La captura y vinculación a proceso de Jorge Luis Brizuela Guevara, tras más de una década de presuntas complicidades y protección, reaviva la exigencia de que las autoridades de procuración de justicia actúen con firmeza y garanticen la aplicación estricta de la ley; el director general de El Despertador revela secuestro, ataque y amenazas
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO
Durante años, el nombre de Jorge Luis Brizuela Guevara, alias “El Venezolano”, no solo circuló en los márgenes del poder en Quintana Roo: se posicionó —según señalamientos, testimonios y reconstrucciones documentadas— como una figura cercana a la estructura de la Oficina del Gobernador durante la administración de Carlos Joaquín González, hoy embajador de México en Canadá. Vinculado en sus inicios al equipo de seguridad de Miguel Ramón Martín Azueta, entonces jefe de dicha oficina, su presencia comenzó a asociarse no solo con funciones institucionales, sino con presuntas operaciones de intimidación, presión y control difícilmente explicables sin respaldo, tolerancia o encubrimiento desde el poder.
Su reciente detención en Cancún no puede leerse como un hecho aislado ni como un golpe fortuito contra la criminalidad. Es, más bien, la primera fisura visible de un entramado que durante años habría permitido la operación de conductas presuntamente delictivas sin consecuencias legales. Más que la caída de un individuo, su captura expone la posible existencia de un sistema donde el poder informal, la cercanía con estructuras gubernamentales y el uso del miedo funcionaron como mecanismos de control.
Este punto de quiebre obliga a mirar hacia atrás. Lo relevante no es solo quién fue detenido, sino por qué no lo fue antes. Durante casi una década, acusaciones graves permanecieron contenidas, no por falta de sustento, sino por la ausencia de condiciones reales para denunciarlas. La Fiscalía General del Estado aparece de forma reiterada en este contexto: expedientes que no avanzaban, testimonios que no se formalizaban y víctimas que optaban por el silencio configuran un patrón que hoy comienza a resquebrajarse.
En este nuevo escenario judicial, un juez ha determinado vincular a proceso a Brizuela Guevara por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar, en agravio de una víctima menor de edad. A ello se suma un proceso pendiente por el delito de extorsión, cuya resolución deberá darse en los próximos días; además, se prevé que sean interpuestas más demandas, de víctimas que habían optado por permanecer en el silencio. Este avance marca un giro en un caso que durante años permaneció sin consecuencias legales y abre la expectativa de que, en esta ocasión, por fin, las instancias de procuración de justicia actúen con firmeza frente a hechos de alta gravedad y prevalezca la estricta aplicación de la ley.
Uno de los episodios más graves —por su nivel de violencia y su carga simbólica— ocurrió el lunes 7 de noviembre de 2016: el secuestro y tortura del director general de esta casa editorial, Rangel Rosado. Ese caso, que fue vox populi durante una década y por primera vez es revelado a la opinión pública de manera detallada, evidencia la capacidad operativa atribuida a Brizuela Guevara, así como el contexto de vulnerabilidad de quienes resultaban incómodos para ciertos círculos de poder. Posteriormente, apenas seis meses después, se llevó a cabo un ataque armado contra las instalaciones de El Despertador de Quintana Roo el 1 de mayo de 2017, en un contexto de brutalidad y violencia que incluyó la privación ilegal de la libertad y tortura de siete personas; y, el 24 de diciembre de 2024, amenazas de muerte vía telefónica emitidas por el propio Brizuela Guevara contra el director general del periódico.
Los antecedentes permiten delinear una trayectoria marcada por la cercanía con espacios estratégicos de decisión. Desde su vínculo con la Oficina del Gobernador, su nombre apareció de forma recurrente en versiones relacionadas con actos de coerción y envío de “mensajes”. Pese a la persistencia de estos señalamientos, nunca enfrentó consecuencias legales en su momento.
Diversas fuentes y líneas de investigación apuntan a una posible protección institucional que habría inhibido cualquier intento de judicialización. El caso de “El Venezolano” no es solo la historia de un individuo, sino la radiografía de un entorno donde denunciar implicaba un riesgo mayor.
