REDACCIÓN
HOPELCHÉN.- Representantes de 17 comunidades mayas del municipio de Hopelchén, en Campeche, hicieron un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que desechen un proyecto de sentencia que, advierten, postergaría sin resolver la crisis de contaminación por plaguicidas que enfrentan desde hace al menos seis años.
El proyecto, elaborado por la ministra María Estela Ríos González, será votado este 26 de marzo. Plantea devolver el expediente al Juzgado Primero de Distrito en Campeche para que reponga el procedimiento y emita una nueva sentencia. Los pobladores rechazan esta opción porque, afirman, el mismo juzgado ya les negó justicia en el año 2024.
En aquella ocasión, el juzgado desestimó las pruebas que presentaron las comunidades; entre ellas, estudios del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y análisis de universidades que detectaron residuos de plaguicidas altamente peligrosos en pozos de consumo humano, en el acuífero de la península de Yucatán y en muestras de sangre y orina de habitantes.
“Ese juez dijo que las pruebas no eran suficientes. Ahora la ministra propone regresar el caso con él. No confiamos en que ahí se haga justicia”, declaró Itzel Pech, integrante de una de las comunidades afectadas.
Los pobladores presentaron el amparo en 2020. En él denunciaron omisiones de autoridades federales como la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la PROFEPA y la COFEPRIS. Señalaron que ninguna de estas instituciones ha garantizado la calidad del agua ni ha vigilado el uso de plaguicidas en la región.
De acuerdo con los demandantes, la agroindustria ha deforestado más de 400 mil hectáreas en Campeche para establecer monocultivos. Las comunidades señalaron que en esos cultivos se emplean sustancias como glifosato y fipronil, cuyos efectos han documentado en sus cuerpos de agua y en su propia salud.
La abogada Itzel Arteaga, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), explicó que el proyecto de la ministra reconoce las omisiones del juzgado de distrito, pero en lugar de que la Corte resuelva el fondo, propone regresar el caso.
“Las comunidades buscaron a la Suprema Corte porque necesitan una sentencia con perspectiva intercultural y de derechos humanos. Devolver el expediente es un retroceso”, señaló Arteaga.
Los pobladores entregaron en la Corte más de 17 mil firmas recabadas en la plataforma Change.org en respaldo a su demanda. También denunciaron que intentaron solicitar una reunión presencial con la ministra Ríos para exponer la urgencia del caso, pero la ponencia ofreció únicamente un encuentro virtual, al que tuvieron dificultades para conectarse por falta de acceso a internet en sus localidades.
El caso fue atraído por la SCJN en mayo de 2025 por su relevancia en temas de derecho humano al agua, medio ambiente sano y derechos de pueblos indígenas. Los comuneros insistieron en que la Corte debe aplicar principios como el de precaución y la reversión de la carga probatoria, criterios contemplados en el Acuerdo de Escazú, tratado internacional del que México es parte.
“No queremos que nos regresen el expediente. Queremos que se ordene el monitoreo del agua, que se prohíban los plaguicidas altamente peligrosos en nuestra región y que se garantice agua limpia”, expresó Pech.
Los representantes de las comunidades advirtieron que lo que ocurre en Hopelchén no es un caso aislado, sino parte de un problema que se repite en zonas agrícolas del país. La decisión que tome la Corte, señalaron, definirá si las comunidades indígenas pueden exigir justicia ambiental sin que los procesos judiciales se dilaten indefinidamente.