MÉXICO.- El registro obligatorio de líneas telefónicas móviles impulsado por el gobierno federal enfrenta un creciente rechazo de operadores y especialistas del sector, que advierten costos superiores a 4,000 millones de pesos, fallas de seguridad y el riesgo de una desconexión masiva de usuarios ante el bajo avance del programa nacional.
A menos de dos meses de que venza el plazo oficial para vincular más de 161 millones de líneas móviles con una identidad oficial, apenas se han registrado 30.2 millones, equivalentes a menos de una quinta parte del padrón nacional.
“Yo tiraría el registro a la basura, así como está planteado no lo seguiría”, declaró Mony De Swaan Addati, presidente de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales, al advertir que el esquema presenta “huecos por demasiados lados” y amenaza con dañar al ecosistema de telecomunicaciones.
La principal crítica de la industria se centra en la ausencia de biométricos obligatorios, lo que, según expertos, debilita la validación de identidad y deja vulnerabilidades en materia de seguridad digital.
“En el momento en que esto se convierte en una decisión política y no de política pública técnica, estamos abriendo un boquete a la seguridad”, añadió De Swaan, expresidente de la extinta Cofetel.
El director general de The CIU, Ernesto Piedras, afirmó que el conflicto ya comienza a tensar la relación entre autoridades y operadores, quienes consideran que el gobierno trasladó costos operativos y riesgos reputacionales a las empresas sin garantizar efectividad en seguridad pública.
Las compañías deberán financiar plataformas tecnológicas, sistemas de autenticación y almacenamiento de información para millones de usuarios. Solo la plataforma central costará alrededor de 22 millones de pesos, mientras el resto del gasto recaerá sobre empresas como Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes.
AT&T informó que únicamente siete millones de sus 24.1 millones de líneas han sido vinculadas. El mayor rezago ocurre en prepago, donde apenas 17.3% de los usuarios completó el trámite.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene como fecha límite el 30 de junio y ha descartado otorgar prórrogas, pese a que el ritmo actual de registros se encuentra muy por debajo de la meta requerida para completar el padrón nacional. (Con información de El Financiero y Expansión)