El 2026 arranca con aumentos de precios, ajustes fiscales y un entorno económico menos dinámico, factores que confluyen en un escenario generalizado en el país y presionan el gasto familiar, reduciendo el margen financiero de los hogares

SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR

El inicio de 2026 vuelve a poner a prueba la economía de los hogares mexicanos. Como ocurre cada año, la llamada “cuesta de enero” irrumpe con fuerza tras el cierre del ciclo decembrino, marcada por el ajuste natural de precios, la actualización de tarifas, impuestos y el reacomodo del gasto familiar. Lejos de ser un fenómeno excepcional, se trata de una etapa recurrente que impacta incluso en contextos donde los indicadores macroeconómicos muestran estabilidad.

Sin embargo, en esta ocasión, el peso del arranque de año se siente con mayor intensidad. La combinación de inflación persistente, ingresos que no crecen al mismo ritmo y un entorno económico menos dinámico ha convertido este periodo en un desafío más prolongado para millones de familias, donde cada gasto se analiza con mayor cautela y el margen de maniobra financiera se reduce.

En la Península de Yucatán, este escenario adquiere matices propios. Quintana Roo, Yucatán y Campeche presentan realidades distintas, pero coinciden en un punto clave: el costo de vida continúa al alza mientras la actividad económica regional muestra signos de desaceleración, especialmente en sectores sensibles al consumo y al turismo.

A ello se suma un elemento que suele influir en las decisiones públicas y privadas: 2026 es un año previo a un proceso electoral, lo que históricamente introduce ajustes presupuestales, mayor cautela en la inversión y un clima de expectativa que permea tanto a gobiernos como a ciudadanos de cara a 2027.

En este contexto, Quintana Roo enfrenta un momento de transición económica. Tras varios años de fuerte impulso derivado de la inversión pública y de grandes proyectos de infraestructura, el estado entra en una fase de ajuste que se refleja en sus finanzas, en el ritmo de crecimiento y en sectores estratégicos como el turismo y la construcción, pilares tradicionales de su desarrollo.

Factores externos y coyunturales —como los efectos del sargazo, una menor derrama turística, el cierre de ciclos de obras federales y la reducción en la circulación de recursos— han comenzado a sentirse en el empleo, en la actividad comercial y en las finanzas locales.

Más allá de los indicadores, el impacto más visible se manifiesta en la vida cotidiana: servicios básicos más caros, alimentos con precios al alza, impuestos actualizados desde el primer día del año y un salario mínimo que, aunque aumentó a 315.04 pesos en 2026 a partir del 1 de enero, enfrenta dificultades para compensar el encarecimiento generalizado.  La canasta básica, el endeudamiento y el recurso a créditos informales se convierten en señales claras del desgaste acumulado en los hogares.

Así, la cuesta de enero de 2026 se perfila como una de las más retadoras de los últimos años en la Península de Yucatán, no como resultado de un solo factor, sino de una convergencia de ajustes económicos, ciclos productivos y presiones cotidianas que rebasan las cifras y se instalan en la realidad de las familias.

Cuesta de enero, el terror de cada año

En Quintana Roo, la cuesta de enero se vive con gran intensidad debido al alto costo de vida. El encarecimiento de la canasta básica, junto con el aumento en productos gravados por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), como refrescos y cigarros, erosiona aún más el poder adquisitivo de los hogares. El impacto es mayor en las familias que dependen de ingresos vinculados al turismo, un sector particularmente sensible a la desaceleración económica nacional.

Más allá de los indicadores macroeconómicos, la crisis se manifiesta de forma directa en la mesa y en el bolsillo. La cuesta de enero concentra, como cada inicio de año, una serie de gastos inevitables para las familias: servicios básicos, impuestos, transporte, educación, deudas y despensa, en un contexto donde el salario mínimo resulta insuficiente para compensar el aumento generalizado de precios.

