La caída en la ocupación revela un sistema turístico que privilegió la depredación, el desorden y los abusos, dejando atrás la aspiración de “ciudades felices” con seguridad, convivencia, movilidad y espacios públicos para todos; el Caribe Mexicano compite hoy en desventaja frente a destinos que avanzan hacia la sostenibilidad

SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO

El turismo, motor económico de Quintana Roo y otras entidades del Caribe Mexicano, atraviesa una crisis silenciosa. La baja ocupación de los últimos años no es un hecho fortuito: factores estructurales, abusos normalizados y un modelo depredador han tensionado el sector, afectando a la población, al medio ambiente y a la economía. El dilema es evidente: continuar con un modelo que maximiza ganancias inmediatas o transitar hacia un enfoque sostenible que respete el entorno, garantice acceso público y considere el bienestar de las comunidades. Sin cambios profundos, la caída en ocupación será apenas un síntoma visible de problemas más profundos, perceptibles para quienes viven y dependen de estos destinos.

Durante décadas, el Caribe Mexicano se proyectó como la vitrina turística del país. Cancún, Tulum, Isla Mujeres y la Riviera Maya crecieron bajo promesas de modernidad e inversión, atrayendo millones de visitantes y posicionándose entre los destinos más rentables del hemisferio. Desde fuera, la imagen es impecable: playas turquesa, hoteles de clase mundial, conectividad aérea en expansión y un flujo constante de capital que sugiere estabilidad y crecimiento.

Sin embargo, bajo esa superficie, el modelo muestra un desgaste profundo. Lo que fue motor económico hoy revela fracturas: desorden en la operación turística, abusos normalizados, deterioro urbano acelerado, desigualdad social creciente, experiencias negativas que se viralizan, mala fama ecológica y un impacto ambiental que ya no puede ocultarse. La caída en ocupación hotelera es consecuencia de problemas estructurales incubados silenciosamente.

A esto se suman prácticas que dañan la reputación del destino. El Despertador documentó caos y corrupción en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde algunos elementos de la Guardia Nacional han establecido colusiones con prestadores de servicios irregulares, derivando en cobros excesivos y arbitrariedades desde el primer contacto del turista. Fraudes en ventas por internet, tarifas abusivas en transportación, inconsistencias en hoteles y restaurantes, precios elevados en parques temáticos y el modelo “todo incluido” —beneficioso para grandes cadenas, pero debilitante para negocios locales— profundizan la crisis. Todo esto ocurre mientras el ideal de “ciudades felices” —ordenadas, seguras y con calidad de vida— se desvanece.

A nivel internacional, competidores como Punta Cana o Jamaica avanzan hacia modelos sostenibles y ordenados, aumentando la presión sobre el Caribe Mexicano. Internamente, la centralización de la promoción turística bajo una sola marca ha afectado a destinos emergentes como Bacalar, Mahahual, Holbox o Chetumal, que requieren identidad propia para consolidarse.

En marzo pasado, líderes hoteleros como Rodrigo de la Peña, José Chapur Zahoul y Jesús Almaguer alertaron sobre riesgos crecientes: migración, inseguridad y promoción insuficiente. Sumado a la privatización histórica del litoral, deterioro ambiental, falta de planeación y crecimiento acelerado sin control, el panorama es claro: un modelo que parecía indestructible enfrenta su momento más crítico. Cancún y, sobre todo, Tulum reflejan las consecuencias de años de desorden, abusos, promoción deficiente y depredación ambiental.

La combinación de estos factores evidencia un patrón inequívoco: el Caribe Mexicano enfrenta el agotamiento de un modelo que priorizó la expansión sobre la sostenibilidad, la ocupación hotelera sobre el bienestar urbano y la cantidad sobre la calidad.

Sostenibilidad y promoción: retos y contradicciones 

El Caribe mexicano concentra casi la mitad del turismo nacional, pero sus recursos naturales —playas, dunas, manglares, cenotes y ecosistemas— enfrentan desafíos crecientes derivados del cambio climático, la erosión costera y la proliferación del sargazo. Durante el 2º Foro de Sostenibilidad, que se llevó a cabo en el Moon Palace el pasado 19 de noviembre, líderes empresariales y autoridades coincidieron en que la sostenibilidad debe ser el eje de cualquier proyecto turístico.

Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, destacó la responsabilidad que implica proteger estos activos: “Hoy tenemos que ser muy responsables en todo lo que hacemos, desde el sargazo hasta los manglares. Nos llevamos la responsabilidad de lo que debemos hacer”. Bernardo Cueto Riestra, secretario estatal de Turismo, subrayó que el nuevo Plan Maestro de Turismo Sustentable coloca la sostenibilidad como eje central, con políticas públicas orientadas a justicia social, desarrollo económico y conservación ambiental, y busca convertir a Quintana Roo en un referente nacional en prácticas turísticas sostenibles.

No obstante, en los últimos meses, los líderes turísticos han expresado preocupación por la estrategia de promoción del estado, particularmente del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ). Rodrigo de la Peña señaló que la promoción, junto con la seguridad y la migración, constituye uno de los principales retos del destino. Empresarios como José Chapur Zahoul y David Ortiz Mena, del sector hotelero de Tulum, coincidieron en que es prioritario fortalecer la imagen de los destinos y recuperar la promoción institucional, especialmente frente a la competencia de otros destinos del Caribe, como Punta Cana, que logran mantener crecimientos pese a factores externos similares.

El cambio de enfoque en la promoción, que privilegia grandes destinos como Cancún y Riviera Maya y resalta el entretenimiento de sol y playa frente a atractivos de otros puntos del estado, generó inquietud entre hoteleros y expertos. La centralización bajo la marca “Caribe mexicano” deja rezagadas a zonas emergentes del sur del estado —Bacalar, Mahahual y Chetumal—, limitando la expresión de la diversidad y el reconocimiento de cada destino.

Ciudades felices que dejaron de serlo

La promesa original de los destinos del Caribe Mexicano era simple y poderosa: crear ciudades vibrantes, ordenadas y capaces de ofrecer bienestar tanto a residentes como a visitantes. Cancún, por ejemplo, nació como un proyecto integral donde la planeación urbana, los servicios públicos y el acceso a la vivienda eran pilares de un modelo de desarrollo aspiracional. Sin embargo, décadas después, esa visión se ha diluido entre decisiones improvisadas, crecimiento desbordado y presión demográfica sin precedentes.

De acuerdo con el regidor Samuel Mollinedo, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Benito Juárez, quien hace algunas semanas presentó el libro Programa de Regularización para el Bienestar Patrimonial, hoy la ciudad de Cancún ya registra alrededor de un millón 200 mil habitantes, aunque otras estimaciones elevan la cifra a más de un millón 500 mil cancunenses. Lo que debería ser un entorno amable se ha transformado en un espacio marcado por la congestión vial, el encarecimiento de la vida, la privatización de áreas públicas y el acceso cada vez más limitado a las playas. La desconexión entre turismo y comunidad local es evidente: mientras algunos disfrutan el paraíso, otros enfrentan ciudades que han perdido los indicadores básicos de calidad de vida.

El concepto de “ciudad feliz” —aquella que garantiza seguridad, convivencia, movilidad, espacios públicos y oportunidades para todos— se diluye frente a esta realidad. Las necesidades de los trabajadores de la industria turística, que sostienen gran parte de la economía local, a menudo quedan fuera de la ecuación, y los valores subjetivos del bienestar humano se subordinan al crecimiento económico inmediato. La brecha entre ingresos generados por el turismo y la calidad de vida de quienes habitan la ciudad se hace cada vez más evidente.

El fenómeno no es exclusivo del Caribe Mexicano. Ciudades como Acapulco y Tijuana enfrentaron problemas similares: altos índices de inseguridad, desigualdad social y deterioro urbano a pesar de su éxito turístico. En Quintana Roo, la misma dinámica se repite, con Tulum como ejemplo de cómo el encarecimiento de los costos y la especulación inmobiliaria impactan directamente en la vida cotidiana de residentes y trabajadores.

Este proceso degenerativo del turismo evidencia la necesidad de repensar la industria desde una perspectiva humanista. Es urgente un modelo que integre la planificación urbana, la equidad social y el bienestar de los habitantes, para que el éxito turístico no siga siendo un lujo que excluye a quienes construyen y sostienen el destino.

Un turismo depredador que agota el territorio

El turismo, desde su origen, conlleva un grado inherente de impacto y depredación ambiental, pues incluso en su versión más controlada, parte de intervenir la naturaleza y alterar el entorno para hacerlo accesible y atractivo a los visitantes. Para que exista, se requiere abrir caminos, construir infraestructura, adaptar paisajes y destinar recursos naturales a actividades recreativas. Esa transformación modifica ecosistemas, desplaza dinámicas locales y presiona territorios que antes funcionaban con otros ritmos. 

