Víctima del avance inmobiliario, turístico y urbano, la costa yucateca perdió 30 mil hectáreas de manglar en 35 años; especialistas advierten la necesidad de convertir la restauración ambiental de largo plazo en una prioridad de Estado
EDUARDO MAY
MÉRIDA.- El desarrollo habitacional mal planificado, las invasiones y asentamientos irregulares, la especulación inmobiliaria y el mercantilismo turístico se han tragado 30 mil hectáreas de manglares en las costas yucatecas en los últimos 35 años. El llamado insistente de científicos e investigadores para resolver este problema no ha sido escuchado. Recientemente, grupos ambientalistas demandaron una moratoria a los permisos y cambios de uso de suelo en la franja costera, sin obtener resultados por parte de las autoridades.
El problema se agudiza con las obras del Puerto de Altura de Progreso y la proyección de crecimiento del puerto que, en pocos años, podría superar una población de 90 mil habitantes, condición que podría poner de rodillas las zonas de anidación de aves migratorias y la supervivencia de cientos de especies de peces y anfibios que habitan en los sistemas lagunares, esteros, charcas y humedales del litoral yucateco.
Los reportes emitidos por especialistas y profesionales medioambientales no han sido atendidos, mientras los conflictos por la tierra, donde convergen ejidatarios y especuladores inmobiliarios, crecen debido a la ambición de continuar fraccionando y vendiendo lotes ejidales. Esto ha derivado en innumerables denuncias por despojos, sobreventa de terrenos, abusos y preventas realizadas por empresas fantasma, situación que repercute en la deforestación, la invasión de hábitats y la constante pérdida de extensas áreas de flora y fauna nativa.
El deterioro de la masa forestal es evidente, según detallan reportes y análisis de organismos científicos como la Unidad de Ciencias del Mar del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados (Cinvestav-Unidad Mérida), que ha realizado estudios y monitoreos sobre distintos problemas y afectaciones relacionados con la contaminación ambiental, la deforestación, la pérdida de especies endémicas, la situación de aves migratorias, la salinidad del agua en zonas costeras, entre muchos otros temas.
En los últimos años, autoridades federales como Semarnat, Conabio y Profepa han dado a conocer clausuras, multas y sanciones importantes contra empresas constructoras; sin embargo, el problema es mayor debido a las invasiones y asentamientos irregulares en los principales puntos turísticos, donde la falta de oportunidades y la violencia en estados vecinos ha propiciado una migración que afecta de manera directa a estas comunidades, sin que exista una solución responsable a los rellenos de ciénagas y la construcción de chabolas que forman cinturones de pobreza.
Municipios como Progreso, Celestún, Hunucmá, Telchac Puerto, Sinanché, Yobaín, Río Lagartos, San Felipe y Tizimín presentan serios problemas derivados de la sobreexplotación de los recursos naturales originados en los manglares. El turismo descontrolado y los niveles de contaminación generan preocupación ante el crecimiento poblacional, los desarrollos inmobiliarios y la falta de agua potable, alcantarillado y drenaje en toda la costa yucateca.
Si bien en los últimos años se han impulsado esfuerzos para la recuperación de manglares, humedales y ciénagas en Yucatán, los programas y acciones orientados a reforestar, recuperar y atender estos problemas, que crecen de manera acelerada, aún no alcanzan un impacto real frente al volumen y espacio perdido en las últimas décadas.
La situación costera, problema actual
De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), en 2020 Yucatán contaba con 96 mil 873 hectáreas de manglar, de las cuales al menos 940 ya presentaban algún grado de perturbación. En los 378 kilómetros de litoral distribuidos en 13 municipios costeros, los problemas se encadenan ante la falta de atención, supervisión y vigilancia de las afectaciones que enfrentan estas comunidades.
A pesar de su importancia ecológica, estos ecosistemas continúan bajo presión. Entre 2025 y 2026, dependencias federales como Semarnat y Profepa detectaron y clausuraron rellenos, desmontes y lotificaciones en zonas de manglar en 12 localidades, principalmente en Progreso y sus comisarías de Chicxulub Puerto, Chuburná y Chelem, aunque también en Sisal, Celestún, Telchac Puerto y El Cuyo.
