REDACCIÓN
CAMPECHE.- El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Abud, acompañado de su chofer y su asistente, presentó una solicitud formal para obtener la suspensión condicional del proceso penal en su contra. La petición fue admitida y la audiencia para evaluarla quedó programada para el jueves 19 de febrero. El objetivo de la medida es lograr el cese de la acción penal y el eventual archivo de la causa.
Según informó el Poder Judicial del Estado de Campeche (PJEC), el caso fue judicializado el 14 de enero, día en que se celebró la audiencia inicial de control de la detención y formulación de la imputación. Tras declararse legal la aprehensión, se estableció un plazo de 144 horas para definir la situación jurídica de los imputados, quienes actualmente permanecen en libertad mientras avanza el procedimiento.
Posteriormente, el 18 de enero, un juez decretó la vinculación a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, específicamente por posesión simple. Se fijó un periodo de dos meses para la investigación complementaria. El PJEC aclaró que dicha vinculación no representa una sentencia condenatoria. A petición de la defensa, se calendarizó la audiencia de febrero para examinar la solicitud de suspensión condicional, figura que, de ser otorgada y cumplida por los acusados, provocaría la extinción de la acción penal.
Gobernadora responsabiliza a la universidad
La crisis en la Universidad Autónoma de Campeche ha dejado de ser un procedimiento legal para convertirse en el reflejo de una ruptura profunda entre el gobierno estatal y las instituciones autónomas. Lo que comenzó como una detención por presunta posesión de drogas, denunciada como un montaje por la defensa del exrector José Alberto Abud Flores, evolucionó hacia un conflicto de legitimidades, en el que el discurso oficial ha optado por la confrontación.
En un mensaje público, la gobernadora Layda Sansores San Román negó categóricamente cualquier intervención de su administración en el asunto penal. Sin embargo, en la misma declaración desplegó un argumento que busca reconfigurar el debate, pues enfatizó su “compromiso con el respeto a la autonomía universitaria” para, acto seguido, acusar a la ANUIES de exceder sus atribuciones y de interferir en una decisión que, según ella, compete exclusivamente a la comunidad universitaria. Este doble movimiento —proclamar respeto mientras se descalifica al principal órgano colegiado de las universidades del país— define la estrategia de la administración estatal.
La mandataria intentó reorientar la narrativa hacia la responsabilidad administrativa, argumentando que la autonomía “no significa impunidad” y atribuyendo los problemas de la UACAM —presuntas irregularidades financieras, conflictos laborales y deterioro— a la gestión del exrector. Al mismo tiempo, su recordatorio sobre los apoyos financieros estatales introduce una lógica de condicionalidad, donde la autonomía se presenta como un privilegio vinculado al buen comportamiento, no como un derecho fundamental.
La respuesta del gobierno de Layda Sansores, por tanto, no se ha centrado en despejar las múltiples dudas sobre la transparencia del proceso penal, tales como la llamada anónima inicial, la ausencia de registro videográfico policial o la sesión de madrugada del Consejo Universitario en un recinto externo para remover al rector; en su lugar, ha elegido una línea de ataque que trasciende el caso. Al calificar a la ANUIES de “extralimitarse”, la administración estatal no solo rechaza una crítica fundada, sino que desconoce deliberadamente el papel de un organismo creado para la defensa colectiva del sistema universitario público.
Este movimiento discursivo revela una estrategia política de desvío, donde, frente a la imposibilidad de controlar la narrativa generada por la comunidad académica nacional, que condenó de manera casi unánime los hechos, el gobierno estatal intenta redefinir el conflicto. Es un giro que busca convertir la defensa de un principio constitucional —la autonomía universitaria— en un debate sobre lealtad.
El efecto, sin embargo, es el contrario al buscado y, lejos de aislar la crítica, la radicaliza y la amplía. La negativa al escrutinio de pares académicos y a dialogar con la ANUIES —cuyos integrantes son rectores electos por sus comunidades— proyecta una imagen de autoritarismo institucional. Sugiere que, para el gobierno estatal, la autonomía es tolerable solo mientras no contradiga sus intereses políticos inmediatos.
El caso UACAM expone la incapacidad o la falta de voluntad para resolver conflictos a través del diálogo institucional, el respeto a los procedimientos y la transparencia. Se ha preferido la fuerza fáctica —una detención, una sesión exprés— y una retórica que, tras un velo de respeto formal, deslegitima a los críticos. El resultado no es el control de la crisis, sino su institucionalización. La fractura entre el Palacio de Gobierno y la academia parece, por ahora, irreparable, y la sombra de la instrumentalización política sobre la educación superior en Campeche se alarga, densa y perjudicial para el futuro académico del estado.