Las promesas de combustible barato y autosuficiencia energética quedaron lejos de cumplirse; hoy, Quintana Roo mantiene algunos de los precios más altos del país, una fuerte dependencia logística y un costo de vida cada vez más presionado por el precio de los combustibles
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR
Cada día, más de 2.5 millones de litros de gasolina se consumen en Quintana Roo. Ese combustible no solo mueve automóviles: mantiene en operación la industria turística más importante del país, abastece hoteles, restaurantes, hospitales, supermercados y comercios, y permite el traslado diario de miles de toneladas de mercancías en una entidad donde casi todo depende del transporte terrestre. Sin hacer ruido, también termina encareciendo la economía cotidiana.
En Quintana Roo, el precio de la gasolina dejó de ser un indicador exclusivo del costo de la movilidad. Hoy es una medida del costo de vida. Para un trabajador que percibe el salario mínimo vigente de 315.04 pesos diarios, llenar un tanque de 40 litros con gasolina Magna representa destinar poco más de tres jornadas completas de trabajo. Si el vehículo utiliza gasolina Premium, el gasto supera los mil 150 pesos. Pero el impacto no termina en quienes conducen: cada incremento termina reflejándose en el precio de los alimentos, los materiales de construcción, los medicamentos, el transporte de mercancías y la operación de la industria turística que sostiene buena parte de la economía estatal.
Paradójicamente, uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina depende por completo de infraestructura ubicada fuera de su territorio para garantizar el suministro de combustibles. La gasolina y el diésel recorren cientos de kilómetros antes de llegar a las estaciones de servicio, mientras la ausencia de ductos, de terminales de almacenamiento suficientes y de proyectos estratégicos concluidos mantiene elevados los costos logísticos.
Durante años, gobiernos federales y estatales han anunciado obras que prometían transformar el abastecimiento energético de Quintana Roo. Algunas fueron anunciadas como proyectos capaces de reducir costos, fortalecer la seguridad del suministro e impulsar la competitividad de la región. Otras quedaron detenidas por razones ambientales, administrativas o simplemente nunca pasaron del papel. Mientras tanto, el estado continúa dependiendo del mismo esquema de distribución de hace más de una década.
A esa realidad se suman otros factores que terminan definiendo el precio que pagan consumidores y empresas: la carga fiscal, el comportamiento del mercado, la competencia entre distribuidores, el costo del diésel que mueve la economía y el precio de la turbosina que sostiene la conectividad aérea del Caribe mexicano.
Al final, el precio de un litro de gasolina no solo refleja el comportamiento del mercado energético. También resume décadas de decisiones públicas, infraestructura pendiente y una dependencia logística que termina impactando el bolsillo de millones de personas. En Quintana Roo, cada tanque lleno cuenta una historia mucho más grande que la de un simple combustible.
El impacto en la economía diaria
El costo del combustible no termina en la estación de servicio. En Quintana Roo se convierte en un gasto que condiciona la economía familiar y reduce el poder adquisitivo de miles de hogares.
Para quienes utilizan su vehículo como herramienta de trabajo —conductores de plataformas digitales, taxistas, repartidores, transportistas, operadores turísticos o pequeños comerciantes—, cualquier aumento en la gasolina representa una disminución inmediata de sus ingresos. Cada peso destinado al combustible deja de invertirse en alimentación, educación, vivienda o ahorro.
El efecto también alcanza a quienes no tienen automóvil. En un estado donde la mayor parte de los productos llega por carretera, el incremento en los combustibles termina trasladándose al precio de los alimentos, los medicamentos, los materiales de construcción y los servicios básicos. El combustible se convierte así en uno de los principales motores de la inflación local.
Un sondeo realizado por El Despertador refleja esa realidad: la mayoría de los automovilistas carga gasolina una vez por semana o cada quince días y destina entre 500 y 1,500 pesos por carga, aunque quienes utilizan intensivamente su vehículo llegan a abastecerse cada dos o tres días.
En Quintana Roo, llenar un tanque dejó de representar únicamente el costo de desplazarse. Es una decisión que influye directamente en la economía de los hogares y en el precio de prácticamente todo lo que se consume.
