Detrás del enorme valor comercial de la palabra “maya”, que genera sumas multimillonarias en turismo, productos y servicios, persiste el debate sobre los límites de su explotación y la necesidad de salvaguardar un patrimonio cultural ancestral, garantizando que las comunidades que lo mantienen vivo participen de sus beneficios
Salvador Canto / Equipo de Investigación de El Despertador
La palabra “maya” dejó hace mucho tiempo de designar solamente a una de las civilizaciones más importantes de la historia. Hoy es una marca que vende. Está en hoteles, parques temáticos, restaurantes, desarrollos inmobiliarios, agencias de viajes, ceremonias espirituales, artesanías, campañas gubernamentales y megaproyectos turísticos. Basta incorporar el término a un producto o servicio para dotarlo de un valor comercial capaz de atraer visitantes y generar millones de pesos.
El fenómeno rebasa por mucho las fronteras de Quintana Roo. El llamado Mundo Maya comprende una región compartida por México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, donde una cultura viva preserva su lengua, conocimientos, tradiciones y formas de entender el mundo. Sin embargo, mientras esa herencia ancestral sigue vigente en miles de comunidades, el concepto “maya” ha sido sobreexplotado hasta convertirse, en muchos casos, en una simple etiqueta comercial.
La paradoja resulta inevitable. Nunca antes la palabra “maya” había generado tanta riqueza, pero tampoco había sido utilizada de manera tan amplia para vender productos, experiencias y estilos de vida que, en numerosas ocasiones, poco tienen que ver con la historia o las tradiciones de este pueblo originario. Ceremonias inventadas para turistas, artesanías fabricadas fuera de la Península de Yucatán, espectáculos que mezclan símbolos de distintas culturas indígenas y personajes caracterizados como “chamanes mayas” forman parte de una industria donde la autenticidad suele quedar en segundo plano frente al negocio.
La discusión ya no consiste en prohibir el uso de la palabra “maya”. El verdadero reto es definir quién puede utilizar ese patrimonio, bajo qué criterios, con qué responsabilidad y, sobre todo, cómo garantizar que las comunidades que han conservado esa identidad durante siglos participen también en los beneficios económicos que hoy genera una de las marcas culturales más rentables de América Latina.
El Mundo Maya: una cultura viva que rebasa las fronteras
Hablar de la cultura maya no significa referirse únicamente a Quintana Roo o al Caribe Mexicano. Su presencia histórica conforma el llamado Mundo Maya, una extensa región cultural que abarca el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, donde aún existen comunidades que conservan lenguas, tradiciones, conocimientos ancestrales y formas de organización heredadas de una de las grandes civilizaciones mesoamericanas.
Aunque Quintana Roo alberga sitios emblemáticos como Cobá, Tulum o la Zona Maya, no representa por sí solo la totalidad de ese legado. En Guatemala, por ejemplo, la población indígena mantiene una presencia mayoritaria en amplias regiones y muchas expresiones culturales conservan una fuerza cotidiana que en otras zonas de la Península de Yucatán se ha ido debilitando. Cada territorio posee características propias, pero todos comparten una misma raíz histórica y cultural.
Comprender esa dimensión regional resulta indispensable para entender el problema. La explotación comercial del concepto “maya” no ocurre únicamente en Quintana Roo; se reproduce, con distintos matices, en todo el territorio donde floreció esta civilización. Sin embargo, el auge turístico del Caribe Mexicano ha convertido al estado en uno de los principales escaparates comerciales del nombre “maya”, lo que vuelve aún más visible el debate sobre su protección.
Precisamente esa amplitud explica el enorme valor económico que hoy posee esta identidad. Su prestigio histórico y cultural se ha transformado en un distintivo utilizado para promover destinos, productos y servicios dentro y fuera de México. Pero cuanto mayor es su éxito comercial, más urgente resulta establecer mecanismos que protejan su significado y eviten que una herencia milenaria termine reducida a una simple estrategia de mercadotecnia.
