Esta segunda entrega de El Despertador analiza la persistente problemática de desigualdad en el modelo de atención: mientras Mérida se consolida como destino de turismo médico privado, las zonas rurales y los cinturones de pobreza en la periferia urbana padecen servicios limitados, saturación y carencia de insumos
SEGUNDA PARTE
EDUARDO MAY
La calidad de la atención en los sistemas de salud en Yucatán está estrictamente ligada al poder adquisitivo de la población, a su demarcación geográfica y a las mínimas condiciones que el estado otorga a la población urbana y rural. El sector salud público en la entidad —IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y Salud estatal— mezcla prioridades y dificulta la atención de los ciudadanos con situaciones económicas bajas.
Aunque Yucatán tiene una tasa de médicos y enfermeras superior a la de otros estados, aproximadamente 3.56 por cada 1,000 habitantes, el acceso efectivo es de apenas 35 por ciento. Los tiempos de espera para cirugías o citas de especialidad pueden extenderse de seis meses a un año. Además, las condiciones de edificios, equipamiento, materiales y medicamentos se han reducido en calidad y volumen, y en algunos casos son nulas. La consolidación de la compra de fármacos está ligada a condiciones electorales y políticas.
En el caso de la medicina privada en Mérida, este sector se ha consolidado como un punto estratégico médico-regional, con eficiencia y calidad, principalmente en medicina de alta especialidad, con clínicas y complejos hospitalarios que ofrecen tecnología de punta, como resonancias y tomografías. Sin embargo, estos servicios son inaccesibles para el 80 por ciento de la población yucateca debido a sus altas tarifas.
Yucatán mantiene un promedio de siete a ocho camas por cada 10 mil habitantes, cifra muy lejana a las 18 camas recomendadas por la OMS para garantizar una atención digna.
El estado ha sido presionado de manera reiterada desde el gobierno central para sujetarse a las condiciones de un sistema de salud “federalizado”, que ha utilizado la salud como moneda de cambio, estableciendo exigencias y condiciones ideológicas y político-partidistas para someter a los estados a su control.
Sin responder aún a múltiples proyectos fallidos en materia de salud, la autoridad central concentra las condiciones para exigir mayor responsabilidad a los sistemas sanitarios estatales, sin garantizar las condiciones de la población más vulnerable. Los altos casos de corrupción del gobierno federal, la vacuna Patria, la “mega farmacia” y la compra única de medicamentos a empresas cercanas al régimen gubernamental ponen en evidencia las condiciones de atención para millones de personas.
Por ello, a pesar de la adopción estatal del modelo federal consolidado de compra de medicamentos, el desabasto persiste como una de las principales quejas en 2025 y principios de 2026. El IMSS, incluyendo la delegación en Yucatán, dejó de surtir entre 28,000 y 70,000 recetas diarias. Esta misma situación se registró de forma simultánea en el sector salud estatal.
Los registros del sector salud señalan que la escasez es más aguda en fármacos para diabetes, insulina; hipertensión; salud mental —como metilfenidato— y tratamientos oncológicos.
Esto obliga a las familias de menores ingresos a comprar medicamentos en farmacias privadas, destinando hasta 40 por ciento de su ingreso mensual a este rubro o, en su defecto, a suspender sus tratamientos.
Saturación hospitalaria y “hospitalismo”
La saturación de espacios no es solo falta de camas, sino un problema de gestión y flujo de pacientes. Debido a que la infraestructura de alta especialidad está centralizada en la capital (HRAEP, O’Horán, Juárez), los hospitales operan constantemente al 90–100 por ciento de su capacidad. Esto se agudiza por la falta de inversión en estados perimetrales, ya que los hospitales de Mérida atienden a pacientes de Campeche, Tabasco y Quintana Roo, donde el primer nivel de atención médica es nulo.
Esto deriva en hacinamiento en salas de espera y en la falta de áreas de descanso para familiares de pacientes provenientes del interior del estado, lo que genera condiciones de estancia precarias durante las hospitalizaciones. A ello se suma el agotamiento del personal médico, exigido al máximo con salarios mínimos, así como problemas de materiales, suministros y equipamiento en los nosocomios públicos.
