Mientras Cancún se prepara para albergar el Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad, en una ciudad donde el caos es la norma, el IMOVEQROO tiene en sus manos la oportunidad de romper un modelo que ha normalizado la ineficiencia, el abuso y el riesgo para los usuarios
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR
Mientras Cancún afina los detalles para albergar el Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad “Ciudades en Movimiento”, los próximos 12 y 13 de febrero —un encuentro que reunirá a más de 300 autoridades y especialistas para debatir sobre una movilidad más humana y sostenible, con las personas en el centro—, miles de ciudadanos enfrentan todos los días una realidad diametralmente opuesta: paraderos inservibles, traslados interminables, unidades saturadas, accidentes recurrentes y un sistema de transporte público que opera más por tolerancia política que por planeación técnica.
El contraste es brutal. Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, traslada diariamente a su fuerza laboral —camaristas, meseros, guardias, cocineros, estudiantes— en combis y camiones inseguros, muchos de ellos rebasados en su vida útil, sin control efectivo de horarios, velocidades ni capacidad.
La crisis de movilidad no es nueva ni aislada. Es el resultado de decisiones postergadas durante al menos tres décadas, de concesiones ampliadas sin exigir mejoras reales y de un modelo que permite que alrededor de 900 millones de pesos circulen cada año en el sistema, según datos de 2025, mientras el costo real lo pagan los usuarios en tiempo perdido, dinero y riesgo.
Hoy, la ciudad que presume debates de vanguardia en movilidad sigue moviéndose como una ciudad rica con transporte pobre.
Durante años, el sistema de transporte público en Cancún ha operado bajo un esquema marcado por la falta de supervisión, el incumplimiento sistemático de la ley y la tolerancia institucional. El traslado cotidiano se ha convertido así en un riesgo permanente para usuarios, turistas y peatones. No se trata de fallas aisladas, sino de irregularidades estructurales y persistentes, pese a estar claramente reguladas por la legislación vigente y las concesiones otorgadas.
Transporte sin fiscalización ni operadores capacitados
El transporte público y especializado en Cancún opera en amplias zonas al margen de la ley, sin controles efectivos ni personal capacitado. En El Crucero funciona un corredor informal con destinos a Chiapas, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México, con unidades que a menudo carecen de pólizas de seguro para pasajeros y daños a terceros, incumpliendo la Ley de Movilidad del Estado. Los accidentes derivados de esta operación obligan a las víctimas a enfrentar procesos legales directos contra los operadores, sin reportes públicos de supervisión ni sanciones ejemplares.
El transporte turístico tampoco escapa a estas irregularidades. Unidades que circulan hacia la Zona Hotelera y corredores turísticos carecen de revisiones mecánicas periódicas y seguros vigentes, y muchos operadores no cuentan con capacitación básica ni dominio del inglés, requisito esencial para un destino internacional. Esta situación ha derivado en cobros arbitrarios, pagos en dólares y tarifas fuera de norma, aprovechando el desconocimiento de los visitantes.
El desorden se profundiza con rutas ilegales que duplican recorridos y saturan avenidas, mientras gran parte del parque vehicular incumple requisitos básicos como extintores, botiquines, gobernadores de velocidad y botones de pánico. Casos de colapso vial, abandono de paraderos, cobros irregulares y tarifas nocturnas indebidas evidencian un sistema sin planeación ni rendición de cuentas. En Cancún, la pregunta no es qué falla, sino por qué este desorden se ha permitido como norma.
Lo que presume IMOVEQROO y lo que ocurre en las calles
El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) ha presentado a Cancún como sede del Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad “Ciudades en Movimiento” destacando supuestas reformas estructurales y una visión centrada en las personas, la justicia social y el bienestar colectivo. El organismo refiere que este encuentro representará un espacio estratégico para debatir el diseño, financiamiento y operación de sistemas de transporte en América Latina.
El evento cuenta con el respaldo de organismos internacionales como el World Resources Institute, el Banco Mundial, el BID, la UITP y la GIZ, y se prevé la participación de más de 300 autoridades, especialistas y actores del sector privado de México, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Costa Rica y Estados Unidos.
