Los envíos desde el exterior, hoy primera fuente de divisas de México, se han convertido en el nuevo frente de la estrategia de “invasión suave” de Washington contra grupos del narcotráfico: rastreo financiero, combate al lavado de dinero y control de flujos como instrumentos de presión
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR
Durante décadas, la relación entre México y Estados Unidos se ha explicado a partir de tres ejes centrales: migración, comercio y seguridad. Hoy, un cuarto eje comienza a imponerse en silencio: el control del flujo financiero transnacional.
Las remesas, antes entendidas únicamente como un fenómeno social ligado a la migración, han adquirido un nuevo peso. Su volumen histórico, su estabilidad y su relevancia económica las han colocado bajo una creciente atención dentro de los sistemas internacionales de monitoreo financiero.
La pregunta ya no es solo cuánto dinero envían los migrantes desde el exterior, sino qué revela ese dinero, cómo circula, por qué rutas viaja y bajo qué mecanismos es observado.
En ese contexto, la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra las remesas enviadas a México comienza a interpretarse, en algunos análisis, no solo como una medida económica o migratoria, sino como parte de una estrategia más amplia de presión geopolítica en el contexto del combate a los cárteles del narcotráfico, designados por Washington como organizaciones terroristas. Una especie de “invasión suave” sustentada en inteligencia, rastreo financiero y control institucional.
Lo que antes se entendía como cooperación bilateral en materia de seguridad ha evolucionado hacia un terreno menos visible y más sensible: el seguimiento del dinero.
En paralelo a las investigaciones por narcotráfico, distintas versiones y análisis sostienen que agencias estadounidenses como la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ya operan en territorio mexicano mediante labores de inteligencia, seguimiento financiero y cooperación con autoridades nacionales, como ha sido documentado recientemente en Chihuahua.
El nuevo eje de atención de Washington parece haberse desplazado: de la seguridad tradicional al análisis del dinero, en busca de acotar su uso en estructuras del narcotráfico.
Las cifras refuerzan esa lectura. Más de 61 mil millones de dólares ingresaron a México durante 2025 por concepto de remesas, una cifra histórica que refleja el nivel de dependencia respecto al dinero enviado desde Estados Unidos. Tan solo en el primer trimestre de 2026 se reportaron ingresos por 14 mil 457 millones de dólares por el mismo concepto, consolidando a las remesas como uno de los principales motores de entrada de divisas del país, por encima del turismo y del petróleo.
A la par de este crecimiento, las autoridades financieras han intensificado el escrutinio sobre el origen, destino y comportamiento de estos flujos. Incluso han comenzado a identificarse transferencias inusuales provenientes de jurisdicciones como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán y Andorra, donde no existe una presencia significativa de comunidades mexicanas.
La lógica cambió. Primero fue el discurso del narcoterrorismo. Después, el rastreo financiero. Ahora, el centro de gravedad está en las remesas.
Además, es importante sostener que Estados Unidos no sólo observa el flujo de remesas; también presta atención a territorios donde confluyen grandes movimientos de dinero, turismo internacional, inversión inmobiliaria y antecedentes de operaciones vinculadas al crimen organizado.
El dinero que llega desde países sin migrantes mexicanos
El crecimiento histórico de las remesas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solo consolidó a estos recursos como una de las principales fuentes de divisas para México, sino que también expuso movimientos financieros atípicos que han llamado la atención de especialistas y autoridades internacionales, principalmente de Estados Unidos.
Datos oficiales y diversas investigaciones periodísticas documentan que entre 2018 y 2024 ingresaron al país al menos 6 mil 820 millones de dólares en transferencias provenientes de más de una veintena de países donde no existe, o es prácticamente inexistente, la presencia de mexicanos registrados. Entre ellos figuran además de Bahamas, Bermudas, Islas Caimán y Andorra, Afganistán, Sudán, Guinea, Gabón, Togo, Yibuti, Irak, República del Congo, República Democrática del Congo y Samoa, además de territorios considerados paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Americanas, San Martín e Islas Turcas y Caicos.
