ELECCIÓN 2024: EL FUTURO, EN RIESGO

Arrancan campañas en un panorama insólito de inseguridad, injerencia del crimen organizado, militarización y amenazas a la libertad de expresión, ante una inminente elección de Estado que podría conducir a un conflicto poselectoral el cual amenace la decisión popular emitida en las urnas

SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO

En un contexto de violencia política que ha provocado la muerte de al menos 14 políticos y aspirantes a cargos de elección entre diciembre de 2023 y febrero de este año –una ola de inseguridad que ha afectado a casi todos los partidos políticos en distintas regiones del país y amenaza con extenderse a todas las entidades, derivado de la fallida estrategia de seguridad “abrazos no balazos” implementada por el gobierno, lo que ha permitido el posicionamiento de diversos grupos delictivos que ya controlan ciudades enteras–, el pasado 1 de marzo iniciaron oficialmente las campañas federales, que tendrán una duración de 90 días, para la renovación de 629 cargos de elección popular, entre ellos la Presidencia de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones.

Bajo ese panorama, diversos analistas han manifestado repetidamente sus preocupaciones ante la amenaza que representa la intervención del crimen organizado en las elecciones y posibles conflictos poselectorales en México.

A todo esto se le añade la existencia de un deficiente sistema de salud que no ha mejorado como se prometió, un esquema educativo con fallas desde la impresión de los libros con errores de ortografía que afecta la formación de las nuevas generaciones de mexicanos y la puesta en operación de megaobras inconclusas que en su mayoría han violado leyes ambientales como el Tren Maya.

La carrera presidencial comienza con partidos políticos sumidos en una evidente crisis de credibilidad, algunos incluso con señalamientos de corrupción y con alianzas forzadas porque la mayoría carecen de cuadros propios e ideología.

Así, los contendientes son Claudia Sheinbaum de la alianza “Sigamos Haciendo Historia” integrada por Morena-PT-PVEM, Xóchitl Gálvez, de “Fuerza y Corazón por México” conformada por el PAN-PRI-PRD; y Jorge Álvarez Máynez por Movimiento Ciudadano.

Adicionalmente, nueve de las 32 entidades del país –Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán– también renovarán sus gubernaturas, congresos y presidencias municipales.

En tanto, a nivel local, donde se elegirán 15 diputados de mayoría relativa, 11 presidencias municipales, 117 regidurías, 10 diputaciones de representación proporcional y 11 sindicaturas de mayoría relativa, el arranque del proselitismo formal será hasta 15 de abril –por un periodo de 45 días–, de acuerdo con el calendario del Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) consultado por el equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo.

En ambos casos, las campañas políticas concluirán el 29 de mayo, aunque puede ser días antes porque todo depende de la programación de los cierres de candidatos presidenciales, pero sí tiene que ser por lo menos 72 horas antes para dar paso a la veda electoral, período en el cual los votantes pueden reflexionar sobre los sufragios que ejercerán el 2 de junio.

Preocupa arranque sangriento; INE pide apoyo a Guardia Nacional

Apenas 72 horas antes del arranque formal de las campañas electorales federales, las estadísticas de aspirantes asesinados se elevaron con los homicidios, el mismo día, de dos candidatos a la presidencia municipal de Maravatío, Michoacán, Miguel Ángel Reyes y Armando Pérez de Morena y PAN, respectivamente.

En enero pasado, El Despertador de Quintana Roo dio a conocer, con base en informes de agrupaciones civiles, la existencia de un panorama de violencia creciente ejercida por grupos del crimen organizado que operan con total impunidad en distintas entidades del país (https://eldespertadorqr.com/acecha-el-narco-elecciones-en-mexico/).

Se informó de la existencia de 107 distritos (35.6% del total) con alta probabilidad de injerencia del crimen organizado y entre los estados susceptibles se enlista a Quintana Roo, junto con Baja California, Guerrero, Colima, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

En el caso de Quintana Roo, el hecho más reciente fue el ataque a balazos que sufrió en Tulum el yerno de Jorge Portilla Manica, exsecretario del Ayuntamiento de dicha ciudad y actual candidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano.