Población maya: vulnerabilidad y barreras
La población maya en comunidades rurales enfrenta una “doble exclusión”: económica y cultural. Aunque se han realizado esfuerzos como las “Redes Integradas de Servicios de Salud”, iniciadas el pasado mes de febrero, persiste la falta de médicos maya-hablantes que puedan comunicarse adecuadamente con sus pacientes. Esto provoca inseguridad, desatención, discriminación y desconfianza hacia la medicina oficial.
Para un paciente maya de población abierta, sin seguridad social, acceder a un hospital en Mérida implica gastos de transporte, alimentación y alojamiento que el sistema no cubre. Esto provoca diagnósticos tardíos; enfermedades como la diabetes y los problemas renales se detectan frecuentemente en etapas terminales.
Recientemente, durante la administración de Mauricio Vila, el gobierno estatal inició un censo y apoyo a parteras tradicionales, con apoyos de 3,000 pesos bimestrales, buscando que sean el primer contacto para reducir la mortalidad materna en zonas marginadas, donde las cifras son superiores a la media nacional.
En conjunto, el sistema de salud en Yucatán presenta una fragmentación crítica. Mientras Mérida se consolida como destino de turismo médico privado, las zonas rurales y los cinturones de pobreza en la capital enfrentan una crisis de insumos y espacio.
La transición al modelo IMSS-Bienestar aún no ha logrado cerrar la brecha de atención para la población maya, que continúa siendo la más afectada por la falta de medicamentos y la saturación hospitalaria.
Los yerbateros y la medicina tradicional
La medicina tradicional en las comunidades rurales de la península es común. Durante décadas, la práctica y la atención de curanderos, x’mens, sanadores, sobadores y brujos ha sido la respuesta para miles de familias en sitios apartados, incluso en la población semirrural, donde la falta de atención médica oportuna y eficiente, así como el rezago en la entrega de medicamentos en los nosocomios públicos, permite el florecimiento de estos “médicos tradicionales”.
La medicina prehispánica era aplicada por los “hombres sabios”, refiere el investigador y especialista en esta materia Jorge Ambrosio Serrano, quien describe que, para los mayas, las enfermedades y los males provenían de los malos vientos, de los hechizos y brujerías, de la conjunción de los astros o del enojo de alguno de los dioses de la teogonía religiosa maya.
Por este motivo, las enfermedades eran curadas bajo un signo y oración religiosa de los sacerdotes. El Ah-men era un profeta y adivino que atendía los males espirituales de sus pacientes por medio de la inspiración divina que recibía en sus largos trances con los espíritus y dioses que invocaba. Utilizaba el “zaztún” o piedra taumaturga y conocía el secreto de muchas hierbas curativas.
El Pul-yahob —brujo hechicero— era quien tenía a su cargo la intervención para la sanación de las enfermedades, practicando ritos con plantas y animales o utilizando figurillas de barro para ahuyentar los malos vientos y espíritus. Los Dzac yahes eran trabajadores de la medicina que dominaban el conocimiento químico y la herbolaria.
Existen muy pocos documentos sobre el trabajo de los X’men, sus tareas o mecanismos de atención a sus pacientes, pero las estelas y monumentos mayas advierten de personajes que fungieron como odontólogos, médicos y boticarios, así como de sus puntos y locales de atención y trabajos realizados. En lo particular, el registro de las comadronas o parteras sí cuenta con más registros gráficos en glifos y representaciones, aunque no se ha establecido con precisión las tareas y aplicaciones que realizaban para completar su labor en los partos entre las clases obreras y familias de guerreros y nobles.
Actualmente se ha documentado con mayor amplitud el uso de las plantas, raíces y la utilidad de la flora y vegetación endémica de la región peninsular, pero muy poco se conoce de las formas y métodos que aplicaban los antiguos curanderos y sanadores mayas.
Se sabe que, desde tiempos inmemoriales, parte de las tradiciones medicinales de los pueblos se vierten y plasman como elementos esenciales de sus mitologías y cosmogonías; en su caso, la civilización maya no fue la excepción. Es el caso de las comunidades rurales de Yucatán, donde hasta hoy se utilizan una amplia diversidad de plantas con fines curativos y terapéuticos, una costumbre que ha sobrevivido, como un tesoro, al paso del tiempo.
