Cobros ilegales de autoridades están sustituyendo el “derecho de piso” del crimen organizado, denuncian empresarios y comerciantes; el miedo inhibe denuncias, frena inversiones y profundiza la crisis del destino gobernado por Diego Castañón
TULUM.- Empresarios, comerciantes y turistas de Tulum denunciaron que las extorsiones atribuidas a autoridades de los tres niveles de gobierno se han convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo del municipio, situación que, sumada a la histórica llegada de sargazo, agrava la crisis que enfrenta el principal destino turístico del Caribe mexicano bajo la gestión del alcalde Diego Castañón, de acuerdo con un reportaje publicado por el diario Milenio.
Según la investigación, representantes de la iniciativa privada aseguraron que, aunque se han reducido significativamente los cobros por “derecho de piso” del crimen organizado, ahora enfrentan extorsiones perpetradas por servidores públicos durante inspecciones, verificaciones y operativos.
Uno de los casos documentados corresponde a una pareja británica que fue detenida por agentes de tránsito después de rentar una motocicleta. Steve relató que la prueba de alcoholemia arrojó un nivel de 0.2 miligramos por litro, inferior al límite de 0.4 previsto en el Reglamento de Tránsito de Tulum para configurar una infracción.
Pese a ello, los agentes le informaron que permanecería detenido durante 48 horas, salvo que cubriera una multa de 21 mil pesos. Incluso tenían una terminal bancaria para cobrar con tarjeta, pero como no funcionó les exigieron realizar una transferencia bancaria, bajo la advertencia de que tendrían problemas para salir del aeropuerto si cancelaban el pago, narró el turista.
Empresarios consultados por Milenio coincidieron en que estos casos no representan hechos aislados, sino un patrón que deteriora la confianza de inversionistas y visitantes.
La investigación también refiere un incremento de inspecciones por parte de la delegación local de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuyos verificadores, sostienen los entrevistados, buscan irregularidades para exigir pagos indebidos, que van desde 20 mil hasta 50 mil pesos, de acuerdo con un dirigente empresarial citado por el diario.
“Prácticamente Tulum se está muriendo porque no hay una voluntad política; el derecho de piso ahora se lo tiene que pagar uno a las autoridades, las municipales, las estatales y las federales”, deploró. “Tengo casos en los que llegan los inspectores a checar restaurantes; llega el inspector, hace la prueba y resulta que él ya traía la prueba”. —¿La prueba estaba alterada?, pregunta el periodista—. “Es correcto”.
Aseguró que numerosos establecimientos prefieren absorber los pagos exigidos antes que enfrentar clausuras, procedimientos administrativos prolongados o nuevas inspecciones.
El asedio alcanza también a pequeños negocios, que deben pagar cuotas mensuales para evitar ser clausurados. “El verificador te busca algo… Y te encuentra, los ves arrodillados en el suelo con una linterna buscando en el rincón, debajo de la estufa a ver qué”, reclamó Israel, dueño de una taquería vegana: “La ley se está usando para la extorsión, como un instrumento para que los verificadores puedan decirte: o haces este camino legal que te cuesta 50 mil o haces este otro que te cuesta cinco mil mensuales”.
El reportaje subraya que el clima de temor ha reducido las denuncias formales y frenado nuevas inversiones, mientras diversos proyectos han sido abandonados, en un destino que durante años fue considerado uno de los principales polos de crecimiento turístico del país. (Con información de Milenio)