Electricidad, agua, gas, internet, telefonía y televisión de paga constituyen gastos fijos indispensables. A ello se suman el transporte diario y el encarecimiento sostenido de alimentos básicos como carne, huevo y leche. La educación también impone una carga significativa: inscripciones, útiles, uniformes y transporte en secundaria, bachillerato y nivel superior desmienten en la práctica la idea de una gratuidad total.

Una cuesta que no termina en enero

Especialistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) —organismo que agrupa a expertos en economía y finanzas— coinciden en que la cuesta de enero de 2026 no se limita a un solo mes. Se trata de una presión que viene desde el cierre de 2025, cuando el gasto se disparó por el Buen Fin, las fiestas decembrinas y los Reyes Magos, y que se prolonga en un contexto poco alentador: la economía apenas crecería alrededor de 1% este año.

Con los precios todavía elevados, una economía prácticamente estancada y una mayor carga fiscal, el ajuste llega directo al bolsillo. Para muchas familias, el inicio de año no solo implica recortar gastos y estirar el sueldo, sino enfrentar la dificultad real de cubrir lo básico. Cuando el ingreso no alcanza, el problema deja de ser financiero y se vuelve de supervivencia.

El arrastre de un problema estructural

La cuesta de enero de 2026 deja al descubierto que el problema va mucho más allá de un ajuste estacional. En la Península de Yucatán, Quintana Roo, Yucatán y Campeche enfrentan realidades económicas distintas —turismo, remesas o petróleo—, pero comparten un mismo desafío: un arranque de año marcado por la inflación, la incertidumbre y el peso de decisiones económicas acumuladas desde 2025.

En este escenario, muchas familias recurren a salidas cada vez más riesgosas. Las casas de empeño se convierten en una opción inmediata para obtener efectivo, aun a costa de perder patrimonio. Otros caen en préstamos informales conocidos como “gota a gota”, operados por redes de origen colombiano, con intereses impagables y métodos de cobranza que rayan en la intimidación y la violencia.

A estas prácticas se suman plataformas digitales de préstamos que operan en la opacidad: ofrecen dinero rápido, pero a cambio acceden a datos personales, contactos y fotografías, información que en muchos casos se utiliza para presionar, amenazar o exhibir públicamente a quienes no pueden pagar. La deuda deja de ser un problema privado y se transforma en un mecanismo de control y criminalización de la necesidad.

Más que un bache temporal, el inicio de 2026 confirma un desgaste profundo en las finanzas de los hogares. Cada enero se vuelve más largo, cada recuperación más lejana y cada crisis más propicia para que los grupos criminales encuentren terreno fértil. En la cuesta de enero, la urgencia empuja, los abusos crecen y, mientras las familias pierden estabilidad y patrimonio, los únicos que ganan son quienes hacen negocio con la desesperación.

Más impuestos, menos margen: el golpe fiscal de 2026

El inicio de 2026 trajo consigo una nueva carga fiscal que reduce aún más el margen de consumo de las familias. Desde el 1 de enero entraron en vigor diversos ajustes e incrementos a impuestos federales y locales, aprobados durante el cierre del ejercicio legislativo de 2025, cuyos efectos ya comienzan a reflejarse en los precios cotidianos.

De acuerdo con documentos fiscales y dictámenes legislativos revisados por El Despertador, el paquete de ingresos autorizado por el Congreso de la Unión incluyó actualizaciones y nuevos gravámenes que impactan de forma directa al bolsillo:

Gasolinas y diésel: se aplicó la actualización anual del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que eleva automáticamente los costos de transporte y, en cadena, los precios de alimentos y mercancías.

Refrescos: el impuesto por litro casi se duplicó, encareciendo uno de los productos de mayor consumo popular, especialmente en hogares de bajos ingresos.

Cigarros: el IEPS pasó de 160 a 200 por ciento, con un efecto inmediato en el precio final; algunas cajetillas ya superan los 100 pesos.