Quintana Roo consume millones de litros, pero no produce combustible
La demanda de combustibles en Quintana Roo crece al mismo ritmo que su población, su parque vehicular y su industria turística. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, la entidad registra alrededor de 600 mil vehículos emplacados. Sin embargo, estimaciones del propio sector señalan que la circulación real supera las 900 mil unidades al considerar automóviles con placas de otros estados, transporte federal y los millones de visitantes que ingresan cada año por carretera.
A ese movimiento se suman miles de tractocamiones que abastecen hoteles, supermercados, hospitales, restaurantes, centros comerciales y obras de construcción, lo que se traduce en una demanda diaria de combustibles que, según Petróleos Mexicanos (Pemex), ronda los 16 mil barriles, equivalentes a más de 2.5 millones de litros.
La paradoja es evidente: Quintana Roo consume como una de las economías más dinámicas del país, pero no produce un solo litro de gasolina. Carece de refinerías y de una red de ductos para el transporte de petrolíferos, por lo que depende totalmente del suministro proveniente de otras entidades.
Esa condición convierte el abastecimiento de combustibles en un desafío logístico permanente y explica, en buena medida, por qué el precio que pagan consumidores y empresas suele ubicarse entre los más altos de México.
La ruta que nunca cambió
Cada litro de gasolina que llega a Quintana Roo inicia un recorrido mucho antes de aparecer en una estación de servicio. Gran parte del combustible que abastece a la entidad ingresa por vía marítima al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, desde donde es trasladado en buque tanque hasta Puerto Progreso, Yucatán. Ahí, Petróleos Mexicanos (Pemex) lo recibe en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR), punto de partida de una extensa red de distribución terrestre.
Desde Progreso, cientos de autotanques abastecen diariamente a Yucatán y Quintana Roo. Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal dependen de ese suministro, con recorridos que pueden superar los 800 kilómetros hacia el sur del estado.
Estudios técnicos elaborados para proyectos de infraestructura energética estimaban que alrededor de 400 pipas circulaban diariamente por las carreteras de la Península para transportar gasolina, diésel y turbosina. Esa logística incrementa los costos de operación y deja al estado expuesto a cualquier interrupción. Un accidente carretero, el cierre de una vialidad, un fenómeno hidrometeorológico o una falla en la distribución pueden retrasar el suministro durante horas o incluso días.
Antes de llegar al tanque de un automóvil, la gasolina ya recorrió cientos de kilómetros por mar y carretera. Ese largo trayecto no solo explica parte de su precio: también evidencia la dependencia logística con la que Quintana Roo ha sostenido su crecimiento durante décadas.
Una protesta puede detener el combustible
Los bloqueos carreteros o de casetas de peaje suelen medirse por sus afectaciones al turismo, la movilidad o las pérdidas económicas. Sin embargo, existe otra consecuencia menos visible: el riesgo que representan para el suministro de combustibles en Quintana Roo, un estado que carece de ductos e inventarios estratégicos que permitan compensar una interrupción prolongada del transporte terrestre.
Durante los últimos años, manifestaciones encabezadas por organizaciones sociales, transportistas y docentes han provocado cierres parciales o totales en distintos tramos carreteros de la Península. Cada interrupción obliga a modificar rutas, retrasar entregas o detener temporalmente el tránsito de pipas que abastecen las estaciones de servicio.
Especialistas consideran que este escenario obliga a fortalecer la infraestructura logística y los mecanismos de almacenamiento, sin que ello implique restringir el derecho a la protesta. El combustible no solo mueve vehículos; también permite operar hospitales, transporte público, hoteles, plantas de emergencia, servicios municipales y las cadenas de abastecimiento que sostienen la actividad económica del estado.
Una década de proyectos… y la misma dependencia
La necesidad de fortalecer la infraestructura para el almacenamiento y distribución de combustibles en Quintana Roo no es un problema reciente. Desde hace más de una década se han anunciado proyectos para reducir los costos logísticos, mejorar el abasto y responder al crecimiento de una entidad cuya economía depende del transporte terrestre y del turismo. Sin embargo, ninguno ha logrado transformar el modelo de suministro.
