11 junio, 2026

EXIGE EEUU ENTREGA DE GOBERNADOR DE SINALOA

Fiscalía de Nueva York presenta cargos penales contra Rubén Rocha Moya y otras nueve personas, entre autoridades y exfuncionarios, por presuntos nexos con “los Chapitos”; gobierno estadounidense interpone solicitudes de extradición

REDACCIÓN

MÉXICO.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta cargos penales formales en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”. La acusación, presentada este miércoles por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York ante la jueza Katherine Polk Failla, involucra a nueve funcionarios y exfuncionarios del estado, entre ellos un senador en funciones y el alcalde de Culiacán.

El fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, detallaron los cargos: conspiración para la importación de narcóticos —fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina—, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dichas armas. La pena mínima es de 40 años; la máxima, cadena perpetua.

Según la acusación, Rocha Moya fue electo gobernador en 2021 con el respaldo operativo de Los Chapitos, quienes presuntamente secuestraron e intimidaron a sus rivales políticos. A cambio, el mandatario de Morena prometió protección a los líderes del cártel y les permitió operar con impunidad en el estado. La investigación señala que las fuerzas de seguridad estatales recibían órdenes para proteger cargamentos de droga, alertar al cártel sobre operativos militares y ejecutar arrestos, secuestros y asesinatos en su nombre.

En la lista de funcionarios, todos acusados por los mismos delitos, están también el senador Enrique Inzunza Cazárez, exsecretario general de gobierno de Sinaloa; el exsecretario de Administración y Finanzas del Estado, Enrique Díaz Vega; el fiscal adjunto de la Fiscalía estatal, Dámaso Castro Zaavedra; los exjefes de la policía de investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector de la policía del Estado, José Antonio Dionisio Hipólito; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y Juan Valenzuela Milán, excomandante de la policía municipal de Culiacán.

De acuerdo con la acusación, Castro Zaavedra presuntamente recibía 11,000 dólares mensuales por filtrar información sobre operativos policiales y Valenzuela Milán cobraba 1,600 dólares al mes por poner a sus agentes al servicio de la organización. El exjefe policiaco enfrenta además cargos adicionales por participar en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, en octubre de 2023.

El fiscal Jay Clayton afirmó que el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales “no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar”.

Los cargos presentados por Estados Unidos representan una estocada a las ya deterioradas relaciones bilaterales con México desde el regreso de Trump a la presidencia, agravadas por la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua bajo la sospecha de estar participando en un operativo de seguridad sin el conocimiento del gobierno mexicano.

SRE recibe solicitudes de extradición

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó haber recibido el martes, a las 18:00 horas, las solicitudes de detención con fines de extradición remitidas por la Embajada estadounidense. Sin embargo, la dependencia advirtió que los documentos “no cuentan con elementos de prueba” conforme al marco del Tratado de Extradición bilateral, y turnó el expediente a la Fiscalía General de la República para su análisis. La cancillería anunció además el envío de una carta de extrañamiento a la Embajada de EEUU por “la forma en que se dio a conocer” la acusación, que consideró una violación a la confidencialidad prevista en los tratados.

Por su parte, Rocha Moya rechazó las imputaciones, “ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, escribió en sus redes sociales. “Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación”, añadió.

En el mismo sentido se manifestó el senador Inzunza Cazares: “Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas”, dijo, y denunció una “campaña de estigmatización” basada en su lugar de nacimiento: el municipio de Badiraguato.

Los cargos se producen en el contexto de las confesiones recientes de Ovidio Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, al declararse culpables ante tribunales estadounidenses. “La organización que encabecé alentó la corrupción en mi país al pagar a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente”, reconoció “El Mayo” en su confesión.

PAN pide desaparición de poderes en Sinaloa

En ese contexto, el Partido Acción Nacional solicitó al Senado de la República la desaparición de poderes en Sinaloa. Argumentó que se trata de una medida prevista en la Constitución ante situaciones extraordinarias y recordó que la entidad enfrenta desde hace más de un año una situación de violencia, con impactos sociales y económicos, por lo que cuestionó la capacidad del gobierno estatal para garantizar condiciones de seguridad.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, pidió que Rocha Moya deje el cargo como gobernador de Sinaloa. “El gobierno federal debe deslindarse de forma inmediata y permitir que sea investigado. La severidad con la que han actuado frente a la gobernadora de Chihuahua debe ser el parámetro “, manifestó.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, coincidió en que el gobernador debe separarse de su cargo, y pidió una investigación profunda por parte del Estado mexicano. “Tiene que hacerse una profunda investigación de si esos señalamientos son verdaderos (…) el Senado debería llamar inmediatamente a este gobernador como lo intentó hacer con la gobernadora Maru Campos porque cumplió con su deber”, declaró.

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