Si bien en marzo de 2014 el gobierno de Yucatán legisló y aprobó el primer Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (POETCY), que comprendía un área total de 6 mil 468 kilómetros cuadrados de manglares y ciénagas y obligaba a la creación de un organismo técnico de seguimiento y evaluación de las afectaciones en el litoral estatal, no se han logrado avances significativos.
En este ordenamiento, la zona costera incluía la totalidad del territorio de los municipios de Celestún, Hunucmá, Dzilam de Bravo, Dzemul, Dzidzantún, Ixil, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sinanché, Telchac Puerto, Yobaín y Tizimín, además de la franja paralela al litoral de 20 kilómetros tierra adentro correspondiente a los municipios de Baca, Chicxulub Pueblo, Dzilam González, Hunucmá, Mérida, Mocochá, Motul, Panabá, Telchac Pueblo, Tetiz, Tizimín y Ucú, conforme a los límites del marco geoestadístico del INEGI 2000.
El ordenamiento establecía también la porción marina de la costa con dos límites: una franja de 200 metros desde la línea costera, donde se realizaron monitoreos, y otra de 10 kilómetros desde esa misma línea, donde se efectuaron estudios socioeconómicos relacionados con la pesca y el turismo.
En tanto, el POETCY fue creado como instrumento de política ambiental para el desarrollo sustentable de la zona costera; sin embargo, la falta de instrumentos jurídicos adecuados y normas de responsabilidad por parte de los tres niveles de gobierno derivó en resultados incompletos e impidió cumplir plenamente sus objetivos.
Superado en sus tareas, principalmente por la falta de recursos para aplicar acciones y requerimientos indispensables en la mitigación del daño a las áreas con mayor presión, tampoco logró contener el crecimiento de la mancha urbana en algunas zonas ni atender necesidades esenciales como saneamiento urbano, alcantarillado, drenaje, rellenos sanitarios y medidas de control para la sobreexplotación de áreas turísticas.
Sobre este tema, los especialistas Héctor Joaquín y Juan Pablo Bolio Ortiz, Fabiola de la Luz Lara Farfán y Alma Delia Hernández Rugerio, del Centro de Investigaciones Sociales y Estudios Jurídicos de la Península, México, publicaron en 2013 el estudio “Economía y sustentabilidad. Propuesta de evaluación del Programa de Ordenamiento Ecológico Costero de Yucatán”, donde detallan aspectos y condiciones sobre los distintos problemas que afectan a las comunidades costeras, así como una visión sobre las consecuencias derivadas de la falta de aplicación del POETCY.
Y refieren: “El POETCY es un instrumento jurídico de planeación ambiental que busca un equilibrio entre las actividades productivas y la protección de los recursos naturales. Por ello, uno de sus principales retos es armonizar las actividades de todos los sectores entre sí y con el medio ambiente; debe considerarse como un proceso de planeación continuo, participativo, transparente, metodológicamente riguroso y sistemático”.
Este proceso de ordenamiento ecológico debe tener como fundamento el establecimiento de una plataforma de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los sectores sociales para la formulación de políticas públicas a nivel municipal, estatal, regional y nacional, que permitan alcanzar un equilibrio entre las actividades productivas y la protección de los recursos naturales.
“Los ecosistemas costeros del estado de Yucatán, al igual que los de otras partes del mundo, están sometidos a presiones antropocéntricas que tienden a incrementarse día con día. En esta tesitura, las prioridades de atención para el desarrollo humano y social de la zona costera apuntan hacia la conformación de un capital social sólido, con condiciones adecuadas para el desarrollo integral de las familias y una calidad que otorgue un rostro humano al crecimiento y desarrollo de la zona costera; es decir, el beneficio de las familias costeras en diversas actividades, a partir del desarrollo y cuidado sustentable de los recursos naturales”.