Sin embargo, la experiencia cotidiana de los usuarios contrasta con la narrativa oficial. Persisten rutas superpuestas, paraderos improvisados, largos tiempos de espera, presión económica sobre los choferes y una fiscalización prácticamente inexistente. Mientras Quintana Roo se proyecta como referente en movilidad sostenible, la operación real sigue privilegiando concesiones y rentabilidad por encima de la movilidad digna y segura. La distancia entre discurso y realidad confirma que los supuestos avances aún no se reflejan en la vida diaria de los ciudadanos.
Antecedentes que erosionan la confianza ciudadana
Los intentos de IMOVEQROO por mejorar el transporte público han estado marcados por decisiones controvertidas que han debilitado la credibilidad institucional. A finales de 2025 se intentó implementar el Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI), acompañado del anuncio de un aumento en las tarifas del transporte público en Cancún y la zona hotelera.
La reacción social fue inmediata. Usuarios, sectores sociales y actores políticos rechazaron el ajuste, y la gobernadora Mara Lezama desmintió que existiera autorización para modificar las tarifas. Días después, el Cabildo de Benito Juárez confirmó que no había aprobado cambios, evidenciando una falta de coordinación entre la autoridad técnica y la política.
Aunque el incremento fue frenado, MOBI quedó marcado como un proyecto improvisado y sin respaldo sólido. Este contexto explica la desconfianza con la que se recibió la Consulta Ciudadana en Materia de Movilidad, realizada en octubre de 2025. El ejercicio fue cuestionado por limitarse a una sola pregunta que vinculaba el aumento tarifario con mejoras prometidas sin garantías verificables. A ello se sumaron denuncias de coerción laboral contra operadores obligados a votar a favor, lo que deslegitimó el proceso y reforzó la percepción de simulación en la participación ciudadana.
Concesiones ampliadas y falta de control
El transporte público en Cancún está concentrado en cuatro concesionarias: Autocar, Turicun, Maya Caribe y la Cooperativa Bonfil. En septiembre de 2018, cuando estaba por concluir la administración de Remberto Estrada Barba, estas empresas recibieron una ampliación anticipada de 10 años, pese a que los permisos aún tenían seis meses de vigencia. La decisión, avalada por el Cabildo con 12 votos a favor y cuatro en contra, les permite seguir operando hasta 2029 sin una revisión integral ni compromisos claros de mejora.
A tres años de la entrada en vigor de estas concesiones, no se ha realizado una evaluación de fondo ni se han aplicado sanciones efectivas pese a quejas recurrentes por retrasos, hacinamiento, unidades en mal estado y deficiencias del servicio.
A este escenario se suman otros actores que fragmentan la movilidad: Transporte Terrestre Estatal, combis de la Franja, unidades de Isla Mujeres, taxis, plataformas digitales y mototaxis amparadas por diversos sindicatos, muchas sin seguros mínimos.
El resultado es un sistema saturado y desordenado, sin una autoridad claramente identificable que supervise el cumplimiento de las normas. Aunque la regulación establece estándares mínimos de operación, estos se incumplen de forma sistemática, dejando a los usuarios en una situación de vulnerabilidad permanente.
Incumplimientos, cobros indebidos y amago de aumento tarifario
Las concesionarias no solo operan con deficiencias estructurales, sino que también incumplen obligaciones legales y aplican tarifas fuera de norma. En la zona urbana, la tarifa autorizada es de 9.50 pesos, aunque de manera generalizada se cobran 10 pesos. En la zona hotelera, el costo vigente es de 12 pesos. Aun así, a partir del 1 de diciembre de 2025 se pretendió incrementar las tarifas a 13 y 15 pesos, respectivamente, sin que se corrigieran las fallas del servicio ni se acreditara el cumplimiento de los requisitos legales.
El Reglamento Municipal de Transporte establece 28 causales para la revocación de concesiones, muchas de ellas incumplidas de forma reiterada: falta de mantenimiento, ausencia de seguros, alteración de rutas y horarios, suspensiones arbitrarias del servicio y la omisión de espacios destinados a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.
