La asignación cada vez más amplia de nuevas atribuciones a las Fuerza Armadas, incluso del ámbito civil –irónicamente, de manos del presidente que prometió devolverlas a los cuarteles–, otorga al Ejército un poder que en determinadas circunstancias podría llegar a poner en riesgo la estabilidad del país
SALVADOR CANTO
Históricamente, el Ejército Mexicano tenía como principales misiones orgánicas la defensa de la soberanía y el territorio nacional, la preservación de la seguridad interior, el combate al narcotráfico, la aplicación de la Ley Federal de Explosivos y Armas de Fuego y la ayuda a la población civil en casos de desastre mediante la aplicación del Plan DN-III-E.
[Best_Wordpress_Gallery id=”187″ gal_title=”20200830_Reportaje”]
Sin embargo, desde hace tres administraciones federales lleva sobre sus hombros tareas más complejas, relacionadas de lleno con el combate a la delincuencia en casi todos los niveles, pero además, durante el actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien desde el 2010 hablaba e insistía en todo acto público que las Fuerzas Armadas deberían de regresar a sus cuarteles, hoy en el poder no sólo las mantiene como el escudo de acción en materia de seguridad del país a través de la creación de la Guardia Nacional (GN), sino que además les ha conferido funciones adicionales que los facultan a hacer detenciones que antes no podían hacer de acuerdo a la Constitución.
Pero lo más lamentable es que también a las Fuerzas Armadas les ha encargado responsabilidades civiles como la de construir el Aeropuerto “Felipe Ángeles” en la Ciudad de México, los tiene haciendo carreteras, hospitales y sucursales del Banco del Bienestar en distintos puntos del país, se encargarán de un tramo del Tren Maya, lo cual es contrario al discurso que mantuvo en campaña durante más de 10 años, de que en seis meses los regresaría a sus cuarteles; por el contrario, estas acciones equivalen a otorgarles más poder.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército Mexicano, sus misiones están claramente establecidas en el artículo primero, que entre otras cosas señala que sus obligaciones son defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y, en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
En tanto, el artículo primero de la Ley Orgánica de la Secretaría de Marina Armada de México especifica que se trata de una institución militar nacional de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país, pero desafortunadamente dentro del ámbito interno, el concepto de Seguridad Nacional fue transgredida por los presidentes en turno que usan a las Fuerzas Armadas en otras funciones.
En el caso de Quintana Roo, por ejemplo, la Secretaría de Marina (Semar) tiene el encargo de atender el problema del sargazo, adicionalmente a que tienen la responsabilidad de las Capitanías de Puerto, la Aduana e incluso del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que es evidente una militarización de las instituciones en todo el país.
De acuerdo con el expresidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional AC, Luis Armando Esquiel Orozco, es lamentable que el gobierno de la República mantenga un doble discurso en el tema de las Fuerzas Armadas.
“Cuando el presidente estaba en campaña, una de sus principales demandas era que el Ejército y la Marina regresarían a sus cuarteles, lo contradictorio es que ahora que encabeza el Gobierno Nacional sea el principal promotor de que ya no regresen y coadyuvan con la Guarda Civil en la seguridad pública, construyen el Aeropuerto ´Felipe Ángeles’, cuidan y controlan los puertos y sus carreteras, construirán parte del Tren Maya, recogen el sargazo, etc; incluso el Secretario de la Defensa (Luis Cresencio Sandoval González) le sirve de apuntador contra los conservadores, cuando la tendencia mundial es de que cada día los gobiernos democráticos sean cada vez más Civiles”, explicó el abogado.
De igual manera, expuso que hoy en día todo el recurso que el gobierno de la República le asigna a las Fuerzas Armadas es poco trasparente y prueba de ello es que el 90% de las asignaciones son directas a sus proveedores sin licitaciones.
“No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo. Su encargo es defender la soberanía nacional, así que vamos a regresarlos a sus cuarteles en la medida que se vaya profesionalizando a las policías y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva policía federal sea la que se haga cargo de garantizar la seguridad”, expresaba una y otra vez en campaña López Obrador.
Presupuesto de las Fuerzas Armadas
En los últimos años, el presupuesto otorgado por el Gobierno Federal tanto para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como para la Secretaría de Marina (SEMAR) se había mantenido con un rubro prioritario específico para atender acciones en materia de seguridad.
