Admite juez ampliación de amparo, pues aunque Fonatur alega tener autorización condicionada para la MIA, esta no ha sido publicada por Semarnat; este viernes se definiría si se mantiene la suspensión de los trabajos
REDACCIÓN
TULUM.- El Juzgado Primero de Distrito, con sede en Mérida, Yucatán, admitió la ampliación del recurso de amparo contra las obras del Tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum, dio a conocer el colectivo Sélvame del Tren.
El recurso interpuesto se refiere al amparo indirecto 884/2022, tramitado por buzos y espeleólogos de la Riviera Maya, asesorados por la asociación civil Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
El pasado 15 de junio, el gobierno federal solicitó anular la suspensión de las obras bajo el argumento de que ya cuentan con una autorización condicionada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), tras un proceso de evaluación récord de apenas 35 días.
En respuesta, DMAS alegó ante el juez que la MIA no ha sido publicada aún en la Gaceta Ecológica de Semarnat, por lo cual se desconocen los términos de la supuesta autorización que alega tener Fonatur, y con base en ello solicitaron la solicitud de amparo, que les fue concedida por el juez Adrián Fernando Novelo Pérez.
Antonella Vázquez, representante de DMAS, recordó que el pasado 30 de mayo el juez Novelo Pérez decretó la suspensión definitiva de las obras en el tramo 5 Sur, que va de Playa del Carmen a Tulum y derivado de la solicitud de Fonatur, fijó fecha para este viernes 1 de julio a fin de determinar si se levanta o no la suspensión de las obras del Tramo 5 sur, detenidas desde el 18 de mayo pasado.
La representante de DMAS estimó que al haberse admitido su ampliación de la demanda y comprobarse que no hay tal resolutivo de Semarnat en los canales en los que debe hacerse pública esta información, es probable que este viernes no se resuelva la anulación de la suspensión de las obras solicitada por Fonatur.
Mencionó que también está programada otra audiencia el próximo 28 de julio sobre la resolución de fondo del amparo 884/2022, el cual controvierte el hecho de que se devastó selva mucho antes de que Fonatur contase con la autorización de impacto ambiental, que es un requisito para iniciar este tipo de obras en terrenos forestales, según lo marca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Legeepa). En total, serían seis los amparos interpuestos contra el proyecto del gobierno federal.