El historial de episodios que involucran autoridades y organizaciones criminales cobra nueva relevancia ante la proximidad de un proceso electoral que pondrá a prueba los sistemas de control y transparencia contra el financiamiento ilegal y la infiltración delictiva
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR
La relación entre política y narcotráfico en México ha sido durante décadas, uno de los capítulos más complejos, opacos y controvertidos de la vida pública nacional. Investigaciones judiciales, expedientes internacionales y múltiples trabajos periodísticos han documentado cómo el crecimiento de los cárteles de la droga avanzó, en distintos momentos de la historia reciente, en paralelo al desarrollo del sistema político mexicano.
En términos históricos, diversos analistas describen una secuencia que explica esa evolución:
• El PRI pactó y permitió: Durante buena parte del siglo XX, bajo la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, el narcotráfico operó dentro de un esquema de tolerancia y control político, en un sistema donde, según diversas interpretaciones históricas, pactó con determinadas estructuras criminales y permitió el cultivo y el trasiego en algunas regiones, como la sierra de Guerrero, para preservar el orden y evitar conflictos abiertos.
• El PAN legalizó y empaquetó: La alternancia política del año 2000 marcó un nuevo momento. Con la llegada del Partido Acción Nacional al gobierno federal, el fenómeno entró en una etapa distinta, por la apertura de debates legislativos sobre la regulación de algunas drogas, particularmente el uso lúdico de la marihuana, que legalizó, más allá de la confrontación directa con algunos cárteles durante el sexenio de Felipe Calderón.
• Morena institucionalizó y empoderó: El escenario volvió a modificarse en 2018 con el ascenso al poder del Movimiento de Regeneración Nacional y la implementación de una estrategia de seguridad sintetizada en la frase “abrazos, no balazos”. Sus detractores sostienen que la reducción de la confrontación directa permitió el fortalecimiento territorial de diversos grupos criminales y su infiltración en estructuras gubernamentales.
Con el ascenso de Donald Trump al poder, Estados Unidos ha intensificado la presión internacional sobre México al acusar vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales, e incluso al clasificar a algunos cárteles como grupos terroristas, lo que ha colocado nuevamente el tema en el centro del debate bilateral en materia de seguridad.
Ante ello surge el operativo “Enjambre”, iniciado por el gobierno federal en noviembre de 2024, que hasta ahora ha derivado en la captura de decenas de funcionarios acusados de presuntos vínculos con el crimen organizado, extorsión, secuestro exprés, desvío de recursos y homicidio.
Más allá de las interpretaciones políticas, especialistas coinciden en que el narcotráfico evolucionó paralelamente al sistema institucional mexicano. El exdirector del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés Castellanos, autor del libro Historia del narcotráfico en México, sostiene que el fenómeno ha transitado por distintas fases: tolerancia, control parcial, confrontación y una etapa reciente marcada por la fragmentación criminal y la disputa por territorios estratégicos.
A las puertas del proceso electoral de 2027, en el que varias entidades —entre ellas Quintana Roo— renovarán su gubernatura, la revisión de los vínculos históricos entre poder político y crimen organizado cobra nueva relevancia, especialmente ante los riesgos del financiamiento ilícito en campañas y la infiltración del narcotráfico en economías locales y estructuras de gobierno.
Vínculos entre política local y crimen organizado
Uno de los antecedentes que con frecuencia aparece en el análisis de la relación entre política local y personajes vinculados al narcotráfico en Quintana Roo es el caso de Vicente Zambada García, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, figura histórica del Cártel de Sinaloa. Durante los años de acelerado crecimiento urbano de Cancún, Zambada García llegó a figurar como regidor suplente del Ayuntamiento, episodio que con el tiempo sería citado por analistas y cronistas locales como ejemplo de la cercanía que en determinados periodos pudo existir entre actores políticos y personajes posteriormente ligados al narcotráfico.
En aquel momento estos vínculos no generaban el nivel de escrutinio público que existe actualmente. Sin embargo, conforme el Cártel de Sinaloa consolidó su poder en las décadas posteriores, casos como éste comenzaron a interpretarse como señales de la capacidad del crimen organizado para aproximarse a espacios institucionales.
De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, Zambada vivió durante un tiempo en Cancún y llegó a liderar un sindicato de transportistas de carga. Su historia terminó el 5 de abril de 1996, cuando fue asesinado a balazos en su domicilio.