De esta manera, los ordenamientos ecológicos retoman la idea de la apropiación del espacio, es decir, “conocer cómo se dio la distribución espacial y cómo los actores sociales actuaron dentro de este proceso. Dentro de esta problemática podemos pensar en los distintos actores que intervinieron sobre la geografía”.
Y señalan que, además de los problemas de sobreexplotación de los recursos de la zona y del crecimiento desmedido en algunos puntos, los fenómenos naturales son factores que también deben tomarse en cuenta. Los huracanes de categoría 4 “Ópalo” y “Roxana”, que afectaron la región en 1995, el fenómeno de la marea roja y la erosión de playas son situaciones que continúan generando afectaciones y no han sido estudiadas de manera suficiente.
“A estas problemáticas se suma que, en un principio, la acción del hombre era insignificante, pues tanto la pesca como la extracción de sal se realizaban de manera artesanal; sin embargo, la construcción del muelle de Progreso y de los puertos de abrigo de Yucalpetén, Telchac, Chuburná, Sisal y Celestún, realizados para beneficiar al sector pesquero, ocasionaron problemas de erosión y agregación, lo que a su vez generó un cuadro caótico de construcción de espolones que causó daños al resto del sistema natural”, detallan.
El hombre y los fenómenos naturales
El cambio climático es una condición que afecta el desarrollo de las especies marinas, así como de la flora y fauna de los humedales en las zonas costeras, señalan los estudios e investigaciones que actualmente se encuentran en evaluación. Las temperaturas del mar y los efectos de La Niña y El Niño, que se han vuelto más impredecibles y elevan la temperatura del agua salada, son elementos que preocupan a los investigadores y que se suman a la presión sobre los ecosistemas costeros.
Recientemente, los investigadores Marcelino García Benítez, Salvador Adame Martínez y Alejandro Alvarado Granados publicaron el estudio “Urbanización e impacto de los ciclones tropicales en la ciudad de Progreso de Castro, Yucatán”, donde cuestionan las condiciones y afectaciones visibles que están ocasionando estos problemas.
El documento pormenoriza ambos aspectos y señala: “Las ciudades costeras presentan mayor vulnerabilidad por exposición a los ciclones tropicales, en parte por las condiciones medioambientales locales que repercuten en el desarrollo de la urbanización. Pero la falta de espacio para la ciudad ha ocasionado el incremento de la presión sobre los ecosistemas naturales, lo que influye en el deterioro e inestabilidad del subsuelo y la contaminación de la zona de manglar”.
“La ciudad de Progreso de Castro es el centro urbano más grande y concentrador de población en la costa de Yucatán; su cercanía con la ciudad de Mérida implica una relación urbana y socioeconómica de gran trascendencia en el sistema estatal de ciudades”.
“Entre su infraestructura existe un puerto de altura que es utilizado por embarcaciones de carga y turísticas que llegan a esta región, así como un área de manglar ubicada entre la ciudad y la zona continental, que sirve para dar abrigo a las embarcaciones en caso de alerta por el acercamiento de un fenómeno ciclónico en la región”.
“Los ciclones tropicales tienen una presencia latente entre los poblados costeros de Yucatán. Aunque no presentan una trayectoria constante, los efectos de su estructura en espiral, su intensidad y velocidad de desplazamiento repercuten en la probabilidad de ocasionar daños y desastres a los habitantes y a la infraestructura”.
“Se prevé que los fenómenos ciclónicos se vuelvan más intensos por los efectos del cambio climático en el futuro. El estudio de vulnerabilidad por exposición a escala geográfica revela una serie de situaciones que crecen debido a los asentamientos irregulares que aumentan y se multiplican, así como a los sitios donde se desarrollan estos núcleos poblacionales edificados sobre fango, con viviendas endebles y de mala calidad, altamente vulnerables a los efectos de estos fenómenos”.
Por ello, estos factores están relacionados con la construcción del índice de vulnerabilidad urbana por exposición a los ciclones tropicales, impactando zonas vulnerables e inundables, ya deforestadas y contaminadas.
