Gobierno de Layda Sansores expropia cuatro predios en la capital de Campeche, tres de ellos ligados al exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, para la construcción de la Universidad de la Salud “Rosario Castellanos”
REDACCIÓN
CAMPECHE.- El Gobierno de Campeche publicó, en la edición del lunes 29 de septiembre del Periódico Oficial del Estado, su primer decreto de expropiación bajo la llamada “Ley Alito”, mediante el cual se declararon de utilidad pública cuatro predios ubicados en el fraccionamiento Miramar, municipio de San Francisco de Campeche, para la construcción de la Universidad de la Salud de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”.
El proyecto forma parte de una iniciativa educativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, para expandir a los 32 estados del país la Universidad Rosario Castellanos, fundada por ella cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México.
La gobernadora Layda Sansores difundió el anuncio del proceso expropiatorio en redes sociales y aunque en su mensaje no lo precisó, los terrenos, ubicados cerca de la avenida Resurgimiento, pertenecen a personas cercanas a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. Uno de los predios está a nombre de su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, dos más son propiedad de Juan José Salazar Ferrer, identificado como arquitecto del exgobernador y el cuarto fue inscrito por Rafael Arturo Castilla Azar —coordinador general de Proyectos del actual gobierno estatal— y Gabriela Castilla Azar.
El Gobierno del Estado de Campeche justifica que “ la ubicación estratégica de los predios garantizará una integración eficiente con la infraestructura existente, creando sinergias funcionales que amplían el alcance del proyecto. Además, el impacto social será significativo, mejorando la calidad de vida de los habitantes, mediante un mayor acceso a servicios educativos”.
Añade: “Esta iniciativa es una inversión clave para el desarrollo sostenible del estado, fomentando el bienestar social, económico y educativo a largo plazo, mientras impulsa la cohesión y el crecimiento integral de la comunidad campechana.”
De acuerdo con el decreto, los predios objeto de la declaratoria son:
a) Polígono I desmembrado del predio denominado Miramar, ubicado en San Francisco de Campeche, con superficie de 01-45-57.681 hectáreas, inscrito bajo folio electrónico 542791, a favor de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero.
b) Fracción Uno del Polígono II desmembrado del predio denominado Miramar, con superficie de 1,111.245 m², inscrito bajo folio electrónico 545800, a favor de Juan José Salazar Ferrer.
c) Predio ubicado en Avenida Resurgimiento s/n, Fraccionamiento Miramar, con superficie de 52,175.57 m², inscrito bajo folio electrónico 557937, a favor de Juan José Salazar Ferrer.
d) Superficie de 20,081.81 m² del predio ubicado en Avenida Resurgimiento s/n, Fraccionamiento Miramar, con superficie total de 115-17-19.93 hectáreas, inscrito bajo folio electrónico 557938, a favor de Rafael Arturo Castilla Azar y Gabriela Castilla Azar.
Ley con dedicatoria
La medida se enmarca en la reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad, aprobada por el Congreso estatal el 4 de septiembre con 18 votos a favor y 13 en contra. Conocida como “Ley Alito” —así nombrada en tribuna el día de su aprobación por el diputado local Carlos Ucán, de Morena, quien mencionó la posibilidad de que la reforma podría servir para expropiar al exgobernador propiedades presuntamente adquiridas de forma ilícita—, esta norma permite que el Ejecutivo declare terrenos privados como de utilidad pública para obras de infraestructura, vivienda o servicios.
El procedimiento establece que los propietarios solo cuentan con cinco días hábiles para responder a la notificación de expropiación. La indemnización podrá pagarse en un plazo de hasta diez años, calculada según el último avalúo registrado, sin considerar plusvalía ni mejoras.
Uno de los principales puntos de controversia es que la ley elimina la posibilidad de presentar recursos administrativos, dejando como única opción de defensa el juicio de amparo.
Tras su aprobación, el dirigente priista había calificado la reforma como un acto de autoritarismo y acusó al gobierno estatal de usarla como instrumento de persecución política.