Existe una gran cantidad de referencias al uso de la herbolaria como método de curación en los pueblos y haciendas de la región desde la época prehispánica; muchos expertos incluso rastrean estas prácticas en la cultura olmeca y plantean que se trata de una herencia aún más antigua que la cultura maya misma. En el Chilam Balam, uno de sus libros religiosos capitales, se hace referencia a enfermedades, calamidades, curaciones y plantas medicinales que fueron utilizados.
Para esta cultura, la enfermedad estaba íntimamente relacionada con cuestiones morales y, por lo tanto, religiosas; la salud implicaba la búsqueda de un equilibrio personal y social. Los practicantes de la medicina, además de usar hierbas para curar, utilizaron otros métodos, que incluían sanguijuelas y el punzado con espinas de animales y plantas.
Este saber fue castigado durante la conquista, pero también fue registrado y conservado por cronistas, misioneros y frailes europeos; uno de los libros más importantes del periodo poscolonial sobre las tradiciones mayas es la Relación de las cosas de Yucatán, de Diego de Landa.
La sabiduría vegetal maya se ha ido heredando de generación en generación, y es común entre las comunidades actuales sembrar plantas curativas en huertos caseros. Así, se trata también de un conocimiento médico vinculado con la milpa como sistema productivo, con relaciones sociales milenarias de ayuda mutua y con las manifestaciones culturales que forman la identidad de estos grupos, sus tradiciones chamánicas y la recolección ritual de sus plantas medicinales. Su sistema curativo era reconocido como un método eficaz.
Los primeros médicos en la península de Yucatán fueron extranjeros a principios del siglo XVIII. Uno de ellos fue un portugués llamado Juan de Pereira, que tuvo un fin misterioso. Acusado de judeizante, ante el comisario del Santo Oficio, este lo hizo aprehender el 12 de febrero de 1713, y nadie volvió a tener noticia de él.
Un segundo médico registrado en esa misma época fue Giobani Francesco Mayoli. Vivió en el poblado de Valladolid, donde ejerció su profesión con éxito hasta el 27 de mayo de 1770, cuando falleció a una edad muy avanzada, según refiere el cronista Carlos Cosgaya Medina. La tradición atribuye al médico romano varios estudios botánicos sobre las plantas de la península, que han sido recopilados en un libro manuscrito titulado Descripción de los nombres y virtudes de las yerbas indígenas de Yucatán.
También se cree que escribió un libro titulado El Judío, siempre sobre el tratado de las plantas medicinales. Se tiene noticia de que se escribieron en Mérida dos obras del mismo género en el segundo siglo de la dominación española: el título Diccionario Hispano Maya y Maya Hispano Médico y Botánica Regional y la segunda Diccionario Botánico y Médico de Yucatán.
La primera fue escrita por el franciscano Gabriel de San Buenaventura y la segunda por el fraile de la misma orden llamado Andrés Avendaño.
Obesidad y sobrepeso; factores alimenticios de Yucatán
En México, el 75.1 por ciento de la población adulta padece sobrepeso u obesidad, pero en estados como Yucatán la prevalencia es mayor al 80 por ciento. En la entidad, ocho de cada 10 personas padecen alguna de estas enfermedades.
Aunque la obesidad ha sido considerada una “cuestión de estética”, médicos yucatecos señalan que reconocerla como enfermedad permite que se le dé la atención debida, incluyendo estrategias de prevención, detección temprana y tratamiento integral. La obesidad en la región peninsular es un padecimiento de alta incidencia.
De acuerdo con los expertos, la obesidad es un padecimiento complejo cuya principal característica es la acumulación excesiva o anormal de grasa o tejido adiposo que puede llegar a perjudicar la salud. Además de Yucatán, los estados de Sonora, Colima, Baja California, Tabasco, Quintana Roo y Campeche presentan un índice de personas con sobrepeso u obesidad mayor al 80 por ciento de su población.
“La genética es determinante, pero requiere de un ambiente propicio para que se desarrolle la enfermedad. Obedece también a causas sociales y ambientales”, sostiene Pedro Sánchez Núñez, médico internista del Hospital Escuela Agustín O’Horán, quien destacó que la adquisición y el consumo de alimentos obedecen más a factores como la capacidad adquisitiva y la publicidad que a factores biológicos y genéticos.