Otro episodio relevante es el del empresario Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino de Amado Carrillo Fuentes, quien obtuvo del gobierno estatal la concesión para ampliar el penal de Cancún en el año 2009 y fue ejecutado a balazos en 2011, en el estacionamiento de una rosticería ubicada en la avenida Andrés Quintana Roo de esa ciudad.
De cultivo de subsistencia a industria criminal
Durante las primeras décadas del siglo XX, la producción de marihuana y amapola en regiones marginadas de México —especialmente en zonas serranas de Guerrero, Sinaloa y Durango— surgió como una estrategia de subsistencia para comunidades afectadas por la pobreza rural y el aislamiento geográfico. Con el paso del tiempo, estas actividades comenzaron a integrarse a redes de intermediarios encargados de acopiar y trasladar la droga hacia mercados más amplios.
El endurecimiento de las políticas antidrogas en Estados Unidos a partir de la segunda mitad del siglo XX incrementó la rentabilidad del negocio y favoreció la consolidación de estructuras cada vez más organizadas. Lo que inicialmente funcionaba como una economía agrícola marginal evolucionó hacia un sistema criminal con rutas de transporte, financiamiento y redes de protección.
Este proceso sentó las bases del narcotráfico moderno en México: una industria ilícita con capacidad logística internacional, grandes flujos de capital y vínculos con distintos actores sociales y políticos.
Los grandes capos y la fragmentación criminal
Durante las décadas de 1970 y 1980 surgieron figuras que marcaron la historia del narcotráfico en México, entre ellas Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Amado Carrillo Fuentes, “el Señor de los Cielos”. Estas organizaciones operaban con estructuras relativamente centralizadas que controlaban rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Ese equilibrio comenzó a romperse tras el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, un hecho que generó fuerte presión internacional sobre el gobierno mexicano. La captura de varios líderes del llamado Cártel de Guadalajara, detonó la fragmentación de esa estructura.
A partir de entonces surgieron múltiples organizaciones que ampliaron territorios y rutas, lo que incrementó la competencia criminal y la violencia. Con el paso del tiempo, la división de los grandes cárteles dio origen a células regionales más pequeñas y flexibles, capaces de diversificar sus actividades hacia delitos como extorsión, secuestro y narcomenudeo.
Cancún, 1993: el asesinato que reveló la presencia del narco
El 12 de abril de 1993, Cancún fue escenario de un episodio que evidenció la presencia del narcotráfico en el Caribe mexicano. Ese día fue asesinado Rafael Aguilar Guajardo, considerado uno de los fundadores del Cártel de Juárez.
El narcotraficante fue acribillado en el muelle de un restaurante de la zona hotelera, cuando se disponía a abordar una embarcación. El crimen reflejó una disputa interna dentro de la organización y reveló la importancia estratégica que comenzaba a tener Quintana Roo dentro de las rutas del narcotráfico.
Antes de dedicarse al negocio ilícito, Aguilar Guajardo había formado parte de la Dirección Federal de Seguridad, una de las principales agencias de inteligencia del país durante el siglo XX. También mantenía negocios legales en la capital mexicana, lo que ilustraba la compleja relación entre poder institucional, economía formal y redes criminales.
El asesinato marcó uno de los primeros episodios que colocaron a Cancún en el radar de las autoridades mexicanas y estadounidenses como punto relevante dentro de las operaciones del narcotráfico.
El caso Villanueva: precedente de la narcopolítica en Quintana Roo
Uno de los casos más emblemáticos sobre presuntos vínculos entre narcotráfico y poder político en Quintana Roo es el del exgobernador Mario Villanueva Madrid, quien gobernó la entidad entre 1993 y 1999 bajo las siglas del PRI.
Investigaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses señalaron que durante su administración habría brindado protección a operaciones del Cártel de Juárez, permitiendo el uso de rutas aéreas y marítimas del Caribe mexicano para el traslado de cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica.
Al concluir su mandato en 1999, Villanueva no acudió al relevo de gobierno y permaneció prófugo durante más de dos años. Fue capturado en Cancún el 25 de mayo de 2001. Posteriormente, en 2010 fue extraditado a Estados Unidos, acusado de conspiración para importar y distribuir cocaína en ese país y de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
En 2012, se declaró culpable del cargo de conspiración para lavar dinero: “De 1993 al año 2001 participé en una conspiración para organizar transacciones financieras, sabiendo que se trataba del producto de una actividad ilícita, para ocultar el carácter y el origen de ese producto”, manifestó ante el juez, en la Corte del Segundo Distrito Sur de Estados Unidos, en Manhattan.
