Comité científico impone condiciones para una eventual explotación de gas no convencional, mientras el gobierno federal consolida un giro en su política energética que mantiene abierto el debate sobre los riesgos ambientales y la verdadera viabilidad del proyecto
MÉXICO.- El comité científico convocado por el Gobierno federal para evaluar la viabilidad del fracking en México abrió la puerta al desarrollo de yacimientos de gas natural no convencional, aunque bajo estrictas condiciones ambientales, técnicas y sociales que modifican el alcance de la estrategia energética impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los especialistas descartaron la explotación mediante fracturación hidráulica en la cuenca de Tampico-Misantla y establecieron que cualquier proyecto en Coahuila y Tamaulipas dependerá, antes que cualquier otra consideración, de comprobar la existencia de agua salada suficiente para abastecer las operaciones sin afectar las reservas destinadas al consumo humano.
Al presentar las conclusiones del grupo integrado por 54 especialistas, la mandataria resumió el criterio que seguirá su administración: “Primero si hay agua, segundo si hay gas”. Explicó que el siguiente paso será realizar, a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), perforaciones exploratorias para determinar si existen reservas de agua salada aptas para este tipo de actividad. Si no se encuentran, la explotación de estos yacimientos quedará descartada.
Añadió que los resultados de esos estudios se conocerán en aproximadamente dos meses y medio y que posteriormente deberán analizarse la viabilidad económica de los proyectos y la realización de consultas con las comunidades involucradas.
El informe representa el primer respaldo técnico, pero también el primer límite formal al cambio de rumbo adoptado por el Gobierno federal respecto al fracking. Durante años, Morena y el expresidente Andrés Manuel López Obrador mantuvieron una postura de rechazo hacia esta técnica; sin embargo, la administración de Sheinbaum comenzó a replantear esa posición al argumentar que el incremento de la producción nacional de gas es necesario para reducir la dependencia de las importaciones procedentes de Estados Unidos y fortalecer la seguridad energética del país.
Las recomendaciones del comité precisan que la evaluación deberá continuar únicamente en las cuencas de Sabinas-Burro-Picachos, entre Coahuila y Nuevo León, y Burgos, en Tamaulipas, mientras que la cuenca de Tampico-Misantla deberá quedar excluida por razones ambientales, sociales, de biodiversidad y densidad poblacional. Los especialistas insistieron en que sus conclusiones no constituyen una autorización para iniciar la explotación, sino una metodología para determinar si existen condiciones que permitan desarrollarla sin comprometer los recursos hídricos ni el entorno.
El dictamen también propone utilizar exclusivamente agua salada extraída de grandes profundidades, reciclar al menos 75 por ciento del líquido empleado durante las operaciones, prohibir aditivos altamente tóxicos, operar con sistemas cerrados para el manejo del agua de retorno y hacer pública la información sobre los químicos utilizados y el volumen de agua consumido.
Aunque el comité reconoce que el aprovechamiento de estos recursos podría disminuir las importaciones de gas, advierte que, por sí solo, no garantiza la soberanía energética planteada por el Gobierno federal.
