REDACCIÓN
CHETUMAL.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la revisión de dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, y la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, contra la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, que podrían invalidar la presidencia del magistrado Heyden Cebada en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
De manera concurrente, las acciones de inconstitucionalidad 99/2025 y 100/2025, respectivamente, demandan la invalidez de los artículos 27 y 153 de la Ley Orgánica, que establecen que la elección de las presidencias del TSJ y del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Estado se realizará entre sus integrantes en el mes de agosto del año que corresponda.
La Consejera Jurídica de la Presidencia de la República y la CNDH consideran que ambas disposiciones son inconstitucionales, porque se apartan de la regla establecida en la Constitución federal para que las presidencias de los tribunales judiciales de los estados sean primero para la persona que obtuvo más votos en la elección judicial y luego se roten cada dos años entre las que sigan en votación.
De declarar la Corte la inconstitucionalidad, el efecto inmediato más destacado será revocar la presidencia de Heyden Cebada en el TSJ, debido a que no es magistrado electo en el proceso extraordinario del 1º de junio, sino designado por el Congreso del Estado para ocho años más en el cargo.
Asimismo, tampoco podría tener la oportunidad de volver a ocupar la presidencia del TSJE, porque sólo sería para magistraturas electas el 1º de junio de este año, de acuerdo a su número de votos.
En cambio, en el caso del TDJ, la magistrada Elizabeth Moreno Rejón podría ser electa nuevamente en su presidencia, porque ella si fue votada en la elección judicial, pero tendría que establecerse en la norma que el cargo será rotativo a los dos años con el integrante del órgano que le siga en votación.
De manera unilateral, la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal también consideró inconstitucional el artículo que establece el procedimiento de elección de la presidencia del Órgano de Administración Judicial, aunque los integrantes de este órgano no son electos por el voto popular, sino designados por cada poder del Estado.
El Ejecutivo Federal considera igualmente inconstitucional que la titularidad del Tribunal Unitario para Adolescentes siga siendo designada por el Congreso del Estado a propuesta del Poder Ejecutivo, en lugar de ser electa por el voto ciudadano.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron radicadas en la Corte el 18 de septiembre y turnadas para su resolución a la ministra María Estela Ríos González, quien fue Consejera Jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
