Urgen abogados a que sean decretados por la autoridad federal como temas de seguridad nacional, de la misma manera que se hizo con los megaproyectos presidenciales, para ponerles freno y castigarlos con la severidad que ameritan

SALVADOR CANTO

Como una metástasis que se ha extendido por comunidades, regiones y ciudades enteras en la República mexicana, la extorsión y el cobro de piso se han convertido en los últimos años en una especie de impuesto criminal que se alimenta por el silencio de las víctimas, provocado por la desconfianza en los cuerpos de seguridad y, sobre todo, por leyes apáticas, ya que en la actualidad no se consideran graves y quienes llegan a ser detenidos al poco tiempo son liberados.

El impacto de estos delitos en Quintana Roo es sustancial sobre la economía y microeconomía circular de las ciudades, al grado de provocar el cierre de decenas de comercios de todo tipo de negocios, cuyos propietarios han sido ahuyentados, ante la imposición de pagar las sumas que exigen los grupos delictivos periódicamente a cambio de no hacerlos víctimas de hechos violentos, como daño a sus propiedades, ser lesionados o asesinados, tanto ellos como cualquier miembro de su familia.

De hecho, reportes de la organización México Evalúa establecen que, por su vocación turística, las principales ciudades de Quintana Roo, como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, son proclives al delito de extorsión y muchas veces el comerciante o empresario víctima opta por no denunciar debido a la falta de confianza en las autoridades policiacas.  

En octubre del 2023, el gobierno de Quintana Roo publicó el Decreto 097 donde se modificó el Código Penal para catalogar el llamado “derecho de piso” como una de las modalidades de extorsión, endureciendo las penas para quienes sean detenidos en prácticas de esta acción con condenas de 15 a 25 años de cárcel, dentro del catálogo jurídico aún se mantiene como un delito no grave, porque se requiere interponer una denuncia y eso es precisamente lo que no hacen las víctimas.

Sin embargo, para miembros de la Barra de Abogados de Quintana Roo, existen condiciones en el país para que no solo se endurezcan las leyes para quienes cometan estos delitos, como lo propuso recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de su listado de Iniciativas de Reformas enviadas a las Cámaras de Diputados y Senadores, sino que lo realmente importante es que tanto la extorsión como el cobro de piso sean considerados como un tema de seguridad nacional –de la misma manera en que se hizo con los megaproyectos prioritarios del mandatario para blindarlos e imponer su realización–, en donde se castigue con severidad, por igual, tanto a los delincuentes como a los servidores públicos que también ejerzan ese tipo de delitos.

“Solo así se le podría hacer frente a estos ilícitos y romper la cadena de impunidad que han convertido estas acciones en una de las principales fuentes de ingresos de células criminales, que no solo atentan contra el patrimonio de las familias, sino también alteran las emociones, provocan miedo, angustia e incertidumbre y además inhiben la inversión”, consideran.

“Los mexicanos ya pagamos impuestos al SAT, inspectores, sindicatos o la policía corrupta, a los coyotes o a los que piden cuota por instalar puestos en el tianguis, etcétera. Pero ahora ya nadie se salva: micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, somos víctimas de extorsión o cobro de piso por parte de la delincuencia organizada”, explicó al equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo el familiar de un comerciante dedicado a la venta y distribución de frutas y verduras en Cancún, que recientemente fue víctima del cobro de piso en uno de sus negocios.

En Cancún un gran número de los changarros, puestos de tacos, de jugos, pollerías, restaurantes, bares, entre otros negocios ubicados en toda la periferia de la ciudad, pagan derecho de piso de manera silenciosa.

En México, la extorsión es uno de los tres delitos con mayor incidencia delictiva, solo después del fraude y el robo, pero además es el que menos se denuncia, con un porcentaje de hasta el 97.4% de cifra negra.

A eso debe agregarse que, a diferencia de otros delitos predatorios, como el robo o el fraude, la extorsión y el cobro de piso suponen un intercambio entre víctima y victimario: el primero paga una cuota; el segundo ofrece protección. Sin embargo, no se trata de una protección que alivia, sino de una que inquieta, pues el defensor es a la vez el actor criminal, que ofrece proteger de la amenaza que él mismo encarna y de las otras que el cliente pueda enfrentar.

Que se decrete tema de seguridad nacional: abogados

Así como su momento lo hizo con las obras y proyectos como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, entre otros, para evitar cuestionamientos y hasta pasarse por alto leyes y reglamentos, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debería decretar la extorsión y cobro de piso como un tema de seguridad nacional.