Es de recordarse que en febrero del 2021 también se dieron casos como el asesinato de Ignacio Sánchez Cordero, entonces aspirante por la coalición Partido Verde, Morena y PT a la alcaldía de Puerto Morelos.

Y en junio del 2018 se registró otro hecho de violencia en contra de Rosely “Chely” Magaña Martínez, quien era candidata a regidora por el PRI en Isla Mujeres y fue asesinada a balazos tras asistir a un acto político en la Zona Continental.

A principios de febrero, al dar a conocer su primer reporte de violencia política con relación al actual proceso electoral, la empresa de consultoría en riesgo político Integralia Consultores detalló que el crimen organizado emplea diversas estrategias para influir en las elecciones, incluyendo asesinatos, agresiones, financiamiento de campañas, imposición de candidaturas, movilización o inhibición del voto, y alteración de la votación en casillas.

Según el reporte, los grupos criminales buscan controlar principalmente los gobiernos municipales para obtener recursos valiosos y operar con impunidad. “La captura de estos gobiernos puede ocurrir en cualquier momento, pero los procesos electorales representan una oportunidad para consolidar su autoridad desde el inicio de las nuevas administraciones”, detalla.

Es de destacar que el INE solicitó a la Guardia Nacional disponer de un operativo especial para los candidatos que soliciten protección, así como otro de forma general para garantizar el desarrollo de las campañas, pues ante las cada vez más preocupantes circunstancias de inseguridad pende más que nunca el recuerdo del asesinato del entonces candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, perpetrado hace 30 años, el 23 de marzo de 1994.

Crisis de partidos los obliga a aliarse para no desaparecer

El estancamiento en materia legislativa, la falta de renovación de ideales, de oportunidades, la falta de credibilidad de los partidos políticos, evidencian la grave crisis por la que atraviesan dichos institutos que, para sobrevivir, la mayoría tiene que aliarse, como lo han hecho en este proceso electoral del 2024.

En los últimos años, partidos históricos como el PRI y PRD, han visto desmoronarse sus estructuras, padecen divisionismo y conflictos internos, falta de propuestas y de identidad, ejercen prácticas políticas no democráticas y la anteposición de intereses personales, todo lo cual ha acrecentado la desconfianza ciudadana.

Y esto ocurre mientras el sistema electoral ha tenido múltiples modificaciones, regularmente después de cada proceso; sin embargo, el de partidos no se ha reformado lo suficiente, por lo que ya no responden a la realidad actual y, ante el riesgo de extinguirse, se unen en alianzas “contra natura”, pese a carecer de afinidades ideológicas y de plataformas políticas, priorizando la repartición de puestos públicos y canonjías sin importar la forma de acceder a ellos, y exhibiéndose sin pudor como auténticos mercenarios de la política, donde lo que menos les interesa es el bienestar de la ciudadanía.

El PRI cumple 95 años en medio de su peor crisis

En medio de una desbandada de militantes hacia otros institutos políticos, principalmente Morena, en donde han encontrado cobijo e impunidad, hoy el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que este 4 de marzo cumple 95 años de su fundación, atraviesa por el peor momento de su historia, sin candidato presidencial propio y con una pérdida de credibilidad tremenda.

Primero, en el año 2000, Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), ganó las elecciones presidenciales, poniendo fin a la larga hegemonía del PRI. Este cambio marcó una transición significativa en la política mexicana hacia una mayor pluralidad y alternancia en el poder.

Posteriormente, el PRI regresó a la presidencia con Enrique Peña Nieto en 2012, aunque su gobierno enfrentó numerosas críticas y desafíos, incluyendo casos de corrupción y descontento público, factores que contribuyeron a un cambio de percepción sobre el partido y sus prácticas políticas.

