Aprueba cabildo de Puerto Morelos enviar al Congreso los contratos irregulares con los que la anterior administración pretendió endeudar al municipio por 30 años, en busca de darles cierre y avanzar los procesos legales contra la exalcaldesa
REDACCIÓN
PUERTO MORELOS.- El Cabildo de Puerto Morelos aprobó remitir a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVII Legislatura los cuestionados contratos de asociaciones público-privadas (APP) firmados por la anterior administración para la construcción del palacio municipal y el mejoramiento del servicio de alumbrado público en el municipio, a fin de que los ratifique o rechace.
Esos contratos, identificados con los folios CMPM-CON-APP01-2021 y CMPM-CON-APP02-2021 fueron suscritos por la administración de Laura Fernández Piña con Inocaribe, SA de CV, para la construcción del palacio municipal, por un monto de hasta 264 millones, y con OFN Quintana Roo, SA de CV, hasta por 292 millones de pesos, con los cuales se endeudaría al Ayuntamiento durante 30 años.
Los contratos fueron remitidos a la XVI Legislatura, que expidió los decretos 103 y 104, publicados en el Periódico Oficial, con los que autorizó al Ayuntamiento 2018-2021 la firma de los contratos bajo la figura de Asociación Pública Privada.
Sin embargo, de acuerdo con los oficios 351-A-EFB-01458 y 59, del 13 de octubre de 2021, firmados por la directora de Deuda Pública de Entidades y Municipios, de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, los contratos tenían omisiones e inconsistencias no subsanadas que hicieron inviable su inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, condición indispensable para la disposición o desembolso de financiamiento u obligaciones a cargo de entes públicos.
Cabe señalar que la solicitud de inscripción fue solicitada por la anterior administración municipal el 29 de septiembre de 2021, es decir, un día antes de concluir el periodo constitucional del Ayuntamiento.
Además, no se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Ley de Asociaciones Público-Privadas de Quintana Roo, en el sentido de que los contratos deben ser ratificados por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso.
Con el acuerdo aprobado por el Cabildo el Ayuntamiento se busca que se concluyan los trámites pendientes respecto a los citados contratos de APP que permitan al municipio coadyuvar con las diversas autoridades jurisdiccionales respecto a las acciones interpuestas con motivo de la celebración de esas APP y dotarlas de más elementos para sustentar su decisión.
Se espera que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta se pronuncie sobre la ratificación de esos contratos, que no están registrados.
Ayuntamiento de Puerto Morelos da la batalla
Laura Fernández Piña, quien fungió en dos ocasiones como alcaldesa de Puerto Morelos, ha sido acusada por la actual presidenta municipal, Blanca Merari Tziu Muñoz, de comprometer por décadas el 48% de las participaciones de Puerto Morelos con empresas presuntamente vinculadas con su esposo, Carlos Alberto Moyano Menchaca, para la construcción del palacio municipal, por 389 millones 760 mil pesos, cuando la edificación en realidad tiene un costo total de 57 millones 983 mil 563 pesos —equivalente a construir casi siete veces el inmueble— y una obra de alumbrado público por la que se debía pagar 442 millones 656 mil pesos, cuando en realidad su costo es de 42 millones 950 mil pesos, lo que representa hacer 10 veces esa misma obra.
Al llegar al gobierno municipal en septiembre de 2021, Blanca Merari se negó a pagar los contratos, ante su notoria irregularidad, lo que generó denuncias por parte de los empresarios contra el municipio. “Incluso nos han denunciado penalmente por no pagar las facturas, lo cual ya es el colmo de los colmos, porque nosotros sólo estamos cuidando el patrimonio de nuestro municipio”, deploró la alcaldesa.
Entre otros señalamientos, a Laura Fernández Piña también se le acusa de no pagar más de 503 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de dejar una deuda de 89 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) federal y estatal.
El tema incluso llegó a Palacio Nacional, donde, durante la conferencia mañanera del 1 de agosto del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Laura Fernández Piña, quien como diputada federal cuenta con la protección del fuero legislativo, estaba siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Quintana Roo por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