El artículo “Sobrepeso y obesidad: prevalencia, determinantes sociales y biológicos en preescolares de Mérida, Yucatán”, firmado por los investigadores Ligia María Rosado Alcocer, Dallany Trinidad Tun González, Lizbeth Paulina Padrón Aké, Genny Josefina Madera Poot, Laura Dioné Ortiz Gómez y Gloria de los Ángeles Uicab Pool, del Centro de Investigaciones Dr. Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, describe una serie de factores que dan cuenta del alcance e impacto de la obesidad infantil en el estado.
Yucatán es, desde hace más de dos décadas, el estado con mayor obesidad infantil del país. Este estudio destaca que el 46 por ciento de los preescolares presenta sobrepeso y obesidad en rangos de entre 85 y 95 porcentual, y obesidad de hasta el 95 porcentual. En el entorno de convivencia, los menores con cuidadores obesos tienen 1.5 veces más probabilidad de presentar sobrepeso u obesidad y 1.7 veces más probabilidad de presentar esta condición si el peso al nacer fue mayor a 3.5 kg.
En Yucatán, explica el documento, la obesidad infantil se ha posicionado como un problema significativo de salud pública, ya que afecta progresivamente a un mayor número de infantes.
Señalan que la evolución de los hábitos alimentarios y la presencia del sedentarismo en infantes ha provocado un aumento en la prevalencia de obesidad infantil en el rango de 5 a 19 años. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2024, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años registró un ascenso a lo largo del tiempo, al pasar de 7.8 por ciento en 1988 a 9.7 en 2012 y 11.3 en 2024.
En la región peninsular, este fenómeno se ha incrementado y Yucatán ocupa el primer lugar en obesidad infantil, de acuerdo con diversas instituciones. ENSANUT 2024 reporta una prevalencia de 14.6 por ciento; 15.1 por ciento en localidades urbanas y 12.3 por ciento en rurales, donde también impacta con determinación en altas tasas de desnutrición.
En población adulta, las cifras de 2021 destacan que la tasa de incidencia de obesidad en el estado era de 476.02 casos por cada 100 mil habitantes. Yucatán ocupó el lugar 12 a nivel nacional con mayor tasa de incidencia de obesidad por cada 100 mil habitantes.
Este problema se advierte con mayor intensidad en los factores de riesgo para los adultos yucatecos, que reportan alta incidencia de presión arterial alta (hipertensión), colesterol o triglicéridos elevados y glucosa alta en sangre, signo de diabetes. Como resultado, la tasa de mortalidad en Yucatán se ha proyectado en niveles altos, impulsados por estas enfermedades. En todo caso, la obesidad es el resultado de un entorno descuidado y falta de regulación y políticas para cuidar la alimentación.
La pandemia del COVID-19 en cifras
A seis años de la aparición de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), declarada en Yucatán el 17 de marzo de 2020, y de los graves efectos que ocasionaron la muerte de 8 mil 617 personas oficialmente, aún no existen estudios profundos que determinen el alto impacto social, económico y cultural que dejó la pandemia en la sociedad yucateca.
Los registros históricos detallan que el primer caso confirmado en Yucatán se registró en el municipio de Mérida el 13 de marzo de 2020, en una mujer de 57 años que había regresado de España vía aérea. El 3 de abril de 2020 se registraron los primeros fallecidos en el estado: un hombre de 36 años, que padecía obesidad, y un extranjero de 70 años a quien se le había permitido desembarcar del crucero Marella Explorer II cinco días antes.
La enfermedad, detectada oficialmente en China en diciembre de 2019 y propagada rápidamente hasta llegar a Yucatán tres meses después, dejó un impacto económico, educativo, social y cultural en la entidad. Los registros indican que afectó con mayor fuerza a adultos y personas mayores, ya que el 95 por ciento de los fallecidos eran mayores de 55 años. En tanto, en Yucatán la pandemia ocasionó 12 fallecimientos en niños y el 4.2 por ciento restante en personas de 18 a 44 años.
Las cifras de decesos también detallan que la pandemia afectó en un 56.5 por ciento a varones y en 44.5 por ciento a mujeres, siendo los adultos mayores de 65 años los más afectados, ya que el 79 por ciento de los fallecidos se encontraba en ese rango de edad.