Hoteles construidos sobre dunas, relleno de humedales y expansión urbana sin regulación son los legados más visibles de un modelo turístico que priorizó la rentabilidad sobre la sostenibilidad. El Caribe Mexicano creció de manera vertiginosa, pero dejó una huella ambiental irreversible: erosión de playas, pérdida de vegetación y presión constante sobre los recursos hídricos.

El ya desaparecido Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) no solo impulsó la creación de Cancún, sino que se convirtió en la mayor inmobiliaria del país al vender, primero a altos costos y posteriormente en remates, prácticamente toda la zona hotelera sin que ningún gobierno estableciera límites claros. Esto permitió que la región se desarrollara a un ritmo superior a la capacidad natural y administrativa del territorio.

En menos de cuatro décadas, lo que era un ecosistema frágil se transformó en un corredor turístico urbano, donde la presión inmobiliaria, el consumo desmedido de recursos y la degradación ambiental se volvieron moneda corriente. La destrucción de manglares, la erosión de playas, el colapso de acuíferos, el vertido de aguas residuales y la expansión de megaproyectos sin evaluaciones adecuadas deterioraron un entorno que alguna vez fue el mayor activo de la región. La disputa por el suelo, la urbanización descontrolada y la privatización del litoral consolidaron un modelo extractivo que consume más de lo que aporta.

Tulum es el ejemplo más evidente de esta dinámica: un destino que creció al margen de toda regulación, donde hoteles irregulares, construcciones en zonas protegidas y desarrollos sin drenaje conviven con un discurso “eco-chic” que contradice la realidad. Así, el turismo dejó de ser motor de desarrollo sostenible y se convirtió en una industria depredadora que amenaza la viabilidad futura de los destinos del Caribe Mexicano.

Mala fama ecológica y deterioro de imagen internacional

La narrativa de un Caribe Mexicano sostenible está perdiendo fuerza frente a la evidencia acumulada de deterioro ambiental. Reportes sobre deforestación, pérdida de dunas, contaminación del acuífero, saturación turística y una creciente carga de residuos se han convertido en un patrón visible más allá de las fronteras. Hoy, la mala fama ecológica del destino aparece en medios internacionales, plataformas de reseñas y foros de viajeros que cuestionan su compromiso real con la conservación.

Esta percepción global se profundiza por la contradicción entre el discurso oficial —centrado en ecoturismo, turismo sustentable y supuesta responsabilidad ambiental— y la realidad en territorio. Mientras se promociona una visión verde, avanzan proyectos que fragmentan reservas de la biosfera y áreas naturales protegidas como Sian Ka’an, Holbox, Calakmul o Puerta del Mar, todas de alto valor ecológico y algunas reconocidas por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), dedicada a promover la cooperación y la preservación del patrimonio cultural y natural del mundo mediante su Programa de Patrimonio Mundial. Estas designaciones buscan salvaguardar sitios cuya riqueza ecológica es única e irreemplazable.

A ello se suman las obras vinculadas al Tren Maya en todo Quintana Roo y la construcción de hoteles militares y casas de descanso en diversos puntos estratégicos del estado —Puerto Juárez, Puerto Morelos, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar— que continúan expandiéndose con impactos ambientales minimizados o ignorados por las autoridades, incluso en zonas que deberían contar con la máxima protección institucional.

Además, decenas de hoteles y edificios condominales se edifican sin contar con todos los permisos ecológicos, principalmente la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que debe expedir la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En conjunto, estos desarrollos vulneran áreas protegidas y profundizan la percepción de un destino que contamina más de lo que conserva y depreda los mismos ecosistemas que lo hacen atractivo.

En Tulum, por ejemplo, no existe drenaje sanitario ni relleno sanitario, por lo que la contaminación del manto acuífero aumenta sin que se tomen medidas. Lo que antes parecían excepciones hoy conforma una tendencia: autoridades permisivas, prestadores de servicios centrados en la rentabilidad inmediata y un modelo turístico que sigue apostando al volumen sin medir consecuencias. En un contexto donde el turismo mundial exige responsabilidad ambiental, experiencias auténticas y prácticas respetuosas con la naturaleza, el Caribe Mexicano enfrenta un deterioro reputacional que amenaza directamente su competitividad y sostenibilidad futura.

Abusos normalizados y prestadores de servicios exhibidos

Uno de los problemas más persistentes es la cultura del abuso que se ha normalizado. Desde el transporte en el aeropuerto —donde cobros excesivos, prácticas arbitrarias y redes irregulares operan a la vista de todos— hasta restaurantes que inflan cuentas, hoteles que aplican cargos sorpresivos o tours que no cumplen lo prometido.