Sueros orales: se gravaron aquellos productos que no cumplen con los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud, encareciendo alternativas de consumo común.

Apuestas digitales: el impuesto aumentó del 30 al 50 por ciento, elevando los costos para plataformas y usuarios del sector de juegos en línea.

A esta presión fiscal federal se suma el peso de los impuestos y derechos locales. En Quintana Roo, las familias deben cubrir predial, licencias, derechos municipales y otros cobros estatales, mientras autoridades analizan posibles incrementos en las tarifas del transporte público, particularmente en municipios como Benito Juárez, lo que podría agravar aún más el gasto cotidiano.

El resultado es un escenario en el que el Estado amplía su recaudación, pero reduce la capacidad real de consumo de los hogares, profundizando el impacto económico justo en los primeros meses del año.

La canasta básica: donde la inflación sí se siente

La inflación deja de ser una cifra abstracta cuando llega al mercado, al transporte y a la mesa de las familias. Al inicio de 2026, el encarecimiento de la canasta básica se convirtió en uno de los impactos más visibles del ajuste económico.

De acuerdo con el monitoreo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), Campeche y Quintana Roo se ubicaron entre las entidades con mayor incremento en el costo de los productos básicos, con alzas de 4.11% y 3.98%, respectivamente, por encima del promedio nacional. Este aumento no responde únicamente a factores locales: la actualización de los combustibles encareció toda la cadena de distribución, desde el traslado de mercancías hasta el precio final en tiendas y mercados, prolongando el impacto más allá de la cuesta de enero.

La presión sobre los hogares es confirmada por la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera, que revela la fragilidad del ingreso familiar: una de cada tres personas adultas en México no logra cubrir la totalidad de sus gastos mensuales. Entre quienes enfrentan esta situación, 68.3% ha tenido que recortar consumo en rubros esenciales como alimentos, transporte o atención médica. El margen para resistir es mínimo: la capacidad promedio de endeudamiento mensual apenas alcanza 2 mil 777 pesos.

Ante este escenario, las familias activan mecanismos de sobrevivencia que evidencian un desgaste acumulado: recurren a préstamos con conocidos, utilizan ahorros ya mermados, solicitan adelantos salariales, empeñan bienes o contratan créditos de corto plazo. Son soluciones temporales que alivian el momento, pero profundizan la vulnerabilidad financiera a mediano plazo.

Finanzas estatales y cuesta de enero

La cuesta de enero en Quintana Roo se presenta este año en un entorno económico de ajuste que no es exclusivo del estado, sino que forma parte de una desaceleración más amplia. Como ocurre cada inicio de año, el consumo y las finanzas públicas enfrentan presiones adicionales, que se vuelven más visibles cuando coinciden con cambios en el ritmo de la actividad económica.

En este contexto, información de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) indica que el crecimiento de años anteriores estuvo apoyado en un periodo de inversión pública elevada, particularmente de origen federal, cuyo cierre ha dado paso a un proceso de ajuste. De acuerdo con un diagnóstico interno de la dependencia, este cambio se refleja en un déficit fiscal estimado superior a 37 mil millones de pesos y en una contracción del Producto Interno Bruto estatal durante 2025.

El documento también señala que, desde finales de 2024, la actividad económica mostró señales de estancamiento, con una caída más marcada en el primer trimestre de 2025. Entre los factores que influyen se encuentra la desaceleración del turismo, con menor gasto promedio por visitante, y la reducción en la actividad de la construcción tras la conclusión de grandes proyectos de infraestructura.

El impacto de este escenario se prevé en los distintos municipios del estado, especialmente en aquellos con mayor concentración de actividad económica, como Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco. En conjunto, las cifras describen un periodo de ajuste que ayuda a explicar por qué la cuesta de enero se percibe con mayor intensidad en la economía local.

En plena cuesta de enero, este contexto ayuda a entender por qué la recuperación se percibe más lenta y por qué los ajustes económicos se resienten con mayor intensidad en el día a día de las familias y los negocios de Quintana Roo.