En ese contexto, el silencio no fue omisión, sino supervivencia. Hoy, con su detención y los procesos judiciales en curso, ese silencio comienza a romperse y abre la posibilidad de reconstruir una historia marcada por el miedo, la impunidad y la cercanía con el poder. La pregunta de fondo persiste: ¿quién permitió que esto ocurriera?
Cita y secuestro: 7 de noviembre de 2016
Todo comenzó lejos de Quintana Roo. Rangel Francisco Rosado Ruiz se encontraba fuera de Quintana Roo cuando su teléfono empezó a sonar con insistencia. Del otro lado de la línea estaba Miguel Ramón Martín Azueta. No fue una llamada casual: fue una gestión reiterada, casi urgente. El entonces jefe de la Oficina del Gobernador le pidió ayuda “de parte del gobernador, Carlos Joaquín González”. El argumento era claro: medios y reporteros del sur del estado estaban golpeando con fuerza la imagen del gobierno, y Rosado —quien había fungido como vocero de la administración anterior— tenía, según le dijo, el pulso necesario para intervenir.
La primera respuesta fue negativa. No quería involucrarse. Sin embargo, la presión continuó. Llamadas constantes, insistencia calculada, un discurso que apelaba a la cercanía y a la responsabilidad política. Finalmente, cedió. Acordaron verse a su regreso a Cancún, en una reunión informal: un café en el Starbucks de la avenida Bonampak.
Días después, una segunda llamada terminaría de cerrar el cerco. Esta vez no fue Martín Azueta. Fue un hombre que se presentó como Jorge Luis Brizuela Guevara. Se identificó como jefe de seguridad del titular de la Oficina del Gobernador. Su tono no era de invitación, sino de confirmación. La reunión seguía en pie. La fecha quedó fijada: la noche del lunes 7 de noviembre de 2016.
Lo que parecía una cita de rutina, una conversación entre actores políticos y mediáticos, comenzaba a adquirir una dimensión distinta.
La noche acordada, alrededor de las 20:00 horas, Rangel Rosado llegó puntual al Starbucks de Bonampak. Pero algo no encajaba. Miguel Ramón Martín Azueta no se encontraba allí. En su lugar lo esperaba Jorge Luis Brizuela Guevara, alias “El Venezolano”. La escena, lejos de disipar sospechas, las disfrazó de normalidad: se encontraba en compañía del exgobernador Joaquín Hendricks Díaz. Rosado incluso lo saludó y felicitó; era su cumpleaños. Todo parecía fortuito, casi cotidiano. Nada hacía prever lo que vendría.
Brizuela tomó el control de la conversación desde el inicio. Le informó que Martín Azueta había cambiado de sede: otro café de la misma cadena, ubicado en la zona de Cumbres. Rangel aceptó, pero puso una condición básica: iría en su propia camioneta. No ocurrió así. La insistencia fue inmediata, firme, casi impositiva. “Vámonos en la mía, para ir platicando”, le dijo Brizuela. La presión volvió a imponerse. Rosado cedió.
Ese fue el punto de quiebre.
El vehículo arrancó y, con él, la fachada de una reunión institucional comenzó a desmoronarse. Lo que inició como un encuentro aparentemente inofensivo se transformó, en cuestión de minutos, en una operación perfectamente orquestada. La ruta cambió. Ya no se dirigían a ningún café.
El trayecto tomó rumbo hacia la carretera a Puerto Morelos.
Cuando Rosado cuestionó el desvío, la respuesta no fue una explicación: fue el inicio de la pesadilla.
Más de cuatro horas de horror
Fue en ese instante —cuando Rangel Rosado Ruiz advirtió que ya habían dejado atrás la zona de Plaza Cumbres— que todo cambió.
La pregunta fue simple. Instintiva. Necesaria:
¿A dónde vamos?
La respuesta no llegó en palabras.
Llegó en forma de violencia.
