Roberto Guzmán

El daño que ha hecho el presidente López Obrador al sistema de salud no tiene precedente en el mundo civilizado, por lo que tendrá que rendir cuentas y enfrentar a la justicia no sólo por dolo, sino por su ineptitud y estupideces a lo largo de cuatro años, ya que una de las prioridades en el ámbito de la salud fue hacer, a través de un Proyecto de Salud de su cuarta transformación, un plan que desarrollara un Instituto para la Salud y el Bienestar de los mexicanos (Insabi), cuyo objetivo y propósito debió haber consistido en que todos los mexicanos y mexicanas independientemente de nuestra condición laboral, cultural o socioeconómica, no sólo tuviéramos acceso a los servicios de salud de forma integral y medicamentos gratuitos, sino también mediante cambios legales y estructurales atender nuestras necesidades básicas, otorgándonos por igual servicios con calidad y equidad, con lo que se hubiera logrado una universalización de la salud.

¿Dónde quedó ese sueño guajiro del inquilino de Palacio que en su momento pretendía que la salud en México tuviera una visión política de Estado que reorganizara al Sistema de Salud? Lo que sí sabemos es que en este quinto año de gobierno de su 4T, que no ha transformado nada y sí desmantela instituciones, desapareció el Seguro Popular que desde el 2004 atendía a más de 35 millones de mexicanos.

Ante este desmantelamiento equívoco, a un año y medio de finalizar su mandato, López Obrador propuso lanzar otra solución con una nueva propuesta llamada Plan de Salud IMSS Bienestar, que ya comienza a proporcionar atención en algunas unidades de salud familiar, pero no todos los servicios, que son deficientes por la corrupción que corroe y que no quiere que se vea, por lo que su plan, desde mi humilde opinión, señor Presidente, quedará como otro fracaso más suyo, donde la Atención Primaria (APS-I) no está siendo una política en beneficio para los mexicanos que carecemos de seguridad social.

El tema del VIH se ha convertido, para quienes trabajamos en su respuesta, en un problema quizá aun mayor, ya que los errores y fracasos por la ausencia de un programa nacional que prevenga su transmisión evidencian desde los últimos cinco años un alza de nuevas infecciones, sobre todo en Cancún y Playa del Carmen. Considero que han sido dos aspectos más los que continúan incidiendo en ello: el primero, la ausencia y voluntad política de no querer construir junto con la sociedad civil un verdadero plan de base comunitaria, lo que ha llevado a la indiferencia y apuntala a Quintana Roo entre los tres primeros lugares de nuevos casos y defunciones por el virus de la inmunodeficiencia.

El segundo, creo yo, fue que con la llegada del COVID-19 a México hizo su debut un personaje antagónico, perverso, arrogante y nefasto —y no creo que usted, estimado lector, disienta conmigo al referirme al subsecretario de Salud del gobierno federal—, quien continúa insistiendo en construir monopolios públicos en el discurso, cuando en los hechos demuestra que carece de planeación, estrategias y capacidades a costa de la salud de los mexicanos.

De haber contado con un sistema de Salud como el de Dinamarca, con servidores públicos con capacidades y una red educativa como la de Finlandia, hubiera sido sencillo establecer e instituir políticas enfocadas al bienestar de los mexicanos, aun más hacia los mexicanos en condiciones de pobreza, esos que tienen menos acceso a fuentes de información oportuna y que continúan sin reaccionar ante realidades ciegas de fracaso, por los programas clientelares que los acallan y obligan durante un proceso electoral a elegir candidatos bajo amenaza.

México requiere una transformación que le permita generar mejor y más salud con los recursos actualmente disponibles y al mismo tiempo que mejore su respuesta hacia todos nosotros, tanto los individuos las colectividades, y que mejoren de manera sustancial la equidad y la calidad con las que se nos prestan los servicios.