MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que no utilizará las camionetas blindadas recientemente adquiridas para los ministros, tras la polémica generada por su costo y su contraste con los principios de austeridad.
El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, informó en rueda de prensa que la decisión fue tomada de manera conjunta con los integrantes del pleno, quienes acordaron prescindir de estos vehículos al considerar que actualmente no existen riesgos extraordinarios para su seguridad. Subrayó que la seguridad institucional no debe confundirse con lujos y que el compromiso con la austeridad se mantiene como eje de la nueva administración.
Aguilar Ortiz explicó que la compra de las unidades se realizó a partir de recomendaciones técnicas en materia de seguridad emitidas por autoridades federales, las cuales advirtieron que los vehículos en uso ya no cumplían con estándares adecuados. No obstante, señaló que los ministros optaron por no utilizarlas y operar con el mínimo necesario.
Precisó además que cuatro camionetas fueron retiradas previamente por ministros que concluyeron su encargo en septiembre pasado, como parte de su haber de retiro, conforme a acuerdos adoptados en la anterior integración del tribunal.
El presidente de la SCJN afirmó que la política de austeridad no es simbólica, sino una estrategia de administración responsable que busca equilibrio entre eficiencia, seguridad y uso racional de recursos, sin afectar la operación institucional ni el cumplimiento de las funciones constitucionales.
La controversia surgió tras conocerse la adquisición de camionetas blindadas marca Jeep, destinadas a los nuevos ministros electos por voto popular en junio de 2025, con un valor aproximado de 1.7 millones de pesos cada una, sin considerar el costo del blindaje.
La Corte sostuvo que la renovación del parque vehicular se realizó conforme a una normativa interna vigente desde 2019, que establece la sustitución periódica de estos vehículos por razones de seguridad, y aseguró que el proceso se llevó a cabo en paralelo a una reducción general de unidades, sin generar gasto adicional. (Con información de López-Dóriga)
