Por el Abogado Luis Esquiel
México atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Mientras el discurso oficial insiste en presentar un país en transformación, la realidad cotidiana de millones de mexicanos refleja una nación atrapada entre la violencia, la incertidumbre económica y el debilitamiento sistemático de sus instituciones democráticas. Lo preocupante no es solamente la existencia de estos problemas, sino la incapacidad, y en ocasiones la evidente falta de voluntad, del gobierno para enfrentarlos con seriedad y responsabilidad.
El primer gran fracaso sigue siendo la seguridad pública. Después de años de promesas, la estrategia de “abrazos y no balazos” dejó un saldo devastador. El crimen organizado amplió su presencia territorial, infiltró estructuras gubernamentales, controló regiones enteras y convirtió a miles de ciudadanos en víctimas directas de extorsiones, desapariciones, secuestros y homicidios.
Hoy resulta imposible ocultar una realidad evidente: el Estado perdió capacidad de control en amplias zonas del país. Mientras los ciudadanos viven con miedo, los grupos criminales operan con una capacidad financiera, logística y armamentista que desafía abiertamente a las autoridades. La violencia ya no es una excepción; se ha convertido en parte de la normalidad nacional.
A esta crisis se suma un problema aún más grave: la percepción creciente de impunidad. La justicia parece reservada para unos cuantos mientras miles de víctimas continúan esperando respuestas que nunca llegan. Las fiscalías permanecen rebasadas, los procedimientos son lentos y las sentencias ejemplares escasas. En México, demasiadas veces el delito no se castiga y la ley no se aplica de manera uniforme.
En el ámbito económico, el panorama tampoco es alentador. El país enfrenta una revisión estratégica del T-MEC en un contexto internacional complejo. La dependencia comercial respecto de Estados Unidos obliga a México a generar confianza, certeza jurídica y estabilidad institucional. Sin embargo, el mensaje enviado a inversionistas nacionales y extranjeros ha sido exactamente el contrario.
Las reformas improvisadas, los cambios constantes en las reglas del juego, la confrontación permanente con sectores productivos y la incertidumbre generada por decisiones políticas han provocado dudas legítimas sobre el futuro económico del país. Ningún inversionista arriesga capital donde las instituciones son débiles y las reglas pueden modificarse por capricho político.
Mientras otras naciones compiten por atraer inversiones de alto valor agregado, México desperdicia oportunidades históricas derivadas del fenómeno de relocalización industrial. La ubicación geográfica privilegiada no es suficiente cuando existe desconfianza sobre el respeto a la ley y a los contratos.
Otro de los temas que genera profunda preocupación es la reforma electoral impulsada desde el poder. Bajo el argumento de reducir costos y modernizar el sistema, se pretende modificar estructuras fundamentales de representación política que durante décadas sirvieron para garantizar pluralidad y equilibrio democrático.
La democracia no se fortalece concentrando poder. La democracia se fortalece creando contrapesos, garantizando competencia política y protegiendo instituciones autónomas. Cuando un gobierno busca controlar los mecanismos que supervisan las elecciones, las alarmas deben encenderse en cualquier sociedad democrática.
Sin embargo, quizás el golpe más profundo se ha dirigido contra el Estado de Derecho. La reforma judicial y la constante descalificación de jueces, magistrados y órganos autónomos han generado una percepción de debilitamiento institucional sin precedentes. En lugar de corregir deficiencias mediante profesionalización y fortalecimiento institucional, se optó por una narrativa de confrontación que ha erosionado la confianza pública.
Las instituciones no son perfectas, pero destruirlas sin construir alternativas sólidas conduce inevitablemente a la incertidumbre. Un país sin contrapesos efectivos corre el riesgo de sustituir la legalidad por la voluntad política del grupo gobernante.
Lo verdaderamente preocupante es que muchos de estos problemas eran previsibles. Diversos especialistas, académicos, empresarios y organizaciones civiles advirtieron durante años sobre las consecuencias de decisiones improvisadas y políticas basadas más en ideología que en evidencia. Lamentablemente, esas advertencias fueron ignoradas.
México necesita recuperar el rumbo. Necesita un gobierno que gobierne para todos y no solamente para sus simpatizantes. Necesita instituciones fuertes, seguridad efectiva, crecimiento económico sostenible y una justicia independiente. Necesita menos propaganda y más resultados.
Porque la realidad no se transforma con discursos. La realidad se transforma con decisiones responsables, con respeto a la ley y con gobiernos capaces de reconocer sus errores.
Hoy, más que nunca, México enfrenta una pregunta fundamental: ¿seguiremos profundizando la polarización y el debilitamiento institucional o tendremos la madurez democrática para corregir el rumbo antes de que las consecuencias sean irreversibles?
La respuesta definirá el futuro de las próximas generaciones.