La marca más rentable del Caribe… y del turismo mexicano
La palabra “maya” se ha convertido en uno de los activos comerciales más valiosos del turismo mexicano. Su sola presencia evoca historia, naturaleza, espiritualidad, exclusividad y autenticidad, atributos que empresas, gobiernos y desarrolladores aprovechan para posicionar hoteles, restaurantes, parques temáticos, desarrollos inmobiliarios, agencias de viajes y una amplia variedad de productos y servicios.
La magnitud del fenómeno queda reflejada en los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Información obtenida por El Despertador revela la existencia de 81 mil 156 expedientes relacionados con la palabra “maya” y sus distintas variantes; de ellos, 59 mil 025 cuentan con registro concedido, mientras 22 mil 131 permanecen en trámite.
A esa extensa lista se suman marcas como Ma-Ya Village, Mayá, Mayá Park, Maya’Ki y Maya-Ki, además de proyectos y campañas institucionales como Riviera Maya, El Corazón del Mundo Maya, como se conoce al municipio de Felipe Carrillo Puerto, el Tren Maya y El Renacimiento Maya, eslogan del gobierno de Yucatán, que recurren al concepto como un sello de identidad y un poderoso recurso de promoción.
El problema, advierten especialistas, no radica en utilizar la palabra, sino en que prácticamente cualquier empresa, producto o servicio puede apropiarse de ella sin demostrar una relación histórica, cultural o comunitaria con el pueblo que le dio origen. La legislación en materia de propiedad industrial protege marcas comerciales, pero no exige acreditar que el uso del término represente de manera auténtica a la cultura que invoca.
El éxito comercial ha sido tal que hoy, para miles de consumidores, la palabra “maya” funciona como una garantía implícita de autenticidad. Esa enorme rentabilidad explica por qué cada vez más empresas buscan incorporarla a sus marcas y también abre una pregunta inevitable: ¿qué tan maya es realmente todo lo que hoy se vende como maya?
Todo puede ser “maya”… aunque no lo sea
Hoy un turista puede comprar café maya, chocolate maya, cerveza maya, jabón maya, pinturas, baterías o incluso cemento maya. En muchos casos basta incorporar esa palabra para transmitir una idea de tradición, autenticidad o vínculo con una de las civilizaciones más admiradas del continente, aunque el producto no tenga origen en territorios mayas, no haya sido elaborado por comunidades indígenas ni guarde relación con su patrimonio cultural.
La misma lógica se observa en mercados, corredores turísticos y tiendas de recuerdos de destinos como Cancún, Tulum, Cobá o la Riviera Maya. Ahí se comercializan textiles, figuras decorativas, joyería, atrapasueños y artesanías identificadas como “mayas”, pese a que muchas fueron elaboradas en otros estados del país o incluso importadas desde Asia. Para el visitante resulta prácticamente imposible distinguir una pieza creada por una artesana de la Zona Maya de un producto industrial que únicamente aprovecha el prestigio del nombre para aumentar su valor comercial.
Esta práctica no sólo genera confusión entre los consumidores; también desplaza económicamente a quienes conservan los conocimientos y técnicas tradicionales. Mientras los productos industrializados utilizan la identidad maya como estrategia de mercadotecnia, los verdaderos artesanos enfrentan mayores dificultades para competir en un mercado donde la apariencia suele pesar más que el origen.
El problema trasciende lo comercial. Cuando cualquier objeto puede presentarse como “maya” sin demostrar un vínculo real con esa cultura, el concepto pierde significado y la autenticidad se vuelve cada vez más difícil de reconocer. Lo que comenzó como un símbolo de identidad corre el riesgo de convertirse en una simple etiqueta de venta.
La industria de las “experiencias mayas”
La cultura maya no sólo vende productos; también se ha convertido en una de las experiencias más rentables del turismo en Quintana Roo. Hoteles, parques temáticos, centros de bienestar y operadores turísticos ofrecen ceremonias de purificación, bodas simbólicas, recorridos espirituales y rituales que prometen acercar al visitante a la cosmovisión de una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica.
Sin embargo, investigadores, historiadores y antropólogos advierten que muchas de estas actividades responden más a las expectativas del mercado que al conocimiento histórico. En numerosos casos, quienes las dirigen carecen de formación especializada y construyen ceremonias en las que mezclan símbolos, vestimentas y elementos pertenecientes a distintos pueblos indígenas del continente, creando representaciones que poco tienen que ver con las prácticas documentadas o con las tradiciones que aún conservan las comunidades mayas.
