La presidenta Claudia Sheinbaum minimiza iniciativa aprobada en la Cámara de Representantes, que plantea sanciones a instalaciones consideradas “confiscadas” en el extranjero, al sostener que en el caso de Calica “no hubo expropiación”
REDACCIÓN
MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum restó alcance a la iniciativa aprobada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que busca sancionar a embarcaciones vinculadas con instalaciones consideradas “confiscadas” en el extranjero, al asegurar que no tendría efectos sobre el caso de la minera Vulcan Materials en Quintana Roo, al no existir expropiación de predios.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, este martes, la mandataria sostuvo que el proyecto legislativo —que aún debe ser avalado por el Senado estadounidense— está enfocado en proteger inversiones únicamente en casos de expropiación, supuesto que, afirmó, no se configura en el conflicto por la explotación de piedra caliza en la zona conocida como Calica, en Playa del Carmen.
El posicionamiento ocurre luego de que la Cámara baja de Estados Unidos aprobó el jueves, con respaldo bipartidista, la llamada Ley para Defender la Propiedad Estadounidense en el Extranjero, impulsada por el congresista republicano August Pfluger. La iniciativa menciona explícitamente el caso de la terminal marítima de Punta Venado y las operaciones de Vulcan Materials, suspendidas tras la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) en ese punto del Caribe mexicano.
El proyecto plantea restricciones para que buques que utilicen instalaciones señaladas como “ilegalmente incautadas” no puedan ingresar a puertos estadounidenses. De aplicarse, las medidas podrían afectar a embarcaciones que operen en puertos mexicanos, ampliando el alcance más allá de un solo punto logístico y generando implicaciones para el comercio marítimo regional.
Desde Washington, legisladores han acusado al Gobierno mexicano de llevar a cabo una acción equivalente a una confiscación, señalando que la clausura de la cantera y la terminal portuaria de Vulcan compromete la certidumbre de las inversiones estadounidenses en el país. El propio Pfluger afirmó que se trata de una “campaña coordinada” que pone en riesgo la relación económica bilateral.
El conflicto tiene su origen en la decisión tomada en 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de declarar como ANP un corredor biológico de 53 mil hectáreas en Quintana Roo, que incluye los terrenos donde operaba la filial de Vulcan, conocida como Calica. La medida prohibió la extracción minera en la zona, bajo el argumento de daños ambientales, entre ellos afectaciones a cenotes y al acuífero.
Para el Gobierno mexicano, la resolución no implica la apropiación de activos, sino una regulación ambiental sobre actividades extractivas que rebasaron los límites autorizados. En esa línea, Sheinbaum reiteró que la prioridad es la protección ecológica del área, considerada de alto valor ambiental.
En contraste, la empresa sostiene que la cancelación de sus operaciones constituye una expropiación indirecta sin compensación, por lo que inició un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el que reclama más de 1,900 millones de dólares.
Mientras el litigio continúa, autoridades mexicanas han sostenido conversaciones con la compañía para explorar posibles salidas, como la evaluación de otros yacimientos fuera del polígono protegido o mecanismos que permitan resolver la controversia sin prolongar el proceso legal.
La iniciativa en el Congreso estadounidense, aunque aún en proceso, introduce un nuevo elemento de presión en un diferendo que combina factores ambientales, comerciales y diplomáticos, en un contexto marcado por la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