En 2012, la empresa Sidersa propuso construir una terminal de almacenamiento y redistribución de gasolina, diésel y turbosina en Puerto Morelos. La obra permitiría acercar el combustible a la zona norte del estado y disminuir el traslado por carretera. El proyecto fue descartado por su cercanía con el Sistema Arrecifal Mesoamericano y las restricciones ambientales.
Seis años después, en 2018, la entonces Secretaría de Energía anunció un poliducto de 310 kilómetros entre Puerto Progreso y Cancún, con una inversión estimada en 3 mil 600 millones de pesos. La infraestructura prometía reducir los costos de transporte, reforzar la seguridad en el suministro y disminuir el tránsito de cientos de autotanques que diariamente recorren las carreteras de la Península. La obra nunca se concretó.
La historia volvió a repetirse en 2024. Durante una reunión entre el Gobierno de Quintana Roo y Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa presentó un proyecto para desarrollar tres Terminales de Almacenamiento y Despacho en Cancún, Chetumal y Punta Venado. El plan busca ampliar la capacidad de almacenamiento de combustibles de dos a entre ocho y diez días, fortalecer la seguridad energética y garantizar el suministro de gasolina, diésel y turbosina para una región en expansión.
Hasta ahora, no se han informado avances públicos relevantes sobre estas obras. Mientras los proyectos cambian de nombre y administración, Quintana Roo continúa dependiendo prácticamente del mismo esquema logístico de hace más de una década, con una infraestructura que sigue sin responder al ritmo de crecimiento del estado.
Diésel, el combustible que realmente encarece Quintana Roo
Cuando se habla del precio de los combustibles, la atención suele concentrarse en la gasolina. Sin embargo, el verdadero motor de la economía de Quintana Roo funciona con diésel.
Con este combustible operan los tractocamiones que abastecen supermercados, hoteles, hospitales, restaurantes, centros comerciales y obras de construcción; también lo utilizan autobuses de pasajeros, maquinaria pesada y buena parte del transporte de carga que conecta al estado con el resto del país. En el sector del autotransporte, el diésel representa entre el 30 y el 40 por ciento de los costos operativos, por lo que cualquier incremento impacta casi de inmediato las tarifas de transporte.
El efecto no termina en las empresas. El aumento se traslada al precio de alimentos, materiales de construcción, medicamentos, insumos turísticos y prácticamente cualquier producto que llega por carretera. Llenar uno de los tanques de un tractocamión con capacidad para 750 litros puede superar los 21 mil pesos. Muchos vehículos de carga cuentan con dos depósitos de esa capacidad, por lo que el costo del abastecimiento puede duplicarse. Ese gasto termina distribuyéndose entre miles de consumidores.
En Quintana Roo, el diésel es un gasto invisible para la mayoría de la población, pero uno de los principales factores que impulsan el costo de vida. Cada peso que aumenta su precio termina recorriendo la misma ruta que las mercancías: desde los centros de distribución hasta el bolsillo de los consumidores.
El turismo también paga la factura
El impacto de los combustibles alcanza al principal motor económico del estado: el turismo. Hoteles, aeropuertos, transportistas y prestadores de servicios dependen diariamente de la movilidad de personas, mercancías e insumos, por lo que cualquier aumento termina presionando sus costos de operación.
El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Rodrigo de la Peña Segura, ha advertido que el encarecimiento de los combustibles repercute directamente en el transporte de personal, alimentos, bebidas, lavandería y servicios logísticos que abastecen a los centros de hospedaje. En un destino que compite con mercados turísticos de todo el mundo, esos incrementos reducen los márgenes de rentabilidad y obligan a las empresas a absorber costos o trasladarlos al consumidor.
A ello se suma el aumento en el precio de la turbosina, combustible indispensable para la aviación. De acuerdo con el dirigente hotelero, su encarecimiento incrementa los costos operativos de las aerolíneas y puede influir en la frecuencia de vuelos hacia el Caribe mexicano, afectando la conectividad y la llegada de visitantes.
