MÉXICO.- El secuestro y asesinato de cinco trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, así como la desaparición de al menos otros cinco, evidenció la creciente penetración del crimen organizado en la industria minera en México. El ataque ocurrió el 23 de enero de 2026, cuando un grupo armado irrumpió en un campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver y privó de la libertad a 10 empleados especializados, entre ingenieros y geólogos. Días después, cinco de ellos fueron localizados sin vida en fosas clandestinas.
El hecho se registró en una región marcada por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, donde la violencia, la extorsión y el desplazamiento forzado forman parte del entorno cotidiano. Especialistas y organizaciones señalan que este caso no es aislado, sino parte de un patrón nacional en el que los grupos criminales buscan controlar yacimientos de oro, plata, litio y otros minerales por su alto valor estratégico.
De acuerdo con Insight Crime, la minería se ha convertido en una fuente de ingresos constante para los cárteles, además de ofrecer facilidades para el lavado de dinero y un bajo riesgo de detección frente a otras actividades ilícitas. El control de minas y rutas de transporte también fortalece el dominio territorial de estas organizaciones.
Casos similares se han documentado en distintos estados. En Guerrero, empresas mineras han enfrentado extorsiones y actos de intimidación; en Chihuahua se suspendieron operaciones tras amenazas directas, y en Sonora fue necesaria la intervención de fuerzas federales para proteger instalaciones estratégicas. También se han reportado robos de cargamentos de metales durante su traslado, con pérdidas millonarias.
La incursión criminal incluye, además, el control de insumos clave como el mercurio, utilizado en la separación de oro, y el acceso a explosivos y equipo especializado. Analistas advierten que, en algunos contextos, los grupos armados operan como fuerzas de presión para reprimir protestas comunitarias y asegurar la continuidad de proyectos extractivos.
La minería genera alrededor de 2.5 millones de empleos y representa cerca del 4.7% del PIB nacional. El avance del crimen organizado en este sector plantea riesgos directos para la seguridad de los trabajadores, la estabilidad de las comunidades y la viabilidad de una de las principales industrias del país. (Con información de Infobae)