Usuarios denunciaron prácticas irregulares, como en El Crucero, donde combis retrasan deliberadamente la salida de las unidades hasta después de las 23:00 horas para aplicar tarifas nocturnas de hasta 20 pesos, aun cuando los pasajeros llegaron antes de ese horario. No existen sanciones visibles ni procesos de revocación efectivos, dejando a los usuarios pagando más por un servicio inseguro y deficiente, en un sistema que ignora la ley y prioriza la recaudación por encima de la calidad del transporte.
Combis y TTE: sin seguros ni garantías para el usuario
La operación de combis y unidades de Transporte Terrestre Estatal (TTE) exhibe omisiones graves que colocan en riesgo permanente a los usuarios. En la mayoría de los casos no se entregan boletos, lo que deja sin respaldo cualquier supuesto seguro de pasajero y evidencia la ausencia de pólizas obligatorias, como el seguro de daños a terceros exigido por la ley. Esta práctica ha derivado en accidentes en los que las víctimas deben enfrentar procesos legales sin cobertura ni responsabilidad claramente establecida.
A ello se suma el incumplimiento de una disposición básica: ninguna de estas unidades cuenta con gobernadores de velocidad. La ausencia de este mecanismo permite excesos de velocidad y “carreras” entre unidades para ganar pasaje, una conducta recurrente que incrementa de manera directa el riesgo de siniestros.
La inseguridad se agrava con el exceso de pasajeros, unidades en malas condiciones, conducción imprudente y una supervisión prácticamente inexistente. Los accidentes, incluso con consecuencias fatales, se han normalizado sin sanciones ejemplares. Detrás del volante, la presión económica profundiza el problema: choferes deben cubrir cuotas diarias de entre 1,000 y 1,700 pesos, además de gasolina y otros gastos, lo que incentiva abusos y prioriza la recaudación por encima de la seguridad del usuario.
Una ciudad de más de un millón de habitantes con movilidad del pasado
Cancún, una ciudad que ya supera el millón de habitantes, enfrenta una presión creciente sobre su sistema de movilidad, lo que vuelve impostergable replantear el modelo actual. Desde la propia visión oficial se reconoce un rezago histórico que impacta de manera directa en la vida cotidiana de miles de ciudadanos.
Samuel Mollinedo Portilla, regidor y presidente de la Comisión de Movilidad, admite que el atraso acumulado es de al menos 30 años, resultado de décadas en las que se otorgaron concesiones sin planeación integral ni mejoras reales en el desplazamiento urbano. Este rezago no solo afecta al transporte público, sino también a peatones y automovilistas, reflejando un modelo de ciudad poco funcional frente a su acelerado crecimiento poblacional.
Ante este panorama, la estrategia planteada apunta a una transformación estructural de largo plazo. Se prevé un reordenamiento integral de rutas, nuevos proyectos de infraestructura vial como el puente vehicular en la laguna Nichupté y el impulso a la movilidad activa mediante ciclopistas y espacios seguros para peatones. En paralelo, las concesiones con incumplimientos documentados se encuentran bajo revisión, en un intento por avanzar hacia un sistema más ordenado y acorde a las necesidades reales de una ciudad que dejó atrás la escala para la que fue planeada.
Indefinición en el control del transporte
Pese a los anuncios realizados en noviembre sobre la posibilidad de que el Gobierno del Estado asuma el control total del transporte público, la medida no se ha concretado. El secretario del Ayuntamiento Benito Juárez, Pablo Gutiérrez, afirmó que no existe una reforma formal que retire al municipio sus atribuciones, por lo que cualquier cambio continúa en revisión.
Esta indefinición ha generado un vacío de responsabilidad operativa, en el que no hay una autoridad claramente establecida como responsable total del sistema. En este contexto, el funcionario subrayó que mientras no se modifique el esquema actual, no existe fundamento para autorizar un incremento en la tarifa del pasaje.