El caso se convirtió en uno de los precedentes más citados en el debate sobre la posible infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno.
Células criminales locales
La fragmentación de los grandes cárteles también dio paso a la aparición de grupos criminales regionales enfocados en el control de economías ilícitas locales. En Cancún y otras zonas de Quintana Roo surgieron células dedicadas principalmente al narcomenudeo, la extorsión y el control de puntos de venta de droga bajo protección pactada con los gobiernos municipales y el estado.
Entre los grupos identificados por reportes de seguridad destacan el llamado Cártel de Cancún y el Cártel de Bonfil. Este último fue vinculado con Leticia Rodríguez Lara, conocida como “Doña Lety”, señalada como una de las principales operadoras del narcomenudeo en la región.
Durante varios años, disputas entre estas estructuras derivaron en episodios de violencia que incluyeron ejecuciones en zonas urbanas, ataques armados y enfrentamientos entre grupos rivales.
Estos hechos comenzaron a visibilizar un fenómeno que durante mucho tiempo permaneció relativamente discreto en el Caribe mexicano: la consolidación de redes criminales locales que operan en paralelo a los grandes cárteles.
Lavado de dinero en el Caribe mexicano
El desarrollo inmobiliario acelerado de Cancún, la Riviera Maya y Tulum ha generado durante años cuestionamientos sobre la posible infiltración de capital ilícito en la economía turística de la región.
La combinación de turismo internacional, expansión inmobiliaria y una alta circulación de efectivo convierte al Caribe mexicano en un entorno atractivo para operaciones de lavado de dinero. Especialistas en análisis financiero señalan que la compra de terrenos, hoteles o desarrollos turísticos permite introducir grandes cantidades de recursos al sistema económico formal.
Diversas investigaciones periodísticas han mencionado casos como presuntas inversiones del narcotraficante Rafael Caro Quintero en propiedades de Cancún, como el proyecto hotelero “Los Tules”, que posteriormente se convertiría en el hotel Fiesta Americana Coral Beach, o la utilización de residencias en Tulum por operadores del narcotráfico colombiano.
Organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han advertido que el sector inmobiliario representa uno de los mecanismos más utilizados para legitimar recursos ilícitos, particularmente en destinos turísticos con alta circulación de capital.
Remesas, capital ilícito y rutas financieras
El crecimiento de las remesas enviadas a México en las últimas décadas ha sido impulsado principalmente por millones de migrantes que apoyan a sus familias desde el extranjero. Sin embargo, analistas en finanzas ilícitas han señalado que los sistemas de transferencias internacionales también pueden ser utilizados para simular movimientos de dinero.
Las organizaciones criminales contemporáneas operan mediante complejas redes financieras que les permiten fragmentar transferencias, utilizar intermediarios y mezclar capital legal con recursos de origen ilícito. Estas prácticas dificultan rastrear el origen real del dinero.
En ciertos casos, los sistemas de envío de remesas pueden ser explotados para introducir fondos al sistema financiero formal, aprovechando el enorme volumen de transacciones legítimas que se realizan diariamente.
Investigaciones periodísticas recientes señalan que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ingresaron a México millones de dólares en remesas desde países en las que según las autoridades mexicanas no hay registro de connacionales, como Guinea, Gabón, Togo, Samoa y Yibuti.
Especialistas subrayan que el desafío no consiste en cuestionar las remesas —que representan uno de los principales ingresos económicos para millones de familias— sino en fortalecer los mecanismos de monitoreo y cooperación internacional para evitar su posible uso indebido.
Narcoterrorismo y presión internacional
El crecimiento del poder de los cárteles mexicanos ha generado una creciente preocupación en el ámbito internacional, particularmente en Estados Unidos. En segunda gestión gubernamental, el presidente Donald Trump impulsó la idea de clasificar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, argumentando su capacidad financiera multimillonaria, el control territorial en diversas regiones y el uso sistemático de la violencia contra autoridades y población civil.
Esta narrativa del “narcoterrorismo” ha ganado terreno en la política de seguridad estadounidense. En ese contexto, Washington promovió una iniciativa regional denominada “Escudo de las Américas”, orientada a fortalecer la cooperación hemisférica contra el crimen organizado. La cumbre inaugural se realizó el 7 de marzo de 2026 en Miami y reunió a varios gobiernos latinoamericanos aliados de Washington, aunque llamó la atención la exclusión de México, Brasil y Colombia, actores clave en la dinámica del narcotráfico regional.