Las cifras muestran casos difíciles de explicar. En algunos registros, una sola persona aparece enviando cientos de miles o incluso más de un millón de dólares bajo el concepto de remesas, montos que contrastan con los promedios observados entre migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Para las agencias de inteligencia financiera estadounidenses, estos patrones constituyen señales de alerta compatibles con esquemas de dispersión de activos vinculados a organizaciones criminales.
Ante estas inconsistencias, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su red de control de delitos financieros, solicitó reforzar la vigilancia sobre las transferencias internacionales ante el riesgo de que algunos envíos sean utilizados para ocultar recursos relacionados con lavado de dinero, tráfico de drogas u otras actividades ilícitas. El desafío, advierten expertos, no es poner en duda las remesas legítimas que sostienen a millones de familias mexicanas, sino evitar que el enorme flujo de recursos que recibe el país sea aprovechado para encubrir operaciones financieras de origen desconocido.
El dinero, nuevo campo de batalla contra el narco
Las nuevas medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump, mediante una orden ejecutiva emitida el pasado 19 de mayo, buscan restringir el acceso de migrantes indocumentados al sistema financiero estadounidense y endurecer los mecanismos de envío de dinero hacia México. Sin embargo, el trasfondo parece ir mucho más allá del discurso antimigratorio.
En la práctica, estas acciones se insertan en una estrategia más amplia de control sobre los flujos financieros transfronterizos. Las autoridades estadounidenses han intensificado el rastreo de transferencias provenientes de territorios considerados paraísos fiscales, lo que ha despertado sospechas sobre posibles esquemas de triangulación financiera y mecanismos de dispersión de capitales bajo apariencia legal.
El enfoque ya no se limita a bloquear o sancionar envíos de dinero, sino a seguir su trayectoria completa dentro del sistema bancario internacional. En esa lógica, las transferencias provenientes de paraísos fiscales no solo se convierten en objeto de sospecha: se transforman en insumo de inteligencia para identificar estructuras criminales activas. En ese proceso, el dinero se convierte en evidencia, pero también en territorio de disputa.
La estrategia se centra en seguir la ruta del dinero, donde el objetivo ya no es únicamente el combate directo al narcotráfico, sino la identificación de las estructuras financieras que permiten su operación y sostenimiento. El conflicto, así, se desplaza del terreno territorial al sistema bancario global.
Quintana Roo: turismo, inversión y riesgo de lavado
Mientras el debate sobre las remesas se concentra en el dinero que envían los migrantes, otro fenómeno financiero ocurre en paralelo en una de las regiones económicas más dinámicas del país. Quintana Roo, con destinos como Cancún, Riviera Maya y Tulum, concentra cada año miles de millones de dólares provenientes del turismo internacional, la inversión extranjera y el desarrollo inmobiliario.
La combinación de una intensa actividad turística, una elevada circulación de efectivo y un acelerado crecimiento inmobiliario ha colocado al Caribe mexicano bajo creciente observación de organismos especializados en prevención de lavado de dinero. Expertos en análisis financiero advierten que la compra de terrenos, hoteles, complejos turísticos y propiedades de alto valor puede ser utilizada para incorporar recursos de origen ilícito a la economía formal.
Las alertas no son nuevas. A lo largo de las últimas décadas, investigaciones periodísticas han documentado presuntos vínculos entre operadores del narcotráfico y proyectos inmobiliarios o turísticos de la región. Entre los casos más citados figuran señalamientos sobre supuestas inversiones atribuidas a Rafael Caro Quintero en Cancún —como el proyecto hotelero “Los Tules”, que posteriormente se convertiría en el hotel Fiesta Americana Coral Beach— y reportes relacionados con el uso de propiedades en la Riviera Maya por organizaciones criminales nacionales y extranjeras.
Desde Washington, este tipo de antecedentes refuerza la atención sobre el Caribe mexicano como zona de interés dentro de la estrategia de rastreo financiero vinculada a la designación de cárteles como organizaciones terroristas.
En este contexto, organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) identifican al sector inmobiliario como una de las principales vías para el lavado de dinero. Con una economía altamente dependiente del turismo, Quintana Roo se ha incorporado cada vez más al mapa global de vigilancia financiera.
