A pesar de múltiples, graves y reiterados incumplimientos ambientales, las autoridades del sector recibieron la orden de ignorarlos y dejar que el megaproyecto ferroviario siguiera su curso, de acuerdo con documentos internos de la Profepa

MÉXICO.- Documentos internos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente indican que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador restringió a las autoridades ambientales la posibilidad de inspeccionar y sancionar las obras del Tren Maya, aun cuando existían pruebas de irregularidades que, en otros proyectos, habrían derivado en clausuras, reveló el diario El País. Funcionarios consultados señalan que, durante dos años, la Profepa no tuvo autorización para realizar visitas de verificación pese a múltiples denuncias ciudadanas sobre afectaciones.

El megaproyecto ferroviario avanzó con permisos incompletos y, en algunos casos, con autorizaciones provisionales emitidas a partir del denominado “decretazo”, que obligaba a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a aprobar de manera inmediata las Manifestaciones de Impacto Ambiental para proyectos de la Administración pública. Con estos permisos temporales, la Profepa inició inspecciones en junio de 2022, cuando los trabajos ya acumulaban dos años de construcción. Inspectores involucrados describen que las visitas se realizaron bajo la instrucción de “apoyar” el avance de la obra y señalar los pendientes ambientales sin proceder con emplazamientos formales.

Los documentos detallan nueve irregularidades en los primeros tramos, entre ellas deforestación en áreas no autorizadas, cambios de uso de suelo y bancos de materiales sin permiso. Para los tramos posteriores, a cargo de la Defensa, los señalamientos se amplían a la remoción de vegetación y vestigios sin autorización, ausencia de planes de reforestación y afectaciones a drenajes naturales. Las inconsistencias fueron registradas en actas de inspección, pero desde la superioridad se ordenó no avanzar a procedimientos administrativos que pudieran derivar en sanciones.

Las tensiones crecieron conforme se acumularon reportes de daños ambientales en la Selva Maya, la Reserva de Calakmul y el sistema de cuevas y cenotes en la península. La Consejería Jurídica impugnó ante la Suprema Corte la orden del Instituto Nacional de Transparencia para entregar copias de las actas de inspección, lo que mantuvo ocultos los hallazgos durante meses.

Estudios independientes estiman la tala de más de 60 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a Ciudad Nezahualcóyotl; por su parte, investigaciones del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza documentan fragmentación de ecosistemas, afectaciones hídricas y daños al subsuelo por la instalación de pilotes profundos.

Especialistas en derecho ambiental advierten posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales para Fonatur, la Defensa, Semarnat y Profepa por omisiones o actuaciones irregulares. La actual administración ha reconocido la magnitud del impacto y afirma que el proyecto requiere un proceso de restauración integral. (Con información de El País)