MÉXICO.- Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documenta que una empresa vinculada a una red de contrabando de combustible relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación provocó un daño fiscal superior a 29,000 millones de pesos, uno de los montos más altos detectados en este tipo de operaciones.
El reporte señala que la firma Marlaya SA de CV fue utilizada para comercializar hidrocarburos introducidos de manera irregular al país, lo que derivó en la evasión de impuestos federales, principalmente Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado. De acuerdo con resoluciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el adeudo asciende a más de 29,294 millones de pesos.
La indagatoria detalla que esta empresa forma parte de una estructura más amplia identificada tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en marzo de 2025 en Tampico, hecho que permitió exponer una red de tráfico de combustibles que operaba con protección de mandos de la Marina.
Según los documentos revisados por MCCI, Marlaya carecía de infraestructura, personal y activos suficientes para sostener las operaciones que facturaba, lo que derivó en su inclusión en el listado definitivo de empresas que simulan operaciones. La compañía reportaba como domicilio fiscal una vivienda particular en Guadalajara.
El expediente también vincula a otras firmas como Mefra Fletes, Dalcrise e Impulsora de Productos Sustentables, relacionadas con el transporte, importación y comercialización de hidrocarburos. Autoridades federales han señalado que estas operaciones estaban conectadas con estructuras del crimen organizado.
Las cifras del presunto desfalco superan ampliamente casos anteriores. El monto equivale a cuatro veces el esquema conocido como la Estafa Maestra y duplica el quebranto detectado en Segalmex durante la pasada administración federal.
La investigación refiere que las irregularidades de Marlaya habían sido detectadas por el SAT desde 2021, pero continuaron operaciones que derivaron en una evasión multimillonaria. También se identificaron esquemas para introducir combustibles bajo clasificaciones distintas a fin de evitar el pago de impuestos.
El caso forma parte de una causa penal abierta por la Fiscalía General de la República, en la que se analiza la participación de empresas y personas involucradas en el denominado huachicol fiscal. (Con información de MCCI)