MÉXICO.- Entre 2018 y 2025, jueces federales ordenaron el desbloqueo de al menos 2 mil 836 cuentas bancarias vinculadas a investigaciones por presunta procedencia ilícita, con un monto acumulado de 32 mil millones de pesos, de acuerdo con datos presentados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las resoluciones se apoyaron en la jurisprudencia 46/2018, emitida por la extinta Segunda Sala de la Corte, que establecía que el bloqueo de cuentas únicamente era procedente cuando derivara de una solicitud expresa de autoridades extranjeras, limitando su aplicación en casos iniciados por instancias nacionales.
Esa interpretación fue cuestionada el pasado lunes por la nueva integración del máximo tribunal, que la consideró restrictiva para el combate al lavado de dinero y, en palabras de algunas ministras, contraria a la soberanía del Estado en materia de investigación financiera.
La ministra Lenia Batres informó que, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 de agosto de 2025, se promovieron 3 mil 659 amparos contra la inclusión de personas en la lista de bloqueos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de los cuales derivaron mil 407 suspensiones que ordenaron liberar recursos.
“En todos estos casos no existió un análisis de fondo… simplemente se argumentó la inconstitucionalidad de todo bloqueo de cuentas que no proviniera de instancias internacionales”, señaló Batres durante la discusión del nuevo criterio.
La ministra añadió que estas resoluciones tuvieron un impacto significativo en el sistema financiero. “Ello tuvo un impacto real… en que se desbloquearon cuentas por montos que ascienden a 32 mil millones de pesos”, afirmó.
El debate se centra ahora en la validez de los bloqueos administrativos impulsados por la UIF y el alcance del control judicial sobre medidas financieras vinculadas a investigaciones por lavado de dinero. (Con información de El Financiero)