Nuevo golpe: en puerta alza a la tortilla

La industria de la masa y la tortilla en Quintana Roo anticipa un ajuste en el precio del kilo a partir de enero, ante el incremento sostenido de costos operativos y cargas administrativas que presionan al sector. Representantes de productores señalaron que, aunque durante el cierre de 2025 se contuvo cualquier aumento, el inicio del nuevo año obligará a revisar la viabilidad de mantener las tarifas actuales.

Actualmente, el kilo de tortilla se vende entre 26 y 28 pesos en la mayor parte del estado, aunque en zonas de alta demanda, como Tulum y el norte de la entidad, ya alcanza los 30 pesos. El escenario está marcado por el encarecimiento de insumos clave, como la harina de maíz, el gas LP, la energía eléctrica y el reciente ajuste al salario mínimo.

A estos factores se suma el aumento de trámites municipales y requisitos de Protección Civil, cuyos costos, según el sector, han crecido de forma desproporcionada. Rubén Montalvo Morales, presidente de la delegación estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla, adujo que en municipios como Cancún y Playa del Carmen las alzas superan el 50% y, en algunos casos, rebasan el 150%, lo que ha llevado a que solo la mitad de las tortillerías opere de manera formal.

Los industriales también advierten sobre la competencia desleal de supermercados y la venta de tortilla informal, y llaman a fortalecer el consumo local para preservar la actividad.

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Tres estados, una misma fragilidad estructural

Aunque Quintana Roo, Yucatán y Campeche cuentan con motores económicos distintos —turismo, actividad productiva y sector petrolero—, ninguno escapa al encarecimiento generalizado que marca el inicio de 2026. La inflación, los ajustes fiscales y la presión sobre el ingreso familiar revelan una fragilidad compartida: economías que amortiguan de forma desigual la cuesta de enero, pero no la neutralizan.

De acuerdo con datos del Examen de la Situación Económica de México de Banamex, en el primer semestre de este año, siete entidades federativas tuvieron caídas en su actividad económica y “las de mayor magnitud se reportaron en Campeche, Tabasco y Quintana Roo. La finalización de las obras públicas ejecutadas durante el sexenio anterior se tradujo en una severa contracción de la industria de la construcción, lo cual afectó a las tres entidades”, según detalla el estudio, que añade al panorama una menor producción petrolera, una de las principales actividades de Campeche.

En un recorrido de los equipos de El Despertador en Quintana Roo, Campeche y Yucatán por distintos mercados, tiendas y supermercados se observa que el cierre de 2025 y el arranque de 2026 consolidaron un escenario de presión generalizada sobre el consumo básico en la península de Yucatán, aunque con matices entre entidades. Quintana Roo continúa como el estado con el mayor nivel de encarecimiento general; Yucatán muestra un ajuste reciente al alza en varios productos, lo que reduce la brecha que tradicionalmente mantenía frente a Quintana Roo y Campeche, por su parte, registra precios más bajos en algunos productos específicos. En conjunto, los datos muestran que ninguna de las tres entidades escapa al encarecimiento de los bienes esenciales.

Quintana Roo: alto costo de vida y presión en precios básicos 

En Quintana Roo, la llamada cuesta de enero se resiente con mayor intensidad por la combinación de un alto costo de vida y una economía altamente dependiente del turismo, un sector particularmente vulnerable a la desaceleración económica nacional e internacional. A ello se suma el incremento en productos gravados por el IEPS —como refrescos, sueros y cigarros—, una inflación persistente y tarifas de servicios que suelen ajustarse al inicio del año.

Este escenario reduce el poder adquisitivo de miles de familias y obliga a ajustar el consumo, sobre todo en zonas urbanas y turísticas donde la gentrificación y la presión inmobiliaria encarecen el costo cotidiano de vivir, pese a la presencia de programas de apoyo social.