Así, buscando adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad mexicana, el PRI ha terminado por participar en alianzas con sus antiguos rivales ideológicos para mantener su relevancia política, enfrentado el difícil desafío de reconstruir su imagen y ganar la confianza de los votantes, en un entorno político cada vez más diverso y competitivo.

Alianzas perversas y por conveniencia

Una de las alianzas que más llama la atención es, precisamente, la unión de tres partidos tan disímiles como el PAN que se define como conservador, el PRI centrista y el PRD de izquierda, y que para estas elecciones se ha denominado “Fuerza y Corazón por México”.

Dicha unión se consolidó a finales de 2020 gracias a la intermediación del empresario Claudio X. González y su organización Sí por México, que dio pie al nacimiento de “Va por México” que tuvo sus primeros frutos en las elecciones intermedias de 2021, en las cuales arrebató a Morena la mitad de las alcaldías de Ciudad de México y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Con el paso de los años y de cara al proceso electoral actual, dicha alianza “antinatural” ha sido objeto de cuestionamientos y desconfianzas mutuas de los socios.

En este muestrario de perversidad política sobresale también el Partido Verde, considerado el más oportunista, porque primero fue aliado del PAN, con el que ganó la presidencia con Vicente Fox; luego se unió al PRI durante el proceso en el cual el tricolor recuperó la presidencia con Enrique Peña Nieto y después se hicieron a un lado para sumarse a Morena, buscando mantener su coto de impunidad y corrupción, con intereses claros en estados claves para sus ambiciones y uno de ellos Quintana Roo, al que pretenden gobernar próximamente.

Financiamiento oficial, manoseo de programas sociales y dinero de dudosa procedencia

Si bien la Ley Electoral establece que los Partidos Políticos Nacionales deben contar con recursos para llevar a cabo sus actividades y señala las reglas de su financiamiento, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado, como en cada elección, tanto a nivel nacional como estatal, se fragua desde diversas secretarías el manoseo de recursos oficiales y de diversos programas sociales para favorecer no solo a los candidatos, sino también a los partidos políticos para que operen el pago de seccionales y la compra masiva de votos.

Además, se abre un amplio abanico para la introducción de recursos de dudosa procedencia y todo ese dinero que es utilizado en las campañas no es fiscalizado por las autoridades, y por eso se ve a todas luces una disparidad entre los competidores; en el caso de Quintana Roo, algunos actores políticos se han estado exhibiendo desde meses atrás, sin ser candidatos, en decenas de espectaculares con anuncios rimbombantes de logros hechos en las áreas donde estaban asignados.

De acuerdo con información oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), el financiamiento público federal total otorgado para el presente proceso electoral es de $10,444,157,311, lo que representa un monto histórico de 53.8% más que el recibido por las fuerzas políticas en el 2018 que fue por 6 mil 789 millones de pesos.

Para gastos de campaña para partidos es de $3,304,893,614; para actividades ordinarias $6,609,787,227; para gasto de campaña para el conjunto de candidaturas independientes $66,097,872; para actividades específicas $198,293,617; para franquicias postales 264,391,491 y para franquicias telegráficas $693,490.

Gobierno preocupado y amenazante contra la prensa

Algo lamentable dentro de este Proceso Electoral Federal 2023-2024, iniciado formalmente desde el 7 de septiembre del año pasado, es la repetición sistemática de actos de acoso e intentos de intimidación desde la Presidencia de la República contra periodistas que han sido críticos del gobierno, como los casos de Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva e incluso la exhibición del número telefónico personal de la coordinadora en México del diario estadunidense The New York Times, lo que exhibe falta de tolerancia y violaciones constantes a la Libre Expresión.

Aunado a ello, como han dado cuenta medios nacionales, otro punto de preocupación no menos importante han sido los ataques permanentes lanzados desde el propio Poder Ejecutivo desde hace varios meses en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), con la firme intención de pretender desestabilizar las elecciones y cargar los dardos para dar continuidad al actual gobierno federal.