Para diversos especialistas, el reto no consiste en impedir que la cultura maya sea compartida con los visitantes, sino en garantizar que esas experiencias respeten su contexto histórico y cuenten con la participación de quienes mantienen vivo ese patrimonio. De lo contrario, advierten, el turismo corre el riesgo de sustituir una herencia cultural milenaria por espectáculos diseñados exclusivamente para satisfacer la demanda del mercado.
¿Quién protege realmente la identidad maya?
Para el historiador e investigador Gilberto Avilez Tax, uno de los mayores errores en la discusión sobre el aprovechamiento comercial de la cultura maya consiste en asumir que no existe una legislación que la proteja. En entrevista con El Despertador, sostiene que México ya cuenta con un marco jurídico que reconoce el patrimonio cultural de los pueblos indígenas como un derecho colectivo, aunque advierte que aún falta traducir ese reconocimiento en mecanismos efectivos de protección.
Recuerda que desde el 17 de enero de 2022 está vigente la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, cuya reforma más reciente fue publicada el 14 de noviembre de 2025. Asimismo, la Ley General de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, reglamentaria del artículo 2 de la Constitución, reconoce que los pueblos originarios son propietarios colectivos de los elementos que integran su patrimonio cultural, tanto material como inmaterial.
“Ahí están sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales, sus cosmovisiones, sus ceremonias, sus saberes y todo aquello que forma parte de su identidad”, explica.
Desde esa perspectiva, sostiene que cualquier aprovechamiento comercial de esos elementos debe respetar un principio fundamental: el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades involucradas.
Pero, además, es indispensable construir instrumentos que permitan aplicar efectivamente esa legislación, entre ellos manuales técnicos de referencia, criterios de autenticidad y mecanismos de evaluación elaborados por arqueólogos, antropólogos, historiadores, lingüistas y representantes de las propias comunidades, que sirvan como base para valorar proyectos que pretendan utilizar el concepto “maya”.
Como ejemplo cita la controversia relacionada con Xcaret, que abrió una discusión inédita sobre los límites entre la promoción turística y el aprovechamiento comercial de una identidad cultural.
Para Avilez, el reto no consiste en prohibir el uso de la palabra “maya”, sino en construir reglas claras que permitan distinguir entre una representación auténtica y una apropiación meramente comercial. Considera que Quintana Roo debe armonizar su legislación con las disposiciones federales e incorporar en ese proceso a historiadores, antropólogos, especialistas en patrimonio y, principalmente, a las comunidades mayas, pues son ellas quienes han resguardado ese patrimonio durante generaciones.
“No puede hacerse una ley al vapor ni decidir desde un escritorio qué es ‘maya’ y qué no lo es”, advierte. “Quienes han conservado esa herencia cultural durante siglos son quienes deben participar en esa definición”.
¿Y los beneficios para las comunidades mayas?
La cultura maya es uno de los principales motores de la industria turística del sureste mexicano. Su nombre impulsa hoteles, parques temáticos, desarrollos inmobiliarios, recorridos arqueológicos, restaurantes y una amplia oferta de servicios que generan miles de millones de pesos cada año. Sin embargo, ese éxito comercial contrasta con la realidad que enfrentan muchas de las comunidades que han preservado esa identidad durante generaciones.
En México, alrededor de 774 mil personas se reconocen como mayas, mientras que en el Mundo Maya —integrado por México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador— la población supera los siete millones de habitantes. A pesar del enorme valor económico de su patrimonio cultural, numerosas comunidades continúan enfrentando rezagos en salud, educación, infraestructura, empleo y servicios básicos.
La pregunta resulta inevitable: si la identidad maya se ha convertido en uno de los principales activos del turismo mexicano, ¿por qué esa riqueza no se refleja de manera proporcional en quienes conservan la lengua, las tradiciones y los conocimientos ancestrales? Para los especialistas consultados, el desafío ya no consiste únicamente en reconocer el valor de esa herencia cultural, sino en construir mecanismos permanentes que permitan que una parte de los beneficios económicos llegue a las comunidades que la han protegido y transmitido a lo largo de los siglos.