Lo anterior fue planteado por miembros de la Barra de Abogados de Quintana Roo, quienes consideran que esa sería una manera más eficaz para que se combata de manera frontal ese grave delito, que no solo afecta a grandes empresas, sino también a cualquier ciudadano.

“Las condiciones están dadas para poder atender este grave problema de raíz, y que se emita una declaratoria oficial de que los delitos de extorsiones y derecho de piso ya sean un tema de seguridad nacional, para que se hagan las detenciones oportunamente y se les pueda cortar a los grupos delictivos una de sus principales fuentes de ingreso”, propusieron los expertos en leyes.

En Quintana Roo la extorsión ha crecido como nunca en los últimos años y se ha convertido en uno de los delitos más comunes que afectan a los ciudadanos, empresas y comunidades. 

Por ello, desde la perspectiva legal, es esencial abordar este problema no solo desde la promulgación de leyes que protejan a la población y reduzcan su incidencia, especialmente por el modo en que afecta a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que son más susceptibles debido a su falta de recursos para pagar las tarifas exigidas o defenderse de los grupos criminales.

En días pasados, en la veintena de reformas que envió en calidad de jefe del Ejecutivo federal, López Obrador pretende combatir el delito de extorsión y derecho de piso con una modificación al artículo 19 de la Constitución para que se regule el empleo de la prisión preventiva oficiosa. 

Se trata de una figura polémica criticada a nivel internacional, que ha sido señalada por sus críticos como una equivocación, pues la prisión preventiva oficiosa obliga a los jueces a encarcelar a sospechosos de haber cometido ciertos delitos, lo cual es como considerar a alguien culpable hasta que se demuestre su inocencia, cuando en teoría la ley debiera considerar a alguien inocente hasta que se demuestre lo contrario. 

Sin embargo, esto lo hace en la recta final de su administración, lo que genera aún más confusión porque bien pudo atender el problema durante sus primeros años y no al final de su mandato.

Además, se debe de tomar en cuenta que no todos los estados mexicanos han incluido específicamente este delito en sus Códigos Penales y esa falta de uniformidad dificulta a las autoridades la investigación y persecución efectiva de los casos de extorsión a nivel estatal.

Hay estados en donde este tema ha ido de la mano con la legítima defensa y en algunos más, los pobladores han recurrido a las autodefensas para poder resolver diversos problemas relacionados con la extorsión y el cobro de piso.

Quintana Roo, zona “caliente” para la extorsión: Anpec

En su más reciente informe titulado “Retos del Pequeño Comercio 2024”, en la parte de hechos delictivos en el país, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) dio a conocer que la movilidad que se ha incrementado entre pequeños negocios ha sido motivada principalmente por temas de extorsión, delito por el cual destaca Quintana Roo, particularmente Cancún.

“Tenemos decenas de comerciantes que se han cambiado de colonia para irse a otra parte y no pagar el derecho de piso. Los delincuentes andan ‘sobres’ ahí y sí es una zona caliente. Son tres zonas de consumo, las más calientes son Cancún y Playa del Carmen, las menos calientes son las islas y luego le sigue la capital (Chetumal)”, destacó Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec en declaraciones citadas por medios nacionales en noviembre pasado.

Aunque dijo desconocer cifras de negocios cerrados, abundó que sí hay cambios de domicilio o incluso de giro; por ejemplo –explicó–, si antes vendían abarrotes se van a otra zona y ahora sólo son frutería, para tratar de camuflarse, aunque muchas veces cuando un delincuente “pone el dedo” lo hace sobre la persona y no contra el negocio.

“En donde se centra muy fuerte la inseguridad es en Cancún y la Riviera Maya, incluyendo Tulum, y en general en Quintana Roo”, insistió.

Lamentó que el comercio sufre mucho por robos hormiga, asaltos y delitos de otros tipos, pero especialmente por la presión de los delincuentes.

“Toda la Riviera Maya está sometida a muchas presiones de inseguridad, del trasiego de droga, que complica la vida de los ciudadanos y de los pequeños comercios, porque no sólo está el tema de robo, también sufren mucho la presión de los delincuentes, cuando menos son varias decenas y la gente es muy precavida y hay un temor fundado de que pueda haber alguna repercusión a la hora de denunciar un asunto de estos”, reconoció.

“Nosotros te vamos a cuidar, tú solo coopera”

El Despertador de Quintana Roo pudo platicar con familiares de un comerciante de frutas y verduras que en diciembre pasado fue víctima de extorsión por parte de sujetos que se identificaron como integrantes de un grupo delictivo.