Con base en información del blog “Estado Mayor”, enfocado a información de las Fuerzas Armadas de México que contextualiza datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para este 2020 a la Sedena le fue asignado un presupuesto de 94 mil 028 millones 694 mil 246 pesos, que, comparado con los 93 mil 670 millones 187 mil 410 pesos que ejerció el 2019, significó un incremento de 358 millones 506 mil 836 pesos.
En tanto, la Marina-Armada de México (Semar) recibió para este ejercicio del 2020 la cantidad de 33 mil 357 millones 785 mil 594 pesos, lo que significa un aumento de 3 mil 774 millones 410 mil 402 pesos con respecto al presupuesto del 2019 que fue de 29 mil 583 millones 375 mil 192 pesos.
En ambos casos se habla del mayor presupuesto de su historia, pero ahora se puntualiza que tienen la tarea de seguir al pie de la letra la política de austeridad republicana con la que todas las instituciones del gobierno federal están obligadas a operar con la menor cantidad de recursos posibles, dándole prioridad a las políticas de apoyo social.
Sin embargo, sus tareas se han incrementado pues adicionalmente al tema de la seguridad, también combaten incendios forestales y la tala ilegal de árboles, combaten el robo de combustibles, persiguen ladrones de ganado, resguardan y trasladan paquetería electoral, reparten libros de texto gratuitos (cada inicio de ciclo escolar), realizan campañas de canje de armas por dinero, construyen sedes para juicios orales, edifican el aeropuerto “Felipe Ángeles” en la Ciudad de México, hacen carreteras, sucursales del Banco del Bienestar –y tendrán también a su cargo el traslado de valores de éstas–, apoyan trabajos en las aduanas, migración, capitanías de puerto, recogen sargazo, tienen presencia en las fronteras norte y sur del país, además encabezan en su mayor parte el proyecto de la Guardia Nacional a la cual le han asignado miles de elementos castrenses de todo el país, principalmente de las brigadas de Policía Militar.
Desmantelamiento de las Brigadas Militares
Para la creación de la Guardia Nacional (GN), al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no le importó las millonarias inversiones que se habían destinado y aplicado para la creación de Brigadas de Policía Militar y una de ellas fue precisamente la edificada en Quintana Roo, con base en un acuerdo entre el gobierno federal y el gobierno del Estado.
El académico y politólogo Carlos Barrachina Lisón, profesor de la Universidad Anáhuac Norte, radicado en el Caribe Mexicano desde hace varias décadas, en un Foro Ciudadano hecho por la Asociación Civil “Causa en Común” en Cancún, cuestionó en torno al convenio entre el gobierno de Quintana Roo con el Ejército y con la Marina para poder tener en la entidad, la 10/a Brigada de Policía Militar.
“Ustedes pensaran que el Ejército no cobra por ir a los estados, pero esa es una percepción equivocada, el actual Secretario de Defensa Nacional cuando era comandante en su Región Militar, retiró las tropas de Tamaulipas porque el gobierno de dicha entidad no pagó el convenio y estuvo a punto de hacerlo en Nuevo León, pero el gobierno de dicho estado salió corriendo diciendo no señor comandante, ahí le va el convenio y por eso pregunto, ¿de cuánto es el convenio en Quintana Roo?”.
Fue durante los últimos años del gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto y el inicio de la administración de Carlos Joaquín González, que se acordó construir en Quintana Roo el Cuartel Militar de la 10/a Brigada de Policía Militar con capacidad para 3 mil 200 elementos, así como una Unidad Habitacional y para ello se destinó un presupuesto de poco más de 650 millones de pesos, aportados en su mayor parte, además del predio, por el gobierno del Estado.
Para la asignación del predio, en el 2017 el gobierno de Carlos Joaquín a través de la Agencia de Proyectos Estratégicos (ex Instituto de Patrimonio de Estado, IPAE) determinó procedente la desincorporación de las parcelas 205, 206, 207, y 208 que en su conjunto abarcan cerca de 360 hectáreas ubicadas dentro de lo que en su momento fue el Ejido Isla Mujeres en la zona de El Ramal Norte, cerca del actual relleno sanitario.
El 9 de octubre de 2018, en su última gira por Quintana Roo previo a dejar el cargo de presidente, Enrique Peña Nieto inauguró dichas instalaciones de la 10/a Brigada de Policía Militar (localizada en la zona limítrofe entre Cancún e Isla Mujeres) y desde entonces se designó la operatividad de un Cuartel General que quedó a cargo del General Brigadier DEM, Bernardo Bernabé Chávez Lira, el 28 Batallón al mando del Coronel Francisco Javier Mercado Gamiño, el 29 Batallón que encabezó el Coronel Francisco Javier Moreno Carrillo y el entonces Coronel Marco Antonio Rodríguez estuvo al mando del 30 Batallón, en tanto que el hoy Coronel Oscar Augusto Flores Cruz fue designado como comandante del Batallón de Operaciones Especiales (BOE).