En este marco, diversas organizaciones civiles del país han alertado reiteradamente que la garantía de los comicios está en peligro por la violencia del narcotráfico, la injerencia del gobierno y las recientes reformas del Poder Ejecutivo que buscan transformar al Poder Judicial y al Instituto Nacional Electoral (INE) en organismos autónomos.

En la última marcha de agrupaciones civiles que abarrotaron el Zócalo de la Ciudad de México, previo al arranque de las campañas, el exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdova, quien fue el único orador, criticó en su discurso que desde el gobierno se ha atacado y buscado desaparecer a organismos autónomos con el fin de retroceder a una época donde el poder estaba concentrado en el Ejecutivo, lo cual está evidenciado en el reciente paquete de reformas constitucionales remitidas por el presidente López Obrador al Congreso de la Unión.

Desinformación e inteligencia artificial, gran amenaza

El informe mundial de riesgos 2024 dado a conocer tras la conclusión del Foro Internacional de Davos ubica a la desinformación elaborada mediante inteligencia artificial para desacreditar candidatos, torpedear autoridades y sabotear los procesos electorales, como la principal amenaza para el mundo durante los próximos dos años.

Se establece que la inteligencia artificial, cuyo arranque masivo comenzó apenas hace poco más de un año con la aparición de Chat GPT, que puede elaborar mensajes recopilando enormes candidatos de datos, puede representar uno de los mayores riesgos para la democracia.

Esto será aprovechado tanto por actores extranjeros como nacionales para ampliar aún más las divisiones sociales y políticas, lo que podría socavar la legitimidad de los gobiernos recién electos.

Militarización de la política y cuotas del Ejército

Al otorgarle no solo la construcción de las megaobras sino además la operación de ellas, es más que evidente que el gobierno federal tiene en sus manos al Ejército Mexicano, al que podría usar en cualquier momento, incluso en el caso de hipotéticos conflictos poselectorales, si es que los resultados de las votaciones no llegasen a ser los esperados para el partido en el poder y sus aliados, lo que podría considerarse un riesgo mayúsculo para la democracia de México, una situación que no hay que dejar de tomar en cuenta.

Por si fuera poco, a pesar de tanto poder que les han entregado durante esta administración, ha resultado insuficiente para las fuerzas armadas, que ya exigieron al gobierno federal el pago de cuotas políticas, como se hacía antaño durante las décadas de poder hegemónico del PRI, con la asignación de candidaturas a altos mandos castrenses, particularmente para cargos de diputaciones federales bajo los colores de Morena, dentro del esquema de plurinominales.

De acuerdo con los datos disponibles consultados por el equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo, uno de los seleccionados para un escaño en la Cámara de Diputados como plurinominal es el almirante Humberto Coss y León Zúñiga, originario de Veracruz.

Otro es el general Luis Arturo Oliver Cen, originario de Progreso, Yucatán, quien cuenta con una licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, así como una maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de Defensa Nacional.

Cabe recordar que en junio del 2021 un grupo de militares en retiro conformaron una planilla política para contender a todos los cargos públicos en Naucalpan, Estado de México en donde usaron el slogan “Fuerza Militar”, avalada por el ya extinto Partido Encuentro Solidario (PES), una agrupación de tintes evangélicos aliada del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha sido hasta el momento algo inédito en el país.

Quintana Roo estrenará redistritación electoral

A un año de su aprobación y oficialización por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), Quintana Roo estrenará un nuevo distrito electoral otorgado a los indígenas y los afrodescendientes que habitan en el estado, quienes suman un aproximado de 250 mil personas, principalmente concentrados en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, los primeros dos conforman el Distrito 13, ahora llamado indígena.

Dentro del ámbito federal, se mantienen los cuatro distritos federales uninominales, mientras a que, a nivel local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 52 ya establece la conformación de 15 distritos electorales uninominales como un criterio para asegurar el equilibrio poblacional entre distritos.

Antes eran solamente 11 distritos locales y tras la reforma se volvieron a dividir, con la intención de dar mayor fortaleza a la zona norte, sobre todo a la parte de Tulum.

