CULIACÁN.- Dos exintegrantes del gabinete de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quedaron bajo custodia de autoridades estadounidenses tras entregarse en Europa y en la frontera de Arizona, en un caso que profundiza las investigaciones federales de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y la facción criminal de “Los Chapitos”.
Fuentes consultadas por medios estadounidenses indicaron que las negociaciones con fiscales federales incluyen acuerdos de cooperación judicial, considerados clave para ampliar las indagatorias sobre protección institucional al narcotráfico dentro de dependencias sinaloenses.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, fue detenido en un consulado estadounidense en Europa y aceptó ser trasladado de inmediato a Nueva York para enfrentar los cargos en su contra, según fuentes de seguridad norteamericanas. Reportes preliminares ubican su captura en Italia o Irlanda.
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad mexicano, el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó por la garita de Nogales, Arizona, donde quedó bajo custodia del Servicio de Marshalls antes de ser enviado a Brooklyn, Nueva York. Su expediente en Arizona quedó registrado bajo la clave S9 23 Cr. 180.
Ambos exfuncionarios acordaron declararse culpables de diversos cargos con la intención de reducir sus condenas. Las investigaciones estadounidenses los relacionan con operaciones de protección y colaboración con integrantes de “Los Chapitos”, grupo identificado como una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa.
La entrega de Mérida Sánchez ocurrió días después de que un juez federal en Michoacán le concediera un amparo para frenar una posible detención y eventual extradición. El militar retirado fue detenido el 11 de mayo de 2026 y posteriormente trasladado bajo resguardo federal estadounidense.
La acusación presentada en Estados Unidos sostiene que el exsecretario de Seguridad habría recibido más de 100 mil dólares mensuales de “Los Chapitos” mientras encabezaba la corporación estatal entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024. A cambio, presuntamente evitaba interferir en operaciones de narcotráfico y alertaba sobre operativos contra laboratorios clandestinos.
El expediente judicial señala que Mérida Sánchez habría advertido anticipadamente sobre al menos 10 redadas efectuadas en 2023, permitiendo el traslado de droga, equipo y personal antes de los cateos. Durante su trayectoria militar, el general retirado dirigió la Escuela Militar de Inteligencia y también fue comandante de la XXV Zona Militar en Puebla.
En el caso de Enrique Díaz Vega, La Silla Rota publicó que el exfuncionario buscó convertirse en testigo colaborador en las investigaciones abiertas contra Rubén Rocha y otros integrantes de su administración. Según ese medio, abogados del empresario contactaron al Departamento de Justicia estadounidense, aunque la propuesta habría sido rechazada inicialmente.
Díaz Vega llegó al gabinete estatal el 1 de noviembre de 2021, después de desarrollar actividades empresariales en los sectores inmobiliario y de la construcción en Culiacán. Renunció al cargo en febrero de 2024, argumentando motivos personales para reincorporarse a sus negocios privados.
El periodista Juan Veledíaz documentó que el exsecretario incrementó notablemente su patrimonio durante su gestión pública. De acuerdo con reportes periodísticos, entre 2021 y 2023 adquirió 11 propiedades y dos vehículos de lujo pagados al contado, mientras su empresa Housesin registró un crecimiento acelerado. También se reportó que oficinas de esa compañía funcionaron como casa de campaña de Rocha Moya y del actual senador Enrique Inzunza Cázarez.
Las entregas ocurren en medio de una ofensiva judicial estadounidense contra redes políticas y de seguridad presuntamente vinculadas con el tráfico de drogas en Sinaloa. El caso coloca nuevamente bajo presión al entorno del mandatario con licencia, mientras fiscales federales buscan ampliar testimonios y acuerdos de culpabilidad para fortalecer procesos abiertos en cortes federales estadounidenses de Nueva York. (Con información de La Silla Rota)