La operatividad de la 10/a Brigada de Policía Militar en Quintana Roo, en la que se depositó la esperanza en materia de seguridad para la entidad, fue solamente de un año en virtud de que al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, dicha unidad militar fue desmantelada como ocurrió con las 11 más que hay en el país para la creación de la Guardia Nacional y la mayoría de los mandos, pese a sus inconformidades, fueron asignados a dicho proyecto de seguridad nacional. Otros tuvieron prioridades y decidieron moverse a otros batallones para mantener sus jerarquías militares, pues consideraron que la GN no tenía pies ni cabeza.
Actualmente, las instalaciones de la 10/a Brigada de Policía Militar son ocupadas por elementos del 64 Batallón de Infantería que durante muchos años estuvieron en el predio de la región 99 sobre la avenida José López Portillo donde se quedó solamente en funciones la Guarnición Militar de Cancún.
Más poder a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad
El pasado mes de mayo, en medio del incremento de casos de COVID-19 en México, los elementos del Ejército y la Marina fueron notificados que a partir de ese momento podrían ejecutar legalmente doce funciones de seguridad pública que por definición eran competencia exclusiva de los policías civiles, como es hacer detenciones por cuenta propia, hasta supervisar cruces migratorios o participar en operativos para “reestablecer el orden”.
Ello, fue en base a un Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se dotó de atribuciones extraordinarias de seguridad pública al Ejército y la Marina, para que actúen en respaldo de la Guardia Nacional.
En el papel se trata, según dicha reforma, de un apoyo solo para situaciones “extraordinarias” y subordinada a un mando civil, mientras se terminaba de conformar y desplegar a la referida Guardia Nacional. De hecho, se establece como fecha de vigencia el 27 de marzo de 2024.
Para María Elena Morera, presidenta de “Causa en Común”, el gobierno de la República no sabe ni siquiera qué quiere en materia de seguridad y prueba de ello es el programa sectorial de seguridad y protección ciudadana que se presentó a principios de este 2020, que debería de ser el plan de cómo van a combatir la inseguridad y violencia que azota al país, en realidad se trata de un asunto que no tiene pies ni cabeza, pues algunos ejemplos de lo que señala dicho programa es que confunde conceptos como diagnóstico, estrategia, objetivo y acción como si fueran temas intercambiables y su redacción se acerca más a propaganda política que a una estrategia.
Estado Mayor Presidencial sigue activo
Contrario a lo que se cree y a pesar de que en mayo del 2019 el Senado de la República avaló la derogación de artículos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para suprimir el Estado Mayor que obligaba a todos los elementos de ese cuerpo de élite que resguardaron a los presidentes por más de 70 años, regresaran a las filas del Ejército Mexicano, para este 2020 todavía se le asignó un presupuesto de 36 millones 746,816 pesos.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020 se aprobó cerca de 37 millones de pesos al EMP, de los cuales la mayor parte se va a “Servicios personales” (nómina, prestaciones e impuestos vinculados a ésto) y 1.1 millones a “Gastos de operación”.
Escándalos de las Fuerzas Armadas
En medio de todo este escenario, las Fuerzas Armadas, con una carga de trabajo más allá de la defensa de la Soberanía Nacional, también se han visto involucrados en escándalos como el caso más reciente en un supuesto enfrentamiento en Nuevo Ladero, Tamaulipas, donde elementos de la Sedena se enfrentaron a personas presuntamente miembros del crimen organizado.
“Está vivo… mátalo a la verga”; se escucha decir a un militar en un video que circuló en redes sociales donde se ordena asesinar a civil adentro de una camioneta tras el enfrentamiento. Para este caso, el gobierno federal anunció que se hará una investigación.
En la Península de Yucatán, recientemente un grupo de elementos de la Sedena adscritos a la X Región Militar difundió fotografías sobre deplorables condiciones y al parecer aislados por posible COVID-19.
Esas imágenes fueron del Centro de Adiestramiento Regional (CAR) en El Porvenir, Campeche, cuya unidad militar pertenece a la X Región Militar.