La “invasión suave”
Especialistas y analistas políticos describen este escenario como una “invasión suave”: una intervención gradual basada en inteligencia, vigilancia financiera, presión diplomática y cooperación internacional y, en algunos análisis, un mecanismo de presión selectiva que Washington puede activar o graduar según el comportamiento de las contrapartes mexicanas en materia de cooperación contra el narcotráfico.
Esta estrategia habría escalado tras la clasificación de grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas y la apertura de investigaciones en cortes estadounidenses sobre presuntos nexos entre estructuras criminales y actores políticos.
En ese contexto, la cooperación entre agencias y autoridades se ha intensificado mediante el intercambio de información y el monitoreo financiero, desplazando la presión hacia las estructuras económicas que sostienen parte del flujo de capital en México.
La atención apunta ahora directamente a las estructuras económicas que sostienen parte del flujo de capital dentro del país.
Analistas advierten que este tipo de presión financiera puede convertirse en un mecanismo de influencia política y económica mucho más eficaz que una confrontación militar directa. El dinero se ha convertido en instrumento de vigilancia, control y negociación bilateral.
“Remesodependencia” y riesgo estructural
Durante décadas, el petróleo fue la principal fuente de divisas para México y uno de los pilares de su economía. Más adelante, el turismo ganó relevancia como generador de ingresos externos, mientras que las remesas eran vistas como un complemento familiar.
Sin embargo, factores como las crisis petroleras, el debilitamiento de Pemex y el aumento de la migración hacia Estados Unidos modificaron esa estructura. A partir de mediados de la década de 2010, las remesas comenzaron a crecer de forma sostenida hasta consolidarse entre 2020 y 2022 como la principal fuente de divisas del país, por encima del petróleo y en competencia directa con el turismo.
Este fenómeno ha sido descrito por especialistas como “remesodependencia”, no solo por el peso creciente de estos recursos en la economía nacional, sino también por el riesgo estructural que implica depender de ingresos externos.
Incluso desde el gobierno federal —tanto durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como en la actual administración de Claudia Sheinbaum— se ha reconocido la importancia de las remesas como un factor clave para la estabilidad del consumo interno y el sostenimiento económico de millones de hogares.
Hoy, estos recursos ya no solo representan un apoyo familiar, sino un motor económico para diversas regiones del país. Su impacto se refleja en el gasto cotidiano de millones de familias que dependen de ellos para alimentación, salud, vivienda y educación.
La principal preocupación es su vulnerabilidad: cualquier cambio en la política migratoria, laboral o financiera de Estados Unidos podría traducirse en un impacto inmediato para la economía de miles de hogares mexicanos, evidenciando la fragilidad de un modelo cada vez más sostenido por ingresos externos.
El riesgo de los canales clandestinos
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió que el endurecimiento del acceso al sistema financiero estadounidense podría empujar parte de las transferencias hacia mecanismos informales o clandestinos.
Especialistas consideran que un exceso de restricciones podría generar el efecto contrario al esperado: menos operaciones reguladas y una mayor circulación de dinero fuera de la supervisión bancaria.
El riesgo no solo incluye fraude o extorsión, sino también la expansión de esquemas de lavado de dinero y redes paralelas de envío difíciles de rastrear.
En comunidades donde las remesas representan la principal fuente de ingresos, cualquier restricción puede incentivar la búsqueda de alternativas fuera de los canales regulados. Un escenario que, paradójicamente, favorecería a las propias organizaciones criminales que Washington dice combatir.
La preocupación crece porque, históricamente, los mercados clandestinos suelen fortalecerse cuando aumentan los controles financieros. Mientras Washington endurece la vigilancia, también aumenta la posibilidad de que parte del flujo económico migre hacia circuitos informales imposibles de auditar completamente.
El mito de la bonanza turística
Durante años, el turismo ha sido presentado como el principal motor económico de Quintana Roo. Sin embargo, especialistas, trabajadores y organizaciones sindicales advierten una realidad más compleja, marcada por la precarización laboral y la presión económica en distintos niveles de la cadena productiva.
Aunque el Caribe mexicano continúa recibiendo millones de visitantes al año, el sector ya no experimenta el mismo nivel de bonanza que en décadas anteriores. Destinos como Holbox han comenzado a registrar despidos, recortes operativos y los llamados “descansos solidarios”, mecanismos que sindicatos y trabajadores consideran violatorios de la Ley Federal del Trabajo.
