¿En servicios públicos medibles y verificables?
Hoy parece existir un círculo vicioso: la ciudadanía desconfía del sistema, el sistema no logra cobrar con plena equidad y el Estado no consigue consolidar legitimidad fiscal.
En países con sistemas tributarios sólidos, pagar impuestos forma parte de un contrato social visible. El ciudadano contribuye porque observa un retorno tangible en servicios, derechos y calidad de vida.
En México, con frecuencia, pagar impuestos se percibe como una obligación sin garantía clara de beneficio público proporcional.
Un Estado que no puede cobrar con oportunidad es un Estado débil. Un Estado que no puede distribuir con justicia es un Estado desigual. Un Estado que no puede invertir con impacto es un Estado ineficaz.
Siendo ciego, pago impuestos. Como millones de mexicanos, cumplo con mis obligaciones fiscales. Lo que cuestiono no es la contribución, sino la eficacia del sistema que administra esos recursos.
No se trata de dejar de contribuir.
Se trata de exigir resultados.
Gerardo Ruiz es director de la Red Ciegos Quintana Roo
X: @gruizcun