BACALAR.- Ejidatarios de Bacalar solicitaron la intervención de la gobernadora Mara Lezama ante el retraso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el pago de indemnizaciones por las tierras expropiadas para la zona arqueológica de Ichkabal, situación que mantiene detenida la apertura oficial del sitio.
El comisariado ejidal, Refugio Cano Gómez, informó que la dependencia federal aún adeuda entre 20 y 25% del monto acordado dentro del convenio firmado para liberar las 113 hectáreas destinadas al proyecto arqueológico, cuyo avalúo base fue establecido en 74.5 millones de pesos.
“Todavía tenemos pendiente el tema del estacionamiento”, señaló el representante ejidal al explicar que el núcleo agrario busca el respaldo del gobierno estatal para destrabar las negociaciones y fijar fechas concretas para concluir el proceso.
Además del adeudo económico, los comuneros señalaron que las obras complementarias presentan rezagos importantes. El estacionamiento proyectado para recibir visitantes registra únicamente 25% de avance, por lo que aún falta construir tres cuartas partes de la infraestructura prevista.
Según Cano Gómez, el INAH ha atribuido la demora a estudios técnicos y revisiones con otras instancias normativas, aunque hasta ahora no existen plazos definidos para liberar recursos ni reanudar trabajos.
Los ejidatarios sostienen que la apertura de Ichkabal representa una oportunidad para fortalecer la actividad turística y comercial del sur de Quintana Roo, por lo que pidieron acelerar tanto el pago pendiente como las obras asociadas. También continúan negociaciones separadas relacionadas con tierras expropiadas para el Tren Maya.