A ello se suma una práctica denunciada de forma recurrente: hoteles que se declaran fiscalmente “en ceros” para evitar el pago de utilidades, pese a mantener altos niveles de ocupación. En respuesta, organizaciones sindicales como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), entre otros gremios, han impulsado negociaciones para la entrega de bonos compensatorios a trabajadores afectados.
El contraste alimenta una lectura crítica del modelo: cuando las ganancias se reducen, los costos recaen sobre los empleados; cuando el flujo de capital es elevado, surgen cuestionamientos sobre su trazabilidad.
En este escenario, el impacto social se profundiza. La precarización, los bajos salarios y la incertidumbre empujan a miles de trabajadores a migrar hacia Estados Unidos, cerrando un ciclo en el que quienes salen del país terminan enviando remesas a México.
Así, el turismo se entrelaza con los mismos flujos financieros que hoy están bajo vigilancia internacional.
Turismo, desaceleración y presión internacional
Durante años, el discurso oficial sostuvo que proteger al turismo significaba evitar cuestionamientos sobre los grandes capitales hoteleros y la operación financiera del sector. Sin embargo, especialistas señalan que el peso económico del Caribe mexicano también obliga a abrir la discusión sobre fiscalización, triangulación de capitales, carga fiscal y supervisión del flujo de inversión extranjera.
La pregunta ya no se limita a cuánto dinero genera el turismo, sino a cuánto de ese dinero permanece realmente en México y en qué condiciones se reinvierte en la economía local.
Este debate coincide, además, con señales de desaceleración en el sector turístico. Aunque Quintana Roo continúa siendo uno de los principales motores del turismo nacional, algunos destinos comienzan a mostrar menor dinamismo, ajustes operativos y recortes en la inversión, particularmente en segmentos dependientes del consumo internacional.
Al mismo tiempo, otros polos del Caribe, como República Dominicana, han ganado competitividad, captando inversiones y flujos de visitantes que antes se concentraban en el Caribe mexicano.
El contexto coloca a México en una posición de mayor presión estructural: un sector petrolero debilitado, un turismo bajo escrutinio y remesas sometidas a vigilancia financiera internacional, en el marco de la guerra contra el narcoterrorismo. En conjunto, estos factores reconfiguran la vulnerabilidad económica del país frente a dinámicas globales cada vez más estrictas.
El dinero que entra… pero no se queda
Uno de los debates más recurrentes en torno a Quintana Roo no es la generación de riqueza, sino su distribución. Aunque el estado recibe más del 50 por ciento del turismo internacional que llega a México y genera más de 12 mil millones de dólares anuales en consumo, esta derrama no se refleja proporcionalmente en el desarrollo económico local.
Especialistas en economía regional señalan que una parte significativa del valor generado por el turismo no permanece en la entidad debido a estructuras corporativas centralizadas y esquemas de facturación fuera del estado. El empresario Sergio León Cervantes lo resume así: “El problema no es cuánto se genera, sino dónde se registra y cómo se distribuye”.
El fenómeno se agrava porque gran parte de la actividad turística no se contabiliza adecuadamente como riqueza local dentro de las estadísticas oficiales del INEGI, al tratarse de servicios intangibles. A ello se suma que numerosas cadenas hoteleras y corporativos internacionales facturan desde otras entidades o países, provocando que una porción relevante del ingreso salga del territorio.
Además, actualmente no existe una cuenta satélite regional de turismo que permita medir con precisión el impacto real del sector en el Caribe mexicano. Esta ausencia estadística limita la capacidad de evaluación económica.
La consecuencia es una paradoja estructural: millones de turistas, miles de millones de dólares en circulación y, al mismo tiempo, una baja redistribución local, limitada proveeduría regional y una alta dependencia del capital externo.
Dependencia estructural: una economía sostenida por flujos externos
En las últimas décadas, la economía mexicana ha descansado sobre cuatro pilares principales de generación de divisas: petróleo, remesas, turismo e industria automotriz. Sin embargo, distintos analistas coinciden en que estos sectores comparten una característica común: su alta exposición a dinámicas externas y a decisiones económicas que se definen fuera del control directo de la política nacional.
