Fernando Naracsio
HECELCHAKÁN.– Un grupo de ciudadanos solicitó a autoridades estatales la realización de una auditoría extraordinaria al Ayuntamiento de Hecelchakán para revisar el manejo administrativo y financiero correspondiente al periodo 2024-2027, ante presuntas irregularidades relacionadas con obra pública, servicios y posible conflicto de interés.
La petición fue presentada el 24 de mayo de 2026 y remitida a diversas instancias, entre ellas la Secretaría de la Contraloría General del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECCECAM), la Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASECAM), el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC) y el Congreso local.
Los promoventes, identificados como integrantes de la organización “Sociedad Organizada y Unida por su Progreso”, solicitaron la revisión de obras públicas, el funcionamiento de los pozos de agua potable y posibles irregularidades dentro de la administración municipal.
Entre los señalamientos destacan presuntas observaciones en contratos para la rehabilitación de la red de agua potable financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2025. Los ciudadanos señalaron que, pese a una inversión estimada superior a 9.3 millones de pesos distribuidos en once contratos para rehabilitación de pozos, continúan registrándose interrupciones frecuentes del servicio.
Asimismo, reportaron posibles deficiencias en trabajos de reposición de pavimento y hundimientos en algunas vialidades intervenidas.
El documento también plantea revisar un posible conflicto de interés derivado del presunto parentesco entre una regidora vinculada a la comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el director del área. Además, se solicitó verificar la situación profesional y administrativa de algunos funcionarios, así como posibles casos de duplicidad de ingresos.
Otro de los puntos expuestos involucra a una empresa constructora que habría recibido un contrato cercano a los dos millones de pesos para una obra que, según los denunciantes, no fue concluida dentro del plazo previsto.
Los ciudadanos solicitaron auditorías documentales, financieras y de campo, así como la aplicación de medidas correctivas en caso de acreditarse responsabilidades.
