Gerardo Ruiz
Hace ocho años vivo entre sombras. Vivir con una discapacidad visual en Cancún no es nada fácil; no por la condición en sí, sino por el entorno que insiste en no estar preparado para nosotros.
Fue así como, un día, la ruta por la que transitaba a diario cambió de forma abrupta. Un reordenamiento vial sin logística, sin planeación, sin aviso. De un día para otro, el espacio que ya había aprendido a recorrer con total independencia; que recorría hasta con los ojos cerrados, dejó de existir tal como lo conocía.
Primero vino el duelo. Después, la adaptación.
Y en ese proceso —entre la frustración y la necesidad de seguir adelante— comencé a involucrarme en temas de movilidad y discapacidad. No por vocación inicial, sino por supervivencia.
Fue así como pasé cinco largos años insistiendo ante el Ayuntamiento de Benito Juárez, haciéndoles ver algo elemental: cualquier reordenamiento vial debe contemplar la accesibilidad universal. No es un añadido, es una obligación.
No ha sido fácil. Investigar, ubicar mentalmente dónde se encuentran las distintas dependencias municipales y estatales, trasladarme, insistir, presentar… para no obtener, en la mayoría de los casos, ningún resultado.
En ese camino decidí acercarme a la oficina del Congreso de Quintana Roo en Cancún para presentar una iniciativa en materia de movilidad y discapacidad. Ahí me encontré con algo que parece absurdo: no existe una oficialía de partes. ¿Cómo es posible que en una ciudad de más de un millón de habitantes la oficina representativa del Congreso no tenga un mecanismo formal para recibir documentos?
Ante esa omisión, modifiqué la iniciativa: ya no solo era sobre movilidad, sino sobre la necesidad de instalar una oficialía de partes. La envié por correo electrónico. Ningún diputado respondió.
Volví al Ayuntamiento. Insistí. Nada.
Fue entonces cuando entendí algo más profundo: para defender mis derechos, ahora, siendo un ciudadano con discapacidad, tenía que incursionar en la política. De lo contrario, simplemente pasarían sobre mí.
Cuando el Congreso de Quintana Roo abrió la convocatoria para el primer parlamento dirigido a personas con discapacidad, presenté —una vez más— la iniciativa que durante años he querido exponer. Pero hay una incomodidad evidente: mientras seamos un sector que depende de los políticos, todo está bien; pero cuando decidimos hacer política, cuestionar, proponer y disputar espacios, entonces dejamos de ser funcionales.
Esa es la realidad que no quieren escuchar.
Porque el problema no es la discapacidad.
El problema es un sistema que administra la inclusión como si fuera un favor, pero bloquea el acceso cuando se convierte en derecho.
Mientras seamos ciudadanos que piden, somos útiles.
Cuando somos ciudadanos que proponen, incomodamos. Y cuando decidimos participar, estorbamos.
Esa es la verdadera barrera.
Y aun así, les incomode o no, la realidad es otra: un ciego también puede ser presidente, gobernador, senador, diputado o asumir cualquier cargo público.
No por excepción, no por concesión… sino por derecho.
Gerardo Ruiz es director de la Red Ciegos Quintana Roo
X: @gruizcun