MÉXICO.- En las últimas tres décadas, al menos seis gobernadores mexicanos han sido señalados, investigados o procesados por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, evidenciando un patrón sostenido de vigilancia sobre figuras políticas estatales vinculadas con redes criminales.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo entre 1993 y 1999, quien fue extraditado en 2010 a Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de dinero. Tras cumplir su sentencia en 2016, fue trasladado a México, donde enfrenta una condena de 36 años por narcotráfico, actualmente bajo prisión domiciliaria.
En Tamaulipas, dos exmandatarios han enfrentado procesos similares. Tomás Yarrington, gobernador de 1999 a 2005, fue acusado de colaborar con el Cártel del Golfo. Detenido en Italia en 2017, fue extraditado a Estados Unidos, donde en 2021 se declaró culpable. Dos años después recibió una sentencia de nueve años. Posteriormente fue trasladado a México, donde permanece bajo custodia por otros delitos. En el mismo estado, Eugenio Hernández, gobernador entre 2005 y 2010, fue acusado en Estados Unidos de lavado de dinero por 30 millones de dólares. Aunque fue detenido en México, obtuvo un amparo que impidió su extradición y en 2023 recuperó su libertad.
El caso de Jorge Juan Torres, gobernador interino de Coahuila en 2011, también refleja esta tendencia. Fue extraditado en 2019 y se declaró culpable de recibir sobornos a cambio de contratos de obra pública. En 2021 fue sentenciado a tres años de prisión en Estados Unidos.
En Nayarit, Roberto Sandoval, gobernador entre 2011 y 2017, fue señalado por autoridades estadounidenses de recibir sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación. En México, fue sentenciado a siete años de prisión por falsificación de documentos.
A estos antecedentes se suma el señalamiento contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que amplía la atención internacional sobre autoridades en funciones.
Los casos documentados reflejan la intervención constante de agencias estadounidenses en investigaciones sobre funcionarios mexicanos, particularmente en entidades consideradas estratégicas para el tráfico de drogas hacia ese país. Esta vigilancia ha derivado en extradiciones, procesos judiciales y sanciones que han impactado la trayectoria política de diversos exmandatarios estatales. (Con información de El Economista)