EDUARDO MAY

MÉRIDA.- El acuífero de la Península de Yucatán obtuvo una calificación regular en la más reciente evaluación realizada por especialistas del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (Lanresc), quienes advirtieron un incremento en los riesgos asociados a la contaminación y al deterioro del manto freático.

La valoración, elaborada por los investigadores Paulo Salles y Elsa Noreña, de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), señaló una categoría baja en calidad del agua, condiciones de extracción y presencia de contaminantes como metales y residuos de impacto nocivo. El análisis fue presentado por equipos del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería y de la Unidad de Química del centro de investigación ubicado en Sisal, ambos pertenecientes a la misma institución.

La medición forma parte de la Tarjeta de Reporte del Acuífero de la Península de Yucatán (APY), instrumento que evalúa el estado general del sistema hídrico mediante siete ejes: Recursos Hidrológicos, Biodiversidad, Comunidad y Cultura, Ecosistemas y Paisajes, Economía, Manejo y Gobernanza, y Cambio Climático. Cada apartado refleja presiones crecientes derivadas del desarrollo urbano, las actividades turísticas, industriales, agrícolas y ganaderas en la región.

La calificación C obtenida indica una condición moderada, con señales de alerta vinculadas a la sobreexplotación del acuífero, el tratamiento insuficiente de aguas residuales, la falta de infraestructura de saneamiento y los efectos del cambio climático. Entre las recomendaciones prioritarias se planteó fortalecer la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

Los especialistas señalaron que, aunque el acuífero no se encuentra en un estado crítico inminente, sí está próximo a un deterioro de mayor magnitud si no se adoptan medidas correctivas. El informe subraya la necesidad de mitigar presiones como la extracción intensiva, el manejo inadecuado de descargas y las afectaciones climáticas.

El documento también propone reforzar la legislación, promover la corresponsabilidad social y gubernamental, y establecer mayores exigencias para empresas y comercios en el uso y aprovechamiento del recurso, a fin de proteger esta reserva estratégica de agua dulce.