Roberto Guzmán

Quintana Roo se ha convertido en un lugar peligroso al constatarse día tras día cuando abrimos un periódico o cuando escuchamos en la radio o leemos en redes sociales, que descabezados, ejecutados, desaparecidos y levantados integran los titulares en medios locales y nacionales, y hasta en los internacionales cuando los hechos trascienden al estar relacionados con la violencia organizada, donde las autoridades y el Estado se están viendo omisos por su poca disposición de defender los derechos humanos y la seguridad de quienes cohabitamos esta entidad.

La violencia y atentados contra periodistas y defensores de derechos humanos, el clima de odio promovido por grupos conservadores y las amenazas que pesan sobre las poblaciones más vulnerables como indígenas, feministas y miembros de la comunidad LGBTI, entre otros, siguen siendo temas de urgente discusión, a horas de que un Congreso negociado para sus intereses propios o de partido pudiese dictaminar que una exdiputada a modo sea quien presida la Comisión de Derechos Humanos; de aquí habrá de estar atentos quienes hemos por años trabajado por la judicialización de nuestros derechos y no permitir que se judicialice la política o la politización de la justicia.

Todos los seres humanos tenemos derecho a la vida, a la integridad personal, a no ser esclavos, a la personalidad jurídica, a la protección de nuestra familia, a gozar de igualdad ante la ley, a nuestras libertades personales, de conciencia, de religión como a expresarnos libremente al estar estas libertades contenidas en nuestra Constitución, por lo que el riesgo de ejercerlas correrá peligro cuando se proceda a designar a una persona que nunca ha construido con sociedad civil una agenda de derechos.

Los quintanarroenses tenemos derecho a una identidad, a la protección de nuestro honor, a la dignidad personal como a la inviolabilidad de nuestro domicilio, a la maternidad e infancia, a la seguridad social, y a vivir en un ambiente saludable como a tener calidad de vida, asilo y a la propiedad ya que así lo recoge el Acta Constitutiva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vigente desde el 10 de diciembre de 1948, que en unas horas puede volverse letra muerta ante el cinismo, la desvergüenza e insolencia que no son más que atributos que hoy apestan en el Congreso y en cada uno de nuestros representantes quienes intentaran secuestrar nuestras prerrogativas al estar ausentes la enseñanza, la educación pero sobre todo el respeto a nuestros derechos y libertades, porque debilitaran a la Cdheqroo en su autonomía técnica y política convirtiéndose en un instrumento de negociación al servicio de ellos y para quienes busquen protección e impunidad.

De aquí considero, mis estimados lectores, que habrá que exigir transparencia y cuentas claras los próximos cuatro años porque el funcionamiento de la Comisión es pagado con nuestros impuestos y su creación fue decretada para defendernos de los excesos del poder y no para beneficiar a este.