Santiago Moo
CAMPECHE.- El Gobierno del Estado presentó ante el Congreso una iniciativa para crear la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una propuesta que plantea mecanismos de respuesta inmediata para atender situaciones de riesgo. Aunque el documento íntegro permanece pendiente de publicación en la Gaceta Parlamentaria, el anuncio fue recibido con cautela por un sector del gremio periodístico debido a los antecedentes que han marcado la relación entre la administración estatal y la prensa crítica.
La iniciativa, integrada por 51 artículos, fue entregada por el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, y plantea la creación de un mecanismo capaz de activar medidas de emergencia en un plazo de hasta tres horas, respaldado por un Comité Interinstitucional cuyas resoluciones serían de cumplimiento obligatorio. El proyecto también señala que durante su elaboración participaron organismos internacionales, entre ellos la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La propuesta mantiene amplias coincidencias con la iniciativa presentada el 16 de junio por el diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Hernández MacDonald, quien planteó la creación de una unidad especializada de protección adscrita al organismo estatal de derechos humanos y sanciones para servidores públicos que condicionaran la asignación de publicidad oficial. Sin embargo, el proyecto registrado en el Congreso fue presentado formalmente como una iniciativa del Poder Ejecutivo.
Por ahora, el contenido completo de la propuesta aún no puede consultarse, ya que deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de Campeche antes de que periodistas, especialistas y ciudadanía puedan revisar sus disposiciones y valorar el alcance de los mecanismos que plantea para garantizar la libertad de expresión.
El anuncio llega en un contexto de desconfianza entre parte del gremio periodístico y el Gobierno estatal. Mientras la administración sostiene que la iniciativa busca garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio libre y seguro del periodismo, organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, entre ellas Artículo 19, han documentado durante los últimos años diversos hechos que consideran adversos para la prensa independiente.
Entre los casos de mayor repercusión figura el del periodista Jorge Luis González Valdez, vinculado a proceso por el delito de incitación al odio y condenado al pago de dos millones de pesos. Su medio de comunicación, Tribuna, recibió además la orden de someter sus publicaciones a revisión judicial previa. En otro episodio, la Fiscalía estatal requirió a Producciones Telemar la entrega de los nombres de sus reporteros y de su organigrama bajo advertencia de posibles sanciones, una medida que la empresa calificó como un acto de censura.
A esos antecedentes se suman agresiones contra comunicadores registradas en distintos momentos. En junio de 2026, el reportero Carlos Tun fue golpeado y esposado; en abril de 2025, Jorge Luis González Valdez terminó hospitalizado tras una agresión atribuida a elementos policiales, mientras que en 2022 los periodistas Ronny Aguilar y Rodrigo Bastos fueron agredidos durante la cobertura de un operativo. El Gobierno estatal ha sostenido que esos hechos respondieron a faltas administrativas o al incumplimiento de órdenes de restricción, mientras organizaciones defensoras de la libertad de expresión mantienen documentados estos y otros episodios como parte de un contexto de hostigamiento contra periodistas en Campeche.
La publicación de la iniciativa permitirá conocer el contenido íntegro de la propuesta y abrir su análisis público. Mientras ese paso no ocurra, no será posible evaluar con precisión el alcance de las medidas planteadas ni determinar si ofrecen herramientas suficientes para proteger el ejercicio del periodismo en Campeche.