El encuentro se produjo en un momento de fuerte tensión geopolítica, tras la captura en enero pasado del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estos acontecimientos reforzaron la estrategia estadounidense de tratar a los cárteles como una amenaza de seguridad continental, con implicaciones que podrían incluir sanciones financieras, cooperación militar y operaciones internacionales contra estas organizaciones.
Violencia política y crimen organizado
En los últimos años, México ha registrado un incremento en los episodios de violencia política vinculados a procesos electorales. Diversos reportes de organizaciones civiles han documentado amenazas, agresiones y asesinatos de candidatos, funcionarios y actores políticos en distintas regiones del país.
De acuerdo con la organización Causa en Común, el proceso electoral de 2023-2024 ha sido uno de los más violentos de la historia reciente. En ese periodo al menos 30 candidatas y candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados en el país, principalmente en el ámbito municipal, considerado el nivel de gobierno más vulnerable a presiones del crimen organizado.
Especialistas advierten que estas agresiones pueden estar relacionadas con disputas territoriales entre grupos criminales o con intentos de influir en decisiones de gobierno. Los municipios resultan estratégicos porque controlan áreas clave como seguridad pública, licencias comerciales, desarrollo urbano y obra pública.
Quintana Roo también ha registrado episodios de violencia política. El 24 de febrero de 2021 fue asesinado en Puerto Morelos el aspirante a la alcaldía Ignacio “Nacho” Sánchez Cordero. En 2018 fue ejecutado en Cancún Manuel Santiago Tun, coordinador de campaña del hoy diputado Alberto Batún Chulim. Ese mismo año, en Isla Mujeres fue atacada y asesinada Rosely “Chely” Magaña Martínez tras asistir a un acto político, cuando contendía como candidata a regidora por el PRI. Estos casos reflejan los riesgos que enfrenta la competencia electoral en regiones donde operan grupos criminales.
2027: Elecciones, dinero ilícito y la sombra del narcotráfico
El proceso electoral de 2027 será uno de los más amplios y complejos en la historia reciente de México. Ese año se renovarán la Cámara de Diputados federal, 17 gubernaturas —incluida la de Quintana Roo—, congresos locales y más de mil ayuntamientos, además de cargos del Poder Judicial derivados de la reciente reforma judicial.
La magnitud del proceso incrementa la atención sobre los mecanismos de fiscalización del financiamiento político. Especialistas en transparencia y seguridad han advertido que los grupos criminales pueden intentar influir en elecciones mediante financiamiento clandestino, presión a candidatos o infiltración en gobiernos locales.
La relación entre narcotráfico y poder político ha sido uno de los temas más complejos de la vida pública en México. A lo largo de las últimas décadas, distintos episodios han mostrado cómo las organizaciones criminales se adaptan a los cambios políticos y económicos para preservar sus operaciones e intentar ampliar su influencia.
En estados estratégicos como Quintana Roo —por su ubicación geográfica y su economía turística— el interés del crimen organizado no se limita al narcotráfico, sino también al control de economías ilícitas y flujos financieros.
Diversas investigaciones han documentado estos riesgos, entre ellas Los señores del narco de Anabel Hernández y el análisis académico Nación criminal: narrativas del crimen organizado y el Estado mexicano, de Héctor Domínguez Ruvalcaba, que advierten cómo el dinero ilícito suele aprovechar debilidades institucionales para intentar insertarse en las estructuras del poder.
Fugas y pactos criminales: relación entre Estado y narcotráfico
A lo largo de las últimas décadas, diversos episodios han alimentado el debate público sobre la posible existencia de tolerancia institucional o fallas graves del Estado frente al narcotráfico. Uno de los casos más emblemáticos fue la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de Puente Grande en enero de 2001, durante el gobierno de Vicente Fox. El líder del Cártel de Sinaloa permaneció prófugo durante más de una década hasta su captura en 2014, bajo la administración de Enrique Peña Nieto.
En julio de 2015 volvió a escapar, esta vez del penal del Altiplano, mediante un túnel construido bajo su celda. Fue recapturado en enero de 2016 y extraditado a Estados Unidos en 2017, también durante el gobierno de Peña Nieto.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, otros episodios generaron controversia. En octubre de 2019, fuerzas federales liberaron a Ovidio Guzmán López tras su captura en Culiacán, por instrucción del propio presidente “para no poner en riesgo a la población”, como él mismo reconoció, en medio de una ola de violencia conocida como el “Culiacanazo”. Meses después, el presidente saludó públicamente a la madre de “El Chapo” durante una visita a Badiraguato, Sinaloa.
