Clausura Profepa por afectaciones ambientales más de 30 proyectos inmobiliarios y turísticos en Quintana Roo, Yucatán y Campeche, entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026
REDACCIÓN
CANCÚN.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reforzó la vigilancia en la Península de Yucatán y la ratificó como región prioritaria dentro de su programa nacional de inspección de ecosistemas costeros, ante el aumento de proyectos inmobiliarios y turísticos en zonas ambientalmente sensibles.
Entre finales de 2025 y principios de 2026, la dependencia realizó operativos en Quintana Roo, Yucatán y Campeche que derivaron en la clausura total de más de 30 desarrollos. Las acciones se enfocaron en obras que carecían de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) o que realizaron remoción ilegal de vegetación en áreas de alta biodiversidad.
Los puntos con mayor presión urbanística incluyen Holbox, Tulum y la Laguna de Bacalar, en Quintana Roo; el corredor Progreso-Telchac y la reserva de Sisal, en Yucatán; así como la región de la Laguna de Términos, en Campeche. En estas zonas se detectaron desmontes de selva baja, afectaciones a dunas costeras y alteraciones en humedales.
La Profepa informó que, además de la suspensión de actividades, se aseguró maquinaria pesada utilizada para el desmonte y se iniciaron procedimientos administrativos. Las sanciones contemplan multas económicas y la obligación de restaurar los ecosistemas impactados.
El objetivo central de los operativos es evitar la fragmentación de hábitats que funcionan como barreras naturales frente a fenómenos meteorológicos y que sostienen cadenas ecológicas clave. Entre ellos se encuentran humedales, dunas costeras y manglares protegidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT.
Alberto Rojas Rueda, subprocurador de Prevención Ambiental, señaló que la estrategia requiere coordinación entre autoridades y sociedad civil. Indicó que la federación cuenta con 500 inspectores, pero subrayó la importancia de los comités ciudadanos de vigilancia para ampliar la supervisión en territorio.
El funcionario también destacó la necesidad de fortalecer el ordenamiento ecológico territorial. “Si un programa de ordenamiento municipal está bien hecho, es poco probable que se permitan construcciones de riesgo ambiental”, afirmó, al referirse a la planeación local como herramienta preventiva.
Las autoridades federales mantienen operativos en la región con el propósito de contener nuevos asentamientos irregulares y asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en uno de los corredores costeros con mayor presión inmobiliaria del país.