Esto ha dado lugar al crecimiento poblacional, al grado de agotar el espacio destinado para uso urbano. Las áreas naturales contiguas han recibido una fuerte presión por parte de los habitantes, lo que ha ocasionado rellenos con materiales de desecho en áreas naturales poco profundas, intentando ganar terreno a la ciénega y ampliando la mancha urbana.
Estas afectaciones también se incluyen en las zonas pobladas con la construcción de puertos de abrigo en áreas de manglar para el resguardo de embarcaciones pesqueras, barcos recreativos y navíos que llegan al puerto, instalaciones que resultaron afectadas por los ciclones Gilberto, en 1988; Ópalo, en 1995, e Isidoro, en 2002, que provocaron grandes marejadas y rompieron la barrera costera, introduciéndose en las zonas de humedales.
Las ONG y la población costera
A partir de los primeros llamados realizados por investigadores y científicos sobre el daño y la presión que reciben las zonas costeras, grupos ambientalistas han desarrollado esfuerzos para impulsar tareas de mitigación frente a este problema, que crece de manera acelerada año con año.
Los distintos dictámenes emitidos por especialistas de organismos científicos han permitido detectar situaciones y problemas que afectan extensas áreas de manglares, humedales, ciénagas y dunas costeras. Organizaciones como Pronatura Península de Yucatán, con trabajos iniciados desde 1981, representan un referente en materia de conservación y difusión de acciones en favor de las especies naturales de la región.
De igual manera, las instituciones científicas y académicas han respondido señalando las distintas condiciones que se han presentado por los factores antes mencionados y que están ocasionando pérdidas importantes y daños significativos.
El estudio “Rehabilitación de manglares en el estado de Yucatán sometidos a diferentes condiciones hidrológicas y nivel de impacto: el caso de Celestún y Progreso”, publicado por el investigador Jorge Alfredo Herrera Silveira, del área de Ciencias del Mar del Cinvestav-Unidad Mérida, refleja estos factores y cuantifica aspectos y variables que están generando situaciones de riesgo para las especies y la población de los litorales yucatecos.
El documento señala: “La superficie de manglares en la Península de Yucatán representa más del 50 por ciento del total nacional; sin embargo, se ha estimado que la pérdida ha sido muy grande como consecuencia de actividades industriales y portuarias, desarrollos urbanos y turísticos, además de los efectos ocasionados por huracanes”.
“Esto ha motivado que desde hace 15 años se realicen esfuerzos por parte del gobierno federal, estatal y ONG de Yucatán, con resultados limitados, desarrollando acciones encaminadas a recuperar la superficie de manglar mediante reforestación o forestación, construcción de pasos de agua en carreteras, desazolve de manantiales, entre otras”.
“Sin embargo, los esfuerzos han tenido poco éxito y un alto costo económico, además de generar, en ocasiones, desánimo entre los grupos sociales que participan en dichos proyectos”, suscribe el investigador. Entre las causas de este bajo nivel de éxito se enumeran la falta de caracterización ambiental y de información técnico-experimental que oriente las acciones a seguir en un escenario de características cársticas.
Con el propósito de revertir este problema y avanzar en la conservación y rehabilitación de los manglares de la zona peninsular, desde 2006 se integró un grupo de trabajo para el estudio y manejo sustentable de los humedales costeros de Yucatán, con la participación de instituciones académicas, el gobierno federal y organismos de la sociedad civil como Ducks Unlimited de México (DUMAC A.C.), dedicada a la conservación de aves y manglares, así como Asesoría Técnica y Estudios Costeros A.C. (ATEC).
Estos grupos han desarrollado acciones de rehabilitación de manglares, protección y preservación de aves migratorias, estudios y evaluaciones sobre aspectos costeros, conservación de dunas y preservación de flora y fauna endémica.
Por otra parte, los manglares del puerto de Progreso han sido seriamente afectados por actividades asociadas al desarrollo portuario, situación que llevó al grupo, en coordinación con la Secretaría de Marina, a impulsar tareas encaminadas a identificar las causas locales y regionales del deterioro y muerte del manglar, así como proponer acciones que permitan rehabilitar las condiciones ambientales, favorecer la autorregulación del ecosistema y recuperar sus funciones.
