El municipio de Tulum es, por mucho, el lugar donde el gobierno federal –llámese “ex Familia Real”, es decir, los López Obrador y López Beltrán– invirtió más recursos durante su sexenio, por encima de cualquier otro en todo el país, aunque con total opacidad, improvisación y graves errores en la priorización de necesidades, y ya sabemos por qué.
Este municipio, que carece de drenaje y relleno sanitarios, sin biodigestores domiciliarios ni de proyectos, sin plantas de tratamiento de aguas negras, ni mucho menos quien supervise la calidad del agua, es paradójicamente el municipio con mayor crecimiento de América Latina pero también el más corrupto y el más grande ecocida institucional jamás visto en la historia de Quintana Roo. No existe un desarrollo sustentable y hay un Plan de Desarrollo Urbano (PDU) impugnado, impuesto desde la Ciudad de México, un aeropuerto y dos hoteles militares, el Parque del Jaguar, dos paraderos del Tren Maya inservibles y megafiestas “raves” –bacanales autorizadas donde corren ríos de droga y el ruido es enloquecedor–. Estos son solo algunos indicios de cómo se están ajustando las condiciones para el gran arribo de la “ex Familia Real”, de Alí Babá y sus 40 aliados.
Todo esto ocurre con la complicidad del presidente municipal Diego Castañón, así como de otras autoridades locales y federales, quienes se han pasado por el arco del triunfo normas, leyes, anuencias, regulaciones ambientales y Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), ocasionando graves daños ecológicos al Gran Acuífero Maya, a la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y poniendo en alto riesgo la salud pública.
Todos saben y todos callan.
Las pruebas las estaremos exhibiendo en el semanario impreso de la próxima semana. Nombres, colores y apellidos.
Hasta aquí por hoy.
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Un agradecimiento especial a la vocera quintanarroense, Lic. Laura Aguilar, quien nos inspiró a retomar la escritura de esta columna.