“Honestamente es un tema delicado y por favor no vayas a tomar fotos de las fruterías de mi hermano, porque me meterías en problemas”, advirtió el entrevistado, quien fue contactado circunstancialmente al emprender el trabajo de investigación sobre este tipo de delitos, que cada vez van más al alza.

Narró que a principios de diciembre llegaron dos personas a bordo de un carro Jetta color rojo con vidrios polarizados, preguntando por el dueño del negocio, a quien querían “proponerle un negocio”, ya que inicialmente se identificaron como transportistas de productos del campo del centro del país.

“Le avisé a mi hermano y al salir al área de ventas, los sujetos –de no más de 30 años cada uno– lo jalaron al rincón de la bodega y le dijeron abiertamente que el negocio realmente consistía en que ellos le ofrecían protección permanente contra cualquier situación, incluido el hostigamiento de alguna autoridad, a cambio de una cantidad semanal de 30 mil pesos y le advirtieron que no era necesario que le avisara a la policía, porque ellos también están en el jale”, abundó.

Dijo que si bien la “propuesta” le cayó como balde agua fría a su hermano, éste trató con calma la situación y les dijo que no tenía esa cantidad en ese momento, pero que en todo caso les podía dar máximo 10 mil pesos.

“Uno de los sujetos llevaba una ‘mariconera’ y de ella sacó una pistola, al tiempo que le mostraba a mi hermano fotografías de dos fruterías más que tiene en la ciudad y de sus vehículos y fue ahí cuando les dijo que les podía dar hasta 20 mil pesos, pero que no se metieran con nadie de la familia, a lo que los criminales le recalcaron que eso también estaba incluido en el trato, siempre y cuando se les pague puntualmente”, comentó.

Fue así como este empresario comenzó a pagar piso a lo que, presume, es la célula de algún cartel que opera impunemente en Cancún. 

Así, el silencio, la oferta de protección y el establecimiento de una relación de largo plazo, son los tres ingredientes que hacen de este delito uno muy particular, distinto a otros, y de los más impunes, a pesar del ofrecimiento del endurecimiento de las leyes.

Decreto 097 endurece penas, pero no es suficiente 

En octubre del 2023, en Quintana Roo entraron en vigor las reformas al Código Penal para considerar el llamado “derecho de piso” como una de las modalidades de extorsión, pero tras la promulgación del decreto 097, dicho delito no es considerado como grave y se requiere de la denuncia de las víctimas.

Esta reforma fue atrasada por el exgobernador Carlos Joaquín durante varios meses, pues fue aprobada en julio y se publicó hasta octubre del 2023.

En el caso del delito de extorsión se reformaron los artículos 43 y 156 del Código Penal, donde se estableció una imposición de 15 a 25 años de prisión y de mil a mil 500 días de multa a quien con ánimo de obtener para sí o para otro un lucro, beneficio, ventaja o perjuicio en contra de un tercero, que por cualquier medio obligue a otra persona o a un negocio con intimidación, o coacción a dar, tolerar, realizar u omitir algo.

Pero, lamentablemente, no se plantea que se trate de un delito grave; es decir, no se atiende de oficio, sino que se requiere la denuncia de la víctima y justamente eso es lo que la mayoría no hace debido a la falta de confianza en los cuerpos de seguridad, debido a que no hay investigación de los delitos.

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) advierte en un estudio que la extorsión es un delito complejo, el cual no solo afecta a grandes empresas, también a ciudadanos.

“Se ha vuelto tan complejo y ubicuo que el énfasis que las autoridades ponen en su medio comisivo genera problemas para su eficaz tipificación delictiva y poco contribuye a la formulación e implementación de políticas públicas capaces de frenarlo. La extorsión es mucho más que un delito patrimonial porque aun cuando no se haya consumado lesiona severamente a las víctimas y el daño comunitario es amplio”, advierte el estudio.

En México solamente el 3% de casos de extorsión son reportados. Por si fuera poco, el informe del ONC advierte que, aunado a esto, el tipo penal de extorsión está desactualizado, no toma en cuenta las diferentes modalidades de este delito, y no considera los daños colaterales que víctimas pueden sufrir (psicológicas, emocionales, etc).

Actualmente, los casos de extorsiones registrados en Quintana Roo tienen sentencias judiciales en menos del 30% de los incidentes, a pesar de que este delito continúa en aumento.

Delito de “halconeo”, un intento que no prosperó 

Hacer leyes al “vapor” sin sustento jurídico a nivel local, lo que propicia que muchas de ellas sean “tiradas” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como es el caso de la creación del delito de “Uso indebido de información sobre las actividades de seguridad pública y procuración de justicia”, coloquialmente conocido como “halconeo”, aprobada en el 2012, para el cual se estableció un castigo de dos a seis años de prisión a quien obtenga información privilegiada de las instituciones de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas y la utilice para avisar a terceros, para evitar que éstos sean detenidos o para que puedan concretar una actividad delictiva.