Dentro de la unidad, Brizuela y sus acompañantes se abalanzaron sobre él. El primer golpe lo desorientó; los siguientes lo sometieron. Cachetadas, puñetazos, cachazos con arma de fuego. No hubo advertencia ni negociación. Fue reducido con rapidez, inmovilizado como si cada movimiento hubiera sido previamente calculado.
Después, la oscuridad absoluta.
Le vendaron completamente los ojos. Desde ese momento, el mundo desapareció. No había referencias, no había tiempo, no había salida. Solo la certeza del encierro… y del dolor que vendría.
Lo que siguió, de acuerdo con testimonios integrados en expedientes, fue un episodio de tortura física y psicológica que se prolongó por más de cuatro horas. Un castigo sistemático, diseñado para quebrarlo.
La asfixia fue uno de los métodos centrales. En repetidas ocasiones le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, cortándole el aire mientras los golpes continuaban. Cada intento por respirar se convertía en una lucha desesperada. Cada segundo, en una advertencia de muerte.
En medio de la agresión, el cañón de una pistola fue introducido en su boca. La amenaza era directa, sin matices: “deja de chingar o te vas a morir”. No era intimidación. Era una sentencia en proceso.
Pero lo más perturbador no era solo la violencia física.
Era lo que sabían.
Sus agresores mencionaban nombres: sus padres, sus hermanos, sus colaboradores, incluso los apelativos íntimos con los que se refería a ellos. Hablaban de su vida personal con precisión quirúrgica. De sus movimientos, de sus rutinas, de sus contactos. No era improvisación. Era información. Era seguimiento. Era control total.
En medio de la tortura, lo obligaron a usar su propio teléfono celular. Bajo presión, envió mensajes a su chofer para que se trasladara a su domicilio y lo esperara ahí, alterando deliberadamente su ubicación. Todo estaba siendo grabado. Cada acto, cada palabra, cada instante de sometimiento.
El nivel de impunidad alcanzó un punto crítico durante el trayecto. La unidad fue detenida momentáneamente por un elemento policial, mientras uno de los agresores le ponía a Rangel Rosado, ya sin la venda que cubría sus ojos, el cañón de una pistola contra la espalda y le advertía que se mantuviera en silencio. Por un instante, la posibilidad de auxilio estuvo cerca. Pero no ocurrió nada.
Tras permitirles continuar, el vehículo avanzó.
Y la tortura también.
No hubo intervención.
No hubo auxilio.
No hubo pausa.
Dentro del vehículo, al menos dos sujetos lo mantenían sometido. Uno de ellos le sujetaba los brazos, forzándolos hacia atrás mientras continuaban los golpes. En otro momento, colocaron pinzas de presión en sus dedos, doblándolos bajo la amenaza de arrancárselos “para que no vuelvas a escribir”.
El dolor se convirtió en método.
Las preguntas, sobre personajes del gobierno anterior, no buscaban respuestas, sino sometimiento, como si cada palabra fuera un pretexto para continuar.
El tiempo se diluyó en la violencia.
Durante horas, la agresión fue constante, metódica, implacable. Y detrás de todo, una presencia que no necesitaba aparecer para imponerse: Jorge Luis Brizuela Guevara, alias “El Venezolano”.
El mensaje era inequívoco.
No se trataba solo de castigar.
Se trataba de exhibir poder.
De controlar.
De infundir terror.
Y de dejar claro que, en ese momento, dentro de esa camioneta, no había escapatoria.
“Te salvó mi gober”
Rangel Rosado comenta que casi al límite de la resistencia física, cuando el dolor ya no tenía matices y el tiempo se había diluido entre golpes, amenazas y humillaciones, ocurrió lo impensado. En ese espacio cerrado donde todo parecía permitido y nadie respondía por nada, Jorge Luis Brizuela Guevara hizo una pausa.
Sacó su teléfono.
No fue un gesto improvisado. Fue un acto de control. De poder. Como si en ese instante no solo fuera a detener la agresión, sino a dejar constancia de quién tenía la última palabra.
