Gerardo Ruiz
Hay algo que se ha ido normalizando en la vida pública mexicana y que, sin embargo, debería alarmarnos más que muchas reformas o discursos oficiales: la degradación del lenguaje político. No me refiero solo a los insultos, a los gritos o a las descalificaciones personales. Me refiero a algo más profundo: al vaciamiento del sentido de la palabra pública.
Porque esta degradación no surge únicamente en los congresos o en las redes sociales. Tiene un origen más claro y más grave: el lenguaje político que se pronuncia desde el centro del poder, desde Palacio Nacional.
Cuando el discurso presidencial abandona la argumentación y adopta la descalificación; cuando sustituye datos por adjetivos, razones por sospechas, crítica por estigmatización, lo que se genera no es solo un estilo personal, sino un modelo de comunicación política que se replica en cascada. El mensaje es claro: si desde arriba se puede ridiculizar, polarizar, exhibir y simplificar, entonces todo el aparato político se siente autorizado para hacerlo.
Así ocurre una paradoja inquietante. Si un ciudadano exige, cuestiona o denuncia, se le censura, se le multa, se le judicializa o, en el peor de los casos, se le persigue o desaparece. Pero cuando los políticos se insultan entre sí, cuando se exhiben o protagonizan trifulcas en los congresos, eso no solo se tolera: se normaliza y se convierte en espectáculo.
Ahí hay una asimetría brutal. No es libertad de expresión: es libertad de expresión jerarquizada. El ciudadano que alza la voz es tratado como problema. El político que insulta es tratado como contenido viral.
Casos sobran. Desde los intercambios de insultos entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández, hasta las escenas bochornosas en el Congreso de la Ciudad de México o en distintos congresos locales. Lo que antes habría sido considerado una crisis institucional, hoy es apenas un video para redes sociales.
Y eso es lo verdaderamente grave: ya no escandaliza.
Podría pensarse que el problema es que los políticos discuten demasiado. Pero en realidad el problema es el contrario: discuten mucho y resuelven poco. Si con la misma intensidad con la que se insultan, se exhiben y se polarizan, se dedicaran a resolver los problemas sociales, México sería otro. Pero no es así. Lo que tenemos es una política atrapada en la eterna discusión simbólica entre izquierda y derecha, una discusión que ya no organiza proyectos de país, sino identidades vacías.
La izquierda ya no discute cómo garantizar derechos; discute quién es más “puro”. La derecha ya no discute cómo construir instituciones; discute quién es más “anti”.
Y en medio de esa pelea ideológica estéril, los problemas reales siguen intactos: la violencia, la pobreza, la falta de acceso a la justicia, la exclusión de las personas con discapacidad, la precariedad de los servicios públicos.
El conflicto político dejó de ser un conflicto sobre soluciones y se convirtió en un conflicto sobre narrativas. No se confrontan políticas públicas, se confrontan etiquetas. No se evalúan resultados, se intercambian consignas.
El lenguaje político se degrada porque el cargo se ha vaciado de contenido ético. El representante deja de argumentar y pasa a provocar. Deja de deliberar y pasa a ridiculizar. Deja de representar y pasa a actuar.
El Congreso, que debería ser espacio de razón pública, se convierte en escenario de reality político. Pero el guion no se escribe ahí: se ensaya todos los días en Palacio Nacional.
No se construye sentido, se fabrica ruido. No se gobierna la realidad, se administra la polarización.
Y mientras todo esto ocurre, la realidad no espera a que termine la pelea.
El sarampión —una enfermedad que se creía controlada— vuelve a aparecer en México. No como un fenómeno biológico inevitable, sino como el síntoma más visible de una política pública que dejó de priorizar lo elemental: la prevención, la vacunación, la información y el acceso efectivo a los servicios de salud.
La escena es conocida y casi automática. El gobierno actual culpa a Calderón y a los sexenios pasados. El PRI y el PAN culpan a Morena y a la presidenta. Todos tienen a quién culpar. Nadie parece tener prisa por resolver.
El debate no gira en torno a cuántos niños no están vacunados, qué falló en las campañas de prevención, cómo se está reforzando la cobertura en las zonas más vulnerables o qué mecanismos reales existen para evitar un brote mayor. El debate gira, otra vez, en torno a la narrativa.
No se discute el problema. Se discute el relato del problema.
Y así, mientras en el Senado se pelean por el pasado, el presente avanza sin permiso. El sarampión no espera a que termine la polarización, no distingue entre izquierdas y derechas, no responde a conferencias mañaneras ni a comunicados de oposición. Responde a algo mucho más simple y más brutal: a la ausencia de políticas públicas eficaces.
Ahí está la traducción concreta de la degradación del lenguaje político: no en los insultos, sino en sus consecuencias. Cuando la palabra pública se vuelve espectáculo, los derechos se vuelven secundarios. Y cuando la política se dedica a administrar culpas, deja de administrar realidades.
Y aquí está la paradoja democrática más peligrosa: en México se castiga más al ciudadano que habla, que al político que degrada la palabra pública. Se persigue al que exige derechos. Se tolera al que degrada la institución.
No estamos ante una crisis de modales, sino ante una crisis de sentido. Los políticos ya no discuten el país, se discuten entre ellos. Y cuando el lenguaje político se vuelve insulto, el poder deja de ser representación y se convierte en espectáculo.
En ese teatro, el ciudadano no es público. Es un rehén.
Gerardo Ruiz es director de la Red Ciegos Quintana Roo
X: @gruizcun