En un estado donde el turismo representa el principal generador de empleo y divisas, el precio de los combustibles deja de ser un asunto exclusivo del transporte para convertirse también en un factor que condiciona la competitividad del destino.
Litros de a diez pesos, engaño político
Reducir el precio de la gasolina a niveles cercanos a los 10 pesos por litro fue una de las promesas más recordadas de la campaña presidencial de 2018. El planteamiento generó expectativas en un país marcado por años de incrementos en los combustibles y por el rechazo social a los llamados “gasolinazos”.
Ocho años después, aún bajo el gobierno de la Cuarta Transformación, el escenario es muy distinto. Los precios continúan sujetos al comportamiento internacional del petróleo, el tipo de cambio, la carga fiscal, los costos logísticos y los márgenes de comercialización. En estados como Quintana Roo, donde el combustible debe recorrer cientos de kilómetros antes de llegar a las estaciones de servicio, esas variables tienen un impacto aún mayor.
Aunque el Gobierno federal ha aplicado estímulos fiscales para amortiguar aumentos extraordinarios, estos mecanismos son temporales y no modifican las condiciones estructurales que mantienen elevados los precios.
La diferencia entre aquella promesa y la realidad ilustra un problema mucho más complejo que una decisión política: el precio de la gasolina depende de una cadena de factores económicos, fiscales y logísticos que ningún gobierno ha logrado resolver por completo.
Autosuficiencia energética: una meta aún distante
Uno de los pilares de la política energética federal bajo el gobierno de la 4T fue recuperar la capacidad de México para producir los combustibles que consume. Bajo esa premisa se impulsó la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, la adquisición de la refinería Deer Park, en Texas, y la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, presentada como el proyecto que permitiría reducir la dependencia de las importaciones.
No obstante, la realidad ha sido otra, ante sobrecostos masivos, retrasos y baja eficiencia. La construcción de la refinería Olmeca superó los 20 mil millones de dólares (un sobrecosto superior al 135%) y su producción ha enfrentado fuertes caídas. Asimismo, el resto de las refinerías operan con tecnología muy antigua (plantas como Madero o Salamanca superan los 50 años de operación) y, según analistas del sector, los proyectos de modernización llevan años de retraso.
A ello se suman incidentes registrados en distintas instalaciones: apenas entre marzo y junio de este año se reportaron dos incendios en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco —uno de los cuales dejó un saldo de cinco trabajadores muertos—; un incendio con cinco heridos y un muerto, y un flamazo en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca; y una serie de estallidos y una gran columna de humo negro en la refinería Miguel Hidalgo, de Tula, incidente que fue catalogado por Pemex como “un incidente menor sin lesionados”, aunque causó gran alarma entre los vecinos de la zona.
México aún importa más de la mitad de la gasolina que consume diariamente, y mientras la autosuficiencia energética continúa siendo una utopía, el precio de los combustibles seguirá condicionado por factores externos y por la capacidad nacional para garantizar un suministro estable.
La promesa de los 24 pesos que no llegó a la Península
En febrero de 2025, el Gobierno federal y representantes del sector gasolinero anunciaron un acuerdo voluntario para mantener el precio de la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos por litro en la mayoría de las estaciones del país. El objetivo era contener el impacto de los combustibles en la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias. Sin embargo, en la Península de Yucatán la realidad ha sido distinta.
Recorridos realizados en estaciones de servicio y reportes de consumidores muestran que, en Yucatán, particularmente en Mérida, la gasolina Magna se ha comercializado entre 24.24 y 24.56 pesos por litro, mientras la Premium alcanza entre 27.69 y 27.99 pesos. En Campeche, la Magna ronda los 23.99 pesos, aunque también existen variaciones entre estaciones.
En Quintana Roo, donde los costos logísticos son mayores, el precio de la Magna se mantiene por encima del acuerdo y continúa ubicándose entre los más altos del país. Al cierre de esta edición, en diversas estaciones de servicio de Cancún la gasolina Magna se ofrecía en 25.29 pesos por litro; la Premium, en 28.99, y el diésel, en 28.19 pesos.