Le mostró la pantalla y ahí aparecía, en una aplicación de mensajería instantánea, la imagen del entonces gobernador. No hubo explicaciones. No eran necesarias. La orden llegó breve, directa, incuestionable:
—“Ya no le hagan nada”.
La violencia se detuvo en seco.
Los golpes cesaron. Las manos que instantes antes descargaban castigo se inmovilizaron sin resistencia. El silencio no era paz: era obediencia.
Entonces vino la frase. La que lo explicaba todo. La que convertía la brutalidad en un acto respaldado por algo más grande:
—“Te salvó mi gober”.
No fue consuelo. Fue una advertencia.
Porque en esas palabras no solo se anunciaba el fin de la tortura, sino la confirmación de una estructura: la agresión había ocurrido bajo la certeza de protección, y su interrupción no respondía a la ley, sino a una instrucción de poder.
Horas después, aún aturdido, con el cuerpo marcado por las lesiones y la mente fracturada, fue abandonado en una zona oscura de Cancún. Sin referencias, sin auxilio, sin más explicación que el silencio.
Caminó como pudo.
Desorientado, alcanzó una avenida donde un taxista se detuvo al verlo. Ese encuentro fue el primer resquicio de salida. El conductor lo auxilió y lo trasladó al domicilio de un periodista de confianza, quien, al percatarse de la gravedad de su estado, gestionó su ingreso a la clínica Quirúrgica del Sur.
Ahí recibió atención médica por múltiples lesiones.
Pero lo que quedó fuera de todo diagnóstico fue otra herida: la certeza de que sobrevivió no por justicia, sino por decisión. Que su vida, en ese momento, dependió de un mensaje mostrado en una pantalla… y de la voluntad de quien lo envió.
El silencio forzado y la estrategia de supervivencia por casi 10 años
Pese a la gravedad de los hechos, no hubo una denuncia pública inmediata.
La decisión —explica el propio Rangel Rosado— no fue omisión, sino supervivencia.
Era evidente que en ese periodo gubernamental no existían condiciones para denunciar lo ocurrido: el poder político y las instituciones de procuración de justicia estaban concentradas, y el presunto agresor permanecía libre y con influencia.
El contexto nacional reforzaba ese temor.
Tan solo ese mismo año de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró once asesinatos de periodistas en el país, a pesar de que la mayor parte de ellos se encontraban adscritos al Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.
Ante ese escenario, Rangel Rosado optó por documentar los hechos por escrito en una denuncia preliminar y distribuir copias, como medida de resguardo, entre familiares directos y periodistas como Jorge González Durán, Lilia Arellano y directivos del periódico Por Esto!, entre otros. “Todo está ahí documentado, diversos periodistas y colegas podrían confirmar la narrativa porque no me quedé callado”, sostiene. La denuncia existía, pero en círculos controlados.
Además, ante los delitos perpetrados, que incluyen tortura, no existen plazos perentorios, que es un término legal o judicial único, fatal e inaplazable para realizar un acto procesal.
Durante años, reconoce que vivió bajo miedo constante. Su familia implementó medidas de seguridad básicas: control de accesos, vigilancia y protocolos de acción ante posibles amenazas.
Ataque al periódico: 1 de mayo del 2017
Meses después del secuestro, la violencia no se detuvo. Escaló.
La madrugada del 1 de mayo de 2017, las instalaciones del periódico —que se encontraba ya laborando de manera activa, previo a la aparición de su edición impresa, que inició en diciembre de ese mismo año— ubicadas en la región 93, sobre la avenida Talleres, esquina con Kabah, fueron irrumpidas de forma directa. No hubo señales de improvisación. Tampoco de un robo común. Fue un golpe quirúrgico.
Los agresores no buscaron dinero ni objetos de fácil reventa. Fueron directo a lo que importaba: archivos, memorias digitales, respaldos y material vinculado a investigaciones periodísticas. Información sensible. Trabajo acumulado durante meses. Años, incluso.
