El puente Nichupté, ‘cementerio’ de lanchas dañadas, propiedad de más de quince pescadores y prestadores de servicios turísticos que reclaman pagos pendientes y la pérdida de sus embarcaciones; consideran acudir a instancias federales
SALVADOR CANTO
Debajo de un segmento recién construido del puente vehicular Nichupté, en una zona de mangle convertida en depósito improvisado, se acumulan decenas de lanchas y motores destruidos. Pertenecen a pescadores y prestadores de servicios turísticos de Puerto Juárez, quienes llevan 11 meses esperando que la empresa ICA, en conjunto con el sindicato CATEM, les pague por la renta de sus embarcaciones y por los daños causados durante la construcción de la obra.
A pesar del colapso en el servicio marítimo que ella misma provocó, ICA continúa trasladando a los obreros del proyecto en pangas sobrecargadas, sin medidas de seguridad y en condiciones de hacinamiento, lo que ha sido calificado por los afectados como una práctica irresponsable y riesgosa que podría derivar en un accidente. Pese a ello, la Capitanía de Puerto no ha intervenido, y el transporte irregular sigue operando cotidianamente.
“Las lanchas están ahí, destruidas. Las metimos con contrato para transporte de personal, no para jalar revolvedoras. Nos dijeron que reparáramos y metiéramos la factura, pero nunca nos pagaron. A mí me deben 330 mil pesos de renta y 50 mil de reparaciones”, denunció Jesús Cahum Mex, pescador de Puerto Juárez en entrevista con el Equipo de Investigación de El Despertador de Quintana Roo.
Los contratos firmados a mediados de 2023 establecían un pago mensual de 30 mil pesos por embarcación, con jornadas de 24 horas. Sin embargo, solo se cubrieron dos meses de renta. Desde entonces, los afectados —más de quince propietarios de lanchas— no han recibido pago alguno y han perdido además su principal fuente de ingresos.
“Nos dejaron sin trabajo y sin pago. Y todavía no podemos sacar nuestras embarcaciones. Nos dicen que, si las sacamos, perdemos lo que ya ‘ganamos’. Pero no hay ganancia, solo pérdidas”, agregó Cahum, quien forma parte de una familia de pescadores desde varias generaciones.
Los testimonios se repiten: Martha Gutiérrez, operadora de una lancha de servicios turísticos, también tiene su embarcación destruida y sin posibilidad de recuperación.
“Perdí mi embarcación, el motor y casi 300 mil pesos en renta no pagada. Todo lo que construí en años se vino abajo. Solo queremos que nos paguen lo que es justo. Queremos una mesa de diálogo con ICA, CATEM y el gobierno del estado”, declaró.
Mientras tanto, ICA sigue trasladando a trabajadores en embarcaciones apiladas y sin condiciones mínimas de seguridad, sin que Capitanía de Puerto intervenga, pese al evidente riesgo y las quejas presentadas.
Los afectados responsabilizan directamente a ICA y al sindicato CATEM del adeudo. El representante de CATEM en la zona, Juvenal Reyes Marrufo, dejó de contestar llamadas, según los lancheros, y no hay interlocutor claro.
“No estamos peleando contra la gobernadora ni contra la presidenta. Estamos peleando contra ICA y CATEM, que son los que nos deben. Ya sea que ICA no ha pagado o que CATEM se clavó la lana”, subrayó Cahum.
El asunto ya fue expuesto a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien asignó a un intermediario, pero hasta ahora no hay avances. Ante el silencio, los afectados contemplan acciones como bloqueos o incluso acudir directamente a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