En el documento III Informe de Gobierno de Mauricio Vila Dosal se asienta: “Ante la contingencia sanitaria del COVID-19, el Gobierno del Estado de Yucatán enfrenta un gran reto en salud pública, que trae severas afectaciones al desarrollo social, derivado de la disminución en las actividades económicas en la entidad, misma que naturalmente ha afectado directamente al ingreso de las familias yucatecas”.
Es importante destacar que ese mismo año, 2021, el estado sufrió la afectación de tres fenómenos tropicales muy fuertes, siendo un año atípico de huracanes, ya que se formaron tormentas tropicales hasta el mes de diciembre: “Amanda”, “Cristóbal”, “Gamma”, “Delta” y “Zeta” produjeron pérdidas económicas y patrimoniales para miles de familias yucatecas, sobre todo las más vulnerables.
Para hacer frente a este panorama atípico y complejo, el Gobierno del Estado implementó el Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los Yucatecos, mediante el cual se brindó apoyo económico a personas que perdieron su empleo y autoempleados, despensas a familias de todo el estado e insumos a personas que trabajan por su cuenta. La pandemia provocó el cierre de cerca de 8,000 micro y pequeños comercios del sector hotelero, restaurantero, negocios y empresas, dejando sin empleo a cerca de 25,000 personas.
En materia de salud, como parte de las medidas anticipadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19, se adquirieron 300 nuevos ventiladores, 25 cápsulas aislantes de alta tecnología para el traslado de pacientes con coronavirus en ambulancias, así como 487 monitores de signos vitales.
Se acondicionó el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI con 490 camas de atención a pacientes con coronavirus. Además, se realizaron acciones de expansión hospitalaria en el Hospital de Valladolid, donde se alcanzó una capacidad de hasta 100 camas para la atención de pacientes con esta enfermedad.
En este mismo contexto, se continuó con la operación del Programa Médico 24/7, que actualmente cuenta con módulos en 104 municipios del interior del estado. A través de este programa se han brindado 237,939 consultas de atención médica complementaria en horarios en los que los centros de salud municipales permanecen cerrados.
Durante la gestión gubernamental de la presente administración, las dependencias y entidades de la administración pública estatal han incrementado las acciones encaminadas a disminuir la brecha de desigualdad en el estado, con la finalidad de que todas y todos los yucatecos tengan acceso a las mismas oportunidades, reducir la pobreza y garantizar el acceso universal a la salud y la educación.
En tiempo récord, el estado modificó y redirigió los sistemas de salud estatal para incrementar camas hospitalarias, equipos y materiales sanitarios, así como ventiladores y respiradores, lo que permitió que cientos de personas lograran superar los efectos del virus, que alcanzó los 180,000 contagios.
En situación crítica, el gobierno estatal ajustó procedimientos para instalar dos hospitales de atención abierta en Valladolid y Tekax, ante el desbordante crecimiento de personas infectadas que reclamaban atención hospitalaria, lo que ocasionó un gasto al erario de cerca de 7,000 millones de pesos.
En tal condición, Yucatán resultó uno de los estados menos afectados por la pandemia, condición que se registró con menor intensidad en Quintana Roo y Campeche, donde los registros de infectados y muertes fueron menores a las cifras que reportó este estado.
La vida moderna y modas de salud
Los problemas más críticos para la salud en Yucatán se centran en una combinación de enfermedades crónicas derivadas de estilos de vida, enfermedades infecciosas emergentes y deficiencias estructurales del sistema de salud en general.
Entre los principales problemas destacan las enfermedades crónico-degenerativas, como la hipertensión arterial, que es altamente prevalente y afecta al 58 por ciento de la población yucateca con padecimientos crónicos, influida por hábitos alimenticios y el alto consumo de grasas y azúcares.
El cáncer también ha sido identificado como una causa importante de mortalidad, con más de 1,500 muertes en un periodo reciente.
A raíz de la pandemia de Covid-19, los problemas de salud mental en la población se han agudizado. Existe una preocupación creciente por este fenómeno, que se refleja en cifras en aumento, entre ellas el suicidio, que en 2025 alcanzó los 206 casos.