En este contexto, la canasta básica cerró 2025 con precios elevados al 30 de diciembre. La gasolina Magna se comercializó en 24.84 pesos por litro, la Premium alcanzó los 26.99 pesos y el diésel se ubicó en 27.99 pesos, niveles que impactaron directamente en los costos de transporte y distribución. En alimentos, el jamón de pierna Capistrano registró un precio de 85 pesos por 250 gramos, la pechuga de pavo se vendió en 74 pesos y el jamón de pavo Virginia se ofreció en 50 pesos, también en presentaciones empaquetadas de 250 gramos.

La leche se comercializó entre 25 y 30 pesos por litro, dependiendo de la marca, mientras que el huevo —en presentación de 30 piezas— osciló entre 83 y 92 pesos. En frutas y verduras, el tomate bola se vendió en 36.90 pesos por kilo, el tomate saladet alcanzó los 24.90 pesos, la cebolla blanca se ubicó en 26.50 pesos, al igual que el repollo blanco en 26.50 pesos, precios que mantuvieron presión constante sobre el gasto familiar.

Yucatán: ajustes fiscales que presionan el empleo

Yucatán enfrenta la cuesta de enero de 2026 con un factor adicional: ajustes fiscales locales que incrementan la carga a las empresas sin crear nuevos impuestos. El Impuesto Sobre Nóminas (ISN) aumentó a 3.5% para medianas empresas y a 3.75% para grandes.

Aunque el impacto directo recae en un segmento específico del sector productivo, estas empresas concentran una parte significativa del empleo formal en el estado. Especialistas advierten que el aumento podría traducirse en una contención de nuevas contrataciones o en la postergación de incrementos salariales, justo cuando las familias requieren mayor estabilidad para enfrentar la escalada de precios y compromisos financieros.

La paradoja yucateca es clara: un estado con dinamismo económico y crecimiento inmobiliario y turístico, pero donde los beneficios no siempre se reflejan de manera equitativa en las comunidades, convirtiendo su propia bonanza en una fuente de presión social.

En Mérida, la capital del estado, la gasolina Magna se comercializaba el primer día de 2026 en 23.99 pesos cada litro, la Premium en 25.94 y el Diesel en 27.39. El jamón Capistrano de pierna (tipo York) se vendía en 43.00 pesos por 250 gramos, el de pechuga de pavo en 75.50 pesos por el mismo gramaje y el jamón de pavo Virginia Capistrano en 37.50 pesos. El litro de leche oscilaba entre 25 y 30 pesos y el cartón de 30 huevos entre 83 y 92 pesos. El tomate bola en 52 pesos el kilo, el saladet en 25.90, la col o repollo blanco en 27.90 pesos y la cebolla blanca en 25.90.

Campeche: recortes, petróleo y deuda como salida

En Campeche, la cuesta de enero se perfila como una de las más pesadas de la región. A la inflación y al aumento de impuestos federales se suman recortes en recursos destinados a seguridad, salud, educación e infraestructura, profundizando la presión sobre las finanzas públicas.

El gobierno estatal apuesta por un paquete económico superior a los 27 mil millones de pesos y por un plan integral de inversión para reactivar una economía que arrastra más de dos décadas de rezago. Sin embargo, la reducción de participaciones federales obliga a considerar el endeudamiento público como una alternativa para sostener proyectos estratégicos, trasladando parte de la carga financiera al futuro.

Como estado petrolero, Campeche cuenta con amortiguadores económicos, particularmente en Ciudad del Carmen, donde la actividad energética acelera la recuperación. No obstante, la brecha entre esta zona y el resto del estado evidencia que las fortalezas sectoriales no se traducen automáticamente en bienestar generalizado.

En la revisión de precios de algunos artículos básicos, en fin de año, la gasolina Magna costaba 23.99 pesos, la Premium 25.80 y el Díesel en 26.90. En lo que respecta a jamones, el de pierna Capistrano costaba 137 pesos el kilogramo (34.25 pesos por 250 gramos), el de pechuga de pavo 124.00 el kilo ($31.00 por 250 gramos) y el jamón de pavo Virginia en 191 pesos el kilo ($47.75 por 250 gramos).