En este contexto, la dependencia de México respecto al exterior no solo es comercial, sino también financiera. De acuerdo con cifras del Banco de México, en 2022 las remesas alcanzaron los 58,497 millones de dólares, consolidándose como una de las principales fuentes de ingreso del país y un sostén clave para millones de hogares.
Un economista especializado en desarrollo regional lo plantea así: “El problema no es el volumen de las remesas, sino la estructura de dependencia que generan en economías locales que no producen ese ingreso internamente”.
Este tipo de análisis no se enfoca en el envío de dinero en sí, sino en su función dentro de un modelo económico que combina crecimiento desigual con una alta vulnerabilidad externa. La economía mexicana, en este sentido, no solo crece a partir de sus propias capacidades productivas, sino también de flujos internacionales que condicionan su estabilidad.
El nuevo conflicto bilateral
La presión estadounidense ya no se limita al narcotráfico o a la migración. El nuevo escenario apunta al corazón económico de México: las divisas. Remesas, turismo, inversiones y sistemas bancarios forman parte de un tablero geopolítico donde la supervisión financiera se ha convertido en un eje central de disputa entre ambas naciones.
En este contexto, México enfrenta un desafío complejo. Por un lado, sostener una economía cada vez más dependiente de flujos provenientes del exterior; por el otro, responder al creciente escrutinio internacional sobre el origen, destino y trazabilidad de esos recursos.
El debate ya no gira únicamente en torno a la seguridad o al control migratorio, sino que se desplaza hacia un terreno más sensible: la soberanía financiera. La capacidad del Estado mexicano para regular, proteger y garantizar el libre funcionamiento de su sistema económico entra en tensión frente a mecanismos globales de vigilancia y supervisión.
En el fondo, la discusión involucra una pregunta estructural: hasta qué punto la economía nacional depende de capitales externos y cómo esa dependencia redefine su margen de autonomía. Así, el conflicto bilateral adquiere una nueva dimensión, donde el control de los flujos de capital se convierte en un factor decisivo de poder e influencia.
El auge de las remesas durante el sexenio pasado fortaleció a millones de hogares mexicanos, pero también amplió el desafío de distinguir entre los recursos enviados por trabajadores migrantes y aquellos movimientos financieros que, por su origen, monto o destino, merecen una revisión más profunda por parte de las autoridades.
Ante el creciente peso de los flujos financieros transnacionales —remesas, turismo e inversión extranjera— y su impacto en la economía nacional y regional, resulta necesario que los gobiernos de México y Quintana Roo consideren la puesta en marcha de las siguientes acciones:
1.- Estrategia de soberanía financiera
Integrar remesas, turismo e inversión extranjera en una política económica nacional coordinada entre la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y las instancias de inteligencia financiera.
2.- Monitoreo de remesas sin criminalización
Fortalecer la trazabilidad de flujos atípicos sin afectar el carácter social de las remesas ni obstaculizar los envíos legítimos.
3.- Productivizar las remesas
Canalizar parte de estos recursos hacia inversión local en negocios, vivienda, cooperativas y proyectos productivos.
4.- Medición real del turismo
Crear, en coordinación con el INEGI, una cuenta satélite para Quintana Roo que permita medir con precisión la derrama económica y la permanencia de los recursos generados por el sector.
5.- Retención de la derrama económica
Impulsar proveedores locales e incentivos que favorezcan que una mayor proporción del capital turístico permanezca en la región.
6.- Inteligencia financiera regional
Crear una unidad especializada en Quintana Roo para detectar riesgos asociados a flujos turísticos, inmobiliarios y de inversión.
7.- Modernización de las remesas
Ampliar los canales digitales seguros, accesibles y de bajo costo para evitar el uso de redes informales de transferencia.
8.- Mejora laboral en el turismo
Fortalecer la inspección laboral y la protección de los derechos de los trabajadores, con participación de organizaciones sindicales como la CROC y la CTM.
9.- Diálogo financiero con Estados Unidos
Impulsar una agenda bilateral permanente sobre rastreo, regulación y transparencia de flujos financieros transfronterizos.
10.- Diversificación económica en Quintana Roo
Promover sectores como tecnología, energías limpias, logística y servicios especializados para reducir la dependencia económica del turismo.