En este ámbito, la salud mental, reflejada en una tasa de incidencia de depresión de 43.78 casos por cada 100 mil habitantes en 2020, registró en 2025 un incremento del 48.6 por ciento. Yucatán ocupa el poco honroso primer lugar nacional en suicidio infantil.
Derivado del ambiente tropical, las enfermedades infecciosas y ambientales también presentan alta incidencia: el dengue continúa siendo una amenaza constante. Además, la contaminación del acuífero y la deficiente gestión de residuos representan riesgos ambientales críticos que impactan directamente en la salud pública.
A estos problemas se suma la situación crítica del sistema de salud, derivada de políticas públicas deficitarias tanto a nivel federal como estatal, que han provocado desabasto de medicamentos y una crisis en la disponibilidad de fármacos. Como consecuencia, un alto porcentaje de la población rural depende de servicios médicos privados con altos costos.
La falta de personal e infraestructura agrava el panorama: en el interior del estado, un alto porcentaje de centros de salud (89.2 por ciento, según informes previos) reporta carencias de personal, equipo y mantenimiento. Asimismo, la falta de servicios básicos provoca que 57 municipios carezcan de agua potable y drenaje, lo que incrementa el riesgo de enfermedades.
Estas problemáticas afectan de manera desigual a la población, siendo especialmente vulnerables las comunidades del interior del estado, así como campesinos y trabajadores agrícolas.
Radiografía final
El panorama integrado de los retos prioritarios de salud pública en Yucatán se resume en el impacto socioeconómico de la pandemia por Covid-19, los factores diferenciales que agravan las vulnerabilidades en población rural y urbana, así como las afectaciones asociadas a brechas e insuficiencias de políticas públicas —en particular en la atención de embarazadas y cáncer infantil—; la carga de enfermedades respiratorias; los rezagos en infraestructura, capital humano (enfermería y medicina de primer nivel), abasto de medicamentos y capacidad resolutiva hospitalaria; así como las consecuencias en salud mental, la obesidad y sus efectos en niños y adultos.
El impacto socioeconómico del Covid-19, a seis años de este fenómeno, ha repercutido en un incremento de riesgos sanitarios y en la profundización de desigualdades. La pandemia representó un punto de inflexión para el sistema de salud y para los determinantes sociales en Yucatán. Más allá de la presión directa sobre los servicios de urgencias, hospitalización y terapia intensiva, el periodo pandémico amplificó condiciones preexistentes como la precariedad laboral en ciertos sectores, la pérdida o inestabilidad del ingreso familiar, las interrupciones educativas y el aumento de cargas de cuidado no remunerado.
En términos de salud pública, estos cambios socioeconómicos funcionaron como multiplicadores de riesgo: disminuyeron la capacidad de muchas familias para sostener hábitos saludables, atender oportunamente padecimientos crónicos y cubrir gastos de transporte, estudios o medicamentos.
Asimismo, el Covid-19 dejó como saldo una demanda acumulada de atención: consultas pospuestas, tratamientos diferidos y diagnósticos tardíos que no se resuelven con la disminución de la transmisión. En la práctica, esta “deuda sanitaria” se expresa en mayor gravedad al momento de la consulta, incremento de complicaciones y, por tanto, mayor costo social y financiero para los hogares y los prestadores de servicios. En conclusión, la pandemia no solo incrementó la carga de enfermedad aguda, sino que deterioró condiciones económicas y sociales que limitan la continuidad del cuidado y elevan la probabilidad de desenlaces adversos.
Otros factores determinantes en población rural y urbana son la brecha de acceso, oportunidad y continuidad. Las afectaciones sanitarias se distribuyen de manera desigual entre el ámbito rural y el urbano. En zonas rurales, las principales barreras de acceso se concentran en la distancia a unidades con capacidad resolutiva, el costo y disponibilidad del transporte, la menor oferta de personal especializado y la intermitencia de los servicios (horarios reducidos, rotación de profesionales y limitaciones diagnósticas).
Estas barreras provocan que la atención llegue tarde o se interrumpa, lo que incrementa complicaciones prevenibles. En contextos donde coexisten pobreza, informalidad laboral y necesidades alimentarias, la priorización del gasto cotidiano sobre la atención médica es frecuente, con efectos negativos acumulativos.