Datos proporcionados por el Ieqroo establecen que la lista nominal en la entidad es de 1,398,570 ciudadanos.

En cuanto a la distribución de distritos, el 01 con cabecera distrital Kantunilkin la integran los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos; los distritos 02, 03, 05, 06, 07 y 08 con cabecera distrital en Cancún se integran únicamente en el municipio de Benito Juárez.

El distrito 04, también con cabecera distrital en Cancún, la conforman Benito Juárez e Isla Mujeres, mientras que los distritos 09 y 10, con cabecera distrital en Playa del Carmen, solo la conforman Solidaridad.

El distrito 11 con cabecera distrital en Cozumel, la integran los municipios de Cozumel y Solidaridad; el distrito 12 con cabecera distrital en Tulum la integran Solidaridad y Tulum.

El distrito 13 (indígena), con cabecera distrital en Felipe Carrillo Puerto, incluye también al municipio de José María Morelos, mientras que los distritos 14 y 15 con cabecera distrital en Chetumal están integrados únicamente por Othón P. Blanco.

En Quintana Roo lo bueno inicia hasta el 15 de abril

Dentro del ámbito electoral local, los únicos que iniciaron campaña el 1 de marzo son los candidatos a un cargo de elección federal, es decir, diputados o senadores, porque los aspirantes a las presidencias municipales y diputaciones locales comenzarán su proselitismo hasta el 15 de abril.

Con base en el calendario electoral consultado por el Ieqroo, las fechas claves del proceso comienzan el jueves 7 de marzo, al concluir el periodo para solicitar el registro de planillas de candidaturas a miembros de los ayuntamientos.

En este punto, a pesar de que es un hecho de que en al menos nueve municipios los actuales alcaldes quieren reelegirse, las fecha de registro y sobre todo del inicio de las campañas, podría generar ciertas sorpresas con candidaturas y hasta renuncia a la militancia a la que están todavía.

Para el día 9 de marzo inicia el periodo para solicitar el registro de las fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, cuyo plazo vence el día 13 de marzo.

El 10 de abril se aprobarán los registros de las fórmulas, listas y planillas de candidaturas en la modalidad de diputaciones por el principio de mayoría relativa, por el principio de representación proporcional y de miembros de los ayuntamientos.

Con todo lo anterior, para el día 15 de abril inician formalmente las campañas y se suspende la suspensión de difusión de toda clase de propaganda gubernamental.

El día 2 de mayo es la fecha límite para la sustitución de candidaturas por renuncia de Diputaciones y miembros de los Ayuntamientos y el 29 de mayo culminan las campañas, de acuerdo con el artículo 293, segundo párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

Una vez que se lleven a cabo las votaciones, para el 5 de junio proseguirán las sesiones de cómputos distritales de las elecciones de diputaciones por el principio de mayoría relativa, declaraciones de validez y entrega de constancias a los ganadores.

Finalmente, el 3 de septiembre se hará la instalación de la Honorable XVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y para el día 30 del mismo mes se hará la instalación de los Honorables Ayuntamientos de los 11 municipios del Estado y se hará la declaratoria de conclusión del proceso electoral local.

Ante el complejo panorama que enfrenta México en este proceso electoral, marcado por la violencia política, la intervención del crimen organizado, la desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos y un discurso viejo y anquilosado, se vislumbra un camino lleno de desafíos y riesgos inéditos. La militarización de la política, la manipulación del financiamiento oficial y la amenaza a la libertad de expresión son solo algunas de las preocupaciones latentes. A medida que avanzan las campañas y se acerca el 2 de junio, queda claro que estamos ante una inminente “elección de Estado”, con la democracia en juego, el futuro de los mexicanos en la incertidumbre y nuestra integración al mundo moderno cada vez más desarrollado, muy lejana.

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Candidatos a cargos de elección popular para el Senado y Cámara de Diputados por Quintana Roo, aprobados por el INE

Senado de la República

Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y PV

– Anahí González (suplente Maribel Cruz)