GERARDO RUIZ
El 9 de noviembre de 1950 se estrenó la película de Luis Buñuel Los olvidados, una película que sacudió la conciencia de México y del mundo. Mostró, sin maquillaje, la crudeza de la pobreza, la exclusión, la violencia estructural. No era ficción: era testimonio.
Hoy, 75 años después, los olvidados siguen aquí. No son los mismos rostros, pero sí las mismas heridas. La pobreza no se ha erradicado. La exclusión se ha sofisticado. La violencia institucional se disfraza de trámite, de reforma, de omisión.
Los olvidados de 2025 somos quienes vivimos con discapacidad y cualquier otra situación vulnerable, seguimos siendo tratados como carga, como excepción, como caso especial. Somos quienes no fuimos consultados para las leyes que nos afectan. Somos quienes no podemos acceder a cargos públicos porque incomodamos con la verdad. Somos quienes tocamos el suelo con el bastón blanco, no para pedir permiso, sino para decir: aquí estoy, aquí pienso, aquí decido.
La reciente reforma a la Ley de Amparo es un ejemplo de esta ceguera institucional. Antes, si una ley afectaba a personas con discapacidad y no había sido consultada, podía ser invalidada. Hoy, esa protección se diluye. La Corte dice que no es obligatorio invalidar leyes sin consulta, siempre que “beneficien” a las personas con discapacidad. Pero ¿quién decide qué nos beneficia? ¿Sin escucharnos? Eso no es justicia. Es paternalismo legal. Es volver a decirnos, como en 1950: ustedes no cuentan.
Los olvidados de Buñuel eran niños que el sistema no quería ver. Los olvidados de hoy somos ciudadanos que el sistema no quiere escuchar. Y lo que antes era omisión, hoy es censura. Lo que antes era abandono, hoy es desaparición.
Porque ya no basta con ignorarnos. Ahora se nos silencia. Se nos excluye de las leyes, de los cargos, de las decisiones. Se nos borra del discurso oficial, salvo cuando conviene. Los olvidados ahora somos censurados. Y en algunos casos, desaparecidos.
Hoy otros problemas sociales aquejan a los habitantes del México de hoy. Según el Foro Económico Mundial y análisis de instituciones académicas como el ITESO, los siguientes son los riesgos y desafíos más graves:
• Pobreza estructural: A pesar de décadas de programas sociales, más de 40% de la población sigue viviendo en condiciones de pobreza. La desigualdad se mantiene como una herida abierta.
• Inseguridad y delitos: La violencia sigue siendo una preocupación central. El crimen organizado, los feminicidios y la impunidad afectan la vida cotidiana y la confianza en las instituciones.
• Escasez de agua: La falta de acceso al agua potable se ha convertido en una amenaza crítica. El cambio climático y la mala gestión agravan el problema, especialmente en zonas urbanas y rurales marginadas.
• Retrocesos en derechos humanos: Reformas recientes han debilitado mecanismos de defensa como el amparo. La falta de consulta a grupos vulnerables, especialmente personas con discapacidad, pone en riesgo derechos fundamentales.
• Crisis en el Sistema de Salud y salud mental y emocional: El estrés social, la precarización laboral y el abandono institucional han generado una ola silenciosa de sufrimiento psicológico, especialmente entre jóvenes y adultos mayores.
• Exclusión digital y educativa: La brecha tecnológica sigue dejando fuera a millones de personas, especialmente en comunidades rurales y entre personas con discapacidad. La educación no ha logrado adaptarse plenamente a modelos inclusivos.
• Desconfianza democrática: La polarización política, el debilitamiento de contrapesos y la exclusión de voces críticas han generado un clima de desconfianza hacia las instituciones y procesos electorales.
Los olvidados de hoy somos ciudadanos que el sistema no quiere escuchar. Esto también se refleja en el sistema de salud. Porque ya no basta con ignorarnos: ahora se nos silencia en diagnósticos, se nos excluye en presupuestos, se nos borra de los protocolos. Las personas con discapacidad enfrentamos barreras físicas, administrativas y actitudinales para acceder a servicios médicos. Pero no estamos solos: adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, comunidades rurales, migrantes y poblaciones indígenas también son víctimas de un sistema que no escucha, no adapta, no acompaña.
La salud pública debería ser garantía, no privilegio. Pero en México, sigue siendo una ruleta: depende del código postal, del tipo de discapacidad, del humor institucional. Y cuando el sistema falla, no hay reparación: hay espera, hay silencio, hay muerte evitable.
*Gerardo Ruiz Sánchez es presidente de la Red de Ciegos de Quintana Roo.