La ausencia o debilidad de políticas públicas focalizadas en grupos con necesidades críticas incrementa riesgos evitables y profundiza inequidades. En el caso de las embarazadas, la continuidad del control prenatal, la vigilancia de condiciones como hipertensión y diabetes gestacional, la detección oportuna de complicaciones y el acceso a referencia obstétrica efectiva son elementos decisivos para reducir la mortalidad y morbilidad materna y neonatal.
Cuando estos componentes no se priorizan —por falta de personal, insumos, protocolos operativos, transporte o coordinación interinstitucional— se generan demoras en la atención (decisión de buscar atención, traslado y recepción del servicio), con consecuencias que afectan la vida, la economía familiar y la productividad social.
Un rubro también poco atendido es la problemática creciente del cáncer infantil. En este ámbito, la falta de priorización tiene un impacto especialmente alto, ya que el tiempo es determinante: diagnósticos tardíos, rutas de referencia poco claras, discontinuidad en quimioterapias o falta de medicamentos e insumos impactan directamente la supervivencia y la calidad de vida.
Además, el tratamiento implica gastos catastróficos indirectos (traslados, hospedaje, alimentación y pérdida de ingresos por cuidado), lo que expone a los hogares a endeudamiento o abandono terapéutico. La conclusión central es que, sin una política de atención integral —detección temprana, abasto continuo, redes de referencia y apoyo psicosocial— la entidad enfrenta no solo un problema clínico, sino una carga social prolongada para familias y comunidades.
A ello se suma la carga de enfermedades respiratorias, infecciones agudas, influenza, complicaciones por comorbilidades y posibles secuelas post-Covid, que deben entenderse como un riesgo persistente y no como un episodio ya superado.
En contextos de alta prevalencia de obesidad, diabetes e hipertensión, las infecciones respiratorias tienden a generar cuadros más graves, aumentando hospitalizaciones y mortalidad. La estacionalidad y circulación de diversos virus obligan a fortalecer la vigilancia epidemiológica, la prevención y la capacidad de respuesta, especialmente en comunidades con acceso limitado a diagnóstico oportuno, donde la automedicación puede retrasar la atención adecuada.
También se considera el rezago en infraestructura, capital humano, medicamentos y servicios hospitalarios, lo que limita la capacidad resolutiva del sistema. Cuando el primer nivel de atención carece de medicamentos esenciales, estudios básicos y personal suficiente, los pacientes son referidos a niveles hospitalarios por problemas que podrían resolverse de forma ambulatoria.
Otro elemento central es la salud mental y su impacto silencioso y prolongado en la población. Tras la pandemia, se incrementaron factores de riesgo como duelo, aislamiento social, incertidumbre económica, violencia intrafamiliar, sobrecarga de cuidados y agotamiento laboral.
Sin embargo, el impacto no se limita al periodo agudo: persisten síntomas de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, consumo de sustancias y estrés crónico. En poblaciones con acceso limitado a servicios de psicología y psiquiatría, la atención suele ser tardía o inexistente, lo que agrava la afectación funcional en el ámbito escolar, laboral y familiar, y amplía el costo social.
La salud mental no puede considerarse un componente accesorio, sino una dimensión central del sistema de salud. Requiere integración efectiva en el primer nivel (tamizaje, intervención breve y referencia oportuna), capacitación del personal y reducción del estigma. De no hacerlo, la demanda se expresa de forma indirecta: consultas repetidas por síntomas somáticos, aumento de urgencias, menor adherencia a tratamientos crónicos y mayor conflicto social.
En conjunto, los problemas de salud en Yucatán se explican por la interacción entre la carga epidemiológica, los padecimientos crónicos y respiratorios, los determinantes sociales como ingreso, educación, vivienda y alimentación, así como las capacidades del sistema sanitario estatal.
El Covid-19 intensificó estas interdependencias: generó un choque sanitario y económico que amplió brechas rurales y urbanas, incrementó la demanda rezagada y evidenció la necesidad de contar con redes de atención más resilientes.
Fortalecer el primer nivel de atención como puerta de entrada efectiva —con abasto de medicamentos esenciales, estudios básicos, continuidad de cuidados y gestión de enfermedades crónicas— es fundamental para equilibrar la atención, la prevención, la capacidad y la calidad del sistema de salud en Yucatán.