El mensaje era inequívoco: no se trataba solo de intimidar a un periodista. Se trataba de vulnerar a todo un medio de comunicación.
Pero lo más inquietante no fue únicamente lo que se llevaron, sino lo que sabían.
De acuerdo con el testimonio, quienes perpetraron el ataque demostraron un conocimiento preciso de la operación interna del periódico. Sabían qué buscar, dónde encontrarlo y cómo moverse dentro del inmueble. No hubo dudas, no hubo titubeos. Actuaron como si ya hubieran estado ahí antes… o como si alguien les hubiera explicado cada detalle.
Y entonces, un elemento terminó de encender todas las alarmas.
Durante el asalto, los agresores utilizaron frases y códigos que el periodista ya había escuchado antes. Exactamente durante el secuestro. Incluso, referencias específicas sobre la manera en que se comunicaba con su familia. Detalles que no eran públicos. Que no podían saberse sin un seguimiento previo.
“Sabían todo. Aquí, en el asalto al periódico, unos meses después, igual sabían todo. Todo”, resumió.
En esta ocasión, a diferencia del secuestro, sí se presentó denuncia formal. La carpeta de investigación quedó registrada bajo el expediente 5548/2017, en la Unidad de Robos. Sin embargo, el trasfondo del caso apuntaba mucho más allá de un delito patrimonial.
El mensaje era claro.
No solo lo vigilaban.
Lo conocían.
Y sabían exactamente hasta dónde podían llegar.
La amenaza de 2024: la antesala de la caída
La noche del viernes 19 de diciembre de 2024 no fue un episodio aislado: fue la confirmación de un patrón de violencia, intimidación y sensación de impunidad que durante años rodeó a Jorge Luis Brizuela Guevara, alias “El Venezolano”.
Esa noche, el director general de El Despertador de Quintana Roo recibió una llamada que marcaría un punto de quiebre. Del otro lado de la línea, la voz —plenamente identificada— era la de Brizuela Guevara. No hubo rodeos ni insinuaciones: la amenaza fue directa, brutal.
Minutos después, desde el número 9834198597, comenzaron a llegar mensajes vía WhatsApp que no dejaban espacio a la interpretación:
“Date por muerto, tu cabeza le puse recompensa… huye porque ya viralicé tu foto, sabes que no juego (sic)”.
“Aquí se vale de cuánto dinero y contactos tengas, estás muerto”.
No era un exabrupto. Era una declaración de poder.
Las amenazas no surgieron en el vacío. Semanas antes, en noviembre de 2024, el medio había publicado investigaciones que vinculaban al “Venezolano” con presuntos actos delictivos, incluso de índole internacional, señalándolo como un personaje protegido por estructuras de poder durante la administración del exgobernador Carlos Joaquín González. La reacción fue inmediata y violenta.
Lejos de replegarse, Rangel Rosado actuó. La misma noche hizo públicas las amenazas a través del portal y redes sociales del medio. Dos días después, el 21 de diciembre, acudió ante la Fiscalía General del Estado para interponer formalmente una denuncia penal por amenazas y delitos contra la libertad de expresión, quedando registrada en la carpeta de investigación FGE/QROO/CAN/UAT/12/13209/2024.
Ante el Ministerio Público, no solo ratificó los hechos: dejó constancia de los antecedentes, del contexto de persecución y del riesgo real. Incluso notificó de inmediato a la entonces coordinadora de comunicación del Gobierno del Estado, con el objetivo de evidenciar la peligrosidad del agresor.
La respuesta institucional, aunque tardía frente a años de señalamientos, fue contundente en ese momento. Con base en el Artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía emitió medidas de protección: vigilancia domiciliaria, resguardo policial y auxilio inmediato por parte de corporaciones de seguridad en Benito Juárez.
Pero más allá de la protección, este episodio dejó algo más importante: una prueba documentada, directa y reciente de la conducta de Brizuela Guevara.
Esa amenaza —cruda, explícita y registrada— se convirtió en una pieza clave.
No solo evidenció que el riesgo era real. También rompió el margen de impunidad con el que operaba.
