Por el Abogado Luis Esquiel
En México se ha vuelto costumbre hablar de soberanía nacional cada vez que surge una presión internacional, una declaración incómoda de los Estados Unidos o cuando algún actor político pretende despertar sentimientos patrióticos recordando agravios históricos que ocurrieron hace más de quinientos años. Se habla de Hernán Cortés, de la conquista, de las intervenciones extranjeras y de la defensa de la patria. Sin embargo, mientras el discurso oficial mira hacia el pasado o hacia el exterior, la verdadera amenaza a la soberanía mexicana avanza todos los días desde el interior del propio país.
La soberanía no consiste únicamente en defender una bandera, cantar un himno o pronunciar discursos nacionalistas. La soberanía significa que el Estado tenga control efectivo sobre su territorio, que las instituciones funcionen, que las leyes se respeten y que la autoridad legítima sea quien ejerza el poder. Cuando eso desaparece, la soberanía se convierte en una simple palabra vacía.
Hoy la principal amenaza para México no proviene de Washington ni de Madrid. No es Hernán Cortés ni la historia. La amenaza real es el crimen organizado que ha logrado infiltrarse en amplias áreas de la vida pública nacional. En muchas regiones del país, los grupos criminales han dejado de ser únicamente organizaciones dedicadas al tráfico de drogas para convertirse en auténticos poderes paralelos que cobran impuestos, controlan territorios, imponen reglas, designan candidatos, financian campañas e incluso determinan quién puede vivir, trabajar o hacer negocios.
Cuando una organización criminal tiene más capacidad de intimidación que una autoridad municipal, la soberanía está siendo derrotada. Cuando un alcalde, un policía o un funcionario actúan bajo las órdenes del crimen organizado, la soberanía está siendo derrotada. Cuando los ciudadanos viven con miedo y el Estado es incapaz de garantizar seguridad y justicia, la soberanía deja de existir en los hechos, aunque continúe apareciendo en los discursos oficiales.
Pero el problema no termina ahí. Existe una segunda amenaza igual de peligrosa: la concentración excesiva del poder político. La democracia no desaparece únicamente mediante golpes de Estado o dictaduras militares. También puede erosionarse lentamente cuando las instituciones dejan de ser contrapesos reales y se convierten en extensiones del poder dominante. La desaparición de los equilibrios democráticos, la subordinación de organismos autónomos, la debilidad de la oposición y la politización de las instituciones generan un escenario donde la voluntad de unos cuantos sustituye el interés de todos.
Un país sin instituciones fuertes es un país vulnerable. La soberanía nacional también depende de la existencia de jueces independientes, organismos autónomos eficientes, congresos que fiscalicen y ciudadanos que participen activamente. Cuando estos elementos se debilitan, el poder deja de pertenecer al pueblo y comienza a concentrarse en grupos políticos cuya prioridad muchas veces es mantenerse en el control antes que resolver los problemas nacionales.
A ello se suma una tercera amenaza: la dependencia económica. Durante décadas se ha hablado de justicia social, de combate a la pobreza y de apoyo a los sectores más vulnerables. Sin embargo, una política pública que genera dependencia permanente en lugar de oportunidades reales termina convirtiéndose en un mecanismo de control social. Un pueblo económicamente dependiente es un pueblo menos libre.
La verdadera soberanía económica no consiste en repartir recursos indefinidamente, sino en crear condiciones para que las personas prosperen mediante educación, empleo, inversión, seguridad jurídica y crecimiento económico. Cuando millones de ciudadanos dependen exclusivamente de apoyos gubernamentales para subsistir, se genera una relación de subordinación que limita la capacidad de exigir resultados y de ejercer plenamente la libertad política.
México enfrenta una realidad que muchos prefieren ignorar. El problema central del país no es externo; es interno. Son las estructuras criminales que han penetrado instituciones. Son los intereses políticos que buscan debilitar los contrapesos democráticos. Son las políticas que perpetúan la dependencia económica en lugar de generar desarrollo sostenible.
La solución comienza por reconocer la realidad. Ninguna nación puede corregir lo que se niega a ver. Mientras sigamos buscando enemigos en el extranjero para evitar enfrentar nuestros problemas internos, la crisis continuará profundizándose. La soberanía nacional se recupera fortaleciendo las instituciones, combatiendo sin concesiones a la delincuencia organizada, garantizando la independencia de los poderes públicos y construyendo una economía que permita a los ciudadanos vivir con dignidad y libertad.
La historia demuestra que los países no suelen ser derrotados por enemigos externos cuando conservan fortaleza interna. Las naciones caen cuando la corrupción, la impunidad, el miedo y la concentración del poder destruyen sus cimientos desde dentro.
Por eso, el reto de México no es defenderse de fantasmas históricos ni de discursos extranjeros. El reto es enfrentar con valentía a quienes han secuestrado espacios del Estado, han debilitado la democracia y han convertido la pobreza en una herramienta de control político.
Conocer la realidad es el primer paso para transformarla. Nombrar a los responsables es el segundo. Y actuar como ciudadanos libres es el tercero. Sólo así podremos reconstruir una nación donde la soberanía deje de ser un discurso y vuelva a convertirse en una realidad para todos los mexicanos.