Las diferencias entre entidades vecinas evidencian que el precio del combustible no depende únicamente de acuerdos voluntarios. La distancia de los centros de suministro, los costos de distribución y las condiciones del mercado siguen pesando más que cualquier compromiso firmado sobre el papel.
El impuesto que permanece en cada litro
Detrás del precio que aparece en la bomba existe un componente que pasa casi inadvertido para la mayoría de los consumidores: el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Este gravamen forma parte del precio final de cada litro de gasolina y diésel. Aunque la Secretaría de Hacienda aplica estímulos fiscales para reducir su impacto cuando aumentan las cotizaciones internacionales del petróleo, el impuesto no desaparece; únicamente disminuye de manera temporal.
En Quintana Roo, donde prácticamente toda la actividad económica depende del transporte terrestre, su efecto va mucho más allá del automovilista. Cada traslado de mercancías incorpora ese costo a la estructura operativa de empresas de carga, distribuidores, comercios y prestadores de servicios.
El resultado termina reflejándose en el precio de alimentos, medicamentos, materiales de construcción y productos de consumo cotidiano.
Más que un impuesto sobre los combustibles, el IEPS se convierte en un componente que influye directamente en el costo de vida. Su impacto es silencioso, pero constante, especialmente en estados cuya economía depende de largas cadenas de distribución, como Quintana Roo.
El mercado gasolinero bajo la lupa
La apertura del mercado de combustibles, impulsada por la reforma energética, prometía mayor competencia y mejores precios para los consumidores. Sin embargo, en Quintana Roo esa expectativa no se ha reflejado en el bolsillo de los automovilistas.
Aunque en la entidad operan distintas marcas de estaciones de servicio, una parte importante del mercado se concentra en unos pocos grupos empresariales con amplia presencia regional. Entre ellos destaca CorpoGas, vinculado al empresario Ricardo Antonio Vega Serrador, considerado uno de los principales operadores gasolineros del estado.
Especialistas del sector energético señalan que la concentración del mercado no implica, por sí misma, prácticas monopólicas, pero sí puede reducir la presión competitiva en una entidad donde los costos logísticos ya son elevados. A ello se suman los márgenes de comercialización que cada estación aplica sobre el precio final.
La competencia existe, pero en Quintana Roo el precio que paga el consumidor sigue determinado por una combinación de factores en la que la logística, la infraestructura, los impuestos y la dinámica comercial pesan mucho más que el número de estaciones de servicio o de empresas presentes en el mercado.
En distintos momentos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha identificado estaciones de servicio con márgenes de ganancia superiores al promedio nacional, reavivando el debate sobre el nivel de competencia en el sector y la necesidad de fortalecer la supervisión del mercado. Pero también se ha documentado una amplia complicidad por parte de esa dependencia para no sancionar a las estaciones que dan litros incompletos mediante el empleo de dispositivos conocidos coloquialmente como “gallitos”, que reducen el volumen de combustible entregado sin que el usuario lo perciba de inmediato.
La frase publicitaria “Aquí sí damos litros de a litro”, utilizada durante años por distintas estaciones de servicio, refleja precisamente esa desconfianza histórica: la necesidad de convencer al consumidor de que el combustible entregado corresponde exactamente al volumen pagado.
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Durante años, el debate sobre la gasolina en México se ha centrado en los llamados “gasolinazos”, las promesas de campaña incumplidas y las variaciones en el precio de los combustibles. Sin embargo, en Quintana Roo el problema va mucho más allá del costo de llenar un tanque: cada litro incorpora el peso de una infraestructura insuficiente, largas rutas de distribución, impuestos, decisiones de política energética y una economía que depende del movimiento permanente de personas y mercancías. Mientras esas condiciones no cambien, la gasolina, el diésel y la turbosina seguirán encareciendo los alimentos, el transporte, los servicios, los medicamentos, la construcción y, en última instancia, el costo de vivir.