Y fue, finalmente, uno de los elementos que hoy lo tienen en prisión.
Un perfil de peligrosidad: violencia, poder y un mensaje contra la prensa
Los tres episodios documentados —secuestro y tortura en 2016, ataque directo al medio en 2017 y amenazas de muerte en 2024— no aparecen como hechos aislados. En conjunto, configuran, según la denuncia, un patrón de conducta sistemático que trasciende lo individual y apunta a una lógica de intimidación sostenida.
El perfil que emerge de Jorge Luis Brizuela Guevara es el de un operador con capacidad de ejercer violencia, con acceso a recursos, manejo de información sensible y presuntos vínculos con esferas de poder. No se trata únicamente de la comisión de actos delictivos, sino de un comportamiento reiterado que, en palabras del propio denunciante, responde a una lógica de control y sometimiento basada en el miedo.
La narrativa documentada describe episodios donde la violencia física se combina con mecanismos de presión psicológica: amenazas directas, mensajes de impunidad y acciones orientadas a quebrar la voluntad de la víctima. Un esquema que no solo busca castigar, sino enviar un mensaje.
El caso, en ese sentido, rebasa el ámbito personal.
Lo ocurrido no puede leerse únicamente como una agresión contra un individuo, sino como un posible ataque directo a la libertad de expresión. El secuestro, el saqueo del medio de comunicación y las amenazas posteriores adquieren una dimensión más amplia: la de mecanismos de presión dirigidos a inhibir el ejercicio periodístico.
“Si esto le ocurre a un periodista, puede ocurrirle a cualquiera”, advierte Rangel Rosado Ruiz.
Detrás de esa afirmación subyace una advertencia mayor: cuando se silencia a un periodista, no solo se vulnera a una persona, sino a toda una sociedad que pierde una de sus voces. Cada agresión contra la prensa impacta directamente en el derecho colectivo a estar informado.
En un contexto nacional marcado por la violencia contra comunicadores, el caso abre una interrogante urgente sobre las garantías reales para el ejercicio del periodismo.
Ante ello, el propio Rosado Ruiz ha planteado que, de no existir condiciones claras de actuación por parte de las instancias estatales de administración de justicia, procederá a la ratificación e interposición formal de denuncias a nivel federal.
El caso sería llevado ante la Fiscalía General de la República, específicamente a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), instancia encargada de investigar agresiones contra periodistas.
La ruta legal que se abre no solo busca justicia en lo individual.
También pone a prueba la capacidad del Estado mexicano para garantizar algo fundamental: que ejercer el periodismo no sea una actividad de riesgo.
Porque cuando la violencia logra imponerse sobre la palabra, lo que está en juego no es solo una historia… sino el derecho de toda una sociedad a conocerla.
Gran trabajo de la Fiscalía General del Estado
A través de un video difundido en las redes sociales de El Despertador el pasado miércoles 25 de marzo, Rangel Rosado emitió un mensaje, tras darse a conocer la aprehensión de Brizuela Guevara.
“Quisiera felicitar a la Fiscalía General del Estado por la detención de Jorge Luis Brizuela Guevara, alias El Venezolano, quien después de varios años de denuncias y denuncias y denuncias de diferentes actores de la vida social y política del Estado, pues finalmente es capturado, es detenido por diferentes delitos contra ciudadanos, amenazas de muerte, delitos de fraude, denuncias y señalamientos de todo tipo de delitos. Es para mí un motivo de reconocimiento también a todas las autoridades que participaron en este operativo, dadas las circunstancias a través de las cuales nosotros hemos denunciado sistemáticamente desde 2016.
“Este individuo es un delincuente, confeso que se hacía pasar por un empresario honesto, pero era todo lo contrario. Hay múltiples casos estatales, nacionales e internacionales en su contra. En España el caso Koldo, casos de las carpas COVID aquí en Quintana Roo, contratos a millonarios asignados durante el gobierno de Carlos Joaquín González, y pues gozaba de total impunidad.