Desde la administración municipal se insiste en que la prioridad es mejorar la movilidad como un eje directamente vinculado con la calidad de vida. Entre las acciones destacadas se encuentran la repavimentación de vialidades, la modernización de la semaforización, la operación del Centro de Monitoreo de Semáforos y la implementación de cruces seguros bajo la pirámide de movilidad.
En materia de transporte público, recordó que las concesiones vigentes fueron ampliadas por 10 años durante la administración 2016–2018, por lo que antes de discutir tarifas, la exigencia es elevar la calidad del servicio y reducir los tiempos de traslado.
El desorden permitido como política de facto
Más allá de las fallas técnicas y operativas, el sistema de transporte público en Cancún refleja un problema estructural: la tolerancia institucional al incumplimiento. La ausencia de fiscalización constante, sanciones ejemplares y procesos de revocación efectivos ha convertido la excepción en regla y el desorden en una práctica normalizada.
Rutas ilegales, unidades sin seguros, cobros indebidos, paraderos abandonados y tarifas aplicadas de manera discrecional conviven sin consecuencias visibles. Este escenario no solo afecta a los usuarios, sino que distorsiona cualquier intento de planeación a largo plazo, al sostenerse sobre un sistema que opera sin datos públicos, evaluaciones técnicas ni rendición de cuentas.
Mientras el discurso oficial habla de transformación, justicia social y movilidad sostenible, en la realidad persiste un modelo que privilegia intereses económicos, concesiones ampliadas y omisiones administrativas. La falta de una autoridad claramente identificable que asuma la supervisión cotidiana diluye responsabilidades y perpetúa el problema.
Normas incumplidas en el transporte público de Cancún
El transporte público en Benito Juárez enfrenta violaciones sistemáticas al Reglamento de Transporte Público de Pasajeros en Ruta Establecida y Vialidad. El Artículo 124 faculta al Ayuntamiento a revocar concesiones cuando los operadores prestan un servicio irregular, inseguro o deficiente; alteran tarifas, horarios o rutas sin autorización; utilizan vehículos no registrados o en mal estado; carecen de pólizas de seguro vigentes o incumplen obligaciones legales y contractuales.
Asimismo, se contemplan sanciones cuando las conductas ponen en riesgo la integridad de los usuarios, incluyendo la comisión de delitos durante el servicio o la omisión de información a las autoridades sobre incidentes, vehículos u operadores.
El Artículo 195 establece que al menos el 10% de los asientos deben destinarse a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con movilidad limitada, garantizando condiciones de seguridad y accesibilidad. En la práctica, esta disposición se incumple de manera recurrente.
Estas normas buscan asegurar un servicio continuo, seguro y eficiente. Sin embargo, su incumplimiento sistemático evidencia fallas graves en la supervisión y el control del transporte público, consolidando un modelo donde la ley existe, pero no se aplica.
*****
RUTA 15-C: 40 MINUTOS PARA CRUZAR UN SISTEMA DESORDENADO
El equipo de investigación de El Despertador realizó trabajo de campo para comprobar, desde la experiencia directa, lo que miles de usuarios padecen a diario en el transporte público de Cancún. Sin intermediarios, sin versiones oficiales ni cifras optimistas: solo el recorrido real.
La prueba comenzó en el extremo del fraccionamiento Villas del Mar, en la supermanzana 250. Son las 11:37 de la mañana. El clima es fresco, alrededor de 19 grados. No hay tráfico pesado ni condiciones propias de la hora pico. Aun así, el traslado hasta la terminal de autobuses ADO, alrededor de 10.5 kilómetros, toma cerca de 40 minutos, un trayecto que en vehículo particular no dura más de 25 minutos.
La unidad de la ruta 15-C, una combi diseñada para 16 pasajeros sentados, comienza a llenarse casi de inmediato. En menos de cinco minutos, sin haber salido aún del fraccionamiento, el vehículo ya opera prácticamente al límite de su capacidad. Mujeres, trabajadores, jóvenes y madres de familia ocupan cada espacio disponible.
Durante el trayecto ocurre un hecho revelador: al percatarse de que el recorrido está siendo documentado, el chofer modifica su comportamiento. Deja de subir pasaje parado y continúa la marcha sin admitir a más usuarios, una práctica poco común en rutas donde la sobrecarga suele ser la norma cotidiana.
“Dependiendo del tráfico, hasta una hora”
Verónica, usuaria cotidiana del transporte público, accede a compartir su experiencia. Explica que el traslado hacia el centro de la ciudad puede tomar entre 40 minutos y una hora, dependiendo del tráfico.
—No todas las unidades son nuevas. Hay algunas cómodas, pero muchas no lo son y además son pequeñas —comenta.
Sobre la posibilidad de un aumento en la tarifa del pasaje, su postura es directa:
—Que se quede como está o que mejoren el servicio. Si van a subir el precio, que mejoren las unidades.
La combi avanza aún dentro de Villas del Mar. El clima es agradable, pero el espacio ya es reducido. No es el calor lo que incomoda, sino la saturación temprana.
Lleno en minutos, riesgo permanente
Ocho minutos después de iniciado el trayecto, la unidad ya va completamente llena. Mayra, otra usuaria frecuente, describe una escena habitual.
—Las combis siempre van muy llenas. En la mañana es peligroso, vamos parados casi en la puerta…
Explica que, aunque no siempre haya tráfico, la falta de unidades obliga a los usuarios a subir incluso cuando el riesgo es evidente.
—No es opción esperar. Si no te subes, llegas tarde al trabajo.
Para ella, Cancún —una ciudad que presume ser de clase mundial por su vocación turística— debería contar con un transporte digno también en las regiones populares.
—En la zona hotelera ha mejorado un poco, pero aquí seguimos igual.
“Si no te agarras bien, te llevan”
Los testimonios se entrelazan conforme avanza el recorrido. Una pasajera recuerda un episodio que pudo terminar en tragedia: su madre quedó atorada del cabello en la puerta mientras la unidad arrancaba.
—Si no te agarras bien, te llevan. La gente no termina de bajar y ya se están yendo.
Las quejas se repiten: exceso de velocidad, choferes distraídos con el celular, falta de capacitación y rutas que no responden a la demanda real, sobre todo en horarios críticos.
—Si saben que entre cinco y siete de la mañana se llena, ¿por qué no meten más unidades?, cuestiona una usuaria.
El desorden cotidiano
A lo largo del trayecto, queda en evidencia una práctica generalizada: las combis suben y bajan pasaje en cualquier punto, no solo en paraderos oficiales. La conducta, normalizada por años, contribuye al desorden vial y pone en riesgo a peatones y usuarios.
Algunos pasajeros recuerdan intentos fallidos por ordenar el sistema, como el proyecto de un corredor de transporte sobre la avenida López Portillo, que nunca se concretó.
—Hace falta orden. Solo eso: orden, resume una voz entre los pasajeros.
Avenida Tulum: el corazón del conflicto en la movilidad de Cancún
Un checador de los cientos hay en la ciudad, opera en los paraderos de los carriles centrales de la avenida Tulum, un punto históricamente polémico y hoy convertido en símbolo del desorden vial en Cancún. Sin uniforme ni identificación visible, el trabajador explica su función: regular la frecuencia de paso de las unidades de la empresa concesionaria Mayacaribe.
—Ruta 18, cada 10 minutos; ruta 5, cada 3 minutos; ruta 29, cada 12 minutos.
La información contrasta de forma directa con la experiencia de los usuarios, quienes aseguran esperar mucho más tiempo del establecido, especialmente en horarios de alta demanda. Esta brecha entre el control “en papel” y la realidad cotidiana vuelve a exhibir la fragilidad del modelo operativo del transporte público.
Los paraderos centrales de la Tulum, cuestionados desde su implementación por su ubicación y condiciones de seguridad, son resultado de una de las decisiones urbanas más controvertidas de los últimos años. La autorización para convertir los carriles centrales —diseñados para el flujo continuo de vehículos— en puntos de ascenso y descenso de combis fue aprobada durante la administración de Remberto Estrada.