Desde la perspectiva de Augusto Bojórquez, expresidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes, el desorden y los abusos en el sector han sido clave para el deterioro del turismo, y “lamentablemente nadie exige que esto se pueda revertir, a pesar de que cada vez el problema de la baja ocupación es más evidente”.

Añade que “un turista, cuando llega por ejemplo a Cancún o a cualquier destino solo o con su familia, lo que quiere es descansar y pasársela bien; pero desde que llega se enfrenta a abusos y maltrato, y si esto se graba y se sube a redes sociales, el maltrato se difunde con justa razón”.

A ello se suman fraudes en ventas por internet, plataformas falsas, agencias sin registro y operadores improvisados que engañan a los visitantes. Estas prácticas erosionan la confianza, afectan la reputación del destino y generan experiencias negativas que los turistas comparten masivamente.

La mala fama de algunos prestadores de servicios —taxis, guías improvisados, vendedores de tiempo compartido, transportistas— se ha arraigado hasta el punto de que muchos visitantes advierten a otros sobre “qué evitar” antes de viajar al Caribe Mexicano. El efecto es devastador: cada abuso aislado se convierte en un daño colectivo.

Precios inalcanzables y descontrol

Mientras la calidad de los servicios no mejora al ritmo del destino, los costos sí lo hacen. El Caribe Mexicano se ha convertido en uno de los destinos más caros del hemisferio, con tarifas de parques temáticos inasequibles para familias enteras —sobre todo las locales—, transporte más caro que en ciudades de primer mundo y consumos básicos que superan los estándares de destinos competidores.

Este encarecimiento alimenta la percepción de abuso y aleja a visitantes de segmentos medios, que ahora eligen alternativas más competitivas como Punta Cana, Jamaica o Cartagena. Incluso viajeros recurrentes —antes fieles al destino— han comenzado a buscar lugares más accesibles y menos agresivos en su estructura de precios.

Al respecto, el pasado fin de semana, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que llevó a cabo un operativo en Tulum, en el que suspendió cuatro hoteles, Pocna Tulum, Villa Pescadores, Cabañas Playa Condesa y Diamante K, este último propiedad del actor y empresario Roberto Palazuelos. La investigación reveló que los precios alcanzaban en algunos casos tarifas de más de 10 mil pesos en habitaciones sencillas o dobles, significativamente superiores a las tarifas en el centro de Tulum.

Además, en la zona se detectaron cobros excesivos en alimentos y bebidas, como hamburguesas y tacos, cuyos precios alcanzaron máximos de más de 400 pesos, además de irregularidades en supermercados y cadenas de conveniencia, donde se observaron precios por encima del promedio nacional.

El todo incluido y el debilitamiento de la economía local

Aunque los hoteles todo incluido siguen siendo rentables para las grandes cadenas, su expansión ha reducido el impacto económico del turismo en la comunidad local. Cada vez más turistas pasan la mayor parte de su estancia dentro de los complejos, consumiendo alimentos, bebidas y actividades en un circuito cerrado que limita el flujo económico hacia restaurantes, tiendas, prestadores independientes y pequeños negocios.

Este modelo, diseñado para maximizar ingresos internos, ha generado un ecosistema donde la derrama económica disminuye para quienes dependen directamente del visitante. En paralelo, los servicios externos enfrentan mayores dificultades para competir, mientras la estructura económica local se vuelve más frágil y dependiente.

Competencia internacional y pérdida de atractivo

Mientras el Caribe Mexicano lidia con desorden, abusos e impactos ambientales, otros destinos avanzan en dirección opuesta: regulación estricta, protección del entorno, planeación urbana, diversificación de productos turísticos y políticas claras de ordenamiento.

Punta Cana, Jamaica y Aruba, entre otros destinos, han fortalecido su competitividad con estrategias que incluyen incentivos, conectividad eficiente, promoción estratégica y modelos más equilibrados. La comparación es inevitable: mientras unos ordenan, otros improvisan.

A este conjunto de retos internos se suma un factor que ha profundizado la pérdida de competitividad: la percepción de inseguridad.

