@_Chipocludo
Hubo un tiempo en que la censura tenía rostro, oficina y sello. Un funcionario podía tachar una nota, ordenar que una publicación no circulara o simplemente decir: “esto no se publica”. Hoy la cosa es bastante más sofisticada, ya no necesariamente necesitan cerrar un periódico, confiscar una imprenta o apagar una estación de radio.
En la era digital, basta con que una publicación deje de aparecer, una cuenta pierda alcance o un contenido sea retirado. La censura, si llega a existir, puede ser mucho más silenciosa.
Las plataformas digitales tienen sus propias reglas. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y X cuentan con sistemas de moderación para retirar contenidos que violen sus políticas. En principio, esto tiene sentido: nadie quiere que Internet se convierta en tierra de nadie donde cualquier cosa pueda publicarse sin consecuencias, el problema comienza cuando las reglas son poco claras, se aplican de manera desigual o el usuario no entiende por qué su contenido desapareció.
Una cuenta puede ser suspendida. Un video puede perder monetización, una publicación puede dejar de recomendarse, un contenido puede aparecer mucho menos en los muros de los usuarios, técnicamente, quizá nadie prohibió hablar.
Pero si nadie puede encontrarte, el resultado puede parecerse demasiado al silencio y aquí aparece una palabra todavía más delicada: autocensura.
Un periodista que teme perder su cuenta, un creador preocupado por la monetización o un ciudadano que no quiere meterse en problemas puede comenzar a pensarlo dos veces antes de publicar. Ya no hace falta que alguien llegue a decirle “no publiques”. Basta con que exista la percepción de que hacerlo puede traer consecuencias.
La discusión se vuelve todavía más complicada cuando entra el Gobierno.
Es razonable que las autoridades quieran combatir delitos digitales, proteger a menores, frenar campañas de acoso o exigir responsabilidades a las plataformas. Pero una regulación mal diseñada podría abrir la puerta a que decisiones que deberían corresponder a las propias plataformas (o a los tribunales cuando existe una controversia legal) terminen bajo criterios políticos o administrativos.
Por eso la pregunta no debería ser simplemente si hay que regular las redes. Claro que algunas cosas deben regularse. La pregunta verdaderamente importante es quién establece las reglas, quién las interpreta y quién vigila a quien las aplica, porque tampoco sería sano dejar todo el poder en manos de las grandes plataformas tecnológicas.
Empresas privadas con millones de usuarios también pueden equivocarse, aplicar políticas de manera inconsistente o tomar decisiones que afectan la conversación pública.
El problema, entonces, tiene dos caras: demasiado poder para las plataformas puede ser peligroso; demasiado poder para el Gobierno también.
La censura moderna no necesariamente llega con una tijera sobre un periódico. Puede llegar disfrazada de algoritmo, de regla comunitaria, de suspensión automática o de una reducción inexplicable del alcance.
Por eso defender la libertad de expresión en el siglo XXI implica algo más que impedir que alguien cierre un medio. Significa exigir reglas claras, transparencia, derecho de réplica, mecanismos de apelación y límites al poder, tanto para las empresas tecnológicas como para las autoridades.
Porque quizá la forma más eficiente de silenciar a alguien no sea decirle que tiene prohibido hablar.
Es conseguir que hable… y que nadie lo escuche.