“Recientemente yo personalmente hice una denuncia por amenazas de muerte, pero el antecedente es muy largo, es muy largo. Yo quisiera mencionar que hace en el 2016 y 2017, pero en el primer caso, en 2016, fui objeto de un secuestro en el que él participó abiertamente, en el que me retuvieron y torturaron como cuatro horas, y bueno ahí está, no pasó nada en las fiscalías anteriores, pero hoy sí, hoy sí se hace justicia contra este delincuente. Posteriormente, en 2017, pues perpetraron un ataque al periódico, a este periódico, participó un comando, armas largas, es un tipo que es un verdadero peligro para la sociedad, o lo era, es un verdadero peligro.
“Lo fue, y ahí están las pruebas, y las iremos presentando para posteriormente presentarles un libro que he estado preparando basados en las investigaciones, porque después del primer incidente, desde el primer minuto, empecé a hacer mis propias investigaciones de este individuo que ha sido sujeto, ha sido motivo de escándalos, de corrupción, de impunidad, de robo en despoblado a las arcas, a las finanzas públicas, y mucho más. “Nuestro medio de comunicación, El Despertador de Quintana Roo, se va a mantener objetivo e imparcial. Es un momento para respetar la ley, para respetar el marco de derecho, e insistimos, reiteramos, que no vamos a personalizar el hecho, más que es la captura de este delincuente, y todo lo que se vaya desprendiendo en materia de información veraz y oportuna.
“El Despertador de Quintana Roo se declara imparcial, objetivo y apegado a la verdad, y a la verdad legal. Muchas gracias por sus atenciones.”
El presente judicial y la deuda que permanece
Hoy, el escenario es distinto.
Existe un compromiso público del Gobierno del Estado, de la Fiscalía y del Poder Judicial: actuar conforme a la ley y llevar los procesos hasta sus últimas consecuencias.
En ese contexto, Jorge Luis Brizuela Guevara enfrenta procesos penales.
La Fiscalía General del Estado obtuvo su vinculación a proceso por su probable responsabilidad en delitos graves: feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar, derivados de una agresión ocurrida el 10 de agosto de 2023 contra una adolescente en la zona hotelera de Cancún.
Además, enfrenta otro proceso por presunta extorsión.
Un Juez de Control le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que actualmente permanece en el Centro de Reinserción Social de Cancún.
Sin embargo, este caso trasciende lo judicial.
No es únicamente la historia de un individuo, sino de lo que encarna.
Es el retrato de un presunto agresor que, durante años, habría operado sin consecuencias.
Es también la historia de un periodista que sobrevivió.
Y la evidencia de un sistema que, en su momento, no ofreció garantías.
Por ello, la pregunta sigue vigente:
¿Qué ocurre cuando ejercer el periodismo implica arriesgar la vida?
La historia de “El Venezolano” no solo expone un expediente penal.
Expone una etapa.
Y deja una advertencia clara: cuando el poder carece de contrapesos, la violencia deja de ser excepción y se convierte en lenguaje.
Un lenguaje que, durante años, se habló en silencio.
Jorge Luis Brizuela Guevara, alias “El Venezolano”, ha sido señalado por agencias estadounidenses como presunto agente de inteligencia de Venezuela, enlace con grupos delictivos y relacionado con actividades de terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero y, en España, con la trama Koldo, un caso de corrupción que incluye la compra de mascarillas y renta de carpas durante la pandemia de Covid-19 a sobreprecios, a una clínica y laboratorios de su propiedad, en República Dominicana. El Despertador ha denunciado repetidamente la red de complicidades y protección que le permitieron a Brizuela Guevara mantenerse en la impunidad por años. Un extenso reportaje al respecto se encuentra disponible en el link https://www.calameo.com/read/0068329120f9e2506bb81, publicado en nuestro semanario del 20 de marzo de 2023, y en diversas publicaciones de nuestro diario digital y semanario impreso (https://view.page/p/5D7rH2), disponibles para su consulta a través del siguiente código QR:
