MÉXICO.- A un año del inicio de operaciones del Tren Maya, un conjunto de organizaciones locales, nacionales e internacionales presentó un informe, reseñado por el diario español El País, que documenta afectaciones sociales, ambientales y territoriales en los tramos 5, 6 y 7, ejecutados por la Secretaría de Defensa Nacional. El documento, elaborado tras un recorrido realizado en abril de 2025, reúne quince puntos de observación que incluyen impactos ecológicos, ocupación militar, inseguridad, privatización del territorio y presiones inmobiliarias.

Las autoras del informe, entre ellas la antropóloga Giovanna Gasparello del INAH, señalaron que la investigación da continuidad a los trabajos del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, una instancia ciudadana que recopila casos de daño a ecosistemas atribuibles a gobiernos y corporaciones. Los colectivos detallaron que la ejecución militar de los tramos finales derivó en una presencia ampliada de Defensa, Marina y Guardia Nacional en comunidades de Quintana Roo y Campeche.

El documento recoge testimonios de abusos de autoridad, ocupación de espacios públicos y extralimitación de funciones por parte de elementos castrenses. Señala además que la intervención militar se convirtió en el mecanismo principal para asegurar el avance de la obra, lo que ha generado tensiones con pobladores y autoridades comunitarias. Gasparello sostuvo que la estructura castrense dificulta la presentación de quejas, lo que deja a las comunidades sin canales claros para denunciar.

En materia ambiental, el informe afirma que la construcción provocó daños irreversibles, entre ellos fragmentación del territorio, deforestación, obras sobre humedales, apertura de canteras y alteración del sistema de cuevas en el norte de Quintana Roo. En el Tramo 5, el desplazamiento del trazo hacia zonas selváticas derivó en la instalación de más de 15,000 pilotes en cavernas subterráneas, ocasionando afectaciones en 125 cenotes.

El análisis también subraya un incremento acelerado del valor del suelo. Según las organizaciones, la llegada del tren impulsó procesos de especulación y despojo, elevando hasta en un 400% el precio de los terrenos cercanos a la vía. Además, se detectaron nuevos asentamientos irregulares y desarrollos inmobiliarios sin cambios de uso de suelo ni acreditación legal. Autoridades estatales habían reconocido previamente el aumento en la venta irregular de predios a lo largo del trazo.

La Misión Civil de Observación adelantó que continuará documentando impactos y presentará nuevos reportes conforme avance la operación del proyecto. (Con información de El País)