Otro caso es el que protagonizaron elementos de la 10/a Brigada de Policía Militar que a su primer semana de haber llegado a Quintana Roo, al menos seis de ellos fueron detenidos en la zona hotelera de Cancún por policías municipales, por estar escandalizando en la vía pública, cerca del área de discotecas.
Un escándalo más que cimbró a la Sedena fue la ejecución del general Mauro Enrique Tello Quiñones ocurrido en el 2009 en la ciudad de Cancún, víctima de una traición al interior de Seguridad Pública, cuya dependencia iba a dirigir durante la administración de Gregorio Sánchez Martínez.
Entre 2013 y 2019, diversas instancias del Ejército mexicano pagaron 2 mil 371 millones de pesos a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma y a pesar del grave daño al erario, ningún titular de las direcciones que autorizaron las compras que ampararon las facturas falsas ha sido sancionado.
Los recursos fueron desviados a través de 11.175 comprobantes digitales.
De acuerdo con información del diario español El País, las facturas amparan los bienes y servicios contratados por la Defensa Nacional en decenas de instalaciones castrenses que incluyen al cancelado aeropuerto de Texcoco.
Los militares y la política
Otro tema del que las Fuerzas Armadas no se han vuelto ajenas es la política y de acuerdo a Raúl Guillermo Benítez Manaut, Doctor en Estudios Latinoamericanos y profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en América Latina, con excepción de México, cuando los militares administraron directamente el aparato estatal durante gran parte del siglo XX, al no existir controles, no fueron ajenos a la corrupción, pero tampoco existían mecanismos de accountability social y política.
Así, por las múltiples debilidades de los sistemas políticos latinoamericanos, sean neoliberales, pro libre-comercio, populistas de izquierda o derecha, bolivarianos e incluso también los que han vivido mayor desarrollo de formas democráticas de gobierno, se le llama a la fuerza castrense por ser la “institución sólida”.
En ese contexto, destaca que en México existe un gran atractivo para emplear a los militares incluso por gobernantes con elevados niveles de popularidad, como Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador o AMLO en México. También esto se presenta cuando se gobierna mediante formas dictatoriales o autocráticas, donde los militares son la clave, como en Venezuela.
Pero aquí es donde los militares también se vuelven en ocasiones los protagonistas principales en el derrocamiento de gobiernos, como sucedió en Honduras en 2009 y en Bolivia a fines de 2019.
En Quintana Roo ya se ha tenido un gobernador salido de las Fuerzas Armadas, es el caso de Joaquín Hendricks Díaz que tiene el rango de Teniente Coronel, pero las circunstancias de la vida lo llevaron a incursionar en la política, pero previo a ello fue subjefe de asesores en el Estado Mayor Presidencial, luego ya fungió como director de Asuntos Jurídicos, subprocurador y procurador de Justicia y diputado federal antes de llegar a ser Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo.
Existe hartazgo de militares por las condiciones actuales
Pese a que todo aparenta estar en orden dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, existen al interior rupturas y acciones que generan hartazgo y molestia entre algunos mandos, pero principalmente en la tropa, por la forma en que son usados actualmente por el “Comandante Supremo”.
El Despertador de Quintana Roo platicó con un mando de la Guarnición Militar de Cancún, quien de manera anónima reveló que las políticas con las que son conducidas las Fuerzas Armadas, no son del todo satisfactorias para ellos, pues “ahora hasta de albañiles nos están usando”.
“Nosotros somos institucionales, tenemos disciplina que es base del funcionamiento de las Fuerzas Armadas, pero también hay momentos donde nos hartamos de la situación porque en muchos casos nos han denigrado, más allá de atender el tema de la inseguridad”, confió la fuente consultada.
Salario de las Fuerzas Armadas 2020
Datos establecidos en las “tablas de haberes” relacionadas con el salario de las Fuerzas Armadas indican que actualmente los más de 215 mil integrantes de la Sedena perciben salarios mensuales que van de los 110 mil 511.28 pesos para un general de División y hasta los 12 mil 301.22 en el caso de los soldados rasos.
En el caso de la Secretaría de Marina, el sueldo del Almirante Secretario es de 108 mil 563.81 y el de un marinero 14 mil 731.67.
Mientras que en la Guardia Nacional el Comisario General percibe un salario neto de 161 mil 574.27, en tanto que un elemento del último escalafón jerárquico es de 18 mil 057.82 pesos mensuales.
En todos los casos, el salario de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional que en un 90% es compuesta por elementos de la Sedena y Semar, es mayor al que percibe el propio Presidente de la República, pese a que en sus inicios había establecido que nadie ganaría más que él.