Las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos —que recomiendan a sus ciudadanos evitar amplias regiones de México—, aunque no incluyen una restricción específica para Quintana Roo, sí advierten sobre riesgos asociados a la violencia, operativos criminales, desapariciones y ejecuciones que se difunden internacionalmente y terminan por afectar la imagen de los destinos. La mala fama ha alcanzado mercados antes impensables, como Canadá, que recientemente emitió su propia alerta de viaje para México, ampliando el impacto en la confianza del consumidor y en la toma de decisiones de potenciales visitantes. Para una industria tan sensible como el turismo, donde la percepción es casi tan determinante como la experiencia, estos avisos funcionan como un freno inmediato.

El Caribe Mexicano dejó de ser el destino incuestionable del hemisferio, y esa pérdida de liderazgo se refleja en la ocupación hotelera, la inversión y la intención de repetición del visitante.

Privatización del litoral, desigualdad social y deterioro urbano

En las costas, donde las playas deberían ser espacios públicos, se ha consolidado una privatización silenciosa: concesiones hoteleras y construcciones sobre la primera franja marítima han convertido arenales tradicionales en terrenos casi inaccesibles para la población local, restringiendo el acceso y eliminando espacios de convivencia comunitaria.

La desigualdad social es evidente: mientras las zonas hoteleras lucen impecables, las colonias cercanas carecen de servicios básicos como drenaje, agua o infraestructura urbana. Desarrollos de lujo conviven con comunidades que subsisten con inversiones mínimas, mostrando que la promesa de prosperidad nunca se ha distribuido de manera equitativa.

A esta inequidad se suma la falta de seguros adecuados en muchos desarrollos turísticos, incluyendo cobertura contra sargazo, huracanes, daños a terceros y protección de arena y playas. Su ausencia aumenta la vulnerabilidad del litoral y limita la capacidad de respuesta ante emergencias naturales o accidentes.

Otro factor crítico es la evasión y traslado de obligaciones fiscales: muchos hoteleros declaran impuestos en la Ciudad de México, reduciendo los recursos locales disponibles para infraestructura, servicios y seguridad. Esta práctica, junto con exenciones fiscales, profundiza la desigualdad y dificulta la regulación efectiva del sector.

La política pública ha sido inconsistente: cada gobernante ha adoptado estrategias distintas respecto al litoral, los seguros y la fiscalidad, generando vacíos legales que favorecen la concentración de beneficios en unos pocos actores privados.

El crecimiento turístico ha profundizado el deterioro urbano: se expande hacia afuera sin revitalizar las ciudades, priorizando sol y playa de alta gama, bodas y convenciones, mientras que modalidades más inclusivas —ecoturismo, turismo de aventura, médico, deportivo, arqueológico, religioso o de buceo— quedan relegadas.

Estas dinámicas se desarrollan bajo una administración local con fuertes vínculos con la industria hotelera: la alcaldesa Ana Paty Peralta proviene de una familia hotelera, consolidando un modelo que beneficia a unos pocos y margina a muchos, dejando de lado la seguridad, la equidad fiscal y el bienestar urbano.

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En el Aeropuerto de Cancún, la Guardia Nacional protege a piratas

El pasado martes 18 de noviembre, la actividad en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) parecía transcurrir con normalidad: familias arrastraban maletas, viajeros revisaban sus teléfonos, y vehículos de todo tipo —taxis, unidades de empresas turísticas, vehículos con placas federales y muchos particulares sin acreditación oficial para transporte de pasajeros— entraban y salían de las áreas de abordaje.

Sin embargo, detrás de esta rutina, se evidenció un sistema de corrupción que pone en jaque a turistas, conductores y periodistas por igual. El Equipo de Investigación de El Despertador documentó el flujo de pasajeros y la operación del transporte. Como protocolo de seguridad, se solicitó autorización a ASUR, el administrador del aeropuerto, para tomar fotografías en áreas comunes, lo cual fue permitido.

En la terminal 2, los periodistas fueron testigos de un hecho que evidenció un patrón de protección ilegal: tres elementos de la Guardia Nacional —tres hombres y una mujer— retenían a un conductor particular, alegando que operaba como Uber, mientras sujetos identificados como “halcones” insultaban y amedrentaban al equipo periodístico.

Los oficiales intentaron intimidar a los periodistas, exigiendo grabar a distancia y firmar un acta basada en los artículos 21 de la Constitución y 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pese a que el equipo contaba con autorización de ASUR para cubrir el aeropuerto. La GN documentaba a los periodistas, pero protegía a los transportistas irregulares, un comportamiento que fuentes locales califican como colusión y corrupción sistemática.