Lejos de mejorar la movilidad, la medida multiplicó el caos: generó cuellos de botella permanentes, incrementó el riesgo de accidentes y normalizó prácticas peligrosas en zonas de alta velocidad. Hoy, la avenida Tulum no solo concentra el conflicto del transporte público, sino que representa un modelo que privilegió la improvisación sobre la seguridad vial y la planeación a largo plazo.
“Siempre es lo mismo”
Al final del recorrido, el diagnóstico ciudadano es coincidente. El sistema no ha cambiado de fondo. Las unidades siguen deterioradas, los operadores carecen de capacitación constante y los usuarios continúan asumiendo el riesgo.
—Que cuiden las unidades y capaciten a los choferes. Siempre van con el celular. Siempre hay accidentes, resume un usuario.
Gloria Castañeda, en espera de su transporte rumbo a Rancho Viejo, lo expresa con resignación:
—Uno sufre esperando. A veces no hay, a veces tardan mucho. Eso es lo que vivimos diario.
Cancún no necesita más discursos sobre movilidad. Necesita decisiones.
Mientras la ciudad crece, el transporte público permanece atrapado en el rezago, la improvisación y la tolerancia al incumplimiento. Millones de traslados diarios sostienen la economía turística, pero se realizan en condiciones inseguras, desordenadas y desiguales.
Estos apuntes parten de una premisa simple: moverse no debe ser un riesgo ni un privilegio. El transporte público es un derecho urbano y una responsabilidad del Estado. Por ello, exigimos una transformación real, medible y con plazos claros.
No se trata de una lista de buenos deseos. Es una exigencia ciudadana mínima para una ciudad que ya superó el millón de habitantes y que no puede seguir moviéndose con reglas del pasado.
Cancún merece un transporte público seguro, ordenado y humano.
Lo contrario no es falta de recursos: es falta de voluntad.
Exigencias mínimas e impostergables
• Una autoridad responsable, visible y con atribuciones reales
• Basta de ambigüedades. Exigimos una instancia única que planee, regule, supervise y sancione el transporte público, con rendición de cuentas permanente.
Revisión y depuración de concesiones
• Las concesiones no son cheques en blanco. Demandamos auditorías públicas a todas las concesiones vigentes y la revocación de aquellas que incumplan de forma reiterada.
Rutas pensadas para la gente, no para la rentabilidad
• El sistema debe reorganizarse con base en la demanda real, los horarios laborales y el crecimiento urbano, garantizando cobertura en las zonas que hoy sostienen la ciudad.
Control operativo efectivo y transparente
• Todo transporte público debe operar con monitoreo en tiempo real: horarios, velocidades, frecuencias y paradas autorizadas, con sanciones automáticas al incumplimiento.
Seguridad como condición diaria, no promesa futura
• Ninguna unidad debe circular sin seguros vigentes, boletaje obligatorio, mantenimiento certificado y mecanismos que eviten excesos de velocidad.
Choferes capacitados y con condiciones laborales dignas
• La seguridad también depende de quienes conducen. Exigimos capacitación continua, jornadas reguladas y el fin de las cuotas que incentivan abusos y riesgos.
Tarifas justas, vinculadas a calidad comprobable
• No más aumentos sin mejoras. Cualquier ajuste tarifario debe estar condicionado al cumplimiento previo de indicadores claros de calidad y seguridad.
Paraderos seguros y accesibles para todos
• La dignidad del transporte comienza en la espera. Exigimos paraderos funcionales, iluminados y accesibles en toda la ciudad, no solo en zonas turísticas.
Participación ciudadana con poder real
• La movilidad no se decide a puerta cerrada. Demandamos mecanismos de vigilancia ciudadana con acceso a datos y capacidad de seguimiento efectivo.
Movilidad como eje de justicia social
• El transporte público debe conectar vivienda, empleo, educación y servicios con tiempos razonables. Sin movilidad digna no hay igualdad urbana.