Este marco metodológico orienta y asesora aspectos y líneas operativas para avanzar con mayor rapidez hacia una estrategia general de rehabilitación ecológica de los bosques de manglar de la Península de Yucatán, considerando que las acciones deben ser específicas de acuerdo con las características del manglar impactado.
En esta línea de trabajo también se incluyen avances en conservación, mediante programas de preservación de aves, el establecimiento del equilibrio de la vida silvestre, la protección del hábitat y la conservación de alrededor de 10 mil hectáreas de manglares, humedales y selvas.
Dos casos de éxito en la conservación de manglares
Las temporadas de veda de especies de escama, la escasa producción pesquera ribereña, los problemas ambientales y la sobredemanda de uso de suelo en el municipio de Progreso para segundas residencias turísticas motivaron programas de empleo temporal en la zona costera, impulsando la participación social de hombres y mujeres de distintos municipios. Esa iniciativa germinó en programas de recuperación de manglares que, en el caso de la comisaría de Chelem, recayeron principalmente en mujeres y dieron paso al trabajo que hoy se conoce como “Las Chelemeras: Guardianas del Manglar”.
Este programa, nacido en 2014 en la comisaría de Chelem, municipio de Progreso, involucró a un grupo de 110 mujeres, entre esposas y jóvenes de esta pequeña localidad, para realizar tareas diarias en la zona de manglares, donde anteriormente existía pesca de especies de agua dulce y pequeños crustáceos que desaparecieron debido a la contaminación, los rellenos y las invasiones destinadas a ganar terreno para propiedades particulares.
El proyecto, asesorado por especialistas e investigadores del Cinvestav, dio resultados, convirtiéndose primero en una fuente de ingresos mediante programas de empleo temporal, pero también en una estrategia de recuperación de áreas y zonas de manglar que se habían perdido, generando además una mayor conciencia sobre el valor de estas ciénagas y humedales.
La iniciativa, que originalmente surgió como una necesidad, se ha transformado en una labor cotidiana que involucra a más personas, principalmente mujeres de la localidad, quienes han logrado recuperar alrededor de 800 hectáreas de humedales, ganándose el sobrenombre de “Guardianas del Manglar”, con resultados visibles en la mejora de su calidad de vida y la recuperación del patrimonio natural de sus comunidades.
Durante casi 14 años, las Chelemeras han dedicado sus jornadas a trabajar en la restauración del manglar. Su labor consiste en construir canales y remover sedimentos para restablecer el flujo hídrico, así como recrear la topografía mediante la construcción de pequeñas islas elaboradas con madera, malla sombra y sedimentos, llamadas tarquinas o centros de dispersión.
Estos espacios permiten que las plantas de mangle y otra vegetación se establezcan y crezcan, contribuyendo a la recuperación de los servicios ecosistémicos del manglar. Con dedicación y constancia, las Chelemeras han emprendido una tarea fundamental: restaurar y proteger este ecosistema, afectado por diversos factores, entre ellos la construcción de carreteras, la deforestación y el impacto de los huracanes, en ecosistemas particularmente frágiles.
El impacto de su labor es evidente: a la fecha, las Chelemeras han logrado restaurar más del 60 por ciento de la topografía de las 110 hectáreas ubicadas en Progreso que forman parte de la Reserva Estatal de Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán, así como el 90 por ciento del flujo hídrico.
Sin embargo, su trabajo va más allá de la restauración ambiental. La labor de estas mujeres beneficia directamente a las comunidades pesqueras locales, proporcionando empleos temporales que fortalecen la economía y fomentan el sentido de pertenencia hacia el entorno natural.
Además de los beneficios económicos, la restauración del manglar desempeña un papel crucial en la mitigación de los efectos del cambio climático, como inundaciones y sequías, ya que estos ecosistemas funcionan como barreras naturales contra tormentas y marejadas, protegiendo las zonas costeras y amortiguando el impacto de fenómenos climáticos extremos.