Otro de los objetivos de esta acción ilícita, además de avisar de operativos policiacos, es vigilar negocios para ver el movimiento de ingresos de recursos y, de esta forma, enlistarlos para futuros actos de extorsión. 

Incluso se añadió en su momento que la pena podría aumentarse hasta un máximo de nueve años de prisión para quien utilice a menores de edad o discapacitados para cometerlo, o cuando se utilicen taxis o vehículos oficiales, o cuando el que lo cometa sea policía, miembro de las Fuerzas Armadas o guardia de seguridad privada.

Sin embargo, 10 años después, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez del delito de “halconeo” en Quintana Roo, tras considerar que contraviene a los derechos de libertad de expresión y derecho a la información.

La escasa efectividad de las autoridades para atender de fondo la problemática de las extorsiones y el cobro de derecho de piso, lo único que provoca es la persistencia de un círculo vicioso sin fin. Por ello, de no atenderlos con medidas más severas, como decretarlos delito grave y tema de seguridad nacional, seguirán en crecimiento permanente y el discurso de las autoridades seguirá siendo el mismo, como lo ha sido durante los últimos 50 años en Quintana Roo.

*****

CONSECUENCIAS DEVASTADORAS

La práctica común del cobro del derecho de piso y la extorsión afecta a una serie de variables sociales y económicas, y sus consecuencias pueden ser devastadoras; las siguientes son algunas de las principales:

• Seguridad ciudadana: La extorsión y el cobro de derecho de piso generan un clima de intranquilidad en la sociedad, ya que tanto individuos como negocios pueden ser víctimas de estos delitos, conduciendo a un aumento de la percepción de inseguridad en la ciudadanía.
• Desarrollo económico: Las extorsiones pueden ser especialmente perjudiciales para las pequeñas y medianas empresas, ya que pueden representar un porcentaje significativo de sus ingresos. Esto puede desincentivar la inversión y el emprendimiento, lo que a su vez afecta al desarrollo económico de una región.
• Competitividad empresarial: Las empresas que deben destinar recursos a pagar extorsiones pueden ver afectada su competitividad en el mercado, pues estos pagos representan costos adicionales que no enfrentan sus competidores, lo que puede conllevar a una distorsión en el mercado y beneficiar a empresas menos eficientes pero que están dispuestas a participar en prácticas ilícitas.
• Empleo: El cobro de derecho de piso y la extorsión pueden provocar el cierre de negocios que no pueden hacer frente a estos pagos, lo que a su vez deviene en la pérdida de empleos. Además, la inseguridad generada por estas prácticas puede desincentivar la creación de empleo y la inversión en sectores clave para el desarrollo económico.
• Desconfianza institucional: La incapacidad de las autoridades para prevenir y combatir el cobro de derecho de piso y la extorsión mina la confianza de la población en las instituciones gubernamentales y en el Estado de derecho en general. Esto puede tener consecuencias a largo plazo en la estabilidad política y social incluso del país.
• Calidad de vida: El clima de inseguridad generado por el cobro de derecho de piso y la extorsión puede afectar negativamente la calidad de vida de las personas, ya que se sienten constantemente amenazadas y vulnerables a ser víctimas de estos delitos, llegando a provocar un deterioro en la salud mental y emocional de la población.

***** 

¿Qué es el delito de extorsión?

En el ámbito penal, es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico que consiste en obligar a una persona mediante violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de provocar un perjuicio patrimonial del sujeto pasivo o de un tercero. Está regulado en el artículo 243 del Código Pena Nacional y a nivel local en los artículos 43 y 156 del Código Penal que fueron modificados en octubre pasado.

***** 

Víctimas hacen el trabajo de la autoridad

La ausencia de denuncia, causada por el temor de las víctimas y su desconfianza en las autoridades, es responsable de que las estadísticas relativas a la extorsión y el cobro de piso sean tan frágiles, aunado a que la presentación de la denuncia representa un proceso difícil y engorroso. De entrada, supone dejar en la víctima la responsabilidad de que el delito se registre y se investigue. De hecho, en la investigación realizada por el equipo de El Despertador de Quintana Roo, varios entrevistados coinciden en que denunciar no solo consiste en ir ante la autoridad a reportar lo sucedido, sino llevar pruebas, testigos, dar nombres, coordenadas, es decir, prácticamente llevar ya hecho el trabajo que corresponde a la autoridad.

GALERÍA