En cambio, estos sueldos son completamente altos a lo que ganan los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que actualmente están en la primera línea de batalla en contra del Covid-19 en el país, pues de acuerdo al Portal de Transparencia, un enfermero percibe un promedio de 9 mil 199 pesos al mes y un médico con especialidades obtiene 13 mil 475 pesos mensuales.
*** RECUADROS ***
Comparativo de salarios percibidos por las Fuerzas Armadas
Sueldos de la Sedena
General de División 110,511.28
General de Brigada 101,207.18
General Brigadier 88,460.26
Coronel 74,547.02
Teniente Coronel 50,787.04
Mayor 40,308.24
Capitán 1/o. 34,729.60
Capitán 2/o. 31,465.62
Teniente 20,173.59
Subteniente 16,774.13
Sargento 1/o. 14,235.51
Sargento 2/o. 13,839.61
Cabo 12,861.67
Soldado 12,301.22
Sueldos de la Semar
Almirante Secretario 108,563.81
Almitante Subsecretario 107,916.89
Almirante Oficial Mayor 106,905.52
Almirante Jefe del Estado Mayor 106,905.52
Almirante Inspector y Contralor General 104,654.18
Almirante 104,170.33
Vicealmirante 100,017.89
Contralmirante 86,525.59
Capitán de Navío 75,254.48
Capitán de Fragata 57,169.34
Capitán de Corbeta 39,107.93
TTE. de Navio 34,299.06
TTE. de Fragata 27,839.19
TTE. de Corbeta 22,727.83
1/ER.MTRE. 17,866.75
2/DO.MTRE. 17,330.47
3/ER.MTRE. 16,863.76
CABO 15,704.66
MRO. 14,731.67
Sueldos de la Guardia Nacional
Comisario General 161, 574.27
Comisario Jefe 147, 686.87
Comisario 128, 454.84
Inspector General 106, 300.01
Inspector Jefe 72, 527.53
Inspector 57, 389.24
Primer Subinspector 48, 153.11
Segundo Subinspector 43, 170.70
Oficial 28, 741.33
Suboficial 24, 542.95
Agente Mayor 22, 205.91
Agente 20, 608.91
Subagente 19, 135.95
Guardia 18, 057.82
* Salarios del personal del IMSS *
Médico especialidad 13 mil 475.00
Médico general 11 mil 113.00
Auxiliar de Enfermería 9 mil 984.00
Enfermero 9 mil 199.00
Nutriólogo 7 mil 633.00
Asistente de médico 5 mil 977.00
Internista 2 mil 447.00
*****
El caso Costa Rica
31 países o territorios del mundo carecen de fuerzas militares:
- 1. Andorra
- 2. Aruba
- 3. Islas Caimán
- 4. Islas Cook
- 5. Costa Rica
- 6. Curazao
- 7. Dominica
- 8. Islas Feroe
- 9. Polinesia francesa
- 10. Groenlandia
- 11. Granada
- 12. Islandia
- 13. Kiribati
- 14. Liechtenstein
- 15. Islas Marshall
- 16. Mauricio
- 17. Micronesia
- 18. Mónaco
- 19. Montserrat
- 20. Nauru
- 21. Niue
- 22. Palau
- 23. Panamá
- 24. Santa Lucía
- 25. San Vicente y Granadinas
- 26. Samoa
- 27. San Marino
- 28. San Martín
- 29. Islas Salomon.
- 30. Tuvalu
- 31. Vanuatu
En América Latina, destaca el caso de Costa Rica, que renunció a tener ejército propio en 1949, aunque sus fuerzas policiales realizan habitualmente funciones propias de un estamento militar. La llamada la Suiza de América Central proclamó su condición permanente de país neutral y desarmado en 1983, pero su protección corresponde a EEUU.
Con motivo de la conmemoración del 70 aniversario de este hito mundial, el actual mandatario Carlos Alvarado mencionó, en diciembre del 2019: “Imaginemos lo que es no invertir en tanques, en armas o en personal militar durante 70 años de manera consistente… el ahorro que eso implica, pero, a su vez, eso también explica por qué hemos logrado hacer otras inversiones importantes en educación, en medio ambiente. Además, invertir en eso nos ha permitido un desarrollo humano que consideramos positivo”. Otros frutos de esa decisión, sostuvo, han sido la práctica de la democracia y la estabilidad sociopolítica a lo largo de siete décadas.