El esfuerzo, empeño y compromiso de las Chelemeras les permitió obtener la Medalla “Elvia Carrillo Puerto”, reconocimiento que otorga el Congreso del Estado al esfuerzo de las mujeres yucatecas y que, por primera ocasión, fue entregado a mujeres pescadoras y ambientalistas.
Junto a ellas destaca el proyecto Ejido San Crisanto, comunidad pesquera del municipio de Yobaín, que ha logrado restaurar poco más de 11 mil metros de manglares en Yucatán afectados por actividades humanas y diversas contingencias ambientales en el Ejido de San Crisanto.
Este proyecto, desarrollado bajo la visión de conservación de la Fundación San Crisanto en conjunto con el Ejido de San Crisanto, logró restaurar zonas de humedales costeros. Por esta labor, la asociación recibió el “Energy Globe Award”, uno de los reconocimientos de sustentabilidad más prestigiosos del mundo.
La iniciativa, liderada por José Inés Loria, presidente de la Fundación San Crisanto, ha sido determinante para el cuidado ambiental, logrando la restauración de ciénagas y charcas salineras que han recuperado gradualmente sus condiciones naturales y se han convertido en un referente internacional.
A través de la fundación se mantiene un proceso de verificación y seguimiento de las tareas de recuperación, revitalización y generación de espacios naturales protegidos que benefician a la población e impulsan el turismo comunitario.
Desde la fundación se aplica de manera permanente un proceso de educación ambiental para el aprovechamiento del área, mediante actividades lúdicas, talleres y cursos dirigidos a toda la población, logrando además el desazolve de 25 cenotes y el seguimiento al desarrollo y cuidado de la vegetación costera, así como el monitoreo de cocodrilos desde 2004.
Conclusiones:
La zona costera del estado de Yucatán atraviesa una etapa crítica marcada por la convergencia de presiones ambientales, económicas y sociales que han rebasado la capacidad natural de recuperación del litoral.
En aproximadamente 378 kilómetros de costa y 13 municipios costeros se observan procesos simultáneos de erosión, relleno de humedales, tala de vegetación, contaminación del acuífero kárstico, crecimiento urbano desordenado y expansión inmobiliaria, fenómenos que se potencian entre sí y generan una degradación acumulativa de la zona costera.
Esta problemática no puede atribuirse únicamente a los fenómenos naturales, sino principalmente a la intervención humana, al cambio de uso de suelo y a la falta de una planeación integral que articule conservación, desarrollo y justicia social.
Los manglares, humedales y charcas salineras del litoral yucateco muestran signos evidentes de deterioro por contaminación, rellenos, desmonte, fragmentación y alteración hidrológica. En Yucatán se reportaron 96 mil 873 hectáreas de manglar en 2020, de las cuales al menos 940 ya presentaban algún grado de perturbación, mientras que en años recientes se han documentado clausuras y procedimientos por rellenos, lotificaciones y remoción de vegetación en sitios como Chicxulub Puerto, Chelem, Sisal y Celestún.
Además de perder superficie, estos ecosistemas también pierden funcionalidad: disminuye su capacidad para filtrar agua, amortiguar inundaciones, proteger la línea costera y servir como criaderos de peces, crustáceos y moluscos. La contaminación por residuos sólidos, descargas y actividades productivas inadecuadas convierte muchos de estos espacios en receptores de basura y focos persistentes de degradación ecológica.
Las dimensiones del impacto costero son profundas porque afectan simultáneamente la integridad física del litoral, la productividad ecológica y la economía de subsistencia. La pérdida de manglares y humedales incrementa la vulnerabilidad frente a nortes, tormentas tropicales, huracanes, marejadas e inundaciones, debido a que estos ecosistemas funcionan como barreras naturales que disipan energía y estabilizan el borde costero.
Cuando se rellenan o destruyen, la erosión avanza con mayor rapidez y las comunidades quedan más expuestas a daños materiales y a la pérdida de playas. Paralelamente, la pesca ribereña se ha debilitado debido a la reducción de hábitats reproductivos, la contaminación del agua y la presión acumulada sobre los recursos marinos.
