Carlos Reynoso Castillo, especialista en Derecho Laboral, advierte que la insuficiente preparación de jueces y litigantes y la carencia de una regulación específica podrían propiciar que resoluciones judiciales se sustenten en sistemas digitales automatizados, sin el análisis jurídico necesario ni responsabilidad profesional
SALVADOR CANTO
La falta de profesionalización de jueces y autoridades vinculadas con la impartición de justicia abre la puerta a un riesgo inédito: que resoluciones y acuerdos puedan apoyarse de manera determinante en herramientas de Inteligencia Artificial (IA), sin el debido análisis humano. Así lo advirtió el doctor Carlos Reynoso Castillo, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en Derecho Laboral, al señalar que la tecnología representa una tentación creciente en el ámbito jurídico, en un contexto donde México aún carece de un marco normativo específico que regule su uso en el sistema judicial.
En entrevista De Viva Voz, el académico —miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y la Previsión Social— alertó que, si bien la IA puede ser una herramienta de apoyo, no puede sustituir el criterio jurídico, la argumentación ni la responsabilidad profesional de jueces y litigantes.
Recordó que en el ámbito académico ya se han detectado casos de trabajos elaborados con estas plataformas que incluyen referencias erróneas o legislaciones extranjeras fuera de contexto. “Lo que ocurre en las aulas puede convertirse en un riesgo potencial en el ejercicio profesional”, subrayó. Mencionó incluso el antecedente de un litigante en Colombia que fue sancionado por presentar argumentos generados con inteligencia artificial que contenían información desactualizada.
Para el especialista, estos ejemplos evidencian la urgencia de establecer reglas claras que delimiten el uso de la tecnología en los tribunales, garantizando que sea un respaldo técnico y no un sustituto del razonamiento jurídico.
En el marco de su visita a Cancún para participar en actividades académicas y sostener reuniones con autoridades judiciales y especialistas en conciliación laboral, el doctor abordó además temas clave como la reforma laboral de las 40 horas, el aumento al salario mínimo, la productividad, la educación y el nuevo modelo de justicia laboral.
—Doctor, recientemente se ha discutido la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas. ¿Es benéfica?
—Es un tema que aún está en proceso en el Congreso de la Unión y, al tratarse de una reforma constitucional, deberá pasar también por las legislaturas locales. La intención de reducir la jornada de 48 a 40 horas nos parece positiva, sobre todo porque México es uno de los países donde más se trabaja dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Sin embargo, tenemos reservas sobre la forma en que se está regulando, particularmente en el cálculo de horas extras, las pausas en jornadas continuas y algunos conceptos que podrían generar confusión. Esperamos que estos puntos se discutan y corrijan en beneficio de los trabajadores.
—¿Cómo observa el panorama laboral actual en México?
—Estamos en un periodo de transición. Desde 2019 cambiaron sustancialmente las reglas en materia sindical y laboral. Sindicatos, abogados y universidades seguimos adaptándonos a este nuevo modelo, en un contexto político distinto y con legislación que evoluciona con rapidez.
—¿Cuál es el mayor reto para la clase trabajadora?
—El cambio constante. Las organizaciones sindicales deben adaptarse a nuevas reglas, a nuevas tecnologías y a una mayor incorporación de mujeres al mercado laboral. El reto es mantener la paz laboral y generar condiciones de estabilidad.
—Este año volvió a aumentar el salario mínimo. ¿Es suficiente?
—Se reconoce el esfuerzo del gobierno federal, pero los incrementos no siempre alcanzan el ritmo de la inflación. Además, el aumento al salario mínimo no impacta automáticamente los salarios contractuales. Y cuando se gana más, también se paga más en impuestos. Quizá valdría la pena revisar la carga fiscal sobre los salarios para fortalecer el ingreso real.
—¿Qué hay sobre la competitividad del trabajador mexicano?
—Diversos estudios muestran que debemos mejorar en productividad. La legislación laboral toca el tema de manera marginal, pero es un reto fundamental que debe traducirse en mejores ingresos y mayor competitividad.
—¿La educación influye en esa productividad?
—Sin duda. Aunque ha habido avances, seguimos teniendo rezagos importantes, especialmente en regiones del sureste. La capacitación en las empresas debe verse como inversión, y los trabajadores deben valorarla como una vía de crecimiento profesional y económico.
—¿Qué destacaría del nuevo modelo de justicia laboral?
—El énfasis en la conciliación. Antes se acudía directamente al litigio; ahora el primer paso es buscar una solución pacífica y ágil. Eso es positivo, pero implica capacitación y un cambio de mentalidad para litigantes, jueces y autoridades.
—Finalmente, ¿falta información para los trabajadores sobre reformas como vacaciones o reducción de jornada?
—Sí. Son decisiones de Estado, pero se requiere mayor cultura jurídica. Los trabajadores deben conocer no solo sus derechos, sino también sus obligaciones y los efectos fiscales de estos cambios. Una ciudadanía mejor informada fortalece el sistema laboral en su conjunto.