Este hostigamiento vulnera derechos fundamentales: la libertad de expresión en México, garantizada por los artículos 6 y 7 de la Constitución, protege la libre difusión de ideas y opiniones, prohíbe la censura previa y solo permite restricciones para proteger los derechos de terceros o la seguridad nacional. Este derecho también está reconocido internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, compromisos que México ha ratificado. Obligar a los periodistas a rendir cuentas sobre su trabajo constituye una violación directa de estas garantías.

Fuentes locales denuncian que cada unidad irregular paga hasta 5,000 pesos cada 10 días para operar impunemente, mientras conductores de plataformas digitales y transporte legal sufren acoso constante. Además, señalan a un elemento apodado “Murciélago” como uno de los principales cómplices de la corrupción. El oficial que condujo la “entrevista de hechos”, Samael Flores Vaca, de la Unidad 23985, justificó la intervención como parte de sus funciones legales, pero la actuación de la GN evidencia un modus operandi de impunidad, donde autoridades federales y transportistas irregulares actúan en conjunto, en detrimento del turismo y la seguridad de los pasajeros.

La presencia de la Guardia Nacional, que debería garantizar la ley y la seguridad, se ha convertido en un instrumento de intimidación y protección de la ilegalidad. El Despertador advierte que continuará documentando y denunciando estas irregularidades, y hace responsable a la GN de cualquier incidente que pudiera ocurrir a quienes cumplen con su labor de informar.

El Aeropuerto de Cancún, escaparate turístico internacional, muestra así una cara oscura que amenaza la confianza de los visitantes y la integridad de quienes trabajan por un turismo seguro y transparente. Todo esto no es un invento de El Despertador: en redes sociales se han evidenciado decenas o cientos de videos en donde los turistas son amenazados por transportistas irregulares y la Guardia Nacional, que, en lugar de actuar contra quienes dañan la imagen turística, los protegen.

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10 puntos clave para tratar de revertir la crisis turística en el Caribe Mexicano

1.- Transitar hacia un modelo turístico sostenible

• Priorizar proyectos que equilibren crecimiento económico, conservación ambiental y bienestar social, incluyendo planificación urbana y protección de ecosistemas clave.

2.- Fortalecer la promoción diversificada de destinos

• Dar visibilidad a destinos emergentes como Bacalar, Mahahual, Holbox y Chetumal, mostrando la diversidad del Caribe Mexicano y no depender únicamente de Cancún y Riviera Maya.

3.- Reforzar la regulación de construcción y urbanización

• Limitar desarrollos sobre dunas, humedales y áreas protegidas, garantizando permisos ecológicos y controles estrictos que eviten expansión desordenada.

4.- Revertir la privatización del litoral y garantizar acceso público

• Implementar políticas que aseguren playas y espacios públicos accesibles para la comunidad, evitando que el desarrollo hotelero limite la convivencia social y el disfrute del entorno natural.

5.- Combatir la corrupción y los abusos en el sector 

• Investigar y sancionar prácticas ilegales, como colusión en transporte aeroportuario, cobros excesivos, fraudes en ventas y abusos en hoteles y restaurantes.

• Establecer canales de denuncia confiables para turistas y prestadores legales.

• Organizar un foro o reunión con expertos en turismo, urbanismo, derechos del consumidor y sostenibilidad, para analizar los abusos normalizados, generar soluciones concretas y compromisos del sector público y privado para revertir el desorden.

6.- Redefinir el modelo “todo incluido” y apoyar la economía local

• Incentivar que el gasto turístico se disperse hacia negocios locales y pequeños prestadores de servicios, para que el turismo beneficie directamente a las comunidades.

7.- Implementar políticas de precios y accesibilidad justa

• Evitar tarifas excesivas en transporte, parques y servicios básicos que excluyan a turistas de segmentos medios, manteniendo competitividad frente a destinos rivales.

8.- Mejorar infraestructura urbana y servicios para residentes

• Restaurar la visión de “ciudad feliz” asegurando movilidad, seguridad, vivienda y acceso a servicios públicos, de manera que los residentes también se beneficien del turismo y se reduzca la desigualdad.

9.- Recuperar la reputación ecológica internacional

• Detener proyectos que dañen áreas protegidas, reforzar prácticas de turismo responsable y comunicar de forma transparente los avances en sostenibilidad, para recuperar la confianza global.

10.- Fortalecer la gobernanza y coordinación institucional

• Establecer un marco regulatorio consistente que implique colaboración entre gobierno, sector privado y sociedad civil, con transparencia en fiscalización, promoción, planeación urbana y protección ambiental.