La política también se viste de maya
La fuerza simbólica de la cultura maya no sólo ha sido aprovechada por la industria turística. En las últimas décadas también se ha convertido en un componente recurrente del discurso y de la acción gubernamental. Funcionarios, candidatos y administraciones estatales recurren a ceremonias, vestimenta tradicional, expresiones en lengua maya y símbolos indígenas para fortalecer actos oficiales, campañas institucionales y estrategias de comunicación.
Pero la relación entre el Estado y la identidad maya va más allá de lo simbólico. Desde hace varias administraciones, el Gobierno de Quintana Roo destina recursos públicos para el sostenimiento de los dignatarios mayas y su Ejército Maya, una estructura integrada oficialmente por 490 personas, de acuerdo con el último padrón disponible, aunque diversas fuentes sostienen que el número es mayor al incluir a integrantes de la Zona Maya de Lázaro Cárdenas.
Inicialmente esos apoyos fueron administrados por la entonces Secretaría de Desarrollo Social e Indígena (Sedasi) y actualmente se canalizan a través del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas (Inmaya), mediante partidas de ayuda social, de acuerdo con un reportaje elaborado por El Despertador titulado “La extinción de la rebeldía maya” (http://bit.ly/4flETFh).
Este esquema evidencia que la cultura maya no sólo representa un legado histórico o un atractivo turístico; también forma parte de la estructura institucional del Estado y recibe recursos públicos para preservar únicamente figuras tradicionales surgidas tras la Guerra de Castas. Sin embargo, especialistas advierten que el verdadero desafío consiste en que ese reconocimiento trascienda el ámbito ceremonial o presupuestal y se traduzca en políticas públicas que fortalezcan la lengua, el patrimonio cultural, la educación y el desarrollo de las comunidades mayas.
El debate no debe girar en torno a si el gobierno debe respaldar a los dignatarios mayas o promover ceremonias tradicionales. La discusión de fondo es si esas acciones forman parte de una estrategia integral para proteger y fortalecer una cultura viva o si permanecen como esfuerzos aislados frente a los desafíos que hoy enfrenta uno de los pueblos originarios más importantes de México.
Xcaret, el caso que podría cambiar las reglas del juego
La discusión sobre el aprovechamiento comercial de la cultura maya alcanzó uno de sus momentos más relevantes con la controversia entre integrantes del pueblo maya, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y Grupo Xcaret. Más allá del litigio entre las partes, el caso abrió una discusión inédita en México sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los límites del uso comercial de su patrimonio cultural.
El proceso judicial cobró especial relevancia cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el asunto. El debate dejó de centrarse exclusivamente en una empresa para plantear una pregunta de mayor alcance: ¿hasta dónde puede utilizarse comercialmente la identidad de un pueblo originario sin su participación o consentimiento?
Aunque el 26 de marzo de 2026 la Suprema Corte revocó la suspensión definitiva que permitía a Grupo Xcaret utilizar elementos del patrimonio cultural maya en su publicidad, la resolución aún no produce efectos jurídicos debido a que el máximo tribunal no ha emitido el engrose de la sentencia. Mientras ello ocurre, el juicio permanece suspendido y el precedente legal continúa pendiente.
Lo que finalmente resuelva la Corte no sólo impactará a las partes involucradas. También podría convertirse en el primer gran precedente nacional sobre la protección jurídica del patrimonio cultural de los pueblos indígenas frente a su aprovechamiento comercial.
Lo que otros pueblos hicieron para proteger su identidad
El debate sobre el aprovechamiento comercial del concepto “maya” no es exclusivo de México. Diversos pueblos indígenas alrededor del mundo han enfrentado el mismo desafío: compartir su patrimonio cultural sin perder el control sobre los elementos que conforman su identidad.
En Nueva Zelanda, el pueblo maorí impulsó mecanismos de consulta para proteger símbolos, expresiones lingüísticas y conocimientos tradicionales. En Canadá, diversas comunidades de las Primeras Naciones establecieron protocolos para regular el uso de nombres, diseños y manifestaciones culturales. Mientras tanto, en Australia, los pueblos aborígenes promovieron acciones legales para combatir la apropiación indebida de expresiones culturales utilizadas con fines comerciales.
