El juzgado Octavo de Distrito ordena a la autoridad ambiental federal garantizar la recuperación del ecosistema de duna costera afectado por el proyecto inmobiliario Adamar en Tulum; sin excusas para proceder a su demolición
REDACCIÓN
CANCÚN.- El Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo, al resolver un juicio de amparo promovido por un residente de Tulum, determinó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debe garantizar la restauración ambiental del proyecto inmobiliario Adamar, ubicado en la Bahía Solimán, lo cual incluye la demolición de la construcción irregular.
El desarrollo, a cargo de “Desarrollos Tulum Dieciséis, S.A.P.I. de C.V.”, comenzó en noviembre de 2023 sin contar con los permisos necesarios, como la autorización de impacto ambiental, constancia de compatibilidad territorial y licencia de construcción. A pesar de que Profepa clausuró la obra en 2024, la construcción continuó y actualmente se encuentra con siete niveles edificados.
En junio de 2024, la dependencia federal había detectado daños en un ecosistema de duna costera y ordenado la restauración de 731.80 metros cuadrados, además de imponer dos multas que suman un millón 400 mil pesos. Sin embargo, la empresa no acató las sanciones ni las medidas correctivas, y Profepa no supervisó su cumplimiento, delegando indebidamente la responsabilidad a la empresa, que continuó la obra pese a la clausura.
El fallo judicial concede el amparo al quejoso y determina que Profepa debe garantizar de manera directa que el área sea regresada a su estado original, incluyendo en ello la demolición de la construcción. Asimismo, la dependencia debe exigir el pago de las sanciones económicas y dar seguimiento a la denuncia penal por delitos ambientales presentada ante la Fiscalía General de la República, recalcando que la autoridad no puede transferir estas responsabilidades a la empresa infractora.
En rueda de prensa celebrada este lunes para dar a conocer la resolución del juez, Mónica Huerta Solís, integrante de la asociación civil Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), señaló que la sentencia sienta un precedente para que la ciudadanía exija a las autoridades cumplir con su deber en la defensa del medio ambiente. “No basta con clausurar o multar. La demolición y restauración deben ejecutarse efectivamente”, enfatizó.
El caso Adamar también ha despertado preocupación por irregularidades estructurales, luego de que septiembre de 2024, un video del ingeniero Wilberth Esquivel evidenció falta de estudios de mecánica de suelos, construcción de más pisos de los autorizados y ausencia de planos adecuados, aumentando los riesgos tanto para los habitantes como para la estabilidad del ecosistema circundante.
La resolución incorpora principios constitucionales e internacionales de protección ambiental, incluido el derecho a un medio ambiente sano y el principio de precaución, que obliga a las autoridades a actuar ante riesgos graves o irreversibles, sin depender de la acción de la parte infractora.
Profepa cuenta con un plazo de diez días para presentar un recurso de revisión, mientras que la empresa responsable ya fue notificada y no presentó inconformidad. Con esta medida, el caso Adamar se convierte en un referente en la defensa judicial del medio ambiente en México, reafirmando la obligación del Estado de garantizar la demolición y restauración de zonas ecológicamente sensibles como Tulum.