Estos episodios han sido interpretados de distintas maneras por analistas y opositores, pero reflejan las complejas tensiones entre seguridad, política y narcotráfico en México.
¿Por qué Quintana Roo se volvió una plaza estratégica para el narcotráfico?
Diversos factores geográficos, económicos y sociales explican por qué Quintana Roo pasó de ser una ruta logística a una plaza de alto consumo y por ello, muy disputada por organizaciones criminales.
En primer lugar, su ubicación en el Caribe lo conecta con rutas marítimas provenientes de Sudamérica y Centroamérica, lo que históricamente facilitó el traslado de cargamentos de cocaína hacia México y posteriormente a Estados Unidos.
No obstante, el rápido crecimiento turístico de los destinos de la zona norte que reciben millones de visitantes al año generó un mercado lucrativo para el narcomenudeo en bares, centros nocturnos y zonas de entretenimiento en donde cristal, perico, tachas, M30 y todo tipo de drogas se venden como “pan caliente”, particularmente en el área de los baños.
En este contexto, organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el CJNG han buscado consolidar presencia en el estado, disputando el control de rutas, puntos de venta y actividades relacionadas con la economía turística.
El resultado es un escenario en el que Quintana Roo dejó de ser únicamente un corredor de paso para el narcotráfico, para convertirse también en un mercado de consumo y una plaza estratégica dentro del mapa criminal del país.
“Argot del narcomenudeo”
En el lenguaje del narcotráfico y del consumo de drogas es común utilizar apodos o códigos para referirse a distintas sustancias. Estos términos aparecen con frecuencia en investigaciones policiales, expedientes judiciales y testimonios.
Marihuana
mota – hierba – weed – verde – gallo – churro
Cocaína
perico – coca – blanca – nieve – farlopa
Metanfetamina
cristal – hielo – glass – foco
Fentanilo
blues – M30 – pastillas azules – fent
Éxtasis / MDMA
tachas – MD – molly – éxtasis
Heroína
chiva – negra – goma
Drogas de diseño
Son sustancias sintéticas producidas en laboratorio que imitan o potencian los efectos de drogas tradicionales. Muchas cambian constantemente su composición química para evadir controles legales, tales como:
• Fentanilo
• Metanfetaminas
• MDMA y variantes sintéticas
• Cannabinoides sintéticos
*** APUNTES DE EL DESPERTADOR ***
Propuestas para blindar las elecciones de 2027 frente al crimen organizado
• Auditorías patrimoniales a precandidatos y candidatos
Establecer revisiones obligatorias de patrimonio, historial fiscal y evolución financiera de aspirantes a cargos públicos antes de su registro oficial.
• Fiscalización financiera anticipada de campañas
Fortalecer las capacidades del Instituto Nacional Electoral para realizar auditorías preventivas y no solo posteriores al proceso electoral.
• Coordinación con inteligencia financiera
Crear un mecanismo permanente de intercambio de información entre el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera para detectar flujos de dinero ilícito en tiempo real.
• Mapas de riesgo electoral
Elaborar diagnósticos territoriales que identifiquen municipios con presencia activa de grupos criminales y posibles intentos de infiltración política.
• Protocolos de seguridad para candidatos
Diseñar esquemas de protección diferenciados para aspirantes en zonas de alto riesgo, coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
• Monitoreo de financiamiento en redes y propaganda
Vigilar el gasto en publicidad digital y territorial para evitar campañas financiadas con recursos ilícitos.
• Transparencia obligatoria en financiamiento político
Exigir reportes públicos y en tiempo real sobre donaciones, gastos y proveedores de campañas.
• Investigación patrimonial de funcionarios electos
Realizar revisiones periódicas a servidores públicos electos para detectar enriquecimiento ilícito o vínculos con redes criminales.
• Mecanismos de denuncia protegida
Crear canales seguros para que ciudadanos, funcionarios y militantes denuncien presiones del crimen organizado en procesos electorales.
• Estrategia nacional contra la infiltración criminal en la política
Diseñar una política pública coordinada entre el gobierno federal, fiscalías y autoridades electorales para prevenir la captura del poder público por organizaciones criminales.