En América Latina también existen antecedentes. Países como Perú y Bolivia fortalecieron instrumentos jurídicos que reconocen el patrimonio indígena como un derecho colectivo, incorporando mecanismos de protección frente a su explotación comercial.
Aunque cada modelo responde a contextos distintos, todos comparten un mismo principio: proteger una identidad cultural no significa impedir que sea conocida o compartida, sino establecer reglas claras que garanticen la participación de los pueblos originarios, respeten el significado de sus expresiones culturales y permitan distinguir entre una representación auténtica y una estrategia de mercadotecnia. Esa experiencia internacional ofrece referentes que podrían orientar el debate en el Mundo Maya.
De la regulación al sello de autenticidad
Uno de los mayores retos que enfrenta la cultura maya consiste en distinguir lo auténtico de aquello que únicamente utiliza su nombre como estrategia comercial. Hoy, un visitante difícilmente puede saber si el huipil que adquiere fue elaborado por una bordadora de la Zona Maya o si se trata de una pieza fabricada industrialmente e incluso importada desde otro país. La misma incertidumbre alcanza artesanías, textiles, figuras decorativas, recuerdos, ceremonias y experiencias turísticas que se promocionan como “mayas” sin demostrar un vínculo histórico, cultural o comunitario con ese patrimonio.
Ante ese escenario, especialistas, juristas e investigadores coinciden en que el debate ya no debe centrarse en prohibir el uso de la palabra “maya”, sino en establecer mecanismos que permitan identificar cuándo ese concepto se utiliza con responsabilidad y cuándo responde únicamente a una estrategia comercial.
Una de las propuestas que ha cobrado mayor fuerza es la creación de un sello de autenticidad inspirado en mecanismos que ya existen para proteger productos con características específicas. Un ejemplo es el pulpo maya (Octopus maya), especie endémica de la Península de Yucatán cuya denominación permite diferenciarla de otras variedades comercializadas en el mercado. Casos similares existen con la miel de abeja melipona, el chicle natural de chicozapote —que cuenta con la declaratoria de Indicación Geográfica Protegida bajo el nombre oficial de Chicle Maya de Quintana Roo y Campeche— y el chile habanero de la Península de Yucatán. A diferencia de esos esquemas, la propuesta para la cultura maya no buscaría proteger un producto determinado, sino establecer criterios que garanticen el apego histórico, antropológico y cultural de artesanías, proyectos, servicios o experiencias que utilizan esa identidad.
Especialistas plantean que el mecanismo sea evaluado por arqueólogos, antropólogos, historiadores, lingüistas y representantes de las propias comunidades indígenas, quienes definirían los criterios para acreditar el uso responsable de ese patrimonio cultural. De esta manera sería posible distinguir una artesanía elaborada por manos mayas de una imitación industrial, así como reconocer proyectos turísticos desarrollados con la participación de especialistas y comunidades.
Más que restringir el uso del concepto, el objetivo sería ofrecer certeza al consumidor, fortalecer el trabajo de quienes conservan los conocimientos tradicionales y otorgar un valor agregado a las iniciativas que respetan el verdadero significado de la cultura maya.
La lengua que desaparece mientras todos venden lo “maya”
Mientras la palabra “maya” aparece todos los días en hoteles, restaurantes, campañas publicitarias, parques temáticos y productos comerciales, uno de los elementos que le da verdadero sentido enfrenta un proceso constante de debilitamiento: la lengua.
En Quintana Roo aún miles de personas la hablan como parte de su vida cotidiana. Sin embargo, especialistas advierten que cada vez menos jóvenes la adoptan como primer idioma. Durante décadas, muchas familias dejaron de enseñarla a sus hijos para evitarles discriminación, burlas o limitaciones laborales, provocando que una parte esencial de la identidad comenzara a perderse entre las nuevas generaciones.