Esto significa que el deterioro ambiental no solo implica una pérdida paisajística, sino también una disminución concreta en la seguridad alimentaria, el ingreso familiar y la resiliencia comunitaria.
Otro factor determinante es el crecimiento poblacional del litoral yucateco y la intensificación del mercado inmobiliario y turístico, especialmente en localidades con alta valorización territorial. La expansión de segundas residencias, marinas, desarrollos habitacionales y servicios vinculados al turismo ha transformado el uso del suelo a una velocidad superior a la capacidad institucional de regulación.
Este crecimiento trae consigo una sobredemanda de agua, energía, vialidades, recolección de residuos y saneamiento; cuando estos servicios no se amplían de forma adecuada, proliferan los basureros a cielo abierto, las descargas incontroladas y la presión sobre ecosistemas frágiles. En consecuencia, la costa se convierte en un espacio de conflicto entre la rentabilidad inmediata del suelo y la sostenibilidad de largo plazo, en detrimento del equilibrio ecológico y del bienestar de sus habitantes históricos.
La condición socioeconómica de numerosas familias pesqueras refleja con claridad la desigualdad ambiental que vive la costa yucateca. Mientras aumentan las inversiones privadas, los sectores ribereños tradicionales enfrentan ingresos inciertos, temporadas de pesca cada vez más complicadas, mayores costos operativos, vulnerabilidad ante eventos hidrometeorológicos y menor acceso a servicios de salud, educación, infraestructura y alternativas productivas.
En numerosos casos, las comunidades quedan atrapadas entre dos procesos: por un lado, la disminución de los recursos pesqueros y, por otro, el encarecimiento del territorio provocado por el desarrollo inmobiliario y turístico. Esto genera desplazamientos graduales, dependencia económica, pérdida de prácticas culturales y una fragilidad social que se agrava cuando los desastres naturales afectan viviendas, embarcaciones y fuentes de ingreso.
El deterioro de manglares, humedales y salitrales representa también un riesgo directo para las especies de aves, la flora costera y la fauna endémica de la región. La fragmentación del hábitat, la contaminación, la presencia de residuos, el tránsito de maquinaria, la urbanización y las alteraciones en los flujos de agua reducen los sitios de alimentación, anidación y refugio de numerosas especies.
La pérdida de conectividad ecológica afecta cadenas tróficas completas y disminuye la capacidad de recuperación natural del ecosistema. En una región donde la biodiversidad sostiene no solo el equilibrio ecológico, sino también actividades como la pesca, la apicultura, el turismo de naturaleza y la identidad biocultural, cada área degradada implica una reducción del patrimonio natural y un incremento del riesgo para especies sensibles a cambios de salinidad, temperatura, inundaciones y perturbación humana.
A pesar de este panorama adverso, Yucatán también ofrece casos de éxito que demuestran que la restauración ecológica es posible cuando se combinan ciencia, participación comunitaria y voluntad institucional.
Destacan las acciones de restauración en Dzilam de Bravo, donde una brigada comunitaria logró intervenir 20 hectáreas de manglar degradado mediante rehabilitación hidrológica, apertura de más de dos kilómetros de canales y reforestación con plántulas, observándose posteriormente una mayor presencia de agua dulce, peces y crustáceos.
A ello se suman estrategias más amplias impulsadas desde 2025 para restaurar humedales en comunidades como Chabihau, Sisal, Chuburná, Chelem, Telchac Puerto, San Crisanto, Santa Clara y Dzilam de Bravo, mediante acciones como limpieza de alcantarillas, desazolve de manantiales, reconexión hidrológica y producción de plántulas de mangle.
En conclusión, el futuro de la costa yucateca dependerá de reconocer que los manglares, humedales y charcas salineras no son terrenos disponibles para ocupar o rellenar, sino sistemas estratégicos para la protección del litoral, la reproducción pesquera, la biodiversidad y la supervivencia de las comunidades.
La recuperación de estos espacios exige frenar la expansión desordenada, fortalecer la vigilancia ambiental, atender la problemática social de las familias pesqueras y convertir la restauración ecológica en una política pública permanente, territorialmente justa y socialmente participativa.