En lo que respecta a lácteos, un litro de Nutri Leche se vendía por 28 pesos, la LacDel regular Entera 100% de vaca en 29 y la Borden baja en grasa en 30pesos, en tanto que la reja de 30 piezas de huevo costaba entre 90 pesos la marca Kaki, la Bachoco en 92 pesos y en Huevos a Granel “La Verbena” 77 pesos. El tomate bola oscilaba entre 24.90 y 39.90 el kilo, el repollo 29.90, el tomate saladet 31.90 y la cebolla blanca entre 26.90 y 27.00.

Producto Quintana Roo Yucatán Campeche

Gasolina Magna (litro) 24.84 23.99 23.99

Gasolina Premium (litro) 26.99 25.94 25.80

Diésel (litro) 27.99 27.39 26.90

Jamón pierna Capistrano (250 g) 85.00 43.00 34.25

Pechuga de pavo (250 g) 74.00 75.50 31.00

Jamón de pavo Virginia (250 g) 50.00 37.50 47.75

Leche (litro) 25.00 – 30.00 25.00 – 30.00 28.00 – 30.00

Huevo (30 piezas) 83.00 – 92.00 83.00 – 92.00 77.00 – 92.00

Tomate bola (kilo) 36.90 52.00 24.90 – 39.90

Tomate saladet (kilo) 24.90 27.90 31.90

Cebolla blanca (kilo) 26.50 25.90 26.90 – 27.00

Repollo blanco (kilo) 26.50 25.90 29.90

Amortiguar la cuesta: decisiones mínimas ante una presión permanente

• La cuesta de enero de 2026 no admite soluciones rápidas ni salidas individuales. En un entorno marcado por inflación persistente, desaceleración económica y mayor carga fiscal, amortiguar el impacto exige acciones simultáneas desde los hogares, las comunidades y el Estado. No se trata de resolver el problema de fondo en el corto plazo, sino de contener sus efectos más dañinos.

• Para las familias, el primer paso es asumir que la presión no será temporal. Priorizar alimentación, servicios básicos y transporte, evitar deudas de corto plazo y mantenerse al margen de créditos informales o plataformas digitales opacas puede no mejorar el ingreso, pero sí reducir el riesgo de caer en ciclos de endeudamiento, pérdida de patrimonio o violencia financiera. En este contexto, las redes familiares, comunitarias y de economía local funcionan como un amortiguador social ante la falta de liquidez.

• Desde el ámbito público, la contención del daño es igual de urgente. Congelar o escalonar cobros locales, ofrecer prórrogas en impuestos y derechos, y evitar incrementos tarifarios en servicios y transporte puede aliviar la presión inmediata sin comprometer de fondo la estabilidad fiscal. Proteger el empleo formal y contener la precarización laboral resulta más eficaz que ampliar la recaudación en un entorno recesivo.

• La reorientación del gasto público hacia lo esencial —servicios básicos, salud, educación y movilidad— aparece como una medida clave en un año previo al ciclo electoral. La transparencia en las finanzas públicas y una comunicación clara sobre el estado real de la economía ayudan a reducir incertidumbre y desinformación, factores que agravan la percepción de crisis.

• El verdadero riesgo no es reconocer la gravedad del momento, sino administrarlo con inercia. En la antesala del proceso electoral de 2027, utilizar la cuesta de enero como un costo social asumible o como un daño colateral del ajuste fiscal sería una decisión política, no técnica. Cada omisión, cada cobro trasladado sin sensibilidad y cada peso recaudado sin retorno social amplían la brecha entre gobierno y ciudadanía. En un contexto de desgaste económico y creciente informalidad, amortiguar la crisis no es un gesto de generosidad: es una condición mínima de gobernabilidad.