La lengua representa mucho más que una forma de comunicación. En ella sobreviven conocimientos agrícolas, prácticas medicinales, ceremonias, formas de organización comunitaria y una manera particular de comprender el mundo. Su desaparición implicaría también la pérdida de una parte irremplazable del patrimonio cultural.
La contradicción resulta evidente: mientras el concepto “maya” alcanza uno de sus momentos de mayor rentabilidad económica, la lengua que le da origen continúa enfrentando desafíos para garantizar su preservación. Para los especialistas, proteger el idioma debe convertirse en una prioridad de cualquier política pública relacionada con la defensa del patrimonio cultural.
Maya, S.A. de C.V.: cuando el patrimonio también debe generar justicia
La discusión sobre el uso del concepto “maya” ya no puede reducirse a un conflicto entre desarrollo económico y protección del patrimonio. Ambos objetivos pueden convivir siempre que existan reglas claras, participación comunitaria y mecanismos que garanticen que la riqueza generada por esta identidad también beneficie a quienes la han preservado durante siglos.
La investigación realizada por El Despertador muestra que la cultura maya se ha convertido en uno de los activos más valiosos del turismo mexicano, pero también evidencia la ausencia de instrumentos que regulen de manera efectiva su aprovechamiento comercial. Mientras miles de empresas utilizan esa identidad para generar valor económico, las comunidades que la mantienen viva continúan enfrentando rezagos sociales y una escasa participación en los beneficios que produce.
Especialistas, académicos y representantes indígenas coinciden en que Quintana Roo tiene la oportunidad de convertirse en un referente nacional si fortalece los mecanismos de protección previstos en la legislación vigente, impulsa criterios de autenticidad y promueve una participación efectiva de las comunidades en las decisiones relacionadas con su patrimonio.
El verdadero legado maya no permanece únicamente en las zonas arqueológicas o en los museos. Vive en la lengua, los conocimientos tradicionales, las ceremonias, las artesanías y las comunidades que continúan transmitiéndolos de generación en generación. Mientras la palabra “maya” siga siendo una de las marcas más rentables del turismo, el gran desafío será lograr que esa riqueza también se traduzca en justicia cultural, reconocimiento y mejores oportunidades para quienes han sido sus legítimos guardianes.
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Para que el concepto “maya” deje de ser sólo una marca y se convierta en una herramienta de desarrollo para sus pueblos, se plantea:
1.- Armonizar la legislación de Quintana Roo con la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, estableciendo mecanismos claros para su aplicación en el ámbito estatal.
2.- Crear un Registro Estatal de Autenticidad Maya, mediante el cual productos, empresas, proyectos turísticos y experiencias culturales puedan obtener una certificación que garantice su apego histórico, antropológico y cultural.
3.- Integrar un comité permanente conformado por representantes de las comunidades mayas, arqueólogos, antropólogos, historiadores, lingüistas y especialistas en patrimonio para evaluar proyectos que utilicen el concepto “maya”.
4.- Establecer un sello de autenticidad, similar a una denominación de origen, que permita distinguir productos y experiencias genuinos de aquellos que únicamente utilizan el nombre con fines comerciales.
5.- Crear un Fondo Permanente para el Desarrollo de las Comunidades Mayas, financiado con una parte de los ingresos derivados de la explotación comercial del concepto “maya” y de las actividades turísticas vinculadas con este patrimonio.
6.- Fortalecer la enseñanza de la lengua maya mediante programas educativos permanentes, materiales didácticos y becas para la formación de docentes bilingües.
7.- Impulsar proyectos productivos comunitarios, garantizando que artesanos, bordadoras, apicultores, agricultores y prestadores de servicios turísticos participen directamente en las cadenas de valor.
8.- Establecer procesos obligatorios de consulta para nuevos proyectos turísticos, comerciales o inmobiliarios que utilicen el concepto “maya” como elemento central de su promoción.
9.- Combatir la comercialización de imitaciones mediante mecanismos de certificación que permitan identificar artesanías y productos auténticos frente a mercancías importadas o fabricadas fuera de las comunidades mayas.
10.- Construir una política pública de largo plazo que entienda que proteger la cultura maya no significa conservar únicamente el pasado, sino garantizar el futuro de quienes continúan dándole vida.
